por STI | Nov 17, 2022 | Nota de prensa
El 17 de noviembre comenzó la cuarta sesión de la mesa autónoma de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) con la participación de los delegados indígenas y la secretaría técnica del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI. El primer día tuvo un avance en el análisis de la situación jurídica y territorial de algunas comunidades indígenas, así como las propuestas que se presentarán a las entidades territoriales del Gobierno Nacional.
Uno de los primeros casos analizados fue la decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-Sala de Asuntos Penales con el fallo a favor de la impugnación conjunta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas –CNTI y de las Comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán. Este proceso buscó garantizar el goce efectivo y la seguridad jurídica del territorio ancestral de estos pueblos originarios.
Desde este fallo, en el espacio autónomo, se resaltó la importancia de PROTEGER y FORMALIZAR los territorios, además de la exigencia de frenar los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas que fueron víctimas de órdenes de desalojos donde fueron destruidos sus viviendas, agredidas las personas y quemados sus bienes y enseres.
Otro de los puntos mencionados fue la situación actual que viven los pueblos Sikuani y Piapocos, en el resguardo indígena de Únuma, en el departamento del Vichada, donde las comunidades Puerto Príncipe, las Auroras la Unión y Caño Azul manifiestan que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha dilatado los procesos de clarificación de los linderos entre los campesinos, el Resguardo de Únuma y el río Cada.
Es por ello, que los pueblos originarios del territorio del Vichada le exigen claridad y garantías reales a la ANT frente a su derecho fundamental al acceso al territorio, puesto que estas comunidades también se enfrentan a la presencia de grupos armados legales e ilegales, los cultivos de uso ilícito, los monocultivos y las ofertas de ventas de carbono. Estos múltiples conflictos han generado disputas internas en sus organizaciones, así mismo la afectación del goce efectivo de los derechos territoriales y su permanencia como pueblos ancestrales de este territorio.
Ante esta situación, los delegados indígenas y el equipo técnico de la CNTI proyectan hacia el avance de las propuestas que se le presentará a la Agencia Nacional de Tierras, La Unidad de Restitución de Tierras (URT) y demás entidades territoriales. Además, deben dar claridad sobre los avances, indicadores, metas y cumplimientos de la restitución de formalización y saneamiento de los territorios indígenas, pues la no priorización de estos rezagos afecta la relación ancestral de los pueblos indígenas con el territorio.
El espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, junto con los delegados y las autoridades indígenas continuarán trabajando para que los Pueblos Indígenas puedan tener el goce efectivo de sus territorios.
Defender los territorios, es defender la vida.
por STI | Nov 12, 2022 | Nota de prensa
Luego de tres días de sesión autónoma y mixta, los delegados, el equipo técnico de la CNTI y el gobierno nacional, dieron apertura a la mesa de concertación, para acordar metas y avances para las garantías de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Esta sesión mixta inició con la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), quien entregó un balance de las solicitudes de constitución y ampliación de resguardos indígenas durante y el estado presupuestal ejecutado durante el año 2022. A partir de este análisis y de las problemáticas identificadas, la institución presentó unas propuestas, además de una proyección presupuestal para el cumplimiento de las garantías jurídicas y territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia para el 2023.
Por ello, la CNTI le exigió a la ANT acordar metas que se adelanten de manera anual para los procesos de formalización (constitución, ampliación y saneamiento) Protección de territorios ancestrales e implementación del decreto 1824 de 2020, adquisición de predios y mejoras. Y en caso de que se presente la conversión de reservas a resguardos indígenas.
Otras de las discusiones que se dio en el marco del espacio con la ANT, fue el protocolo, mecanismo y las rutas para la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan los territorios indígenas. Metas con las que se espera trabajar, concertar y tener en cuenta para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
Por su parte, el Instituto Agustín Codazzi (IGAC), también presentó una propuesta y análisis para el año 2023, frente al balance del año 2022. Allí, se retomó el acuerdo de la creación de la dependencia de asuntos étnicos en dicha institución, con la iniciativa que hace referencia al acuerdo N.º 3 de la sesión III del 2022 y el acuerdo 9 de la sesión III del 2021.
Por otro lado, en la mesa indígena se acordó que el IGAC y el Ministerio del Interior deben coordinar una reunión con el DIMAR y los cuatro pueblos indígenas de la sierra nevada de Santa Marta para dar continuidad al decreto 1500.
Así mismo, le solicitó a la institución comprometerse de manera permanente a fortalecer el Sistema de Información Geográfica de los pueblos indígenas, construido con un cronograma de trabajo. Además, de agilizar la entrega de los estudios de los avalúos de los 24 predios, cuyas solicitudes serán remitidos por la ANT el 15 de noviembre por el 2022.
En cuanto a la intervención con La Unidad de Restitución de Tierras (URT) se debatió sobre el documento prórroga del decreto ley 4633 del 2011, del cual hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígenas en su construcción, que busca ser un principio de coordinación interinstitucional para hacer efectiva la restitución de derechos territoriales, que plantea un conjunto de medidas específicas para que ambas sean institucionales y se dé avances en la seguridad jurídica y el goce efectivo de los territorios indígenas.
Otra de las recomendaciones que hace el movimiento indígena a la unidad, es que así no sea la competencia exclusiva de la DAE-URT, esta también puede promover el impulso procesal en los casos de solicitudes de restitución en etapa judicial y mediante convenios de cooperación con el Consejo Superior de la Judicatura y defensoría del pueblo, generar acciones para superar los cuellos de botella que dilatan los procesos.
Con ello, el movimiento indígena llego a los acuerdos con La URT, de presentar el análisis de la viabilidad de construir un proyecto de inversión específico para la garantía y materialización de la restitución de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Finalmente, también se acordó con la ANT, analizar una ruta que impulse la ampliación del Resguardo Indígena Arhuaco con respecto a los 10 predios sobre los cuales se adelantaron procesos catastrales con efectos registrales. Lo anterior será presentado en la segunda sesión mixta de la CNTI del 2022 para su respectivo seguimiento.
Otro del compromiso, que deberá asumir la ANT deberá realizar una mesa técnica en el departamento de Arauca, para el 6 de diciembre del 2022 con las autoridades de los pueblos Sikuani, Macaguán, Hitnú, Inga y Betoy, para revisar los casos de ampliación y constitución.
Con la finalidad de hacer muchos más eficiente y agilizar sesión mixta que se llevará a cabo los días 30, 1 y 2 de diciembre, se acordó realizar una mesa de trabajo con las siguientes entidades; el 23 de diciembre con la URT con el fin de acordar un cronograma de trabajo donde se materialice el desarrollo de los puntos acordados de documento de la prórroga de los 10 años del Decreto ley 4633 del 2011.
Para el 24 de noviembre, se acordó avanza con la ANT, articulación y adecuación institucional, presupuesto, metas de formalización en el cuatrienio. Por último, el 25 de noviembre en horas de la mañana se trabajará con el IGAC en un cronograma donde se abordará los puntos como son: el fortalecimiento del SIG indígena, la adecuación institucional, entre otros. Además de mirar estrategias para que los nombres propio, indígena o toponimias sean integrados en la cartografía oficial de Colombia.
Finalmente, con el ministerio del interior se acordó abordar el cumplimiento del fallo de tutela sobre racismo estructural, mecanismo para avanzar en los conceptos previo para la ampliación de resguardos, así como, la inscripción de autoridades indígenas y el avance de implementación del Decreto Ley 1500 del 2018.
por STI | Nov 10, 2022 | Nota de prensa
Las autoridades y el movimiento indígena, esperan que se materialice y se superen los obstáculos que se han presentado con el gobierno anterior, en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios.
“Este es un momento histórico”, menciona Camilo Niño Izquierdo, el secretario técnico indígena de la CNTI, en la apertura de la primera sesión mixta con el actual gobierno. Por su parte, los delegados mencionan que se espera que este gobierno actual sea un aliado para garantizar los derechos territoriales y jurídicos de los pueblos indígenas.
Luego de casi 1 año de espera para continuar los diálogos con el nuevo Gobierno Nacional, se abre la primera sesión mixta que se realiza desde los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2022, en la ciudad de Bogotá.
Este espacio inició con la vocería de los delegados de La Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, El Instituto Agustín Codazzi y las cinco organizaciones indígenas a nivel nacional en compañía de los ex constituyentes, el equipo técnico de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y con la veeduría de los delegados de la Procuraduría Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación.
Allí se abordaron varios puntos sobre los balances y avances por parte de las instituciones competentes, entre ellos se socializa el Presupuesto ejecución a 2022 (Acuerdo 1 sesión II 2018 y Acuerdo 5 Sesión II 2021); El protocolo, mecanismo y ruta para la solución y la efectiva inscripción de los actos administrativos que formalizan territorios indígenas (acuerdo 5 sesiones ii 2020 y acuerdo 1 sesión IV 2021); las aclaraciones de áreas (gestor catastral competente ANT o IGAC); los Avalúos territoriales, entre otros temas.
(ver agenda aquí)
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras inició con su informe anual, resaltando el cumplimiento de los acuerdos pactados en la primera Sesión II de 2018 y los acuerdos de la quinta Sesión II de 2021, en un total de 95%.Estos acuerdos refieren al cumplimiento de la meta acordada con la CNTI de 20 casos puntuales en restitución de tierras y 2 casos de territorios de protección de origen ancestral.
Sin embargo, esta información no es clara para los delegados indígenas, debido a que en la actualidad existen 1450 casos de solicitudes pendientes, por lo siguiente, no se podría afirmar el cumplimiento en 95%. “No llegaría a representar ni el 5 % del cumplimiento de los casos faltante” enfatizó Jairo Guerrero, delegado de AICO por la Pacha Mama.
Otro de los puntos que se socializa en este primer día de sesión mixta, fue el Protocolo para inscripción de actos administrativos no registrados y el mecanismo de verificación de registro de actos administrativos de formalización a comunidades indígena, construido durante la plenaria de la quinta sesión mixta de la CNTI de la vigencia 2019; que tiene como propósito, crear una ruta para analizar y garantizar el efectivo registro del total de resoluciones expedidas por las autoridades de tierras y que se desarrollaba con la participación del Sistema de Notaría y Registro, IGAC y la ANT.
En ese sentido, la Superintendencia de Notaria y Registro- SNR reportó que, en la verificación de la información suministrada por la Agencia Nacional de Tierra, referente a los 1001 actos administrativos relacionados con comunidades étnicas en el 2019, a la fecha reportan que solo hay661 actos administrativos se encuentran debidamente registrados, 305 se encuentran en etapa de diagnóstico y 35 actos sin registro.
Adicionalmente, la SNR agregó que, en los dos años de la implementación del protocolo, se logró el avance de 6 acuerdos para modificar, aclarar y corregir las órdenes relacionadas con los registros. Por su parte, manifiestan que lo que busca este protocolo, es que sirva como herramienta de apoyo a los procesos de formalización de tierras, más no busca que los reemplace.
Luego de la intervención de los funcionarios de la ANT, los delegados indígenas hacen una reflexión sobre la metodología y las formas en que se han estado llevando los acuerdo y cumplimientos por parte de los funcionarios. Entre ellos, se le recomienda a este nuevo gobierno un cambio de pensamiento, ser conscientes de los retos y los desafíos por los que han atravesado los pueblos indígenas. Pues se recalcó, una vez más, que estamos en una era del cambio y se debe trabajar en función de derechos de los pueblos que han sido discriminados históricamente y que no se pueda seguir revictimizando a los pueblos originarios en temas de derechos territoriales.
“Los pueblos indígenas llevan 50 años solicitando al gobierno que tierras que han sido nuestras ancestralmente y de estudios que ya se han hecho, pero que no avanzan” dice Rojas Birry, ex constituyente indígena.
En esa misma línea de cambio que representa y esperan los pueblos indígenas de este nuevo gobierno, La Unidad de Restitución de Tierra-URT, reportó en su informe cambios que han realizado para aliviar los cuellos de botellas y que se garantice los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Entre ellas, se presenta un cambio en el Equipo de Asuntos Ambientales, Minero, Energéticos e Infraestructura, sobre los sesgos y estándares que este grupo daba frente a las pretensiones territoriales y las disponibilidades de las ofertas institucionales.
Otro de los reportes mencionados por la URT, es que durante su ejecución en el 2021 se realizaron 66 estudios preliminares en 24 departamentos, hicieron la caracterización de afectaciones territoriales de 48 informes para comunidades indígenas, se proyectaron 49 demandas de restitución de derechos territoriales y 20 medidas cautelares.
Adicionalmente, en el balance general que presentó la URT para el 2022, se han revisado 98 casos de no recomendaciones de caracterización, 225 casos de estudio preliminar y 52 casos en fase de caracterización.
Por último, la URT dejó un mensaje sobre los procesos de restitución territorial en pueblos indígenas, mencionó que debe ser una vía de reconciliación para la vida y que las víctimas no sean consideradas como un usuario más, sino que sean protagonistas en las tomas de decisiones frente a los casos de restitución.
Otras de las intervenciones en esta sesión fue del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, donde reportó 84 avalúos comerciales a junio del 2022, que se distribuyen en 20 casos para la vigencia del 2021 y 64 realizados durante el 2022.
Además, manifestaron que se ha avanzado con el Sistema de Información Geográfica Indígena, con la creación de un catálogo de objetos con más de 20 capas de información geográfica sobre territorios ancestrales, que facilita a las comunidades hacer seguimiento a sus territorios y así mismo, que responda a las peticiones de la CNTI.
Otros de los puntos mencionados en esta sesión, fue la propuesta de la creación de una dependencia de asuntos étnicos en el instituto, sin embargo, el IGAC mencionó que ya existe una mesa de asuntos étnicos donde se avanza en todo lo relacionado con territorios indígenas, por lo siguiente no se considera viable.
Para finalizar, el IGAC habló sobre los retos que tiene en la materialización de los ajustes institucionales acordados con las entidades indígenas, así como en el desarrollo de nuevas funcionalidades para que sean implementadas en el SIG indígena y el fortalecimiento de la articulación con la Dirección de Gestión Catastral para la revisión de los diferentes procesos emitidos por la ANT.
Por último, el secretario técnico, Camilo Niño, manifestó que se debe seguir trabajando para consolidar la garantía de los derechos territoriales, porque a pesar de tener altas expectativas, teniendo en cuenta que este gobierno es considerado amigo por los Pueblos Indígenas y que se valoran las iniciativas que tienen las entidades en este primer encuentro, aún hay muchas situaciones y cuellos de botella por resolver.
Por eso se espera que para este viernes 11 de noviembre que se llevará a cabo la otra sesión mixta, se pueda contar con los funcionarios (directores y ministros) del respectivo del gobierno para poder tener unos acuerdos pertinentes en los avances de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia.
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por STI | Nov 5, 2022 | Nota de prensa
Entre el 2 al 4 de noviembre, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) realizó la tercera sesión autónoma con la participación de los delegados indígenas de las cinco organizaciones que hacen parte de este espacio y el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI). Un espacio, donde se abordaron diversidad de temas para la preparación de las sesiones mixtas entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional de cara a la consulta previa, libre e informada para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026.
En un inicio el área de formalización socializó la construcción de la matriz de inventario que corresponde a una gestión de información teniendo en cuenta los expedientes que han sido clasificados por el número de fichas técnicas de la CNTI y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), las cuales corresponden a un total de 266 expedientes.
Por otro lado, se evidencio el estado actual de las 1476 solicitudes registradas en el Sistema de Monitoreo de las Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) del ODTPI de la CNTI, realizadas por los Pueblos Indígenas en materia territorial y clasificadas por las 183 solicitudes que corresponden a la protección del territorio de ocupación o posesión ancestral, 52 solicitudes sobre la clarificación de la vigencia de los títulos de origen colonial y/o republicano, 41 procesos agrarios, 148 casos de vallas y amojonamientos y 1502 solicitudes de los procesos de formalización.
Actualmente, la CNTI cuenta con 505 acuerdos firmados desde el año 2009, de los cuales 188 están cumplidos, 117 se encuentran sin reporte, 53 se han cumplido parcialmente, 22 están sin avance, 44 en desarrollo y 126 acuerdos incumplidos. Frente a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) existen 35 acuerdos de los cuales tres se encuentran en desarrollo, cinco sin avance y uno está en estado de proceso.
Respecto a esto se reiteró en la importancia de brindar la seguridad jurídica de los territorios Indígenas y la política de restitución de derechos territoriales, según lo establecido en el marco del decreto 4633 de 2011 para las comunidades y Pueblos Indígenas que han sido víctimas del conflicto armado en el País.
Seguido de esto, se contó con un balance y un análisis sobre el Acuerdo Final de Paz (AFP) con la implementación del Plan de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural donde se reflejó que no hay una participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas. Es decir, los Pueblos Indígenas no están siendo considerados, ni mucho menos involucrados como sujetos de manera determinante en el ordenamiento social de la propiedad rural en Colombia.
Allí, se identificaron una serie de problemas que son claves en la discusión con el Gobierno Nacional, entre ellos se identificó que los planes de Ordenamiento Social en la Propiedad Rural están avanzando sin consultar a los Pueblos Indígenas, en el marco del Decreto Ley 902 de 2017, la ANT, unificó 52 procesos aplicando procesos sin tener un criterio netamente diferencial y territorial, además del avance que hicieron con la implementación de la política pública del catastro multipropósito sin haber culminado el proceso de consulta.
Posteriormente, se hizo un balance de análisis de las decisiones negativas que se han tomado frente a la implementación del Decreto Ley 2333 de 2014 el cual hace referencia a la protección de los territorios ancestrales de los Pueblos Indígenas. En este punto, se trajo a colación la tutela que se impulsó con la articulación de las comunidades de Barrullia, Warrojo, Iwitsilibio y Tssbilonia del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, con el apoyo y la compañía de la comisión como vocera de derechos territoriales de los pueblos originarios para garantizar el derecho a la protección de la ocupación ancestral, la formalización de los territorios colectivos, la vida digna, la autonomía y la autoridad.
Del siguiente fallo, se resaltó la importancia de seguir trabajando en los procesos e impulsos jurídicos que sean necesarios para proteger y formalizar los territorios, con el fin de que revisen la resolución expedida después de 8 años de expedida que niega el reconocimiento del territorio ancestral de la comunidad Barrulia del Pueblo Indígena Sikuani, en Puerto Gaitán Meta, así como suspensión los procesos policivos en contra de las comunidades indígenas que fueron víctimas de desalojos donde fueron desbaratadas sus viviendas, agredidas las personas y quemados sus bienes y enseres.
Teniendo en cuenta esto, Imer Rodríguez, delegado por la Macro Oriente, realizó una cartografía con el apoyo del Sistema de Información Geográfica (SIG) del observatorio de la CNTI para ubicar geo espacialmente los ríos y resguardos indígenas del departamento de Arauca, como Matecandela, Corocito y la Estrellita, manifestando la urgencia de buscar un mecanismo que garantice la celeridad para la ampliación de estos territorios, además de hacer un llamado para ayudar a los Pueblos Indígenas en estado de mendicidad, problemática que los viene exponiendo a un exterminio físico y cultural.
Finalmente, se dialogó sobre el análisis del informe presentado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el estado en el que se encuentra la tutela interpuesta por la CNTI por hechos de racismo y discriminación estructural en contra de los Pueblos Indígenas, donde se buscaba la garantía y protección de los derechos fundamentales a la no discriminación, la dignidad humana, la Igualdad Material, el derecho a la Honra, la Participación, la Diversidad Cultural, la Autonomía y Autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
Para concluir, se resaltó la labor de la CNTI con la presencia de Camilo Niño, secretario técnico de la CNTI, los delegados indígenas, los Mamos con el acompañamiento y trabajo espiritual desde el corazón del mundo, de la Sierra Nevada de Santa Marta y los constituyentes en los territorios indígenas a nivel nacional, para conocer las problemáticas a primera mano y así, poder recopilar la información necesaria para continuar incidiendo en los procesos que se encuentran rezagados históricamente y que han vulnerado los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos originarios a nivel nacional.
¡Defender los territorios, es defender la vida!I
por STI | Oct 28, 2022 | Nota de prensa
La Universidad Externado de Colombia, desde el programa de Interacciones Multiculturales y el Área de sentidos y lógicas de vida de los pueblos originarios creó el espacio de reflexión, intercambio y conocimiento sobre los saberes de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia (CNTI) hizo parte de este panel donde abordo las dificultades de los procesos de formalización para la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Allí, se contó con la participación de estudiantes indígenas, abordando el tema de territorialidad del país, donde uno de los grandes problemas que ha generado conflicto por muchas décadas ha sido la tenencia de la tierra. Según los ponentes dicha problemática se evidencia debido a que el estado colombiano ha heredado un sistema agrario latifundista que ha favorecido a pocas familias o sectores económicos, mientras que los más ricos acumulaban las tierras más productivas.
Históricamente los Pueblos Indígenas han perdido los territorios por diferentes actores legales o no legales, causa que con el pasar de los años con ayuda de los instrumentos legales que se fueron creando, estas prácticas se convirtieron en un despojo sistemático. Toda esta situación de desigualdad, apropiación y usurpación de los territorios ancestrales hizo que los pueblos se cansaran de dicha situación. Por tal motivo se comenzaron a gestar levantamientos indígenas que permitirían desarrollar acciones reivindicativas para recuperar las tierras y proteger la biodiversidad de dichos territorios.
La lucha por el territorio hizo que los Pueblos Indígenas en Colombia fuesen reconocidos como sujeto de derechos y actores políticos, lo que ha ido permitiendo la expedición de normas nacionales e internacionales. A pesar, de que la Ley obliga al Estado Colombiano a cumplir con la protección de los pueblos y del territorio, la pérdida del territorio se profundizó y continúo agudizando la era del exterminio físico y cultural de los pueblos originarios de Colombia.
Por esta razón, la CNTI, por mandato de sus pueblos y organizaciones, comenzó a trabajar y buscar mecanismos para que el gobierno nacional brinde las garantías y mecanismos de seguridad jurídica sobre los territorios para un goce efectivo de los derechos territoriales. Por lo tanto, se hizo necesario entender que no únicamente se debía realizar el ejercicio de formalización de la propiedad colectiva, sino que permitiera una satisfacción de las necesidades económicas y sociales. Así, el ejercicio de formalización lleva consigo la constitución, ampliación y saneamiento de los territorios ancestrales.
Cabe resaltar que, si bien la titulación de resguardos contemporáneos tiene su origen desde la segunda mitad del siglo XX, la falta de seguridad jurídica hizo que se redujera la cantidad de formalización de territorio indígena. Por esta razón, y de acuerdo con el informe sobre el estado actual de las solicitudes formalización de territorios indígenas 2019 del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, hasta el momento de la publicación han sido reconocidos más de 824 resguardos con un área aproximada de 34.419.862 hectáreas más 6955 m2, de los cuales existen cerca de 1476 solicitudes vigentes por resolver.
Finalmente las y los participantes resaltaron la importancia de realizar este espacio de diálogo y debate organizados por el programa de Interacciones Multiculturales de la Universidad Externado de Colombia, así mismo se invitó a los estudiantes indígenas a revisar y conocer más del trabajo que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), así como el trabajo que realiza la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI en pro de la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
por STI | Oct 27, 2022 | Nota de prensa
Luego de diez meses, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas vuele a las sesiones junto a los delegados de las cinco organizaciones indígenas de Colombia y el equipo técnico del Observatorio de Derechos territoriales de la STI-CNTI, que se realizó en la ciudad de Bogotá durante los días 24, 25 y 26 de octubre de 2022.
En esta oportunidad, la mesa técnica e indígena inició discutiendo sobre los recorridos territoriales donde se tuvo la oportunidad de visitar las comunidades y territorios de los delegados indígenas de la CNTI. Un recorrido que abarcó más de 6 departamentos y se realizó en un promedio de 5 meses. Esta iniciativa de los delegados y la secretaría técnica Indígena permitió conocer de primera mano la situación jurídica y social en materia territorial que viven los pueblos originarios a los que se pudo llegar en el marco de dicho recorrido.
Entre algunos de los hallazgos que resaltaron los delegados durante sus visitas están: que muchos de los territorios se encuentran en un estado crítico de vulneración de derechos, pues encontraron comunidades donde sus resguardos pese a las constantes solicitudes ante el gobierno nacional, no contaban con legitimidad y reconocimiento jurídico a la fecha. Por otro lado, se evidenció que hay comunidades donde los municipios se han apropiado de sus territorios y la ciudadanía ha adelantado construcciones dentro del resguardo sin el consentimiento de dichos pueblos.
De igual modo los delegados manifestaron la preocupación por las comunidades indígenas que se encuentran es un estado de alerta de exterminio físico y cultural entre ellos los pueblos Nukak y Jiw, pues no han podido retornar a sus lugares de origen, por la deforestación, la minería, la presencia de grupos armados y la expansión los cultivos de uso ilícitos, situación que provocado de una gran parte de las comunidades de estos pueblos se desplacen a ciudades como San José del Guaviare, donde no pueden ejercer el derecho pleno y el goce efectivo de sus territorios.
“Los ganaderos se están metiendo en nuestros territorios, no están respetando el resguardo, y quiero manifestar esa situación, es importante resaltar y ratificar los linderos de nuestros territorios”. Manifestó el delegado por la OPIAC, Fredy López.
Por otro lado, en la sesión también se avanzó en la socialización del análisis del Plan Nacional de Formalización Masiva, de la pequeña y mediana propiedad rural, actividad liderada por el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de la STI-CNTI. Dentro de los hallazgos encontrados se identificó que los pueblos indígenas no están siendo considerados como sujetos de ordenamiento social de la propiedad rural integral. Esta situación, ratifica la falta de garantías que viven los pueblos indígenas en todos los sectores a nivel nacional. Lo cual evidencia la grave vulnerabilidad que tienen los pueblos indígenas en la seguridad jurídica de sus territorios.
Otro de los puntos que se debatió en este espacio autónomo, fueron los retos que tiene la Secretaría Técnica y los delegados indígenas de la CNTI, en relación las políticas agrarias y de tierras que está definiendo el nuevo gobierno para los próximos cuatro años, y en dicho marco cuál es papel así como las garantías de espacio de concertación y diálogo político para la participación efectiva de las organizaciones indígenas y sus delegados, en la consolidación de propuestas para estructurar una ruta en relación a dichas políticas, de igual modo como se definen los instrumentos para hacerle seguimiento a los compromisos a los que se lleguen con el gobierno del actual presidente de la república Gustavo Petro.
Para el segundo día de la sesión autónoma indígena de la CNTI, Viviana Marcela Gómez, integrante del equipo de investigación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI inició con la presentación del informe de balance de los 10 años de la implementación, Decreto Ley 4633 de 2011. Entre los aciertos del informe, se evidencia que parte del incumplimiento de este decreto, son «cuellos de botella» en la gestión estatal lo que genera una regresividad estatal, lo que genera una regresividad de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Un claro ejemplo de estos hallazgos es que, de 578 solicitudes de restitución territorial al 31 de diciembre de 2021, solo se cuenta con 18 sentencias de restitución para Pueblos Indígenas. En ese mismo orden, en el marco de la formalización de territorios indígenas se evidencia que existen órdenes en la Agencia Nacional de Tierras – ANT, de las cuales hasta el momento del análisis únicamente se han cumplido 2 órdenes. Esta situación afecta y entorpece el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
Adicionalmente, la baja asignación presupuestal para atender las órdenes judiciales proferidas sobre las sentencias de restitución de derechos territoriales y en las medidas cautelares, ha hecho que haya un represamiento de los procesos hasta por 9 años. Por ejemplo, en el departamento del Putumayo, donde se registra el mayor número de solicitudes de restitución de derechos territoriales para pueblos indígenas, solo se cuenta con dos jueces de restitución asignados.
Para leer el informe del balance de la implementación decreto ley 46633 durante 2021 del Observatorio de Derechos Territoriales, ingrese aquí: https://bit.ly/3zofTIC
Otro de los puntos que se abordó en este espacio autónomo, fue la socialización de la ruta de prórroga del Decreto 4633 de 2011, allí Carlos Cuaical, asignado por AICO por la Pacha Mama con el apoyo el equipo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI, socializaron las problemáticas y restos encontrados en los 10 años de la implementación de dicho decreto.
Uno de los principales puntos mencionados, es que la Unidad de Restitución de Tierras, no ha implementado los acuerdos de paz según el capítulo étnico en temas de garantías territoriales. Sumado a ello no hay una articulación entre el Decreto Ley 903 de 2017, y el Decreto 4633 de 2011, sobre todo si consideramos que la restitución de tierras es fundamental como una medida preferente para la reparación de derechos de los Pueblos Indígenas, afectados en el marco del conflicto armado interno.
Por último, el espacio de CNTI está abierto a todas las iniciativas que se planteen para salvaguardar los derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Es por ello, que en el tercer día de sesión autónoma se contó con la participación del equipo técnico y jurídico del senador Polivio Leandro Rosales, quienes presentaron la iniciativa del proyecto de ley que tiene como título «Los Territorios indígenas como Entidades Territoriales – Una oportunidad hacia el Gobierno Autónomo».
Eduardo Cuaical asesor Jurídico del senador Polivio, mencionó que este proyecto de ley orgánica, busca que se pueda poner en funcionamiento a los Territorios Indígenas como entidades territoriales administrativas de sus propios recursos, pero reconociendo la diversidad étnica y cultural de los pueblos originarios. En el marco de esta presentación, por parte del senador Polivio extendió la invitación a las organizaciones indígenas, la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas para que desde estos espacios de diálogo y concertación políticos, se puedan sumar de manera activa en la construcción conjunta de esta iniciativa legislativa.
Eduardo Cuaical, también mencionó, que este proyecto de ley tomó como base varias acciones jurídicas nacionales e internacionales, como son los Decretos 1953 de 2019, el Decreto 632 de 2018 y Convenio internacional 169 de la OIT, pues importante resaltar que los Pueblos Originarios tiene la facultad para administrar y orientar sus propios territorios.
El senador Polivio, agregó que esta propuesta busca la reglamentación de lo que está estipulado en la constitución del 1991 de manera transitoria, permitiendo así a los Pueblos Indígenas ya no depender de las entidades territoriales ordinarias (municipios y gobernaciones departamentales), pues con la creación de esta iniciativa legislativa, se tendría mayor autonomía, administrativa, jurídica y territorial. De este modo no se nos siga viendo ni tratando como menores de edad, especialmente en la administración los recursos propios los cuales deben ser manejados bajo los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas.
Por último, los delegados indígenas con asiento en la CNTI, mencionaron que continuarán trabajando arduamente para exigirle al estado el cumplimiento de la deuda histórica que tiene con los Pueblos Indígenas en materia territorial y así poder tener el goce pleno y efectivo de los derechos territoriales.
