Fundadores, delegados salientes y nuevos comisionados se dieron cita el pasado jueves 12 de agosto en Bogotá para integrarse, compartir conocimientos y honrar el legado de la lucha que condujo al origen de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
Valiosos testimonios, reflexiones y propuestas fueron escuchados en el círculo de la palabra propuesto por el equipo de la secretaría técnica indígena de la CNTI, en cabeza del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). Un simbólico bastón de mando pasó de mano en mano para marcar las intervenciones de cada uno de los delegados dispuestos a contar sus experiencias y aconsejar a quienes a partir de 2021 ocuparán sus asientos en la comisión.
Al mismo tiempo, una vela encendida en medio de todos los reunidos acompañaba los relatos que en otro momento habrían sido convocados alrededor de un fuego mayor. De esta manera y en un invaluable intercambio generacional, fueron entretejiéndose memorias y lineamientos a modo de una hoja de ruta para fortalecer los procesos de la CNTI hacia el futuro.
Más adelante, el equipo del ODTPI expuso el trabajo adelantado como componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y posterior a ello, Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, junto a su equipo técnico, realizó una serie de presentaciones en las que evidenció los resultados de las estrategias implementadas por cada una de las áreas.
Dada la socialización, los delegados indígenas que hicieron parte del espacio y que cedieron su lugar a los nuevos integrantes de la CNTI, agradecieron por su tiempo de participación y felicitaron al grupo de la Secretaría Técnica Indígena. Además, dieron la bienvenida formal a los nuevos comisionados con el compromiso de que estos continúen luchando con convicción por la defensa de los derechos fundamentales y territoriales.
En una de sus intervenciones el mayor Jairo Guerrero, delegado de las Autoridades Indígenas-AICO por la Pacha Mama, resaltó tanto los esfuerzos realizados por el secretario técnico indígena como las iniciativas desarrolladas para cumplir con el compromiso de defender los derechos y posicionarse como autoridad en materia territorial, vocera y representante de los 115 pueblos indígenas de Colombia.
A su vez hizo un llamado al trabajo constante y disciplinado, pues reconoció la importancia del compromiso ante un escenario de diálogo y concertación de carácter nacional que debe ser cuidado. “Nosotros los pueblos indígenas sin territorio no somos nada, por eso necesitamos este espacio que garantiza y hace seguimiento a todo lo relacionado con el territorio”, fueron sus palabras.
Para cerrar el encuentro, voceros, delegados y fundadores trajeron nuevamente a la memoria las causas, el desarrollo y los eventos que tuvieron lugar después de la toma de la Conferencia Episcopal en 1996. Reflexionaron acerca del camino recorrido y los retos que aún quedan por superar, todos unidos ya no como miembros de un pueblo o una organización, sino como representantes de todos los pueblos indígenas que habitan y resisten en todo el territorio nacional por una causa común.
“Sabemos que vivimos en un país con un sentir y actuar diferente, por eso tenemos que exigir que nos respeten, para nosotros la tierra es parte de nuestra vida y sin ella no podemos hacer nada, tenemos que luchar por la recuperación y la formalización de nuestro territorio hasta que el sol se apague”, Jairo Guerrero, delegado de Autoridades Indígenas de Colombia-AICO por la Pacha Mama.
El evento que se llevó a cabo en el Fondo de Cultura Económica de Bogotá, contó también con transmisión en vivo en el canal de YouTube y la página de Facebook de la CNTI.
La agenda contempló el lanzamiento del informe “25 años en defensa de los territorios: diálogo, exigencias y concertación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas” que puede ser consultado en la página web de la CNTI.
Durante el espacio fue denunciado el riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia, pues según datos del observatorio de la CNTI, desde la adopción del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz hasta el año 2020, fueron registrados 361 homicidios contra personas indígenas.
El pasado viernes 13 de agosto en la ciudad de Bogotá, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) reunió a los fundadores y a los delegados que han hecho parte del espacio, creado tras la toma pacífica de la Conferencia Episcopal por parte de los pueblos indígenas en 1996. De igual manera, fueron convocados/as los y las representantes de organizaciones amigas y otros sectores sociales.
Con la realización de un panel sobre derechos territoriales, la entrega de reconocimientos a fundadores y delegados, la proyección del video “Memoria viva de la CNTI” y la instalación de una galería fotográfica, la comisión buscó honrar las causas, la historia y a los protagonistas que dieron pie a su origen.
Respecto al evento, Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y secretario técnico indígena de la CNTI, dijo: «Es [recordar] toda esa memoria junto a las personas que estuvieron en la creación del decreto y sobre todo en el proceso que condujo a la expedición, porque este espacio no nació por la voluntad del Gobierno, sino que es el resultado de las exigencias autónomas de los pueblos indígenas».
Por su parte, Abadio Green Stocel, líder y académico indígena, quien además participó de la toma de más de 40 días a la Conferencia Episcopal, mencionó durante el panel la importancia de entender la relación intrínseca que los pueblos indígenas tienen con el territorio, pues esta va mucho más allá de la mirada occidental de la propiedad. “El mundo nos está mirando, que escuchen que estamos peleando por el territorio, no por nuestros resguardos, sino reclamando la armonía del mundo entero”, agregó.
Los delegados reforzaron las denuncias a las que hace eco la CNTI, frente a la deuda histórica del Estado colombiano con los pueblos indígenas a causa de la falta de reconocimiento formal de los territorios, una necesidad mínima para la garantía de los demás derechos.
Según Carolina Gil, directora regional Noroeste Amazonas de Amazon Conservation Team, las organizaciones aliadas deben movilizar todo el apoyo posible, no solo para la constitución de resguardos, sino para la reivindicación de los territorios de uso y ocupación ancestral.
Respecto a esto, July Calderón, coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), señaló: «Estamos en alerta por el despojo territorial. Hemos tenido éxito en unos casos, pero las situaciones de violencia prevalecen y generan desplazamiento o confinamiento».
En este contexto, los representantes de los pueblos y organizaciones indígenas dieron lineamientos para fortalecer la exigencia por los derechos en materia territorial y responder a los retos que implica superar la inseguridad jurídica de los territorios.
El programa del día finalizó con la muestra cultural encabezada por el grupo musical Moque y la exposición de fotos con registros del equipo de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y las imágenes ganadoras del concurso de fotografía de los pueblos indígenas, realizado por la comisión en el mes de julio.
Acerca de la CNTI
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas es un espacio de interlocución y concertación entre el Gobierno indígena y el Gobierno nacional, creado en el año 1996 mediante el Decreto 1397, con el fin de tratar temas relacionados a la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de las comunidades indígenas en Colombia.
Cuenta con representación de las siguientes organizaciones: Confederación Indígena Tayrona (CIT), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO) y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, así como de cinco representantes indígenas de las macro regiones del país: Norte, Centro-Oriente, Occidente, Orinoquía y Amazonía; los senadores indígenas en ejercicio y los exconstituyentes indígenas.
Los días 7, 8, 9 y 10 de agosto en el Resguardo de Mosoco ubicado en el municipio de Páez, en el departamento del Cauca, se llevó a cabo la versión XVI del Congreso del Cric, este espacio buscaba hacer una valoración de los 50 años de esta organización y también realizar las proyecciones para el trabajo a realizar en los próximos 50 años; las valoraciones y proyecciones se hicieron teniendo en cuenta los principios de UNIDAD, TIERRA, CULTURA y AUTONOMIA.
El ODTPI de la STI–CNTI, tuvo la valiosa oportunidad de poder ser testigo de los diálogos de todos los pueblos indígenas del departamento del CAUCA y de pueblos hermanos de otros departamentos y países, entorno al principio de TIERRA. Este dialogo se realizó en torno a los siguientes puntos: liberación de la madre tierra; armonía y desarmonía de los espacios de vida; tenencia, uso y necesidad de la tierra; subsistencia y alternativas económicas y por último control territorial.
En cuanto a las valoraciones sobre el punto de liberación de la madre tierra se puede destacar:
Utilización de estrategias del Estado para desgastar, dilatar y no garantizar el derecho ancestral al territorio de los pueblos indígenas.
Escasez de tierras frente al crecimiento poblacional que genera conflictos Territoriales.
De otro lado, el Estado ha utilizado acuerdos no cumplidos (Caso Nilo) y las negociaciones para desgastar a las comunidades indígenas e impedir los procesos de liberación y recuperación de la madre tierra. La negociación con el gobierno no es efectiva, por lo tanto, la orientación para algunos territorios y pueblos ha sido de recuperarla de manera tajante.
Desconocimiento del derecho fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa y sus procedimientos por parte de la institucionalidad en las concesiones de agua, minería y toda clase de proyecto que afecta la pervivencia de los pueblos indígenas.
Después de escuchar y apoyar durante dos días las relatorías de la comisión de territorio en cuanto a las valoraciones destacadas anteriormente, se puede afirmar que lo que acontece con los pueblos indígenas en el departamento del Cauca refleja las mismas problemáticas que hemos venido evidenciando desde el ODTPI, tales como el desgaste de las comunidades que buscan el cumplimiento de sus derechos territoriales por parte del Estado, el cual incumple acuerdos locales, regionales y nacionales, lo que ha conllevado a que las comunidades indígenas del departamento del Cauca continúen con los procesos de liberación de la madre tierra.
Uno de los casos de flagrante incumplimiento se da en la aplicación del derecho fundamental a la consulta previa el cual ha sido y sigue siendo constantemente vulnerado no solo en la forma de aplicación para la aceptación o no de proyectos minero energéticos en los territorios, sino también en su regulación, debido a que el actual gobierno ha buscado legislar sobre este derecho de forma ilegal e inconstitucional.
En consecuencia, de lo anterior los pueblos indígenas participantes de este congreso realizaron proyecciones sobre este tema, las cuales se convierten en mandatos para los próximos 50 años de esta organización, algunas de ellas son las siguientes:
Crear un fondo de tierras propio que facilite su compra en favor de las comunidades.
Los procesos de liberación de la madre tierra, deben orientarse a la liberación de los cultivos ilícitos, grandes latifundios, multinacionales, monocultivos y de toda forma de explotación económica capitalista.
Revisar el mandato de Pioyá, respecto a la Consulta Previa, en este sentido las comunidades afectadas por la realización de la consulta previa con desconocimiento de sus procedimientos puedan anular dicha consulta en el marco del derecho propio.
El ODTPI, además de asistir a estas sesiones pudo socializar temas importantes para esta comisión tales como la implementación de la política pública del catastro multipropósito sin consultarse con los territorios y como esta se ha realizado por parte del gobierno colombiano sin tener en cuenta la esencia planteada en el Acuerdo de Paz para esta política, la cual buscaba luchar contra el problema de concentración de la tierra a través de un catastro que buscaría darle paso a una equitativa distribución de la tierra.
Siguiendo con el punto de armonía y desarmonía de los espacios de vida, en este punto una de las valoraciones a destacar es la preocupación por que la madre tierra se encuentra enferma y desarmonizada, afectando el equilibrio de los diferentes espacios de vida (Deforestación, contaminación del agua, el suelo y el aire, cultivos de uso ilícito, minería a gran escala, alimentos transgénicos) situación que se ve reflejada en gran parte de los territorios.
En consecuencia, las proyecciones sobre este tema se basan en que los pueblos indígenas deberán fortalecer su sistema de gobierno propio a través de mecanismos que permitan dar cumplimiento a los mandatos establecidos para el cuidado de la madre tierra. En ese sentido, se debe dinamizar las diferentes formas de control, corrección y remedio ante las grandes desarmonías que se vienen presentando en los territorios con respecto a su protección y defensa, lo cual no se podrá llevar a cabo si no se realizan los procesos de formalización, pero si avanzan las licencias de explotación en los territorios tal como viene ocurriendo.
Respecto a este punto el ODTPI tuvo la oportunidad de hacer énfasis de como estas desarmonías en el territorio causadas por la presencia diferenciada del Estado en los territorios ha conllevado al asesinato sistemático de lideres y lideresas sociales, donde en el departamento del Cauca ocurrieron el 51,3% del total de 115 homicidios a indígenas ocurridos durante el año 2020, año donde también el pueblo Nasa es el mas afectado con este etnocidio.
En cuanto al punto de tenencia, uso y necesidad de la tierra, surgieron del dialogo sostenido con las comunidades las siguientes valoraciones:
Existen tensiones en los territorios debido a los intereses que juegan las multinacionales, grupos armados, organizaciones o entidades estatales, cuando limitan o controlan las prácticas agrícolas indígenas.
Existencia de conflictos territoriales entre comunidades indígenas y también con sectores sociales.
Desconocimiento del marco normativo que se refiere a la protección de los territorios ancestrales (resguardos de título colonial, republicano y resolutivos).
Entrada y entrega de los territorios a agentes externos con fines lucrativos que desarmonizan las comunidades (ej. narcotráfico, minería, multinacionales etc.)
Los altos costos de la tierra dificultan el acceso a la misma.
La mayor parte de los territorios indígenas están dedicadas a la conservación y protección ambiental, lo cual implica que se cuenta con un porcentaje menor de tierra disponible para la producción agropecuaria.
Proyecciones:
Socializar y operativizar los instrumentos normativos que reconocen el derecho al territorio ancestral, (decreto de resguardos coloniales, republicanos y/o resolutivos).
La consejería mayor y el programa económico ambiental orientará sobre los efectos y consecuencias de la implementación del catastro multipropósito ante el desconocimiento de los procedimientos del derecho fundamental de la consulta previa por parte del Estado con cada uno de los pueblos indígenas en los territorios.
Respecto al punto de tenencia, uso y necesidad de la tierra, dentro del espacio de discusión surgió la preocupación por la protección de los resguardos con titulo colonial y republicano, debido al desconocimiento de los procesos para la reestructuración y ampliación de estos territorios y con mas fuerza cuando se ha intentado implementar por parte del actual gobierno la política de catastro multipropósito sin la consulta previa a los territorios, desde el ODTPI se pudo orientar acerca de lo lesivo de la aplicación de esta política especialmente para los territorios tradicionales y/o ancestrales los cuales aun no han sido formalizados.
En cuanto al último punto sobre control territorial, se hicieron las siguientes valoraciones:
El otorgamiento de licencias para la explotación y exploración en los espacios de vida comunitarios interfiriere y amenaza la autonomía territorial de los pueblos indígenas.
Para culminar se reflexionó acerca de la afectación a la autonomía de los pueblos indígenas con el otorgamiento de licencias para la explotación y explotación del territorio, lo cual está relacionado con todos los puntos anteriores tales como la indebida aplicación de la consulta previa en estos procedimientos.
Ricardo Camilo Niño Izquierdo es líder del pueblo indígena Arhuaco, ecólogo y magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte de la Confederación Indígena Tayrona (CIT) y desde 2013 fue delegado por la CIT como secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Desde pequeño, el liderazgo estuvo presente en su vida. Con su padre, el también líder Sakuku Mayor, José Camilo Niño, tuvo el ejemplo de autoridad siempre cerca y aprendió a involucrarse de manera activa, a escuchar y a trabajar, por y para la comunidad. Su trabajo por la defensa de los derechos, el proceso adelantado en su comunidad y su perfil profesional, lo llevaron a ser designado para el rol que actualmente ejerce en la CNTI.
Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI
Su vocación profesional lo condujo a cursar la carrera de Ecología y más tarde la maestría en Desarrollo Rural, conocimientos con los cuales ha buscado retribuir también a su pueblo. En este orden, los temas de investigación abordados en su producción académica han estado enfocados en el manejo, la defensa y el uso del territorio, así como en la apropiación territorial de los pueblos indígenas.
Cree firmemente en la necesidad de defender los territorios en los que está la diversidad natural, la vida y una riqueza cultural e histórica invaluable, por ello ha trabajado incansablemente por defender los derechos de los pueblos indígenas y por concertar medidas que lleven al Gobierno nacional a cumplir la deuda histórica que tiene al respecto.
En su trayectoria participó en la construcción metodológica de la consulta previa del Censo Agropecuario 2013-2014 y en la construcción del Decreto Autonómico 1953 de 2014 que pone en marcha el funcionamiento y la administración de los recursos de los resguardos como entidades territoriales de carácter especial. De hecho, actualmente integra la comisión de impulso para la implementación del mencionado decreto y fue uno de los responsables de que el resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta actualmente administre, de forma directa, los recursos de la Asignacion Especial de Recursos para Resguardos Indigenas-AESGPRI.
Otras de sus participaciones destacadas han sido: el apoyo a la construcción del Decreto 2333 de 2014 sobre la protección jurídica de los territorios ancestrales, así como a la elaboración de la consulta previa en la que fue concertado el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y 2018-2022, además del seguimiento a los acuerdos allí pactados. Asimismo, partició en la construcción metodológica de la consulta previa del censo poblacional para 2018, concerniente a pueblos indígenas.
Secretario técnico de la CNTI.
De igual manera, como secretario técnico y junto a los delegados indígenas de la CNTI, impulsó la expedición del Decreto 1824 de 2020 para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial y/o republicano de los resguardos indígenas, y está posicionando tanto el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), herramienta fundamental para el acceso de datos referentes a los territorios, como el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), iniciativa que surgió como una exigencia histórica de los pueblos ante la ausencia de una línea de base y que busca ser una fuente de información para la toma de decisiones, la formulación de la política pública en materia territorial, el monitoreo de las responsabilidades legales de la CNTI y el mejoramiento de la incidencia política desde el Gobierno indígena.
Del mismo modo, ha estado poniendo en marcha la implementación de una estrategia para que la Corte Constitucional declare un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia territorial para pueblos indígenas y ha exigido al Gobierno, mediante diferentes mecanismos jurídicos y políticos, la garantía del derecho a la consulta previa sobre la política pública de catastro multipropósito.
Socialización del catastro multipropósito en territorio por parte de Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI
Espera posicionar la comisión como un espacio legítimo que se respete como una autoridad en materia territorial indígena y que desde la vocería logre mostrar los desafíos que enfrentan los territorios y las comunidades día a día. También desea promover iniciativas que visibilicen las problemáticas relacionadas a la falta de seguridad jurídica de los territorios y adelantar junto a su equipo acciones legales para exigir la garantía de los derechos territoriales.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) recibió el certificado de inscripción del resguardo ante la oficina Instrumentos Públicos (Superintendencia de Notariado y Registro) el pasado miércoles 23 de junio de 2021. Este se dio en cumplimiento a las exigencias realizadas por la comunidad y la Secretaría Técnica de la CNTI en el proceso de tutela 2021-036-01 en conocimiento del Juzgado Quinto de Familia y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., sala de familia.
La comunidad del pueblo Emberá Katío tuvo que esperar más de cuatro décadas para la constitución de su resguardo, ubicado en el municipio de San José de Uré, Córdoba. El proceso de reconocimiento fue dilatado por la institucionalidad en la gestión de las tres entidades que han representado la máxima autoridad de tierras en Colombia: el Incora, el Incoder y la ANT. De hecho, en enero del presente año la CNTI tuvo que radicar una acción de tutela en favor del Cabildo Indígena Dochama para el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo, la protección de la diversidad étnica y cultural, y la constitución de propiedad colectiva.
El proceso para la formalización inició en 1978 con la gestión de trámites ante el Incora como lo señalaba la normatividad vigente y para el 31 de octubre del mismo año ya había sido realizado el oficio de solicitud del procedimiento de legalización (bajo la figura de reserva indígena por ser la figura de la época), por parte del Director Regional de la entidad en la seccional Córdoba. Sin embargo, el proceso fue dilatado con demoras injustificadas y solo hasta 2021 fue finalizado.
La inseguridad jurídica de este territorio ha mantenido a la comunidad por años en un estado permanente de vulnerabilidad en el que además ha sufrido amenazas, agresiones, asesinatos selectivos y desplazamientos masivos por parte de grupos armados ilegales (como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y “Los Caparrapos”, también conocidos como el Bloque Virgilio Peralta Arenas) que disputan el control territorial para el desarrollo de economías ilegales.
Este caso es de gran importancia para la garantía de los Derechos Territoriales de los Pueblos indígenas. Representa un referente para activar procesos de exigibilidad en la formalización de territorios colectivos con minas antipersona, municiones sin explotar, cultivos de uso ilícito y situaciones derivadas y subyacentes al conflicto armado.
De igual manera, es grave el avance de actividades extractivas en el territorio ancestral. Hay denuncias que señalan fuertes intereses de privados relacionados a la explotación de oro, cobre y níquel, casos en los que no ha sido garantizado el ejercicio de la consulta previa, libre e informada, derecho fundamental de los pueblos indígenas.
Se espera que esta medida fortalezca el ejercicio de la autonomía y el gobierno propio del pueblo Embera Katío en este territorio, además propicie el retorno de las familias que fueron desplazadas de manera forzada y contribuya al fin del estado de confinamiento que ha sufrido la misma comunidad.
Existen serias preocupaciones respecto a la implementación actual del catastro multipropósito, ya que organizaciones indígenas y otros sectores sociales exponen que esta política genera afectaciones directas a las comunidades en los territorios y se aleja de lo pactado en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz.
Por Redacción CNTI
A partir de la puesta en marcha de la política de catastro multipropósito en el Gobierno Duque, han surgido bastantes reclamaciones por parte de las comunidades indígenas que alegan la violación del derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, y la falta de participación en el proceso.
Asimismo, llama la atención el cambio de perspectiva que este ha sufrido de cara a su vocación inicial. El taita Polivio Leandro Rosales, delegado de AICO por la Pacha Mama ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC), expresó: “Vemos que lo que hay en el fondo es un tema tributario y no busca solucionar lo que se planteó en los acuerdos de La Habana. Lo que buscamos es retomar la discusión del capítulo étnico del AFP”.
El modelo planteado en las conversaciones con la desmovilizada guerrilla de las Farc buscaba ser una herramienta para identificar los problemas de acceso y uso de la tierra, actualizar la información cartográfica y disminuir los índices de evasión fiscal para fortalecer las políticas públicas de cara a una reforma rural integral.
Para Juan Carlos Preciado, integrante de GAIA Amazonas y colaborador de la Coordinación General de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía (OPIAC), el catastro actual está conectado a una serie de violaciones de derechos a los pueblos indígenas porque la estructura está muy relacionada a las normas de ordenamiento territorial como las de la Ley 1454 que, según él, ignora el derecho de los pueblos a conformar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
A esto agregó que las medidas que se están implementando actualmente en el catastro multipropósito y barrido predial, excluyen a las comunidades, pues “el proceso adelantado en el fast track versaba sobre la propuesta de norma en el marco del AFP y la propuesta normativa llevada a consulta no correspondía con el acuerdo”. Por esta razón, sostuvo que el hecho de que por parte del Gobierno nacional se diga que el catastro fue consultado, puede constituir un acto de mala fe.
¿Cuáles son las exigencias de las organizaciones?
Para el taita Polivio Rosales, es imprescindible que se garantice la consulta previa, libre e informada de forma integral, ya que en los espacios de concertación como la MPC, los representantes de Gobierno han insistido en que lo que hay que consultar no es la política en sí, que puede ser lesiva para los territorios indígenas, sino únicamente los instrumentos que hacen parte de esta. “Es decir, solo quieren que digamos bajo qué circunstancias queremos que llegue el catastro a nuestros territorios. No habría una discusión de fondo”, añadió.
Por su parte, la abogada Cristina Luna, integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), comentó que a la fecha hay una serie de tercerizaciones y entidades facultadas para adelantar los ejercicios propios del catastro, dentro de las cuales no están las organizaciones indígenas. Por ende, estos gestores catastrales empezarían a entrar a los territorios sin que las comunidades indígenas tengan garantías sobre la recolección y el manejo de la información.
Es por esto que, como lo expuso la abogada Luna, la CNTI ha buscado que se garantice el derecho a la consulta previa, el cumplimiento de la buena fe del acuerdo, la construcción participativa y la vinculación de una visión étnica diferencial en la política de catastro multipropósito, que le apueste al desarrollo rural integral. Señaló: “Hemos sido enfáticos en las exigencias que se han hecho en vía judicial sobre la importancia de que desde la jurisdicción haya elementos que garanticen nuevas herramientas para que los pueblos indígenas exijan el cumplimiento de sus derechos fundamentales”.
En su intervención resaltó el seguimiento que la comisión ha venido haciendo a la acción de tutela 202174 que cursa en el Juzgado 33 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, sección Tercera. Un fallo inicial negó las pretensiones y declaró nulidad para vincular la visión de los pueblos indígenas, en la que exponían el cumplimiento parcial de los acercamientos entablados entre el Gobierno nacional y las organizaciones.
Ante este panorama, ¿qué tanto hablamos de unidad nacional, participación, respeto a la riqueza y a la diversidad cultural?
Omaira Cárdenas, asesora de la Delegada para Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, recalcó que los pueblos indígenas son sujetos políticos de derecho y que este es un país pluriétnico y multicultural, por lo que la consulta previa no es un requisito, sino un derecho fundamental, y debe existir un diálogo permanente frente a las políticas públicas que puedan afectar a los pueblos indígenas para evitar el riesgo de exterminio físico y cultural al que hoy se enfrentan.
El delegado de AICO por la Pacha Mama, Polivio Leandro Rosales, afirmó: “Hasta que no se entienda la diversidad de ver el territorio como unidad, el catastro seguirá siendo una herramienta para el Estado, para el Gobierno y los municipios. Se trata de una política pública no solo para el nivel central, sino también para los pueblos indígenas”.
A esto se unió Delmer Rivera, asesor de territorio en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), quien resaltó que la consulta previa ha venido siendo desdibujada por el Gobierno nacional y extendió un llamado a todas las organizaciones indígenas para que aúnen esfuerzos en la revisión de lo que está sucediendo de cara a la implementación de la política pública y que sea adelantada desde la garantía de los derechos.
