por CNTI | Feb 19, 2021 | Noticias
19 de febrero de 2021
El estudio realizado en Colombia, Brasil, Perú, Indonesia y República Democrática del Congo, concluyó que sus Gobiernos están dando prioridad a la reactivación de las economías afectadas por la pandemia, mediante la implementación de políticas que favorecen la desregularización de las actividades extractivas y que ponen en riesgo la vida misma de los pueblos indígenas y de la vida silvestre.
La ONG Forest Peoples Program compartió el pasado jueves 18 de febrero el informe “Retroceso de las salvaguardias sociales y medioambientales en nombre de la COVID-19″, que realizó con el apoyo de Land Portal, las universidades de Yale y Middlesex, The Tenure Facility y el Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). El documento da cuenta de cómo los Gobiernos de cinco países están priorizando la expansión de los sectores de energía, infraestructura, minería, tala y agricultura industrial, tanto en territorios indígenas como sus adyacencias.
Según Cathal Doyle, líder de programa y becario Leverhulme Early Career Fellow en la facultad de Derecho de la Universidad de Middlesex, los entes de Gobierno no están haciendo cumplir la legislación nacional o el derecho internacional que prohíben el acaparamiento de tierras. Por el contrario, han estado desarrollando políticas de uso de la tierra y de ordenamiento territorial potencialmente dañinas, que violan los derechos de los pueblos indígenas. Esto se vería reflejado en que, a pesar de la desaceleración económica general en época de pandemia, la deforestación está en aumento y es probable que empeore en 2021.
El caso de América Latina
Respecto a la situación actual de Brasil, Bivyane Rojas Garzón, abogada y coordinadora del Instituto Socioambiental (ISA), expresó que si bien la deforestación es un proceso que se viene dando desde hace muchos años en el país, ha aumentado considerablemente en épocas recientes y el 80% de estos procesos han sido adelantados en territorios indígenas.
Agregó que se debe principalmente a una expectativa de cambio de la legislación dirigida por el Gobierno de Jair Bolsonaro, quien haciendo uso de actuaciones administrativas como la desregulación, el desmantelamiento de políticas públicas, el debilitamiento de los órganos públicos relacionados con los pueblos indígenas y con la protección de los bosques amazónicos, ha desmoralizado los territorios y ha abierto paso a la desforestación para monocultivos masivos en zonas de reserva. Además, ha habido cambios en las agencias especializadas en conservación ambiental y la creciente participación del Ejército en la atención a posibles crímenes ambientales, ha implicado la ejecución de muchos más recursos públicos con una efectividad menor, ya que no cuenta con la experiencia específica para atender dichos escenarios.
Por Colombia participó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco, ecólogo y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). En su reflexión dejó claro que uno de los problemas que enfrenta el país es el cambio en la legislación sobre los terrenos baldíos. “La dinámica que se presenta es que se despoja a las comunidades indígenas de sus territorios aduciendo que no están siendo utilizados y que por lo tanto son baldíos, para posteriormente ser entregados para su explotación a multinacionales”, dijo.
Los territorios que han sido despojados son aquellos que no cuentan con seguridad jurídica, falencia que se debe, entre varias razones, a obstáculos de tipo administrativo, debido a que el Gobierno actual sostiene como excusa que todos los esfuerzos están concentrados en hacerle frente a la pandemia y que por lo tanto no se puede dar respuesta a las solicitudes de formalización de los territorios.
Otro punto a tener en cuenta según lo manifestado por Camilo Niño, es cómo se ha desdibujado el sentido y el fin del derecho fundamental a la consulta previa, ya que se está reduciendo a un procedimiento para otorgar licencias ambientales. El Gobierno no ofrece garantías para este derecho y ejemplo de ello es la propuesta de consultas previas virtuales a pesar de que el 83% del territorio colombiano no cuenta con buena conectividad.
En su intervención resaltó la grave vulneración de derechos humanos que representa el alarmante número de asesinatos contra líderes y lideresas sociales desde la firma del AFP, de los cuales, la tercera parte corresponde a representantes de las comunidades indígenas. Así mismo, señaló el impacto por las muertes por covid-19 en los pueblos indígenas, debido a la falta de atención en salud en los territorios, que ha cobrado la vida especialmente de mayores, quienes conservan la sabiduría ancestral, la guía espiritual y la cultura de sus pueblos.
Para el contexto de Perú, Cathal Doyle, de la Universidad de Middlesex, expuso que como en otras partes del mundo, el mayor problema que enfrentan comunidades indígenas es la deforestación para las explotaciones de petróleo que ha arrasado sin más con zonas protegidas. El Gobierno local ha sugerido que el petróleo debe adelantar la reactivación económica del país y en estas discusiones no tiene en cuenta a los pueblos originarios ni las graves amenazas que esto significa para la diversidad natural y el equilibrio ambiental.
El caso del Sudeste Asiático
Para el contexto de Indonesia, Rukka Sombolinggi, secretaria general de Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago (AMAN, por sus siglas en indonesio), planteó que los 50.000 pueblos indígenas, que cuentan con más de 52 millones de hectáreas en el archipiélago, están siendo explotados por los poderes económicos pues no han sido considerados.
Agregó que “actualmente se han presentado unas reformas legislativas que se muestran ante la opinión pública como fuentes para generar empleo, pero lo que realmente buscan es promover la inversión extrajera en Indonesia y reducir las pocas salvaguardas que existen para proteger los derechos de los pueblos indígenas y del medio ambiente”. De aquí la importancia de reconocer y fortalecer las acciones que llevan a cabo las comunidades indígenas para la conservación, ya que a pesar del rol clave que estas tienen para la protección de la vida silvestre, siguen siendo invisibles para la sociedad y para un modelo económico que excluye sus formas de organización y de entender la vida.
Conclusiones durante el lanzamiento del informe
Desde cada una de las experiencias hubo un punto en común, la importancia indiscutible de garantizar la seguridad jurídica de los territorios y el reconocimiento de las acciones que llevan a cabo los pueblos indígenas para la conservación, siguiendo su conocimiento ancestral, pues es un factor clave para enfrentar la crisis climática. De igual manera, la necesidad de exigir a los Estados y sus respectivos gobiernos que eliminen la unilateralidad a la hora de plantear proyectos que impliquen la intervención de los territorios, pues debe haber un diálogo permanente con los pueblos indígenas y respetarse el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada.
Para consultar el informe completo, clic aquí
por CNTI | Nov 24, 2020 | Noticias
24 de noviembre de 2020
En el debate de control político que cursa el día de hoy, noviembre 24 de 2020 en la Comisión Quinta Constitucional de la Cámara de Representantes en relación con la iniciativa de reglamentación de las Zonas de Desarrollo Empresarial (ZDE), la STI de la CNTI nos permitimos señalar que:
- Esta iniciativa es un nuevo artificio para dar continuidad a la historia de despojo y acumulación de tierra que se ha impulsado en favor del empresariado rural y por encima de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como de las comunidades negras y la población campesina.
- Su publicación para consulta ciudadana durante tan solo 8 días y sin que se surta el respectivo proceso de consulta previa implica dinamizar una discusión a espaldas de la sociedad y en especial de la población rural más afectada con las medidas que pretenden reglamentarse como somos los pueblos indígenas.
- Esta propuesta de reglamentación pretende evadir las mínimas cargas que se han establecido para que el empresariado pueda hacer uso los denominados baldíos de la nación al proponer una nueva flexibilización de las mismas y al poner en cuestión, no solo el régimen de baldíos actualmente existente en favor de los pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas, si no de los mínimos bases establecidas en el Acuerdo Final de Paz para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Esto implica especial perjuicio frente a los territorios de uso ancestral y tradicional de los pueblos indígenas.
- La iniciativa nuevamente establece una competencia por los territorios baldíos de la nación, muchos de los cuales son territorios ancestrales indígenas, entre comunidades rurales y empresariado con lo cual se parte de un pleno desconocimiento de los usos ancestrales y tradicionales del territorio por parte de los pueblos indígenas y se establecen prioridades de su uso en favor de sujetos que deberían usarlo solamente de manera excepcional de acuerdo a como ha sido reconocido por la Corte Constitucional.
Los Pueblos y Organizaciones Indígenas de la CNTI, rechazamos la reglamentación de las ZDE como una iniciativa que se impulsa a espaldas de la población rural, violando la consulta previa, en contravía de los territorios de posesión ancestral y tradicional de los Pueblos Indígenas y en absoluta contradicción con el Acuerdo Final de Paz. Exigimos que las discusiones de ordenamiento y uso del territorio rural se surtan de cara al país y con la participación de sus directos interesados de tal modo que también tenga lugar en los correspondientes escenarios de consulta previa.
por CNTI | Nov 19, 2020 | Noticias
19 de noviembre de 2020
El incumplimiento por parte del Gobierno nacional nos pone ante un contexto de inseguridad jurídica que lesiona el principio de confianza y credibilidad en el Estado. Hoy no solo han sido violentados los Pueblos Indígenas sino el corazón del Estado Social de Derecho: la Constitución de 1991.
El Estado Social de Derecho ha estado en mora por 26 años en garantizar la seguridad jurídica de los resguardos de origen colonial y/o republicano. Aún así, después de casi un año de haber sido cumplida y protocolizada la consulta previa con fecha del 20 de diciembre de 2019 en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Gobierno nacional se rehúsa a firmar el decreto al imponer condicionantes inconstitucionales y al violar el derecho fundamental a la consulta previa libre e informada de los Pueblos Indígenas.
El saldo de esta deuda histórica que viene desde épocas coloniales y republicanas, hoy se encuentra en el limbo jurídico debido a que funcionarios públicos, en cabeza del viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, condicionan inconstitucionalmente la firma del decreto a que los Pueblos Indígenas realicen una socialización del mismo con otros sectores, obligación que corresponde al Gobierno.
Producto de la exigencia de este espacio, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en la 9° sesión ampliada de la MPC con la CNTI, explicaron al Gobierno y a los representantes de las organizaciones indígenas, que el alcance de sus recomendaciones NO son vinculantes o condicionantes para la firma de un decreto que, como se expuso, fue desarrollado en derecho y acató cada una de las etapas ordenadas por la ley entre el Gobierno nacional y los Pueblos Indígenas.
La falta de voluntad del Gobierno es tan evidente que, en primer lugar, no publicó el decreto sino por exigencia de la CNTI. Segundo, no cumplió con los acuerdos para que se diera respuesta a los comentarios y objeciones. Tercero, las Organizaciones Indígenas, sin tener la obligación de hacerlo, aportaron a los fundamentos de las respuestas que después fueron concertadas con el Gobierno y a la fecha no han sido enviadas. De tal manera, el Gobierno no puede alegar que tiene interés en garantizar la participación de otros sectores cuando no ha cumplido con sus obligaciones.
Para leer el comunicado completo, clic aquí
por CNTI | Nov 16, 2020 | Noticias
16 de noviembre
Aunque el Gobierno nacional dice que no hay pueblos indígenas afectados por el programa de fumigaciones, las afectaciones a las comunidades étnicas y campesinas serán irremediables, pues pese a que hay más de un millón de hectáreas donde se confirma el traslape con los territorios ancestrales indígenas, el Ministerio del Interior niega presencia de comunidades para «imponer» las fumigaciones aéreas con glifosato sin consulta previa.
Así lo confirmó Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, quien reveló que, a partir del sistema de información geográfica, la CNTI logró elaborar un mapa que revela que más de 1 millón 133 mil hectáreas del programa de fumigaciones aéreas con glifosato se verán afectadas 40 pueblos indígenas.
«Del total de municipios 170, que serían objeto de aspersión, existen 54 donde hay certeza de la existencia de pueblos indígenas, los cuales el Gobierno nacional no los está reconociendo en los seis núcleos de fumigación”, manifestó Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco.
Es importante señalar, como se evidencia en el mapa de traslape de áreas indígenas y áreas del programa de aspersiones aéreas con glifosato, que al menos en 4 de los 6 núcleos de fumigaciones hay solicitudes territoriales indígenas ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) respecto a territorios ancestrales, que no han sido formalizados como resguardos pero que hay uso y ocupación por parte de los pueblos indígenas.
Para leer el comunicado completo, clic aquí
por CNTI | Oct 14, 2020 | Noticias
14 de octubre de 2020
La movilización que partió desde el Suroccidente del país, levanta una voz de dignidad y en rechazo a los asesinatos selectivos, las masacres y todo tipo de intimidaciones que sufren los pueblos indígenas por parte de diferentes actores armados que disputan el control de sus territorios, así como por la constante violación de sus derechos territoriales y el incumplimiento de los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz.
Por Redacción CNTI
Las organizaciones indígenas tomaron la decisión de marchar hasta Bogotá ante la negativa de Iván Duque de sentarse a dialogar el pasado 12 de octubre, fecha en la cual esperaban hacer una audiencia en la que fueran expuestos los reclamos de los pueblos. Ahora, tras la inasistencia del presidente de la República, se dirigirán a la capital, pues, como sentenció el senador Feliciano Valencia: “si Duque no viene a la Minga, la Minga va donde Duque”.
Ante las declaraciones de Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, quien señaló el carácter político de la Minga, una posible “infiltración” y que el espacio para la discusión era el Congreso, la coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Jhenifer Mojica, dijo que el Gobierno quiere evadir el debate porque los temas sobre los que se quiere discutir no son reivindicativos como los que suelen hacerse en estos escenarios sino que son políticos.
A su vez, dejó claro que al querer centrarse en el cumplimiento inmediato de acuerdos, el Gobierno evade temas de fondo sobre cómo garantizar la vida y la pervivencia de los pueblos. Por esto, demandan que las discusiones sean adelantadas directamente con el presidente porque no se trata de la gestión de las entidades.
Por su parte, el Mayor Alfonso Peña, líder indígena del pueblo Nasa, dijo: “el Gobierno históricamente ha señalado a los pueblos indígenas cuando se hace resistencia. Sin embargo, nosotros siempre hacemos el ejercicio propio y autónomo en el marco del Gobierno propio” y rechazó rotundamente las afirmaciones acerca de la supuesta presencia de grupos ilegales en la organización de la Minga, pues estas “han generado persecución y desaparición de muchos líderes, como los asesinatos selectivos que se vienen presentando en diferentes lugares del país”.
¿Por qué es importante la Minga y cuál es su significado como expresión cultural?
Esta constituye un ejercicio democrático de participación ciudadana y de deliberación al que tienen derechos los pueblos. Para Jhoe Sauca, coordinador Defensa de la Vida y Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), “implica salir a reivindicar derechos pero también dar discusiones de los análisis y realidades que sentimos en los territorios. Es una expresión que tiene múltiples facetas y nos ha convocado a este objetivo de intentar buscar ser escuchados y debatir temas estructurales que hoy suceden en el país”.
En este contexto, el problema de la acumulación de la tierra, como lo reveló el último censo agropecuario, arroja una tenencia del 90% de las extensiones territoriales en manos del 0.4% de los propietarios censados, por lo que la Minga demanda la protección del territorio, no solo para los pueblos indígenas sino para todos/as en el país.
Harold Secue, Thu’Thenas de la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN) agregó que el territorio está en riesgo por las agendas extractivas que promueve el Gobierno y si este está en peligro, también lo está la vida de la humanidad, los animales y toda la Madre Tierra. “Nos están matando y el pueblo sigue dormido, sigue callado. Eso nos motiva a salir a protestar, a decir que aquí estamos los pueblos”, sentenció.
Respecto a su significado como expresión cultural, Roseli Finscue Chavaco, desde el Programa Mujeres Indígenas del CRIC, dijo que “la Minga es la fuerza, la conectividad, la esperanza, la unidad y la oportunidad de seguir construyendo un país en el cual se respete la diversidad, las visiones de vida, de mundo y de territorio para que haya equidad, igualdad y justicia”. Así mismo, destacó que es una acción colectiva en la que trabajan conjuntamente hombres, mujeres, niños y mayores para exigir el respeto a la vida.
Desde las comunidades indígenas se recalca la defensa integral de los territorios con un movimiento de consciencia y de unidad, en el que se revive la historia y se orienta a las nuevas generaciones para tomar consciencia y exigir los derechos. De igual forma es un proceso de aprendizaje y enseñanza permanente, en el que se ha llamado a la unidad de diferentes sectores y ha agrupado a habitantes de la ruralidad y las grandes ciudades en el país.
De hecho, también en esta oportunidad, el Mayor Alfonso Peña apuntó que la exigibilidad de los derechos integra tanto a indígenas como campesinos y afros que en la vida diaria comparten en los territorios, ya que a veces dicha interacción en las mingas comunitarias no se ve, por lo que se les extiende la invitación a unirse a estos espacios.
Se espera que la movilización parta desde Cali el 15 de octubre, pase por las ciudades de Armenia, Ibagué, Fusagasugá y Soacha, para llegar a Bogotá el lunes 19 de octubre y dirigirse a la plaza de Bolívar para hablar finalmente con el presidente Iván Duque.
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por CNTI | Oct 7, 2020 | Noticias
7 de octubre de 2020
Este mecanismo es levantado al constatar la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de un número significativo de personas, en contravía a lo establecido por la Constitución Política. La falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas y la violencia exacerbada en su contra, podría abrir paso a un nuevo Estado de Cosas Inconstitucional.
Por Redacción CNTI
Las entidades agrarias colombianas tienen una deuda histórica con las demandas territoriales indígenas y esta, junto al avance tanto de agendas extractivas como de economías ilegales, la falta de voluntad política y las graves violaciones de derechos humanos contra comunidades y autoridades ancestrales, configuran un escenario de alerta en el que se requiere la intervención inmediata.
Según Paula Villa, directora del Área de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), este contexto se debe especialmente al insuficiente presupuesto destinado a la aplicación de los procedimientos estipulados para la formalización de territorios, así como a la información incompleta y desactualizada en las bases de datos de entidades como la Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro.
De los datos reportados por la Unidad de Restitución de Tierras, actualmente hay 477 solicitudes en curso, 405 de ellas están en etapa preliminar, que es la administrativa; solo 49 están en etapa judicial y 16 con posfallo. Las 16 en esta instancia recogen 67 órdenes judiciales y solo 9 han sido cumplidas.
¿Por qué es tan preocupante?
Pese a que la Corte no ha declarado judicialmente un Estado de Cosas Inconstitucional en este sentido, esto afecta el derecho a la vida, al reconocimiento cultural y de los derechos de la naturaleza. Además, la negligencia de las autoridades competentes que no resuelven las solicitudes presentadas por las comunidades, favorece el crecimiento de conflictos interétnicos.
El informe sobre la implementación del Decreto 4633 del 2011, presentado por los organismos de control al Congreso de la República, “da cuenta de los rezagos y una pálida contribución de las entidades para impactar la estructura de tenencia de la tierra”, afirmó Fernando Fierro, integrante de la Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo y del equipo jurídico de Gaia Amazonas, quien agregó que la situación de los pueblos indígenas es crítica y evidencia la discriminación presente en figuras políticas y muchos sectores de la sociedad civil.
Además de ello, las solicitudes de reconocimiento territorial no tienen un seguimiento juicioso sino que están refundidas entre el cambio de archivos, procesos y trámites institucionales por las liquidaciones del Incora, el Incoder y la creación de la actual ANT. Como consecuencia de estos traslados, no existe una gestión organizada para dar respuesta a los requerimientos de las comunidades.
Varias organizaciones vinculadas a los procesos de defensa de los derechos territoriales indígenas han adelantado diferentes iniciativas para alcanzar su reconocimiento. Como apuntó Ramón Laborde, procurador judicial II Ambiental y Agrario de la Procuraduría General de la Nación, solo en 2019 fueron presentadas cerca de 20 tutelas para solicitar la atención de casos particulares y la declaración del ECI frente a esta problemática.
Espera que así como muchas de ellas tuvieron un resultado favorable, la Corte Constitucional pueda admitirlas para adelantar el estudio de esos casos o agotar las instancias internas para acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues si los pueblos indígenas esperan únicamente una respuesta desde la institucionalidad, la protección de sus derechos podría demorar 15 o 20 años y mientras tanto los territorios seguirían siendo violentados y despojados.
¿Qué podría hacerse para superarlo?
Omaira Bolaños, directora de programas América Latina y Justicia de Género en Rights and Resources Initiative (RRI), hizo énfasis en que uno de los factores más importante es disminuir el desconocimiento en temas de derechos y evitar la resistencia desde la institucionalidad, ya que al parecer la legislación, en vez de contribuir, está siendo regresiva e intenta “desmontar el sentido comunal del derecho”.
Añadió que desde la organización han trabajado en la búsqueda de fondos para proyectos específicos de titulación de tierras y derechos territoriales tanto de los pueblos indígenas como de las comunidades étnicas, pero no ha sido fácil la articulación con el Estado y el Gobierno colombiano.
Finalmente, el abogado Fernando Fierro resaltó la importancia de tomar en serio los derechos étnicos “más allá de esa engañosa apariencia de que en materia jurídica todo anda bien, pues debe haber una concurrencia institucional en los planes y políticas públicas frente ellos» y dijo que es necesario seguir insistiendo en la búsqueda de la paz en los territorios y en la corrección de las barreras institucionales, ya que la reivindicación de los derechos territoriales indígenas hace parte del pacto de la Constitución, para reparar lo que en procesos de colonización y despojo han perdido los pueblos.
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