por CNTI | Sep 16, 2020 | Noticias
Asunto: Solicitud de Revocatoria Directiva Presidencial 08 y exigencia del cumplimiento a la debida Consulta Previa al proyecto de decreto “por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
I. Hechos
La presente solicitud de revocatoria directa y exigencia del derecho a la consulta previa, se funda en lo siguiente:
1. Evidenciamos con alarma que el Gobierno Nacional, de manera inconsulta con los pueblos y las organizaciones indígenas, expidió el pasado 9 de septiembre la Directiva Presidencial No. 08 denominada “Guía para la realización de la consulta previa”, en la que pretende reglamentar nuestro derecho fundamental a la consulta previa.
2. Conocimos que se prevé la expedición, igualmente inconsulta, del “proyecto de decreto por el cual se modifica el Capítulo 2 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la consulta previa”.
3. Este proyecto de decreto ha sido publicado, con un plazo hasta el 21 de septiembre para recibir comentarios generales.
4. Ni la directiva, ni el proyecto de decreto fueron consultados de manera previa, pese a que regulan el derecho fundamental de consulta previa de los pueblos indígenas, esto en abierto desconocimiento del Convenio 169 de la OIT, del artículo 46 del CPACA, y el bloque de constitucionalidad, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de acuerdo con la cual es claro que, dentro de las medidas que han de ser consultadas por suponer una afectación directa a los pueblos étnicos, se encuentran aquellas que se orientan al desarrollo del Convenio 169 de la OIT, tal como lo hacen la mencionada norma y el proyecto.
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por CNTI | Sep 9, 2020 | Noticias
9 de septiembre de 2020.
La implementación del catastro multipropósito y barrido predial inició en Colombia en 2019. No obstante, los pueblos indígenas y habitantes del sector rural han manifestado su preocupación frente a las medidas que pueden representar una vulneración directa de sus derechos territoriales.
Panorama del catastro multipropósito en Colombia
Según Henry Rodríguez, director del Catastro de Bogotá, este es un proceso que puede aportar información fidedigna siempre y cuando se haga de forma participativa, toda vez que abre puertas para que la relación con el territorio físico quede garantizada. Sin embargo, señaló que «el país no tiene formado su territorio nacional y mucho menos totalmente actualizado. El diagnóstico que se hizo en los CONPES es demoledor. Tenemos más del 70% sin actualizar; aún es un porcentaje muy grande sin formar, justamente el de la Colombia profunda”.
Para Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, este escenario se debe en gran medida al debilitamiento del IGAC en tema presupuestal, pues ha provocado que la calidad de la información técnica y catastral, de la que era responsable, disminuya considerablemente. Así mismo, mencionó que la liquidación del Incoder y su división en cinco agencias ha sido un problema en términos de cumplimiento de los procesos para la formalización de tierras, ya que no han podido articularse para responder a la población como deberían.
Los funcionarios destacaron que, si bien el modelo contempla la participación de gestores públicos que pueden a su vez contratar operadores del sector privado para llevar a cabo las tareas, no hay forma de alcanzar las metas propuestas en los tiempos estipulados por el actual Gobierno, aún más cuando la pandemia frena las actividades en territorio.
¿Cuáles son las afectaciones que este modelo representa para los pueblos indígenas?
La forma en que está planteada la implementación del catastro es un factor que genera legítima preocupación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Para Jhenifer Mojica, abogada del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el hecho de que desde 2014 se haya expedido un procedimiento para proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y a día de hoy la Agencia Nacional de Tierras no haya protegido ninguno, es un claro ejemplo de falta de garantías.
Además, las comunidades denuncian que al no ser acordadas con ellas, las políticas pueden terminar generando problemas mayores al ignorar la realidad territorial. De hecho, hay mucho recelo al respecto de si este catastro va a limitarse a una individualización de títulos de propiedad, para eventualmente introducirlos al mercado de tierras, sin tener en cuenta el factor humano.
¿Qué proponen los pueblos indígenas desde sus territorios?
Guilliana Arrieta, gobernadora del pueblo Mokaná, hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los pueblos indígenas en el levantamiento de la información necesaria para el catastro, ya que son ellos quienes han tenido siempre el ordenamiento de su territorio y quienes mejor conocen los sitios sagrados, los lugares destinados a cultivo, las fuentes de agua y otros puntos vitales que tienen estrecha relación con las dinámicas propias de quienes allí habitan.
Destacó que el Estado tiene una deuda histórica en la implementación del enfoque diferencial que reconozca los saberes de los grupos étnicos y que, además, garantice los espacios de participación que contempla la ley, tal como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que atraviesen sus territorios.
Jessica Villamil, geógrafa y asesora del cabildo Inga de Colón, en el departamento de Putumayo, socializó la experiencia que han desarrollado allí con la georreferenciación de puntos de interés y sitios sagrados, un ejercicio que busca demostrar que las asociaciones indígenas están en capacidad de contribuir con el levantamiento de la información y que se les debe tener en cuenta, pues la visión centralizada de las entidades desde Bogotá ignora los conocimientos de los/as sabedore/as acerca de la importancia de cada espacio que integra la territorialidad de sus comunidades.
Clic aquí para conocer el trabajo realizado en el cabildo Inga de Colón
Como señaló Guilliana Arrieta, lideresa del pueblo Mokaná: “El Gobierno no puede seguir pensando en un catastro que no sea respetuoso de los derechos y los territorios indígenas. No es solo un levantamiento de polígonos o un inventario de bienes para que entren a ser parte de un mercado. Va mucho más allá; es un tema de conexión con la Madre Tierra, de pervivencia, de ancestralidad, del vientre de las mujeres indígenas y la memoria de nuestros mayores”.
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por CNTI | Sep 2, 2020 | Noticias
2 de septiembre de 2020.
Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del decreto resaltaron la importancia que este tiene en materia de la defensa cultural y ambiental para las comunidades ancestrales y el resto del mundo. Además, mencionaron los riesgos que enfrenta por los intereses particulares que se concentran sobre este territorio.
Redacción CNTI
Juan Pablo Muñoz, abogado e integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicó que esta es la norma jurídica mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra y previamente reconocido en las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.
Para la expedición del decreto fue elaborado un documento madre con las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos y el acompañamiento de representantes gubernamentales, en un proceso que llevó cuatro años. Como lo mencionó Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y comisionada de la Confederación Indígena Tayrona: «El Decreto 1500 de 2018 no es solo para proteger a los pueblos indígenas, sino de todos los seres. El deber ser del indígena de la Sierra es convivir y compartir».
Lo que representa su expedición
Según Silvestre Gil, líder del pueblo Kogui, la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, toda vez que respiran, caminan y comen de esa tierra porque conviven allí en paz, respetando los ciclos de la naturaleza. Además, Julio Estrada, dirigente indígena Wanano, añadió que «es un elemento más que garantizaría la pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra, la protección de esos territorios, la ancestralidad, la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva».
Este decreto reconoce visiones culturales diferentes a las de “occidente” y ese es otro de los componentes que lo hace tan valioso, pues las respalda desde lo jurídico. Los argumentos que acoge hacen visibles otras formas posibles de concebir y relacionarse con el territorio, que abogan por la protección de los seres humanos y todas las formas de vida, como puntualizó Juan Mayr, exministro de Ambiente y ecologista de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja por la oposición de ciertos sectores económicos y actualmente cursa en su contra una acción de nulidad en la Sección Primera del Consejo de Estado. Por ello, la abogada ambientalista Juana Hofman, asesora del Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas (CTC), resaltó la necesidad de que las entidades del orden regional y nacional se involucren activamente para hacer seguimiento a las problemáticas que se tejen sobre la Sierra.
El avance de proyectos de infraestructura y la expansión de la minería son algunas de las principales amenazas que aquejan esta zona. Actualmente hay más de 250 títulos mineros que no contemplan las medidas de protección al territorio, que las comunidades han manejado tradicionalmente, y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas; además, generan incalculables daños ambientales por la importancia ecosistémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, única para el planeta.
Esto se debe en gran medida a la falta de compromiso que ha mostrado el Gobierno en relación al cumplimiento de lo acordado con los cuatro pueblos de la Sierra. “La falta de adecuación y articulación institucional con los derechos indígenas es de vieja data. Se habla de protección de la Sierra Nevada y al mismo tiempo de licenciamiento ambiental por parte del Gobierno nacional», señaló la lideresa arhuaca Leonor Zalabata.
Como aclaró el jurista Juan Pablo Muñoz, «la territorialidad de la Línea Negra no niega otras territorialidades de la Sierra Nevada ni los derechos de otras comunidades de la región». De hecho, los pueblos indígenas resaltan que están abiertas al diálogo para superar los obstáculos que las interpretaciones del texto puedan generar. Las organizaciones hicieron un llamado a las entidades responsables para que respalden lo acordado en el proceso de construcción conjunta del Decreto 1500 de 2018 y trabajen por una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
A su vez, instaron a tener presente que son las comunidades ancestrales las que deben liderar los procesos de defensa de este decreto, ya que son los artífices de su construcción y tienen conocimiento pleno del territorio, sus espacios sagrados y la urgencia de preservar la biodiversidad del “Corazón del Mundo”.
Para ver el Encuentro de Saberes “Línea Negra, El Decreto 1500 de 2018 y la protección de la diversidad étnica, cultural y biológica “, haga clic aquí:
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por CNTI | Ago 26, 2020 | Noticias
El recrudecimiento de la violencia a manos de actores armados ha puesto nuevamente en evidencia el estado de amenaza en el que viven las comunidades del sector rural en el país, especialmente los Pueblos Indígenas. Preocupa que la respuesta del Gobierno para detener estas acciones parezca reducirse al afán por reactivar las aspersiones aéreas con glifosato.
Por Redacción CNTI
¿Qué tan cierto es que las aspersiones aéreas pueden llegar a detener las masacres?
Rosa María Mateus, coordinadora del Eje Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), dijo frente a este punto que “lo que genera es más violencia, es caos, es miedo, es que estos cultivos de uso ilícito incluso se sigan corriendo y estaríamos frente a una eventual y mayor deforestación”.
Agregó que “atacar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico nunca ha sido una solución efectiva y hay muchas otras maneras en las que el Estado y el Gobierno actual deberían estar operando. Esas otras formas están determinadas en el Acuerdo Final de Paz, somos el único país que cuenta con una base que son las propuestas que están en el punto cuatro y que el Gobierno ha insistido en desconocer”.
A esto, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), agregó que “no es cierto históricamente que cuando ha habido más fumigaciones hayan disminuido las masacres. Durante la vigencia del Plan Colombia, 1.800.000 hectáreas fueron fumigadas, se presentaron 1.824 masacres de más de cuatro personas y hubo más de 10.500 muertos. Si se tomaran como masacres de más de tres personas, esta cifra aumentaría a más de 15.000 asesinatos”.
Desde su análisis, la postura del Gobierno nacional es relacionar todos los problemas de violencia con el narcotráfico y no debería ser así, pues las situaciones más críticas se están presentando en algunas regiones por disputas de territorios para la minería, la explotación de hidrocarburos y la realización de megaproyectos. Denunció a su vez la visión “simple” del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sugirió que las aspersiones eran la respuesta para detener la exacerbación de la violencia en las zonas afectadas.
También denunció la estigmatización de la que fueron objeto los jóvenes asesinados en Samaniego, así como los pueblos indígenas en el suroccidente del país e incluso las comunidades campesinas, poblaciones revictimizadas con el uso de apelativos desobligantes por parte de las autoridades y los representantes del Gobierno, quienes justifican lo sucedido relacionándolos con grupos o acciones al margen de la ley.
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) destacó frente a esta situación que “las masacres son un delito grave de lesa humanidad, basta ver las víctimas que han caído para saber que estamos ante una situación desastrosa de derechos humanos que requiere la máxima atención del Estado y no evasivas, argumentos dilatorios ni utilización artificial de conceptos, que lo que hacen es evadir la responsabilidad del Estado y esto proviniendo de las autoridades del órgano de Gobierno es realmente problemático”.
¿Las aspersiones aéreas son entonces la respuesta en el marco de la lucha antidrogas?
Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare, miembro del Observatorio de Cultivos y de la Corporación Viso Mutop, recordó que las aspersiones aéreas con glifosato comenzaron en la administración de Belisario Betancur y, a finales 1994, ya en la administración de Ernesto Samper, iniciaron las fumigaciones directamente contra los cultivos de coca que se realizaron de manera ininterrumpida hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspenderlas ante las alertas emitidas por la OMS y el Ministerio de la Salud, entre otras organizaciones.
Añadió que las aspersiones pueden tener resultados a muy corto plazo en términos de la oferta pues llegan a “afectar una cosecha y restringen un poco la economía que se deriva de los cultivos, pero ese resultado no es sostenible y eso lo muestra mucha evidencia alrededor de la resiembra”. Dejó claro que el actual Gobierno no ha dejado de usar el glifosato, ya que las fumigaciones siguen haciéndose por vía terrestre y manualmente.
Uno de los puntos a considerar es el incumplimiento en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, ya que no se está teniendo en cuenta el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, toda vez que este señala que primero debe ensayarse la sustitución voluntaria de cultivos y los métodos de erradicación solo deben ser utilizados si estas fracasan.
Casos de comunidades directamente afectadas por las aspersiones áreas con glifosato
El exalcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, citó casos como el del pueblo indígena Carijona del sur de este departamento, que tuvo que acudir a instancias judiciales para que le fuera reconocido un plan de reparación y salvaguarda pues, según los análisis de la Corte Constitucional, fueron las mismas fumigaciones las que afectaron su territorio hasta condenarlos casi a la desaparición.
También mencionó que un grupo de campesinos desplazados de las estribaciones de la Serranía de la Macarena, tuvieron que hacer uso de los mismos mecanismos para que les fuera reconocida su situación de desplazamiento debido a las fumigaciones, y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó para estudio el caso de una familia campesina que sufrió afectaciones al ser rociada con glifosato en Caquetá.
Así mismo, mencionó el caso de la indemnización que el Estado colombiano tuvo que hacer a Ecuador por los efectos del glifosato en su territorio y los otros procesos administrativos que avanzan actualmente en los tribunales de ciudades como Cali, Cartagena, Pasto y Popayán, todos relacionados a los daños generados por el uso del herbicida.
Jairo Guerrero, ingeniero agrónomo, experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y delegado de AICO para la CNTI, mencionó que muchas comunidades en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó se unieron a los acuerdos de sustitución voluntaria pero una vez firmado el Acuerdo, el Estado no hizo presencia en estos territorios, por lo que no existe para ellos ningún tipo de política en materia social o económica y obliga a la población a continuar con su única fuente de sustento.
Reiteró que en los lugares donde se vienen presentando las masacres hay problemas por la falta de formalización de los territorios y sus pobladores están en una encrucijada pues las entidades del Gobierno responsables de estos procesos, señalan que no pueden avanzar mientras no se adelanten procesos de desminado y se restablezca el orden público. Por lo tanto, ante el actual panorama, sus territorios no son liberados ni reconocidos formalmente.
Actualmente, ¿qué tan viable es la reactivación de las aspersiones aéreas en Colombia?
Rosa María Mateus, jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, frente a la intención de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de adelantar las audiencias virtuales para la reanudación de las aspersiones, señaló: “insistimos en que son ilegales, ilegítimas y por supuesto son muchísimas comunidades que ya han sufrido los impactos, las que se están negando, y por eso tenemos que insistir en que no deben generarse”.
Agregó que desde lo jurídico “se proyectó una acción de tutela por parte del CAJAR que suscribieron más de 90 organizaciones y personas. Esta se unió a otras que ya habían presentado en Nariño y se profirió allí un fallo que dijo que no están dadas las condiciones para una participación real y efectiva [para llevar a cabo las audiencias virtuales]”.
Estas condiciones fueron garantizadas tanto por el Juzgado como por el Tribunal que recibieron informes de la ANLA y la Policía, en los que sostenían estar cumpliendo las condiciones requeridas para adelantarlas y comunicaban una nueva fecha para las audiencias. Dichos informes presentaban los mismos datos previos al fallo del Tribunal de Nariño, por lo que ante la justicia se abrió el incidente de desacato en el que se investiga las actuaciones del subdirector de Participación de la ANLA y la Dirección nacional de la Policía.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, reiteró que en el país están suspendidas las aspersiones con glifosato hasta que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y las comunidades afro que están en los 104 municipios comprendidos en el plan de erradicación con glifosato, así como la participación masiva de todas las personas que puedan verse afectadas por el uso de este herbicida.
¿Cuál es la agenda oculta que lleva a querer forzar la reactivación de las aspersiones?
Según Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, el tema del narcotráfico se suele asociar con los pequeños productores y no con las grandes mafias que están detrás de la producción de drogas.
Señaló que esto está relacionado con un modelo de apropiación territorial, una estrategia para el despojo y una presión para que las poblaciones afectadas se adentren en los bosques mientras sus territorios terminan siendo usados para la agroindustria y la ejecución de megaproyectos. De igual manera, dijo que “el partido de Gobierno quiere regresar al país al peor escenario de conflicto armado para volver a levantar la bandera de su ‘seguridad democrática’”.
Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la lucha antidrogas se quiere utilizar como una estrategia geopolítica, en la que el Gobierno está desconociendo uno de los pilares fundamentales del Acuerdo con una criminalización del pequeño cultivador y paulatinamente se está “pasando de una seguridad que se suponía era para la transición al posconflicto, a ser la seguridad para una nueva guerra”.
¿Cuál es la alternativa en la lucha antidrogas y el glifosato que ayuden a cumplir con los derechos humanos?
Para la jurista Rosa María Materus, “lo que se necesita es cumplir con lo pactado en el Acuerdo, con los PENIS, con la inversión necesaria y darle respuestas efectivas a la gente”. Por su parte, Pedro Arenas sugirió que el problema no son los cultivos sino la dependencia económica que las comunidades tienen sobre sus producciones y aquellas en las que se presentan disputas territoriales sin presencia del Estado.
Acto seguido, cuestionó: “¿qué está haciendo este Gobierno para interrumpir la cadena de provisión de insumos químicos necesarios para la producción de la pasta de coca, para desmantelar los grandes laboratorios e infraestructura para el procesamiento?”
Camilo González Posso, de Indepaz, recalcó que debe haber un tratamiento diferencial, toda vez que es estratégico tener un plan concertado con los grupos étnicos para establecer economías alternativas. Además de esto, la respuesta no puede ser militar ni punitiva, sino que debe ir acompañada de los procesos propios de las comunidades y fortalecer la incorporación de estos cultivos a fuentes de negocio viables en el marco de la legalidad.
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por CNTI | Ago 21, 2020 | Noticias
Bogotá, 21 de agosto de 2020
Las Organizaciones Nacionales Indígenas y Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, respaldamos las proposiciones realizadas por los congresistas y hermanos indígenas Feliciano Valencia y Abel David Jaramillo, para la modificación del artículo 2° del Proyecto de Ley 185 de 2020 Senado y 296 de 2020 Cámara “Por el cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021” en donde se solicita un aumento de recursos para el proyecto de inversión Implementación del programa de legalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas’’ de la ANT para la vigencia 2021 de cincuenta mil millones de pesos moneda legal ($50.000.000.000); y para el proyecto de inversión “ Implementación del programa de restitución de tierras rurales a las víctimas de despojo y/o abandono de predios Nacional” vigencia 2021 de la URT de doce mil millones de pesos moneda legal ($12.000.000.000).
Hoy nuestros derechos territoriales se encuentran desfinanciados debido a que los recursos asignados no generan una oferta institucional que los garantice de manera integral. Es una obligación del Gobierno Nacional cumplir con los acuerdos realizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la expedición de la Ley 1955 del 2019 ‘’Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022’’, los compromisos adquiridos en las mingas y mesas regionales, las providencias judiciales que ordenan la tutela de nuestros derechos territoriales, atender todas las solicitudes de formalización y de protección de territorios presentadas por las comunidades indígenas, así como las realizadas para la restitución de nuestros derechos territoriales.
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por CNTI | Ago 12, 2020 | Noticias
Los hallazgos de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, reflejaron vacíos en relación a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por Redacción CNTI
Según César Moreno, profesional especializado de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario y el Posconflicto, la Contraloría General de la República realizó la Auditoría de Cumplimiento, una de las modalidades del control fiscal para verificar la gestión de las entidades responsables de la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas y de los procesos de formalización y acceso a los territorios de estas comunidades.
Catalina Sarmiento, abogada de la misma Contraloría Delegada, apuntó que la auditoría dejó en evidencia que en el periodo de 2015 a 2018 hubo una brecha considerable entre el presupuesto solicitado por la ANT y el valor finalmente asignado por el Ministerio de Hacienda, ya que no se entregó más del 40% de las sumas requeridas para las aspiraciones territoriales de los pueblos indígenas.
Así mismo, señaló la disminución en la cantidad pedida por la ANT en 2019, ya que de aproximadamente $138.324.200.000 en 2018, pasó a $38.107.243.726. Según la funcionaria, esto puede indicar “dificultades en la identificación y valoración de las necesidades de las comunidades indígenas o la ausencia de un ejercicio real que justifique esa estimación de las necesidades”.
Respecto al avance en la política de seguridad jurídica de los territorios indígenas por parte de la ANT, en las vigencias comprendidas entre 2016 y 2018, la auditoría encontró que de las 1.198 solicitudes hechas por las comunidades indígenas, el 74% fueron heredadas del Incoder y el 26% fueron recibidas después de la creación de la Agencia en 2015. La resolución de estas solicitudes fue precaria en el periodo estudiado, ya que solo se avanzó en un 4% de ellas (43 solicitudes), siendo destinadas para constitución 277.774 hectáreas y 593.137 para ampliación de resguardos.
En cuanto a los requerimientos de protección de los territorios ancestrales, que representaban a ese momento 125 solicitudes, ninguna resolución fue expedida para darles respuesta. En las metas establecidas de los proyectos de inversión (2016-2018) no se planteó una sola para resolver los procesos de protección y entre 2018-2019 se plantearon tres metas sin llegar a tener resolución.
César Moreno, como parte del equipo de auditoría y frente al compromiso de la caracterización de los territorios indígenas, en conformidad con el plan de acción establecido en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, señaló que en las vigencias estudiadas de la ANT “no existe una caracterización de los territorios indígenas, de tal manera que se pueda distinguir cuáles serían los horizontes para lograr la atención de estas solicitudes ni la adopción de un plan de titulaciones colectivas y no existen de manera clara unos criterios de priorización y focalización para la atención de estas solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas”.
La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras
Yamile Rojas Luna, abogada y asesora en materia de relacionamiento con comunidades étnicas de la ANT, dijo que la agencia ha tenido que adelantar un proceso de identificación del cúmulo de solicitudes que estaban en el antes Fondo Nacional Agrario, a fin de avanzar en una caracterización nacional como un punto de partida para planear las estrategias a corto, mediano y largo plazo.
“Desde la entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Tierras, hemos entregado 58 títulos de propiedad colectiva, que en términos de cuatro años es un avance significativo, dada la capacidad tan limitada que tenemos desde el punto de vista presupuestal. También hemos entregado más de 877.000 hectáreas a las comunidades indígenas del país. Esto es un avance también en términos de garantizar el título de propiedad colectiva que en últimas es lo que reconoce el derecho de las comunidades a su territorio”, señaló.
Aseguró que los compromisos de la ANT superan aproximadamente los 3 billones de pesos si se tiene en cuenta el cumplimiento de fallos de tutela, restitución de tierras, compromisos diversos con las comunidades étnicas históricas y demás. Enfatizó que aunque se tuviera el dinero, la capacidad técnica de la entidad no es suficiente para dar respuesta a todos los requerimientos, por lo que es necesario fortalecer la capacidad institucional.
Otro aspecto mencionado como una acción de mejora fue: “en cumplimiento del PND, veníamos en la identificación de algunos vacíos que tenían nuestros procedimientos y ha empezado toda una revisión al interior de la ANT, que nos permita a su vez empalmar con el equipo técnico que se está conformando con la CNTI, para poder subsanar ese tipo de vacíos que a veces limitan un efectivo desarrollo y resultado de nuestros procedimientos”.
Afirmó que actualmente están trabajando en la creación de un sistema de información y consulta interinstitucional que también esté abierto a las comunidades para identificar “cuáles son las necesidad de la tierra, dónde están los predios del Fondo Nacional de Tierras, cuáles son los predios que están en trámite de adquisición, dónde están las pretensiones territoriales de las comunidades a nivel nacional y, con esto, establecer también el estado actual de las solicitudes conforme a la verificación que estamos haciendo contra expediente”.
Los problemas se agravan por la falta de interés del Gobierno Nacional
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), extendió la invitación a la Contraloría General de la República para evaluar los tiempos que demora el Estado en garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y lo que tarda en responder las solicitudes mineras o de títulos de explotación de hidrocarburos. Esto debido a que, en general, la agenda extractiva se prioriza sobre el deber de garantía de los derechos territoriales indígenas.
Luis Alberto Higuera, asesor de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario, aportó a la discusión: “hay un problema estructural y tiene que ver con el presupuesto. Esa falencia presupuestal está indudablemente atada a otro debate que es la falta de voluntad política. No hay voluntad en trabajar por sectores como los indígenas de este país, de cumplir los acuerdos de La Habana, de cumplir las políticas concertadas de erradicación voluntaria de cultivos. Este informe lo que nos muestra es que las cosas no cambian, que los esfuerzos son casi inútiles y que la voluntad de los gobernantes está hacia otros sectores y otros intereses”.
A esto, agregó: “No existe una política coherente para el sector agropecuario y evidentemente la territorialidad indígena está atravesada y traslapada con toda la problemática del sector agropecuario. Un territorio indígena es a la vez minero, reserva, una disputa interétnica con un sector campesino o afro y es a la vez sujeto de un cultivo inmenso, entonces la gente que necesita ser sujeto de restablecimiento de sus derechos, como es la población indígena, no lo tiene”.
Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa y senador de la República, manifestó que debatir estos temas en el Senado es complicado por pertenecer a la bancada de la oposición que es minoría y porque el movimiento indígena es víctima de señalamientos, estigmatización y juicios constantes. Recordó que se radicaron al menos 44 proyectos de ley en la legislatura pasada y todos se hundieron porque no se les dio trámite en las directivas de Cámara y Senado.
Respecto al tema presupuestal, mencionó que a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se le manifestó la necesidad de destinar 400.000 millones de pesos para cumplir el año pasado las rutas de las solicitudes priorizadas para los asuntos de tierras y que la respuesta recibida fue que “no había posibilidad técnica ni jurídica para la asignación de ese presupuesto”.
La situación se hace todavía más problemática, según el senador Valencia, porque “tristemente nos hemos dado cuenta en estos últimos días que esos presupuestos del PND y el acuerdo pactado son los que van a destinar para atender la pandemia. Es echarle mano a los recursos de acuerdos pactados, de anuncios para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Creíamos que la pandemia iba a tener recursos adicionales pero los van a tomar de lo que ya hemos venido concertando con el Gobierno. Lo poco que tenemos nos lo van a quitar para atender la pandemia”.
Reafirmó que hay un rezago institucional para cumplir el tema de acceso, legalización y formalización de las tierras y que existe una deuda histórica para que los derechos de los pueblos indígenas se puedan cumplir. “Hay vacíos normativos, es verdad, pero de lo que aquí más adolecemos los pueblos indígenas es la falta de presupuesto, la falta de interés y la falta de asignación de recursos para que todas estas rutas se puedan llevar a cabo”, concluyó.
Para finalizar, la abogada Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la CNTI, hizo un llamado para garantizar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y avanzar en la protección y garantía de la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
También recordó que si bien el tema de presupuesto es central y estructural, no es el único que soluciona este problema ya que también pasa por la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones y por la voluntad política de resolver discusiones jurídicas, que se dan a la hora del reconocimiento de derechos territoriales que tienen que ser resueltos por la ANT, la URT y los jueces de restitución de tierras.
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