El día de hoy el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), acompañó el acto de entrega del informe “Etnocidio y racismo estructural en la Orinoquía” por parte de Pueblos Indígenas de la Orinoquia colombiana, a la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP).
En el espacio se resaltó la importancia de tener en cuenta los casos de etnocidio, racismo estructural, y exterminio físico y cultural, profundizando en los impactos desproporcionados del conflicto armado, con el fin de iniciar un proceso de reparación y no repetición con los Pueblos Indígenas de la Orinoquía.
Aquí algunas de las demandas realizadas por los Pueblos Indígenas que participaron del espacio:
Garantía de la seguridad jurídica de la tenencia y recuperación del territorio ancestral del que fueron desplazados en ocasión del conflicto armado.
Posibilidades de encontrarse con el resto de sus familiares, para la recuperación de sus saberes y tradiciones.
El reconocimiento de las situaciones que han vivido a través de promoción de espacios para la memoria y la verdad.
Protección de sus usos y costumbres.
Garantías necesarias para caminar el territorio, recolectar alimentos y visitar los sitios sagrados sin miedo a prohibiciones o amenazas por parte de los grupos armados.
Respeto y reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas por parte de los grupos armados para recorrer sus territorios de manera libre.
Pretensión del territorio, reconocimiento de la relación ancestral de los Pueblos Indígenas con el agua.
Instalación de una escuela que brinde una educación Indígena y que este articulada con la educación occidental.
Instalación de un puesto de salud, además de contar con un medio de transporte que permita el acceso al servicio.
Acceso al agua.
Adecuación del territorio para la práctica de las diferentes formas de siembra y cosecha.
Formación de profesores y médicos con un enfoque diferencial.
Resolución oportuna de los conflictos relacionados con los cultivos de palma y con empresas como Ecopetrol.
Al escuchar las peticiones por parte de los Pueblos Indígenas de la Orinoquia colombiana, Marcela Giraldo, Magistrada de la JEP, aseguró que uno de los nuevos macro casos de alcance nacional que se han abierto, gira en torno a la concentración de crímenes cometidos contra Pueblos y Territorios Étnicos de la alta Guajira, la Orinoquia-Amazonía y el Dagua. Además de esto, manifestó el deber de cada uno de los magistrados para visibilizar las acciones que se vienen realizando y así, poder dar respuesta a los Pueblos Indígenas del país.
Por otro lado, la magistrada resaltó la importancia de estos espacios de diálogo como la voz de aliento y resistencia para el reconocimiento de las versiones de las víctimas, la sociedad civil y entidades del estado, con el fin de que los comparecientes ante la jurisdicción den respuestas frente a lo ocurrido, hagan un reconocimiento de la verdad y reciban sanciones restaurativas que permitan resarcir el daño que han hecho a los Pueblos Indígenas en el marco del conflicto armado.
Desde la CNTI resaltamos la labor de la JEP y en especial la que vienen realizando los Pueblos Indígenas de la Orinoquía, por la lucha y resistencia que han organizado para la recuperación de sus territorios colectivos y ancestrales, pues, la presencia de actores armados, los conflictos sociales y la falta de seguridad jurídica de los territorios indígenas son las principales causas de las afectaciones a sus derechos.
Por eso, hacemos un llamado a todas las entidades y órganos de control competentes para la atención inmediata de cada una de las demandas realizadas por los Pueblos Indígenas a través del espacio y la presentación del informe. Esperamos seguir acompañando este tipo de procesos para continuar trabajando por el goce y la garantía efectiva de los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
¡Ojo! El gobierno no puede seguir catalogando los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas como baldíos.
“Los territorios de la Orinoquía, NO❌ son baldíos”
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) acompañamos durante una semana a la Asociación de Cabildos Inga del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP), que en el marco de su proceso de fortalecimiento a los cuidadores del territorio, organizó un recorrido al Resguardo Inga Chaluayaco.
Este plan de protección fue pensado para reducir los riesgos identificados por la comunidad, además de apropiar el territorio ancestral para su preservación. La actividad incluyó también la caracterización de posibles conflictos socioambientales en la zona, la verificación del estado de los linderos en el resguardo y el registro tanto de puntos estratégicos como de sitios sagrados.
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¡Yaku, Yaku! Dice a viva voz Luis, responsable de la coordinación de Gobierno y Justicia Propia en la asociación, quien además lidera a los Cuidadores Indígenas de la Amazonía Colombiana, un grupo de hombres y mujeres con un compromiso férreo por la defensa del territorio y la diversidad natural en el sur del país.
¡Waira, Waira! Responden al unísono sus pupilos y aquellos que se preparan para partir en el recorrido que en las próximas horas nos llevará a visitar, a algunos por primera vez, el resguardo de Chaluayaco.
La oscuridad de la madrugada es testigo de cómo terminan de ser ajustados los últimos detalles antes de partir. La comida para los próximos días, las capas para protegerse de la lluvia, las linternas y los radios son repartidos, solo se percibe el movimiento de quienes se preparan para salir en otro de los tranquilos amaneceres de Villagarzón.
Antes de iniciar el recorrido y como no podría ser de otra manera, empieza la armonización. Es el mismo Luis quien solicita permiso para que todos podamos ir y regresar con bien, seamos dignos de entrar al territorio y podamos alcanzar los objetivos de la actividad. En el círculo, tomados de las manos, quienes acabamos de llegar tenemos la oportunidad de conectar por primera vez con quienes pertenecen a la asociación y nos acompañarán durante la semana en Chaluayaco.
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Llega la hora de salir. El furgón nos recoge y comienza el camino con una primera parada: el municipio de Orito, también ubicado en el departamento de Putumayo. Por el camino aclara el día y la mañana llega con tonos violetas y azules en el cielo, son pocas las nubes que se asoman y la brisa ameniza la charla. Ya una vez en Orito el sol ha terminado de abrirse paso y es hora de desayunar en la plaza de mercado del municipio.
De nuevo en la ruta y luego de un par de horas en carretera, llegamos al cruce del río San Juan que comunica con la vereda Portugal. A pesar de la extensión del trayecto y de que el calor comienza a sentirse, no han faltado las sonrisas entre los participantes, los relatos de viajes anteriores y las expectativas que, de un lado y otro, son compartidas por lo que está por venir. El mayor Eduardo, conocedor y médico tradicional, comparte algunas de las innúmeras historias que décadas de caminar en el estudio de las plantas y en la defensa de la Amazonía, le han dejado.
Pequeños grupos cruzan el río en panga y en la otra orilla todo se organiza para dar inicio a la caminata con destino al resguardo. No es poco el peso que llevan cargado en sus espaldas y ya los primeros toman la delantera con el liderazgo de Héctor, nuestro guía y anfitrión de camino a Chaluayaco.
Sabemos que pasarán varias horas antes de llegar a destino. El paisaje ya comienza a cambiar y la vegetación selvática hace su aparición. Aunque el fuerte sol aún está presente, los árboles altos y entrelazados, con sus ramas grandes y hojas espesas, brindan la sombra por la que corre el aire mientras sorteamos el camino entre barro, troncos y piedras. Más tarde, ya cuando el cansancio se hace sentir, llega la lluvia: primero tímida y luego acompañada de los truenos que rompen el silencio, esos mismos con los que Luis dice que las fuerzas de la naturaleza advierten nuestra llegada al territorio.
Bajo esa lluvia fuerte y refrescante recorremos el último trayecto antes de llegar al resguardo. La luz del día se va y Héctor, que antes tuvo que buscarnos por haber desviado el camino, nos indica que caminemos rápido y con cuidado al iluminar el suelo, para no encontrarnos con alguno de los aproximadamente cinco tipos de serpientes que habitan allí. Ya finalmente en la noche, con todo el grupo reunido nuevamente, hacemos una primera socialización y quienes tienen bastón de mando se disponen a reunirlos uno a uno en la casa cabildo, nuestro punto de encuentro durante los próximos días.
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Cada jornada comienza temprano. Con los primeros rayos de sol el gallo canta y ya se siente movimiento en la parte baja: son los preparativos para el desayuno de todo el grupo. La leña alimenta el fuego encendido y las ollas con arroz, a veces carne, a veces pescado y plátano o chiro, como allí le llaman, esperan a los comensales que pasan uno a uno por la primera comida del día.
Uno de los objetivos de esta salida, además de fortalecer a los cuidadores (término que quieren usar en vez de «guardias») es el de reforzar el conocimiento de la lengua inga. Por eso, Francisco, de la coordinación de Cultura y Deportes de ACIMVIP, encabeza una serie de actividades para aprender términos en inga como los números y los nombres de las partes del cuerpo. Este es un momento de esparcimiento y aprendizaje, porque no se trata solo de repetir las palabras, sino que va acompañado de música y canto.
Después de este espacio, no podría faltar un partido de fútbol. Hombres y mujeres se preparan para una sana contienda, aunque en el calor del momento algunas piernas resultan lastimadas. Para ello, un buen baño de agua caliente con hoja de Desvanecedora antes de dormir, que además de relajar los músculos, ayuda también a la circulación para que se vayan los morados de las piernas. De ahí su nombre, indican los mayores.
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Una nueva mañana, las energías recargadas. El grupo se reúne para recibir la capacitación en el uso de GPS. Para ello se dividen en equipos más pequeños y tras las indicaciones de la compañera encargada, comienza la práctica. Conversan, ríen, resuelven inquietudes, prueban. Hay un gran interés en el tema y alegría en el ambiente. El sol quema, pero no es nada para grandes y chicos que tienen toda la disposición de aprender. Saben que esta es una herramienta que puede apoyar su trabajo en el reconocimiento del territorio, sin obviar que ancestralmente han sabido ubicarse y ser uno con él.
Tras este ejercicio, Luis hace grupos nuevamente. En estos vamos intercalados cuidadores, representantes de los demás resguardos, el equipo de acompañamiento de la CNTI y los profesionales de apoyo de ACIMVIP. Cada grupo tiene un nombre y estos hacen referencia a las fuerzas de la naturaleza en inga: Yaku (agua), Waira (viento), Alpa (tierra), Rumi (piedra), son algunos de ellos.
En estos grupos partimos a recorrer los caminos que una y otra vez Héctor y su familia han transitado. Aquellos que fueron designados para el uso de los GPS van marcando en el dispositivo los puntos de referencia que destaca Héctor en los linderos del resguardo.
De vez en cuando los mismos sonidos de la selva captan la atención de nuestros guías. Nos indican que permanezcamos en silencio. Ya en varias oportunidades hemos escuchado relatos acerca de serpientes, venados y dantas, pero sin duda el gran protagonista de las historias es el tigre. Lo que parecen sus rugidos se dejan escuchar a oídos de los más experimentados, por lo que nos indican detenernos en el camino y aguardar instrucciones para continuar.
Por los senderos que cruzamos podemos ver todo tipo de plantas, medicinales y venenosas; árboles de cientos de años cuyos troncos necesitarían de varias personas para ser rodeados, riachuelos de los que puede se puede beber directamente y frutos que complementan lo que cada uno ha llevado para alimentarse.
De repente, entre la vegetación se alcanza a divisar la piedra de la que muchos han estado hablando por el camino. El «hogar» de quien muchos esperan ver. Llegamos a la piedra donde duerme el tigre. Un espacio enclavado en la roca en la que, según cuentan, se resguarda el animal cuando acaba de hacer sus rondas por el bosque. Los más entusiastas no esperan más y empiezan a tomarse fotos en este lugar, aprovechando que «el dueño de casa» no está.
Aunque no vimos al tigre, nos quedaron como recordatorios de su majestuosidad tanto sus huellas como la marca de sus garras en la tierra.
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Tuvimos también la oportunidad de visitar el lugar en el que reposa el cuerpo del señor Mesías, ancestro de Héctor, pues como consta en la Resolución 019 del 29 de junio de 2000, con la que se dio el carácter legal de resguardo a la comunidad indígena Inga de Chaluayaco: «Una de las características de esta comunidad es que es un cabildo de tipo familiar, reconocido y legalizado».
De igual manera visitamos la casa en la que otrora viviera la mayora Fidelina, una mujer que también luchó por el debido reconocimiento del territorio. Por eso, en el planteamiento del proyecto que nos condujo al resguardo, no se hablaba de conocer (aunque muchos jamás hubiéramos pisado la zona), sino de «reconocer», como una forma de destacar que siempre ha habido una conexión con los lugares que han habitado.
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En las noches, música y canto al ritmo de flauta, tambora y zampoña. No hay un repertorio seleccionado, las notas van fluyendo al compás del tambor. El tiempo de descanso después de los recorridos se va entre partidos de fútbol e idas al río, unos para bañarse, otros para lanzar la red entre el gran número y variedad de peces que ahí habitan y a los que el nombre «Chaluayaco» hace referencia. En todos estos momentos nos acompañan dos ingeniosas niñas, hijas de la gobernadora del resguardo y nietas de Héctor, quienes fueron también nuestras guías de actividades cotidianas y compañeras de plática.
Llega el momento de despedirnos de ellas y de parte de su familia, pues debemos regresar a Villagarzón. Agradecemos a la gobernadora por permitirnos llegar y recibirnos con hospitalidad, a pesar de la premura del tiempo. Algunos de sus familiares viajan con nosotros con destino al «Corazón del Putumayo» como también se conoce a Villagarzón.
Nuestra última caminata nos conduce al punto conocido como Puente Rojo, la estructura que comunica las orillas del río Vides y junto al cual hay una reserva natural. Los primeros en llegar descansan a un lado del camino mientras llegamos los demás, allí almorzamos y nos hidratamos antes de subir de nuevo al camión.
Una vez arriba, pasamos por algunos de los resguardos en donde viven nuestros compañeros de viaje. Los árboles de plátano y chontaduro adornan el paisaje mientras transitamos el piedemonte amazónico con destino a la sede de ACIMVIP, donde finalmente hacemos una última retroalimentación y compartimos nuestras impresiones, además de nuestro más profundo agradecimiento por las experiencias vividas, los conocimientos adquiridos y la hospitalidad siempre característica de quienes compartieron con nosotros la última semana.
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El espacio de formación de los cuidadores no solo pretende hacer presencia en el departamento de Putumayo, sino como su nombre lo indica, integrar a las demás comunidades que hacen parte de la Amazonía colombiana por la protección del territorio y la diversidad natural, al reconocer su importancia física, cultural y espiritual para la pervivencia, no solo de los pueblos indígenas, sino de toda la humanidad.
De igual forma, con los insumos recolectados por la misma comunidad y con la ayuda de los equipos técnicos, se busca nutrir la caracterización del territorio y facilitar el acceso a los datos del mismo, a través de herramientas como el geovisor del Sistema de Información Geográfica de la CNTI. Todo esto como una manera de apoyar los procesos que se tejen desde lo local y que reivindican el rol de los pueblos como actores fundamentales en el cuidado de la Madre Tierra y todas las formas de vida que en ella habitan.
Las delegaciones del Gobierno nacional y el Gobierno indígena se dieron cita este 24 de noviembre en Bogotá para dar inicio a la sexta y última sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que se extenderá hasta el próximo viernes 26 de noviembre de 2021.
Durante el primer día de esta sesión, los delegados de Gobierno, en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), presentaron sus informes de gestión frente a los acuerdos suscritos en sesiones anteriores con la CNTI para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por parte del IGAC fueron socializadas las consultas que han sido adelantadas para la creación de una oficina o subdirección de atención especial para pueblos indígenas. En este punto, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, afirmó: «Es necesaria y urgente la atención diferencial a los pueblos indígenas referente a las demandas territoriales y que haya un trabajo articulado con las demás direcciones y subdirecciones en la entidad».
Más adelante, la ANT tuvo a cargo el exponer los avances en las metas de los «acuerdos registrados» para los servicios de constitución y ampliación de 35 resguardos indígenas. Además, presentó lo adelantado de cara a la conformación del plan de atención y el plan de acción para la vigencia 2022, así como compartió el proyecto de inversión de 2022 para la atención a comunidades indígenas y el progreso en las aclaraciones de áreas, cabidas y linderos de 16 predios de los resguardos Arhuaco de la Sierra y Kankuamo.
Respecto al plan de acción propuesto por la ANT para 2022, el delegado de AICO por la Pacha Mama ante la CNTI, Jairo Guerrero, expresó su preocupación. Esto, debido a que la entidad proyecta atender en el año un (1) caso de resguardos indígenas con título de origen colonial y/o republicano, a pesar de que, existen diecisiete (17) de estos casos con sentencias judiciales impulsados por el equipo jurídico de la CNTI que deben ser cumplidas con fecha máxima a agosto del próximo año.
Para el cierre de la jornada fue abordado el punto de concertación del procedimiento y guía para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicano del Decreto 1824 de 2020, y fue socializado el caso de la comunidad indígena San Lorenzo de Riosucio, Caldas, del pueblo Emberá Chamí, que solicitó a la CNTI abordar en el espacio la situación en la que se encuentra, a pesar de existir una orden judicial de obligatorio cumplimiento para su caso.
Frente a este último punto, Juan Sebastián Anaya, coordinador nacional de casos emblemáticos étnicos y órdenes judiciales de la ANT, anunció que están adelantando la gestión topográfica y esperan finalizarla en el primer trimestre del próximo año para avanzar en el proceso de ampliación del resguardo.
El día de mañana, 25 de noviembre, será desarrollado el espacio autónomo del Gobierno indígena, de cara a la jornada de diálogo y concertación con el Gobierno nacional el próximo viernes 26 de noviembre.
Continúa la preocupación de los delegados indígenas de la CNTI, después de evaluar y analizar los datos presentados por los delegados de la ANT y la URT en el marco del Decreto Ley 4633, ya que la inconsistencia de los informes entregados, afectaría la seguridad jurídica y la restitución de derechos territoriales para pueblos y comunidades indígenas.
El segundo día de la sesión V de la Comisión Nacional de los Territorios (CNTI) inició con el espacio autónomo entre los delegados de las organizaciones indígenas y el equipo técnico de la secretaría técnica Indígena de la CNTI, con el propósito de revisar y analizar los informes presentados por la Agencia Nacional de Tierra (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) el día 20 de octubre, en el marco del Decreto Ley 4633 de 2011 y el Decreto 1824 de 2020 que busca restituir, ampliar, sanear los territorios indígenas.
Sin embargo, de acuerdo a la evaluación realizada por los delegados de las organizaciones y el equipo técnico de la secretaría técnica de la CNTI, dicho informe no cumple con los acuerdos pactados en la sesión IV del 2020 ni con lo que estipula el Decreto 4633, por el contrario, muestra una inconsistencia en los datos presentados que genera confusión a los representantes indígenas. Esta situación podría afectar la seguridad jurídica de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
En el marco de este espacio autónomo los delegados realizaron valoraciones sobre lo presentado por el gobierno, de ese modo el exconstituyente Alfonso Peña planteo con preocupación que “No hay buena fe en la entrega de informes y a 10 años del decreto apenas se está iniciando, lo que es irresponsable. Los porcentajes no definen con seriedad ningún resultado, hay muchos vacíos”.
De igual modo Ulises Tique, delegado de la Macro Centro Oriente de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas (ONIC), en su análisis comentó que: “de los compromisos de más de 10 años solo se ha cumplido en un 2%, lo que genera preocupación en cómo le vamos a responder a las bases y a las comunidades indígenas en las diferentes regionales. Es muy complejo darle una noticia de lo negativo del proceso”.
Esta situación pone en alerta a los delegados indígenas y a la secretaría técnica Indígena de la CNTI, por lo que proponen un diálogo concreto con los delegados de las instituciones del gobierno nacional, para hacer un llamado de exigencia de garantías a los acuerdos pactados y el cumplimiento del decreto.
Por su parte, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la CNTI, planteo que el incumplimiento sistemático a la política pública de los derechos territoriales, no obedece al espíritu del decreto y que no corresponde a la realidad según el artículo 57 de la misma, por lo que llevaría a los delegados a tomar acciones jurídicas contundentes que proteja los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.
Se espera que en la jornada mixta que inició el día de hoy 22 de octubre, el gobierno nacional responda de manara clara ante las inquietudes y exigencias de los delegados indígenas, de igual modo se espera que hayan avances en el cumplimiento de los acuerdos pactados en sesiones previas.
Este miércoles 20 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) dio inicio a la V sesión mixta con el Gobierno nacional, representado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
En este primer día, el equipo técnico y los delegados de las organizaciones indígenas con asiento en la CNTI recibieron los informes elaborados por ambas entidades respecto a la gestión adelantada para dar cumplimiento al Decreto 4633 de 2011, por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas.
De igual forma, se hizo seguimiento a la estrategia de aceleración para la ruta de restitución de derechos territoriales, compromiso adquirido por la URT en la III sesión mixta de la CNTI con Gobierno en 2021. Frente a este punto, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, expresó su preocupación por la forma en que la Unidad de Restitución de Tierras mide los resultados de sus actuaciones, pues tiene indicadores de gestión, pero no es clara la medición de resultados reales y efectivos.
Respecto a las obligaciones de la ANT en el marco del Decreto 4633 de 2011, la CNTI hizo énfasis en que no es claro cómo desarrollan el trabajo conjunto que debe existir entre las dos entidades ni la manera en que la URT hace seguimiento a las resoluciones que se dan en la ruta étnica que emite órdenes e involucra a la ANT.
Frente a esto, por parte la CNTI se dio lectura al hallazgo hecho por la Contraloría General de la Nación que señala que: “La política de restitución y la de formalización tienen una amplia interrelación. No adelantar acciones efectivas por parte de la ANT en el marco de esta política, se convierte en un factor que propicia el despojo de los territorios, [por lo que] esta entidad debe tener presente en su planeación el cumplimiento de las órdenes emanadas de la jurisdicción de restitución de tierras”.
El hallazgo publicado por la Contraloría continúa: “La URT en su planeación y priorización debe tener en cuenta si existe sobre el predio solicitado, un proceso de formalización con el fin de armonizarlos y utilizarlos como material probatorio. La articulación entre la ANT y la URT es fundamental a fin de evitar duplicidad de actuaciones (principio de economía y eficiencia administrativa), dado que las zonas de intervención de la ANT pueden traslaparse con territorios intervenidos por la URT”.
Mañana (jueves 21 de octubre) será adelantado el espacio autónomo en el que los delegados indígenas analizarán los insumos presentados por la institucionalidad, de cara a la jornada del viernes en el que se dará la discusión con las entidades de Gobierno y la creación de acuerdos para exigir la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La comunidad indígena Yajotja perteneciente al pueblo Waüipijiwi, ubicada en el departamento de Vichada, hace un llamado urgente a las organizaciones gubernamentales para que brinden atención prioritaria a la difícil situación de vulneración de sus derechos colectivos e individuales, generada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado y el no reconocimiento de un territorio digno, lo que perjudica su pervivencia física y cultural.
Los Waüipijiwi, quienes también son conocidos como Wipiiiwi, Waüpiiiwi, Huupiwi, Wipiwi o Wipijiwi, se autodenominan de acuerdo a su cultura como «La gente que camina» o “La gente del Alto Vichada”. Según datos suministrados en 2018 por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), este pueblo ancestral solo cuenta con 299 integrantes, lo que reafirma la necesidad de su protección especial y prioritaria.
De acuerdo a la cosmovisión de los Waüpijiwi, su “Weunuekua” o “territorio de origen” (en su lengua materna) está ubicado en Caño Gavilán, cerca al río Tomo y a Yumemuje, en el actual municipio de La Primavera, departamento de Vichada. De este lugar fueron desplazados por la presencia de grupos armado al margen de la ley, el narcotráfico, la invasión de colonos, la persecución y el asesinato de indígenas durante las “cacería de indios”, también conocidas como “guajibiadas” o “guahibiadas”, en los años ochenta.
En el año de 1982, 65 indígenas Waüipijiwi fueron reubicados en el Resguardo de Caño Mochuelo, en el asentamiento de Caño Agua Clarita, donde conformaron la comunidad El Merey, en el departamento de Casanare. Esto, en compañía de otros ocho grupos indígenas que también fueron desplazados por la violencia.
Su llegada a este territorio generó conflictos interétnicos con los otros pueblos originarios de este resguardo, como son los Maiben, los Masiware y los Tsiripus, como se relata en el libro “Huellas de la Madre Laura en los Caminos de los Pueblos Indígenas”, publicado en noviembre de 2011 por la editorial Kimpres.
El traslado de este pueblo ancestral terminó afectando las dinámicas propias de los Waüpijiwi, pues ancestralmente desarrollaban sus actividades como nómadas y recolectores. Durante su estadía en la comunidad El Merey, fueron obligados a llevar una vida sedentaria y de agricultores que no les era propia, hecho que limitó sus correrías tradicionales a los sitios sagrados que los proveían de espiritualidad y sus economías propias como la pesca, la caza, la recolección y el intercambio con otros pueblos, como se evidencia en la investigación y Estudio Nacional de la Situación Alimentaria y Nutricional de los Pueblos Indígenas de Colombia ENSANI (2012, 2014).
Ante esta crisis territorial y alimentaria, fueron incorporados insumos externos que no hacen parte de la dieta alimenticia de la comunidad Waüpijiwi y generaron una crítica situación de salud en mayores y niños. Además, la comunidad no cuenta con los recursos para acceder a lamedicina occidental y tampoco tienen acceso a agua potable, a un sistema de acueducto o a un sistema de manejo de basuras, lo que agrava la situación de salud y de pervivencia.
Para el año de 2003, los Waüpijiwi nuevamente fueron amenazados por grupos armados. Así lo expresaron en el comunicado del 2018: “Para el año 2003 un grupo de en promedio 40 hombre, según la comunidad, al parecer de las FARC, asegura la comunidad, llegan por el río Aguas Claras en un planchón donde se transportaban y se instalaron en la finca conocida como Hato Manare que limita con el Resguardo”.
Esta situación una vez más los obligó a desplazarse, algunas familias de la comunidad Merey llegaron a Santa Rosalía en Vichada y pasaron por municipios como Puerto López y Orocué. Muchos miembros de la comunidad vieron la opción de regresar a su territorio ancestral que, de acuerdo a las historias de los abuelos y mayores, estaría ubicado en La Primavera, Vichada, cerca al sitio conocido como “Mate Ñame” en Agua Verde, donde se encuentra enterrado Yajotja, un emblematico capitán Waüpijiwi.
Entre finales de 2005 y principios de 2006, con ayuda del Ministerio del Interior, las familias retornaron al Merey en el Resguardo de Caño Mochuelo. Sin embargo, volvieron a una situación de conflicto interétnico que interrumpió la armonía al interior de la comunidad y con el territorio.
De acuerdo a las denuncias realizadas por el propio pueblo Waüpijiwi, en 2017 sufrieron situaciones internas que los llevaron a tener problemas de gobernabilidad, lo que provocó que se limitará su participación en los espacios de decisión del resguardo indígena, lo que hizo que los otros pueblos indígenas con los que comparten territorio no priorizaran las necesidades del pueblo Waüpijiwi.
A esta difícil situación se sumó el reclutamiento forzado de menores y los abusos sexuales a menores por parte de grupos armados, como lo expresaron en la denuncia realizada en la tutela del 2018. “Durante 2017, al Merey llegaban personas mestizas, inicialmente vestidas de civil y después en uniforme camuflado para reclutar a las niñas de la comunidad, algunas de ellas regresaron embarazadas y otras no regresaron”.
Tras este acontecimiento, en diciembre de 2017 se dio el desplazamiento definitivo de 57 personas integrantes del pueblo Waüpijiwi, entre estas 18 menores de edad, desde Caño Mochuelo hacia la inspección de Agua Verde del municipio de La Primavera, enVichada.
Un territorio sin garantías
Cuando los Waüpijiwi llegaron a Agua Verde, vieron su regreso como un posible retorno armónico a su territorio de origen. Sin embargo, la poca garantía institucional y las limitaciones propias del lugar, representaron una vez más la vulneración de la comunidad de manera social, física y cultural.
En 2018 la comunidad fue ubicada por parte de la Alcaldía de La Primavera en la finca Las Reliquias. Luego, para noviembre de ese mismo año, la comunidad fue trasladada a un terreno a orillas del río Meta. Debido a las crecintes del río Meta que causan inundaciones, los Waüpijiwi no contaban con un terreno apropiado para la siembra y cultivo de sus alimentos, además de sufrir de infecciones respiratorias, poniendoles en condiciones de vulnerabilidad por las enfermedades y falta de una alimentación adecuad.
A raíz de esas dificultades, la Alcaldía Municipal de La Primavera decidió reasentarlos nuevamente en la finca Las Reliquias, un espacio de tan solo 4 hectáreas donde viven como arrendatarios, pago que debe asumir la Alcaldía del municipio.
En este limitado lugar conforman la comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi. Sin embargo, denuncian la reiterada vulneración a sus derechos, porque se les impide que desarrollen actividades propias de su pueblo como la caza, la pesca y la recolección. Además, la comunidad denuncia que no existe ningún plan de reubicación o extensión del pago de arrendamiento de la ubicación actual por parte del gobierno local.
Ante esta situación, le han solicitado al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras que se den las garantías adecuadas para la pervivencia de este pueblo ancestral en dicho territorio con unas condiciones más dignas. Sin embargo, los Waüpijiwi aún se encuentran censados en el Resguardo de Caño Mochuelo en Casanare, lo que al parecer impide a las entidades gubernamentales para dar las garantías correspondientes que resuelvan esta problemática.
En caso de un posible retorno al Casanare, este pueblo ancestral le pide al Gobierno nacional la ampliación del Resguardo Caño Mochuelo como se estipula en el plan de vida del resguardo de 2013, para así resolver las diferencias interétnicas y brindar las garantias para que todos los pueblos indígenas puedan tener equilibrio y armonía territorial.
El 18 noviembre de 2019, comunidad Yajotja del pueblo Waüpijiwi radicó documentos para la oferta voluntaria de compra de un predio ante la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en el marco de solicitud de constitución de resguardo y protección de territorio ancestral referenciado en el expediente No. 201851008299800037E. Sin embargo dicha solicitud fue negada porque el desplazamiento de pueblo Waüpijiwi supuestamente se dio por conflictos interétnicos y no por el conflicto armado.
El pasado 19 de diciembre de 2019, el capitán Ángel Tadache y demás firmantes de la comunidad indígena Yajotja, del pueblo Waüpijiwi. hicieron la denuncia formal bajo una acción de tutela contra las entidades del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, la Alcaldía Municipal de La Primavera, el departamento de Vichada, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Minorías del Ministerio del Interior, el Ministerio de Protección Social, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Puerto Carreño, la Fiscalía General de la Nación y la Superintendencia de Salud, por no atender de manera diferencial y prioritaria a esta comunidad indígena en situación de riesgo.
Se espera que en el trámite de tutela que cursa ante la Corte Constitucional con el número de expediente: T-8.113.378, garanticen los derechos territoriales de la comunidad Yajotja, del Pueblo Indígena Waüpijiwi, y tome las medidas efectivas para su pervivencia de este pueblo ancestral.
De acuerdo al auto 004 de 2009 de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior, los Waüpijiwi o Wipiwi presentan altos índices de morbimortalidad y la disminución progresiva de la población. Por su parte, la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC)manifiesta que “Aunque conservan su lengua, sus autoridades tradicionales se han debilitado, han perdido sus saberes ancestrales en torno a la medicina, al manejo ambiental y a desarrollos culturales. (…) La ausencia e sabedores tradicionales de nivel superior, demuestra el debilitamiento para afrontar los diversos malestares como su capacidad organizativa, de ejercicio del a autoridad y gobierno al interior del pueblo, eso ha disminuido los procesos de transmisión de los saberes y conocimientos”.
Es así que, en el marco de los derechos constituionales y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, el Estado colombiano en este caso de la Corte Constitucional debe tomar desiciones que permitan resolver las problematicas del PuebloWaüpijiwi, entre ellas resolver la situación territorial de dicho Pueblo indígena, cuyas condiciones sean por lo menos iguales o similares a las tierras que ocupaban anteriormente, garantizando el goce efectivo de sus derechos y permitiendo que puedan resolver sus necesidades y garantizar su futuro desarrollo.
Por tal motivo, el pueblo Waüpijiwi reitera el llamado al Estado colombiano en especial a las entididades judiciales y las instituciones competentes del gobierno nacional, para que existan las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, a usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Por. Secretaría Técnica Indígena Comisional Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
