El equipo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, junto con el Secretario Técnico Indígena de CNTI, Camilo Niño y el Programa de Somos Defensores el pasado 15 al 18 de marzo del 2024, se desplazaron hasta el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, con el propósito de llevar a cabo la misión de prensa denominada “extranjerización de la Tierra en la Altillanura: Violación de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani” donde se buscó documentar y visibilizar la problemática de la extranjerización y el acaparamiento de las tierras en la Altillanura colombiana, así como la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales del Pueblo Sikuani, especialmente en las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia.
En el marco de los recorridos, en el territorio se contó con la presencia de medios de comunicación como Rutas del Conflicto, Medio Científico, VerdadAbierta.com, Vorágine, Agencia EFE y Somos Defensores quiénes a través de testimonios de primera mano, documentaron las problemáticas causadas por la presencia del grupo religioso de los Menonitas que llegó a Puerto Gaitán en el 2014. Desde entonces han comprado sus tierras ancestrales provocando el desplazamiento de los Sikuani quienes tras ir perdiendo su territorio se vieron en la necesidad vivir en chozas de plástico, tabla y lona.
La misión de prensa inició en la comunidad de Barrulia, donde se realizó un recorrido sobre las áreas afectadas. Además, las autoridades indígenas evidenciaron las disputas territoriales, así como las sus consecuencias frente a la quema indiscriminada de su territorio para la siembra de maíz y soya lo que ha representado cientos de miles de hectáreas deforestadas.
En las comunidades de Iwitsulibo y Tsabilonia, se logró documentar los desalojos y daños ambientales. Además, de dialogar sobre la entrega provisional de las 9.000 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras ANT, especialmente para la comunidad de Tsabilonia.
Es fundamental garantizar los derechos de este pueblo nómada y seminómada, así como su permanencia física y cultural en sus territorios. Razón por la cual, desde la Comisión Nacional del Territorios Indígenas continuamos trabajando incansablemente por la defensa de los derechos territoriales y la visibilización de las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas de Colombia.
Por último, les invitamos a consultar los medios de comunicación que han difundido esta información como Infobae, Vanguardia, El Heraldo, Agencia EFE, Boyacá Sie7e Días, para seguir evidenciando la ausencia del Estado y falta de reconocimiento de los territorios ancestrales del pueblo indígena Sikuani en Puerto Gaitán, Meta.
La Secretaría Técnica de la CNTI participó en la tercera Mesa Técnica del Consejo Directivo sesión No. 92 de la Agencia Nacional de Tierras, donde se abordó los siguiente temas: aprobación proyecto de acuerdo “Por medio del cual se aprueba el Anteproyecto de Presupuesto Anual de la Agencia Nacional de Tierras para la vigencia 2025”. En un diálogo constructivo, y participativo se analizaron las propuestas, se hicieron observaciones, y se plantearon las necesidades presupuestales para darle cumplimiento a las metas acordadas con los pueblos indígenas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo- PND.
Así mismo, en este espacio se hizo el pronunciamiento frente a la preocupación en referencia a la falta de contratación de personal, la suscripción de convenios, el rezago, la posibilidad del incumplimiento de las metas que esto suscita, entre otros, de igual forma, se insistió en la necesidad de un plan de choque y ajuste de cronograma que permita el abordaje adecuado de los procesos de formalización que cursarán por el Consejo Directivo de la ANT, esto, con la finalidad de que ningún proceso quede excluido por falta de revisión por parte de los consejeros.
Finalmente exigimos a la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT, ingresar en la agenda del Consejo Directivo los temas de procedimientos de formalización. Seguimos comprometidos con el trabajo conjunto parar la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia.
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2024, el equipo técnico de la CNTI, el delegado de AICO por la Pachamama y el equipo técnico de la Agencia Nacional de Tierras realizaron el acompañamiento al resguardo Indígena de Santa Cruz Guachavés para avanzar en el proceso de clarificación del título de origen colonial en esta comunidad en el departamento de Nariño, de conformidad con la ruta establecida entre la comunidad y la ANT.
En la jornada se socializó el Decreto 1824 del 2020, se realizó la cartografía social del territorio de Guachavés, basado en la escritura original del resguardo donde se determinaron los ríos, quebradas, los espacios sagrados y los cerros más importantes dentro del territorio.
Por otro lado, el geógrafo y el coordinador del caso del resguardo Guachavés de la Agencia Nacional de Tierras acompañados por la comunidad realizaron la visita a terreno donde se georreferenció los puntos de relevancia identificados en la cartografía social para así dejar la ubicación espacial de algunos puntos determinados en la escritura del resguardo.
Finalmente, con apoyo de la comunidad y el equipo jurídico de la CNTI y la ANT se realizó una línea de tiempo del resguardo Guachavés desde su estructura organizativa, fijando las fechas relevantes y los cambios cronológicos de la organización para de esta manera avanzar el proceso de clarificación del título colonial que permita la garantía de los derechos territoriales de este resguardo del pueblo de los Pasto en Nariño.
La Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su equipo técnico se reunió el 6 de marzo de 2024 en las instalaciones de la Unidad Restitución de Tierras, con las comunidades indígenas del Pueblo Arhuaco, sus equipos territoriales y los funcionarios de las diferentes entidades del Gobierno Nacional vinculados en la ruta integral de garantía de los derechos territoriales.
Esta reunión se enmarca en la continuidad del seguimiento del acuerdo 21 concertado en la sesión mixta número VI realizada en el mes de diciembre del año 2023. La reunión avanzó en los siguientes aspectos: contrastes de información del universo de predios para ampliación y adquisición, avance en la ruta frente a los predios viables jurídicamente para adelantar la ampliación, definición del presupuesto, seguimiento de los acuerdos entre las entidades (ANT – URT – SAE – PNN) respecto de los predios que componen la pretensión territorial, así como definir la fecha de los despliegues territoriales para avanzar con la formalización de los Resguardos Arhuaco de la Sierra, Kogui Malayo Arhuaco y Businchama.
En ese sentido, para seguir avanzando en la ruta integral del Pueblo Arhuaco durante este encuentro se realizaron varios compromisos, entre ellos, que la Agencia Nacional de Tierras, deberá reunirse con la Sociedad de Activos Especiales SAE para advertir cuales son los predios viables y susceptibles de compra y la definición de una ruta para su abordaje.
Además, la ANT se reunirá con Parques Nacionales Naturales – PNN, para la identificación de los predios viables y la ruta establecida para hacer efectivo este proceso. A su vez, revisará junto con la Unidad de Restitución de Tierras – URT, el universo total de predios que puedan tener dificultades en su viabilidad, lo anterior serán consolidados en una base de datos.
Igualmente, la URT establecerá una ruta para adelantar los procesos de restitución de derechos territoriales del pueblo indígena Arhuaco.
Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza de la Viceministra de Desarrollo Rural convocará a las entidades del sector agricultura a un espacio, para el seguimiento y despliegue territorial de la ruta de ampliación, adquisición, restitución de derechos territoriales y proyectos productivo del pueblo Arhuaco. De igual forma, articulará con la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, para definir la fecha de la visita a los territorios para advertir el desarrollo de los proyectos productivos.
Finalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR adelantará el trámite de inscripción de predios, de conformidad con lo identificado por las autoridades del pueblo indígena Arhuaco y la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI.
La CNTI continuará realizando seguimiento a los acuerdos para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país.
La visita del relator especial de la ONU Francisco Cali, es un hito importante, toda vez que las recomendaciones que pueda realizar dicho relator al Gobierno Nacional, así como las diferentes entidades del estado, permite que haya mayor incidencia para que se pueda avanzar una materialización oportuna sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y de este modo se logren concretar mayores acciones para garantizar la vida digna y en armonía de los Pueblos y comunidades Indígenas.
El mandato que tiene el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es poder promover prácticas y acuerdos oportunos entre los Pueblos Indígenas y los Estados donde se apliquen los criterios internacionales relacionados a los derechos de los Pueblos Indígenas. Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas a apropiadas de prevenir y reparar las violaciones o vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas. Presentar informes sobre la situación de Derechos Humanos y abordar casos específicos de los Pueblos Indígenas del Mundo entero.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) espera poder participar de dicho encuentro con el Relator Especial de la ONU y de este modo poder exponer toda la situación actual en materia de seguridad jurídica y derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
En el marco de dicha visita los voceros de los Pueblos Indígenas de Colombia, esperan reunirse con el Relator Especial de la ONU y presentarle un informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, allí se destaca la crítica situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en Colombia. A lo largo de décadas, los pueblos originarios han sufrido un proceso de genocidio y enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural. La militarización de sus territorios, la presencia de actores armados legales e ilegales, economías ilegales y megaproyectos extractivos han exacerbado esta situación.
La Constitución Política de Colombia, reconoce esta realidad y la gravedad del impacto desproporcionado del conflicto armado interno en los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional. Después de 20 años sin una visita oficial del Relator Especial de la ONU, se destaca la urgencia de abordar esta situación, especialmente por el recrudecimiento de los actos violentos contra los Pueblos Indígenas en el país.
El informe recopila información de diversas Organizaciones Indígenas y entidades estatales, resaltando las violaciones de derechos humanos que sufren diariamente. Se alerta sobre la marginalización de sus sistemas de conocimientos y gobiernos propios, la criminalización de sus protestas y la alteración a su Buen Vivir. Se presenta un panorama general sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia, recopilando datos de diversas fuentes.
Por otro lado, el informe destaca la situación actual de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia, realizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) donde se abordan tres aspectos fundamentales: la brecha en el reconocimiento, la garantía y la protección de estos derechos; la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial; y las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas por la defensa, la seguridad jurídica y por la recuperación de sus territorios.
En cuanto a la brecha en el reconocimiento de los derechos territoriales, se evidencia una considerable demora en la formalización y protección de los territorios indígenas. A pesar de las solicitudes presentadas desde hace décadas, el proceso de delimitación y titulación de resguardos avanza lentamente, evidenciando que existen numerosos casos aún sin resolver. Se señalan diversos obstáculos como la interpretación excesiva de requisitos por parte de las autoridades, la gestión documental deficiente y la expedición de licencias de explotación en territorios indígenas. A pesar de los esfuerzos legales, como el Decreto 2333 de 2014, se observa una falta de protección efectiva de los derechos territoriales por parte del Estado.
En cuanto a la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial, se destaca la necesidad de reconocer la autoridad pública y ambiental de los Pueblos Indígenas, así como su papel como guardianes de la naturaleza. A pesar de los avances constitucionales, persisten obstáculos para ejercer plenamente la autonomía en la gestión de los recursos naturales en sus territorios. La consulta previa como derecho fundamental de los pueblos ancestrales no se cumple adecuadamente y se observa una falta de coordinación entre la institucionalidad estatal y los gobiernos indígenas.
Por último, se presentan las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas en defensa y recuperación de sus territorios. Se destaca la necesidad de implementar un sistema propio para hacer seguimiento en tiempo real al avance de los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Posteriormente, se insiste en la simplificación de los procesos administrativos y en el reconocimiento de los derechos territoriales de acuerdo con los sistemas de vida y conocimiento propios de los Pueblos Indígenas. Se menciona también el acuerdo logrados en los espacios de diálogo y concertación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para formular una política pública integral del territorio, que requiere superar las nociones fragmentadas sobre el territorio y garantizar la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en su diseño e implementación.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
“Defendemos los territorios, tejemos la vida”
La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se reunió con la Viceministra (E) de Desarrollo Rural, Lilia María Rodríguez, del Ministerio de Agricultura el pasado 27 de febrero con el propósito de articular iniciativas y abordar temas estratégicos en la defensa de los territorios indígenas en Colombia. Durante el encuentro, se destacó el avance en la gestión, articulación y contribución de acciones por parte de la Agencia Nacional de Tierras en la Dirección de Asuntos Étnicos.
El Secretario Técnico Indígena, Camilo Niño, enfatizó la importancia de establecer canales de comunicación efectivos, con información veraz y estrategias conjuntas, considerando los cambios en funcionarios y el contexto político actual. En este sentido, se plantearon varios puntos clave:
Agilización de la expedición del Decreto 2333 de 2014: El MADR se comprometió a dar celeridad a la modificación y expedición del Decreto, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, para garantizar una protección expedita de los territorios indígenas.
Reforma Agraria: Se resaltó la importancia de conocer los avances, mecanismos e instrumentos de la Reforma Agraria, con el fin de colaborar en su implementación.
Socialización de normatividades: El MADR se comprometió a realizar mesas técnicas de trabajo para contextualizar las normativas pertinentes.
Avance integral sobre los acuerdos suscritos con el Pueblo Arhuaco: Se destacó la importancia de este compromiso en los procesos de seguridad jurídica de su territorio ancestral.
Lineamientos de la política pública de territorio, territorialidades y ancestralidad: Avance de la CNTI frente a estos lineamientos para la implementación de consultas y políticas públicas.
Fortalecer el dialogo y la socialización sobre las iniciativas normativas impulsadas por parte de Minagricultura para la materialización de la Reforma Agraria, con el fin de evitar o exacerbar conflictos territoriales intra e interétnicos en el momento de su implementación.
El Ministerio de Agricultura expresó su disposición para articular procesos claves para impulsar, agilizar y tener la información confiable para la garantía de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
