La CIDH estuvo en el país del 8 al 10 de junio y escuchó a representantes de sectores sociales y del Gobierno nacional. Ahora las organizaciones esperan que pueda regresar a Colombia para una visita in loco en la que sea posible revisar otros temas relacionados a la violación de derechos humanos, más allá del contexto del Paro Nacional.
Por Redacción CNTI
Antes del 20 de junio se espera que la CIDH emita un comunicado que refleje las observaciones y las recomendaciones hechas al Estado colombiano como fruto de su visita de trabajo. Es importante tener en cuenta que estas abordarán únicamente los hechos ocurridos a partir del 28 de abril y en el marco del paro.
El coordinador de litigio internacional de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), Javier Galindo, dijo que esperan una próxima visita in loco que convocaría al equipo de la CIDH en pleno y podría abordar muchos más casos. A esto agregó que quieren que Colombia sea incluida en el capítulo 4 del informe anual de la CIDH como Estado violador de derechos fundamentales.
Eran muchas las expectativas respecto a la visita de la comisión y por ello Jessica Cortés, abogada de la CNTI, mencionó que esta fue resultado del esfuerzo de muchas personas y organizaciones preocupadas por las serias violaciones de derechos humanos en Colombia, pero que es necesario recordar que sus conclusiones no implican una sanción para el Estado.
Presencia de Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, en la visita de trabajo de la CIDH.
Participación de la ciudadanía
Las reuniones presenciales se llevaron a cabo en Bogotá, Cali, Popayán, Tuluá y Buga. Las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las agresiones físicas y psicológicas, la violencia basada en género y los hostigamientos, fueron algunos de los hechos citados.
La convocatoria fue pública con registro en una plataforma en línea. “Fueron las mismas víctimas quienes tuvieron esas entrevistas. Algunas con apoyo de organizaciones o acompañamiento psicosocial. Esto era opcional porque podían ir solas si así lo deseaban. Hubiéramos querido que la CIDH fuera a muchos más territorios y escuchar a muchas más personas, pero el tema de bioseguridad era muy difícil”, puntualizó Javier Galindo de la CCJ.
Por parte de los pueblos indígenas, la Minga Social y Comunitaria participó en los informes presentados en Popayán, Cali y Bogotá. Giovani Yule, dinamizador del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), afirmó que las agresiones a personas indígenas responden a una estrategia política de xenofobia y racismo contra los pueblos indígenas, afros y campesinos.
Milena Mazabel, abogada indígena y consultora de EarthRights International, agregó que la institucionalidad no goza de credibilidad frente a las investigaciones de vulneración a los derechos humanos y aún más cuando se trata de los pueblos indígenas porque están en un contexto de racismo y discriminación.
¿Qué puede cambiar tras la visita?
Andrea Suárez, socióloga y defensora de derechos humanos, destacó que el escenario de ataque a las protestas ha variado recientemente. “Tuvimos días de protestas donde llegamos a tener hasta 200 personas heridas, ahora hay un cambio en la estrategia de represión de las movilizaciones», dijo.
Además de esto, el líder del pueblo indígena Nasa, Giovani Yule, agregó: «Sin duda ha bajado la agresividad de los ataques y violencia estatal a las movilizaciones y protestas, pero es posible que aumente la judicialización de la protesta y el paramilitarismo». Por tal motivo considera vital que los sectores en protesta se articulen y avancen en una agenda en la que prime el pacto por la vida.
La CIDH extendió una felicitación a las organizaciones y sectores sociales que lograron trabajar en conjunto para la recolección y la sistematización de la información. Finalmente, Javier Galindo comentó que las entrevistas van a continuar a pesar de que la comisión ya no esté presencialmente en Colombia. Estas seguirán de forma virtual para escuchar a las personas que no pudieron intervenir en las reuniones desarrolladas del 8 al 10 de junio.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) publicó un nuevo documento, resultado de su trabajo de investigación. En esta oportunidad fue el Informe de balance sobre la formalización y acceso a la propiedad colectiva de los Pueblos Indígenas en el año 2020. El lanzamiento contó con la participación de representantes indígenas y de las comunidades negras.
Por Redacción CNTI
La pesquisa hizo posible establecer un panorama acerca del avance del Estado en términos de la garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas, en el año anterior. Este reveló que, si bien hubo un “esfuerzo en materia de constitución de resguardos y de compra de predios superior al del año 2019, sigue siendo insuficiente dado que apenas se trata de 23 solicitudes (entre constitución y ampliación de resguardos) resueltas en el 2020 de las 1014 existentes”. Es este orden de ideas, el Estado solo dio trámite al 2,2% de los procesos en su obligación con los pueblos indígenas del país.
Durante el conversatorio, Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pachamama ante la CNTI, expresó la importancia de tener en cuenta que la relación de los pueblos indígenas con el territorio está fuera de cualquier dinámica de oferta y demanda, ya que este es la vida misma. Por lo tanto, rechazó los señalamientos de ciertos sectores que llaman a los indígenas “grandes terratenientes”, pues de 119 millones de hectáreas en el país, 33 millones han sido formalizadas para los pueblos y la vocación del 86% de estas es la conservación forestal. Es mínima la tierra destinada a la agricultura u otras actividades.
Por su parte, Deyanira Peña, abogada e integrante del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca, señaló que, aunque los derechos territoriales de las comunidades negras en Colombia y su carácter ancestral fueron reconocidas en la Ley 70 de 1993 y respaldadas en otras sentencias, han tenido que enfrentar diversas problemáticas para formalizar sus territorios. Entre estas, mencionó las trabas del Gobierno, el conflicto armado, las disputas interétnicas y la concesión de tierras para proyectos extractivos.
Solo en Putumayo hay más de 153 reclamaciones de derechos territoriales y es uno de los departamentos con más solicitudes para adelantar agendas extractivas, mismas que ignoran la especial relación de las comunidades con los territorios habitados ancestralmente y todos los seres vivos que allí coexisten.
Los mecanismos legales ante la escasa respuesta de las autoridades competentes tampoco han logrado solucionar el rezago. El delegado Jairo Guerrero recordó que en el caso de los pueblos indígenas “hay 200 acciones jurídicas ganadas al Estado para garantizar la titulación de territorios colectivos y aun así el Gobierno no cumple». A esto agregó que el concepto de desarrollo debe respetar la biodiversidad, democratizar el uso de la tierra y respetar los derechos territoriales de las comunidades ancestrales.
El incumplimiento del capítulo étnico del AFP
Melina Mariño, abogada líder del área de acuerdos de la CNTI, manifestó que las cifras recopiladas por la comisión respecto a la implementación del AFP y en particular de la Reforma Rural Integral, son preocupantes. De los 7 millones de hectáreas para formalización y los 3 millones para adjudicación en el Fondo de Tierras, solo ha sido otorgado un 7%. Lo más inquietante es que el Gobierno, además de incumplir el acuerdo, brinda información difícilmente verificable respecto a su gestión y entorpece las labores de seguimiento.
De hecho, el ODTPI resaltó en su informe las grandes dificultades que existen en el acceso a información veraz y oportuna para acompañar los procesos emprendidos por las comunidades para la formalización de sus territorios y que los derechos de petición enviados por la secretaría técnica indígena de la CNTI son ignorados, respondidos con retraso o de manera incompleta por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
Por su parte, Deicy Patricia Carabalí, mujer negra y defensora de derechos humanos, perteneciente a la Asociación Renacer de Buenos Aires, Cauca, sostuvo que la presencia de grupos armados pone en riesgo la ocupación de los territorios y tanto el rearme de organizaciones delictivas como las acciones violentas que amenazan la integridad de las comunidades, son resultado de la no implementación del Acuerdo Final de Paz.
Las reivindicaciones en el marco del Paro Nacional
El panel del programa Encuentro de Saberes, Territorios en Disputa, en el que se llevó a cabo la conversación, estuvo de acuerdo en instar al Gobierno a cumplir lo pactado, no solo en el AFP, sino en cada una de las mesas y los espacios de concertación con las comunidades étnicas a lo largo de los años. Reiteraron a su vez que ni la guerra ni la intimidación de organizaciones criminales van a detener el estallido social que emana actualmente del Paro Nacional y los movimientos de base, tejidos desde los territorios.
Recalcaron la necesidad de que los sectores afro, indígena y campesino superen las divisiones por la exigencia de los derechos y se unan para reivindicar la defensa de la vida y el territorio que va arraigada a los usos y costumbres con los que han resistido durante generaciones.
«El asesinato de líderes y lideresas, y la violencia contra las mujeres sigue en los territorios. Continuaremos en paro para que las conquistas que hemos logrado se respeten. Seguiremos parados y paradas con el bastón de mando de los indígenas, nuestros turbantes y todo el poder de la cultura afrodescendiente y de indígenas por nuestros ancestros y mayores. Es el momento», finalizó Deicy Patricia Carabalí.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos la expedición y aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de las fuerzas armadas (al que han denominado “asistencia militar”) en otros siete departamentos del país. Esta figura ya ha sido implementada anteriormente en el Valle del Cauca y en este contexto, hemos constatado cada día las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y la agudización de la violencia en la ciudad de Cali y otros municipios del departamento.
La medida cobija a los departamentos Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y específicamente a los distritos especiales y municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Bajo el pretexto de la “conservación y el restablecimiento del orden público”, ha sido autorizado y promovido el ataque a las y los manifestantes, lo que viola el derecho fundamental a la protesta social. Por su parte, con el llamado a una “mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización”, se presentan más asesinatos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza e incluso desapariciones, situaciones que actualmente son objeto de denuncias sin respuesta por parte de los entes de investigación y judicialización.
El decreto 575, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, evidencia el deseo de los sectores favorables al Gobierno que insisten en declarar el estado de Conmoción Interior.
Mediante la alternativa de la militarización y el uso de la fuerza, el presidente incurre de manera arbitraria en la intrusión de las funciones de alcaldes y gobernadores.
El documento fue presentado durante el programa “Encuentro de Saberes, territorios en disputa” organizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y da cuenta del riesgo en el que están los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, debido, entre otras cosas, a la nula aplicación del decreto desde su expedición.
Por Redacción CNTI
La brecha entre el reconocimiento normativo para la protección y la posesión de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas en Colombia, y los pocos casos en los que este es implementado, fue el centro de la conversación en las que fueron abordadas las dinámicas a las que han tenido que recurrir las comunidades para la recuperación de sus territorios y la garantía de sus derechos.
Según el exconstituyente Francisco Rojas Birry, en Colombia existen dos ideas opuestas de lo que representa la tierra y el territorio. Por un lado, las comunidades étnicas entienden que es necesario proteger la vida y la especial relación que tienen con la naturaleza, mientras que otro sector percibe la tierra como una fuente de negocio a la que hay que llevar al límite para generar la mayor cantidad de dinero posible. «Mientras tengamos esas dos formas de ver, siempre vamos a enfrentarnos porque quienes aplican las normas tienen una concepción de los territorios distinta a la de los pueblos indígenas», agregó.
Como el concepto de la territorialidad indígena va más allá de la visión occidental, Carolina Gil, directora regional Noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team, señaló la importancia de entender que, si bien los pueblos indígenas tienen un reconocimiento formal que en algunos casos coincide con sus territorios ancestrales, no siempre es así, pues en ocasiones las comunidades han tenido que desplazarse y reciben titulaciones en lugares diferentes. Por este motivo no es posible afirmar que estos territorios estén siendo efectivamente preservados.
El preocupante panorama del Decreto 2333 para los pueblos indígenas
El acto administrativo fue expedido en 2014 como resultado de un ejercicio de reivindicación permanente, adelantado por los pueblos indígenas en Colombia. Este ordenó medidas de protección provisional en favor del derecho a la propiedad colectiva y una protección especial preferente a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. La misma Corte Constitucional ha reconocido en diferentes sentencias la necesidad de proteger la relación intrínseca de los indígenas con el territorio y salvaguardar su pervivencia física y cultural.
Sin embargo, no se ha determinado ningún territorio ancestral desde su entrada en vigencia siete años atrás y los procesos continúan abiertos, a pesar de que las medidas provisionales buscaban atender precisamente una situación de amenaza urgente. “Esa informalidad sobre los territorios se debe a la negligencia histórica del Estado y hoy se sigue disponiendo de ellos como un recurso lejano del que se puede decidir con determinaciones desde Bogotá», dijo Jhenifer Mojica, abogada experta en derechos territoriales.
Respecto al informe del ODTPI “En riesgo los territorios ancestrales de los pueblos indígenas ante la ausencia de la resolución de fondo de los conflictos por la tierra y el territorio en Colombia”, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, socializó los dos grandes “momentos” bajo los cuales fue concebido. El primero, un balance del estado de implementación del Decreto 2333 desde 2014 hasta 2021, y el segundo, la exposición de los factores que obstaculizan la implementación del mismo.
Las consideraciones en el documento alegan una “evidente falta de voluntad política por parte de Estado (…) Mientras que los pueblos indígenas y sus territorialidades se enfrentan a las permanentes amenazas normativas, económicas y políticas que con mayor éxito avanzan paulatinamente hacia una agudización de la concentración de la tierra y a desconfigurar las bases mínimas para la construcción de la paz contempladas en el AFP”.
Por este motivo es contemplada la necesidad de identificar nuevas estrategias como la movilización social que en primer lugar dio origen a la expedición del decreto y que representa un mecanismo para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados y detener el estado de inseguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Movilización social como vía para exigir los derechos
Para la abogada Mojica, el estallido social que ha dado pie al Paro Nacional refleja que hay un letargo histórico del Estado colombiano en cumplir sus compromisos en materia de derechos al trabajo, a la vida y a la salud, entre otros, pues han sido adquiridos por las organizaciones en las ciudades, los sectores rurales y los movimientos indígenas por medio de luchas históricas.
La protección de los territorios requiere políticas públicas que realmente se cumplan y la institucionalidad no lo garantiza, por lo que a los pueblos indígenas solo les ha restado el camino de la movilización a pesar de proponer constantemente alternativas para solucionar las diferentes problemáticas que enfrentan en el orden local y nacional.
No obstante, una de las mayores preocupaciones es la estigmatización de la protesta y la radicalización de una narrativa racista que en vez de abrir canales de concertación, ha aumentado el nivel de violencia que ya sufrían las comunidades en los territorios. «Lograr un diálogo muy amplio es el camino para avanzar como sociedad, pero este debe ser con buena fe y con garantías, no con un Estado que masacre a los que se están movilizando», agregó Jhenifer Mojica.
Para finalizar, el líder del pueblo Arhuaco y secretario técnico de la CNTI, invitó a la audiencia a consultar el informe completo y pidió que el Gobierno nacional se conecte con la realidad actual que viven las comunidades en los territorios y que se atreva a conocerla a profundidad pues, según él, “los pueblos indígenas no son solo folklore y estamos dispuestos a construir país”.
Entre los meses de marzo y mayo de 2021, fueron asesinadas cuatro mujeres pertenecientes a al pueblo indígena Wayúu, además la comunidad ha denunciado otros ataques de los que ha sido objeto por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Sin embargo, y a pesar de los constantes llamados a las entidades competentes para estos casos, hasta el momento las investigaciones no han arrojado resultados.
Por Redacción CNTI
El pasado fin de semana se realizó un plantón frente al Departamento de Policía de La Guajira, en Riohacha, con el fin de exigir celeridad en el proceso de investigación y dar con los culpables de los crímenes que enlutan al pueblo Wayúu. También familiares de las víctimas y otras organizaciones piden que haya justicia y que los casos de feminicidio no queden impunes.
El primer caso de homicidio ocurrió el día 31 de marzo. La lideresa de la comunidad Aronshy, Aura Esther García Peñalver, fue asesinada por hombres armados quienes le dispararon mientras se movilizaba en una moto con su esposo en el corregimiento El Cardón, Uribia. Semanas antes la misma lideresa había solicitado medidas de protección por amenazas de muerte provenientes de grupos ilegales.
De igual manera, en el mes de abril, otros hechos criminales fueron registrados por la Policía. María Alejandra Brito Guariyu fue la nueva víctima de estos casos violentos, quien recibió impactos de bala mientras iba en una moto en el municipio de Barrancas. La mujer fue llevada al hospital local y más tarde remitida al hospital San Rafael de San Juan del Cesar, donde falleció.
Las investigaciones también tienen en cuenta dos aparentes feminicidios: el primero de ellos es el de Luz Dary Cotes Ballestas, trabajadora social de origen wayúu, que fue encontrada en un motel el 29 de abril, pero sus familiares alegan que el cuerpo fue trasladado allí para desviar las pesquisas.
El segundo caso ocurrió en menos de 48 horas, el día 1 de mayo. Esta vez la víctima fue Yeini Elena Epiayú Guariyu, menor de edad quien fue encontrada en zona rural del municipio de Fonseca. Durante la investigación se estableció que la muerte de ambas mujeres fue a causa de asfixia mecánica y la evidencia está siendo procesada para determinar si responden a cuestiones de género, debido a los signos que presentan sus cuerpos.
Las amenazas de grupos paramilitares
Otro de los hechos que permanece sin respuesta por parte de las autoridades, es el ataque que hombres encapuchados realizaron en la comunidad La Loma (Riohacha), el pasado 18 de mayo, cuando en la madrugada llegaron al sitio y prendieron fuero a la enramada (espacio de diálogo e intercambio para el pueblo Wayúu) y posterior al ataque, dejaron panfletos amenazantes en los que ordenaban detener las reclamaciones sobre el botadero de basura a cielo abierto.
Documento firmado por el grupo armado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
Las comunidades de Los Cabritos, La Loma, El Manantial, Santa Clara I y II, ubicadas en jurisdicción de Riohacha, han exigido el cierre definitivo del botadero de basura a cielo abierto en el km. 5, vía Riohacha-Valledupar, que funciona desde hace 40 años y afecta su territorio ancestral por la contaminación y el deficiente tratamiento de los desechos.
Representantes del pueblo Wayúu se han movilizado en repetidas oportunidades para que la Alcaldía de Riohacha, la Corporación Regional Autónoma de La Guajira (Corpoguajira) y la empresa operadora Interaseo, tomen cartas en el asunto y resuelvan las graves afectaciones ambientales, a la vida, a la salud y al territorio de la que han sido víctimas las comunidades indígenas.
Hasta el momento no hay capturas de los responsables en ninguno de los hechos ni indicios que conduzcan a su identificación. Por lo tanto, continúa la exigencia con denuncias a medios locales y manifestaciones pacíficas en la capital de La Guajira.
