por STI | Feb 24, 2023 | Nota de prensa
Bogotá, febrero 24 de 2023
En la región de la altillanura colombiana, en el departamento del Meta, el pueblo indígena Sikuani, de carácter seminómada y nómada, ha sido durante décadas víctima del despojo histórico que le ha impedido la ocupación, el aprovechamiento de los recursos naturales y la libre movilidad por su territorio ancestral de cuyos vínculos depende su pervivencia y su propia existencia. Son además uno de los 36 pueblos indígenas que en Colombia mediante el 004 del año 2009, la Alta Corte Constitucional declaró como en inminente riesgo de desaparición física y cultural.
En su condición de víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, y como una acción de exigibilidad para la garantía de sus derechos territoriales, entre los años 2016 y 2019 las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia del pueblo Sikuani, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como máxima autoridad de tierras de la nación, la protección de sus territorios ancestrales según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014, el cual tiene por objeto lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas del país, según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Después de más de cinco años de dilaciones, el día 17 de mayo del 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT resolvió la única de estas cuatro solicitudes: la de la comunidad de Barrulia. Para esta, la agencia, según su interpretación del Decreto 2333 de 2014, decidió no reconocer su ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”. Ello sin considerar el carácter nómada y seminómada de la comunidad y del pueblo indígena Sikuani, y sin valorar el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su libre movilidad y ocupación territorial, o el tipo de ocupación que a una comunidad víctima de desplazamiento y de confinamiento la agencia le reclama. Interpretación esta de la ancestralidad territorial y de negación del derecho al territorio que desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT amenaza con institucionalizarse, y que corre el riesgo de determinar las tres solicitudes que para el caso de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael Warrojo siguen sin ser resueltas.
Al no reconocérsele a la comunidad indígena de Barrulia la ocupación histórica del territorio ancestral, y al estar sus miembros ocupando un predio sobre el cual la agencia reconoció la posesión de un tercero, la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán Meta, una vez más, y por séptima oportunidad, han adelantado acciones policivas tendientes a la realización del desalojo de la comunidad, las cuales se encontraban suspendidas durante meses hasta tanto no se produjese el pronunciamiento oficial de la ANT.
Las acciones de desalojo, en tanto acciones que involucran la fuerza pública mantienen en un estado de angustia y zozobra a una comunidad como la de Barrulia, cuya población se encuentra en condición de víctima de confinamiento, despojo y desplazamiento forzado, de alta vulneración social y de negación de sus derechos más básicos como la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la libre circulación, a un ambiente sano y por su puesto de negación del vínculo con su propio territorio , del cual dependen para su pervivencia y su propia existencia.
En el mes de noviembre de 2022 cuatro organizaciones indígenas de Colombia y la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, interpusieron ante la ANT acciones de Revocatoria Directa en contra de la Resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani. Todas estas acciones aún no han sido resueltas de fondo por parte de la ANT, razón por la cual no procede orden policiva o desalojo alguno por parte de la inspección y de la alcaldía. No obstante, ello, y de haber la propia ANT comunicado a la Inspección de policía y a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán, la inspección de policía en reunión con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regionales acordaron la realización de la caracterización social de la comunidad de Barrulia para el día 21 de febrero del 2023, como medida previa para adelantar el desalojo.
Si bien el proceso de caracterización fue interrumpido por la comunidad, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán mediante acta de caracterización, programa a partir del próximo 10 de marzo, actos tendientes a la entrega real y material del denominado predio los Cocuyos al querellante, desconociendo los derechos fundamentales de la comunidad indígena reclamante.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, en el marco de su acompañamiento a la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, advierte que la institucionalidad bajo argumentos procedimentales expone e incrementa la vulneración a los derechos fundamentales de esta comunidad. Por lo que hace un llamado para que la ANT como máxima autoridad de tierras, resuelva sin más dilaciones administrativas las solicitudes de protección del territorio ancestral que ante la agencia han sido interpuestas por las comunidades mencionadas.
Así mismo, demanda a esta, resolver las cinco solicitudes de revocatoria directa que desde noviembre de 2022 fueron interpuestas en contra de la Resolución que expidió la ANT. Igualmente reclama la ambigüedad de su accionar durante el procedimiento de caracterización social que fue convocado por la inspección de policía de Puerto Gaitán para el 21 de febrero, en tanto durante su realización, no se afirmó en la suspensión del proceso de desalojo de la comunidad con arreglo a las revocatorias directas que aún no ha resuelto.
Y finalmente, llama la atención y alerta a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría regionales del departamento del Meta, para que en el marco de sus funciones constitucionales atiendan la garantía del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas del pueblo Sikuani de la altillanura, antes que la garantía de los procedimientos policivos de desalojo con los cuales las autoridades y los funcionarios locales del municipio de Puerto Gaitán, pretenden sintonizarse, sin atender los derechos humanos de comunidades indígenas que están en inminente riesgo de desaparición.
“Defender los territorios es defender la vida”
por STI | Feb 23, 2023 | Nota de prensa
El pasado 20 de febrero del 2023 La Comisión Nacional de Territorios indígenas participó de los diálogos de saberes de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que busca recoger las voces de diferentes sectores sociales como son los campesinos, afrodescendientes e indígenas, para la proyección estratégica sobre la restitución de tierras de este nuevo Gobierno.
Este evento contó con la participación de nuestro delegado y ex constituyente Rojas Birry, Camilo Niño Secretario Técnico de la CNTI, Gerardo Jumí en representación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) y el director de la URT Giovany Yule, entre otros políticos del Gobierno Nacional. En este diálogo se abordaron temas sobre los derechos ancestrales, los derechos milenarios, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la importancia de la palabra y la espiritualidad para la protección del territorio.
El director de la URT, como indígena Nasa mencionó que las formas de gobierno propio de los indígenas del Cauca ya existían antes de la llegada del mundo occidental al Abya Yala y parte de la resistencia de los pueblos ha sido la conservación a sus del territorio, de la mano de los mayores quienes se han encargado de la orientación y la comunicación con la madre tierra. Esto llevó a mencionar el importante papel que juegan los pueblos originarios para la conservación de la biodiversidad del planeta. Por su parte el ex constituyente Birry, mencionó que los pueblos originarios son los principales conservadores de la diversidad biológica en un 85% en todo el planeta. Además, mencionó que hoy en día no se han hecho los reconocimientos ni las garantías necesarias, por el contrario, los pueblos han sido víctimas de desplazamientos, despojos y de explotaciones sin consentimiento de sus territorios.
Otro de los puntos mencionado y que llevó a la reflexión en el espacio, es que la URT mencionó que los pueblos originarios son las principales víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues de los 610 casos de restitución a pueblos indígenas, estos se reflejan en 27 departamentos y de los 85 pueblos ancestrales que se encuentran en proceso de restitución, en su mayoría se encuentran en estado de riesgo de exterminio físico y cultual. En la intervención del secretario de la CNTI, se manifestó la importancia de continuar con los diálogos de gobierno a gobierno, sobre todo que se tenga en cuenta los aportes que hacen las organizaciones indígenas desde los espacios de concertación, pues muchas de las exigencias que hoy piden los pueblos indígenas a nivel territorial, son las mismas que se han exigido por décadas a los gobiernos anteriores.
También, indicó que desde el Observatorio de los Derechos Territoriales de la CNTI, a la fecha se reportan alrededor de 1.077 solicitudes de restitución, ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas, lo que equivale a 5’000.000 millones de hectáreas y donde se encontrar casos de más de 30 años de haberse solicitado, el cual reflejan la deuda histórica que hay con los pueblos originarios. Por ejemplo, se trajo a colación el cado de la comunidad de Barrulia, del pueblo Sikuani, en Puesto Gaitán Meta, quienes han realizado una solicitud de protección y de ocupación ancestral en el marco del decreto 2333 del 2014, la cual no ha sido concedida, lo que ha puesto en riesgo la pervivencia del pueblo ancestral, además de ser víctimas de desalojos por parte de policía y la alcaldía de Puerto Gaitán.
Además, agregó que sin las garantías necesarias para solucionar estas problemáticas que aquejan a los pueblos ancestrales, es imposible sanear dicha deuda. Es por ello, que los pueblos indígenas proponen una subcuenta indígena establecida en el Fondo de Tierras del Decreto Ley 902/2017. Esto permitiría avanzar en la protección y la garantía de los derechos territoriales de las comunidades y Pueblos Indígenas a nivel nacional.
Por último, mencionó que es importante que el Gobierno Nacional genere mecanismos de articulación con otros sectores sociales, como las es la garantía de la realización del congreso nacional de pueblos indígenas, este espacio ayudaría a dar claridad sobre la reforma a la ruralidad, donde también se puede buscar mecanismos para superar obstáculos y conflictos interétnicos entre pueblos y comunidades.
El encuentro culminó con reflexiones donde se reconoce, que los procesos de restitución territorial reversan los efectos de despojo histórico y ayuda a la conservación integral del territorio. El próximo encuentro de diálogos se llevará a cabo con las comunidades afrodescendiente, negras y palanqueras, con el propósito de intercambiar saberes y escuchar las necesidades de los diferentes sectores sociales.
Defender los territorios, es defender la vida.
por STI | Feb 3, 2023 | Nota de prensa
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, falló a favor de la decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, correspondiente al 2 de febrero del año 2020, en relación a la situación del Pueblo Indígena Waüpijiwi y sus problemáticas. Esta decisión reafirmó la falta de garantías para la supervivencia física y cultural de este pueblo originario, reubicado en el Resguardo Caño Mochuelo en el año 1986, en Casanare.
Desde el año 2003 este Pueblo Indígena se vio obligado a desplazarse y asentarse en un nuevo territorio tradicional cerca de “Agua Verde” en el departamento del Vichada, debido a las amenazas de muerte, el reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual que enfrentaban. Una decisión tomada por la comunidad de Yajotja, para proteger su pervivencia, preservar su cultura y así evitar un exterminio físico y cultural en un lugar sagrado reivindicando sus derechos.
Frente a la diversidad de problemáticas Algel Tadache, cabildo gobernador de Waüpijiwi, ha solicitado históricamente la protección del territorio ancestral y la realización de una visita técnica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco del artículo 5 del Decreto Ley 2333 de 2014, reiterando que esta comunidad no se trasladará a otro lugar sin un acuerdo previo.
Teniendo conocimiento de esta problemática, en un escrito presentado por Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como un aporte jurídico dentro del proceso, destacó la situación crítica de la comunidad de Waüpijiwi en el resguardo, reiterando que el territorio donde habitan es demasiado estrecho y los recursos naturales se están agotando. Además, manifestó que es un terreno no apto para cultivos, lo que obliga a las familias a salir del resguardo y enfrentase a los colonos que los amenazan. Por ende, expresó que la única opción para garantizar la pervivencia y permanencia de este Pueblo Indígena es con la ampliación del resguardo.
Es por ello, que la sentencia resuelve y ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Paz la Atención y Reparación Integral las Victimas (UARIV) revocar la resolución No. 2020-99796 del 22 de diciembre de 2020 y tomar una decisión de fondo sobre el registro de los miembros de la comunidad de Yajotja, respetando su derecho a la identidad cultural, a la autonomía y a la autodeterminación.
Es decir, si la UARIV identifica que el Pueblo Indígena, cumple con los requisitos legales, deberá aplicar la exigencia del Decreto 1084 de 2015 con el fin de reafirmar la existencia previa de esta comunidad. Así mismo, el fallo le exige a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adopte sin dilaciones injustificadas para responder a las peticiones formuladas por el Pueblo Indígena de la medida de protección del territorio ancestral, la oferta voluntaria de compra de predios y finalizar con el proceso de constitución del resguardo promovido a favor de la comunidad Yajotja en el municipio de la Primavera, Vichada.
Así, la ANT y las demás entidades involucradas deben cumplir sus funciones dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, como lo es la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995 y el Decreto compilatorio 1071 de 2015, según lo dispuesto en el fundamento jurídico.
Frente a esto, desde la CNTI y el pueblo Waüpijiwi reiteramos el llamado al Estado colombiano en especial a las entidades judiciales y las instituciones competentes del Gobierno Nacional, para brindar las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Te invitamos a leer la sentencia completa, aquí:
https://www.cntindigena.org/documents/Fallos-jurídica-cnti/Tutela_Fallo-judicial-a-favor-del-Pueblo-Indígena-Waüpijiwi_03022023.pdf
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ene 31, 2023 | Nota de prensa
En el octavo día de Mesa Permanente de Concertación (MPC), avanza el desarrollo de la plenaria de la consulta del PND, con la participación de las autoridades y delegados de las organizaciones indígenas de orden nacional, así como sus respectivas secretarías técnicas. El escenario de trabajo inició con la socialización de los acuerdos que están en concertación con el Gobierno Nacional, allí se dio a conocer cuáles se han logrado pactar, cuáles están pendientes y cuáles no se tuvo acuerdo, por lo que están denominados como disenso, acuerdos que hacen parte de las temáticas o ejes transformadores para el Plan Nacional de Desarrollo.
El primer eje transformador con el cual se dio inicio a la socialización, fue el denominado «ordenamiento del territorio en torno al agua y la justicia ambiental» del que hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígena (CNTI), allí se expuso que hasta este momento hay 15 acuerdos planteados al Gobierno Nacional, de los cuales 12 se encuentran pre acordados, 2 están pendiente por su aprobación y uno se encuentra en disenso con el Ministerio de Hacienda. Dicho acuerdo, sobre el cual no logró tener consenso, hace referencia a la creación de una figura presupuestal Nacional Indígena Autónoma, que busca que se garantice los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
Por su parte, el Secretario técnico de la CNTI, Camilo Niño Izquierdo, manifestó su preocupación a la mesa sobre las concertaciones con las entidades competentes del gobierno en materia territorial, pues no cuentan con los recursos financieros ni con la adecuación institucional, para el cumplimiento de los acuerdos que se están pactados entre el gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Además, otra preocupación de las autoridades indígenas, es que existe un alto número de solicitudes de restitución de derechos territoriales y una baja materialización del derecho integral a la restitución de los pueblos. Por ejemplo, de 10 solicitudes realizadas por los Pueblos Indígenas, tan solo 3 se logran finalizar.
De igual modo, el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, informó que se espera agotar esa discusión con el Gobierno Nacional, así poder avanzar en el proceso de la concertación, por lo que dependiendo de los acuerdos que se definan en dicho espacio, se traería nuevamente a socialización en la plenaria general de la MPC.
La jornada continua con la socialización y análisis de los acuerdos en concertación de los demás ejes como son: seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; economía productiva y acción climática; convergencia regional, así como mujer familia y generación. Una vez terminadas estas discusiones, se empezarán nuevamente las negociaciones con el gobierno nacional.
Defender los territorios, es defender la vida
por STI | Ene 28, 2023 | Nota de prensa
El día 28 de enero de 2023 se dio inicio a la jornada de trabajo con una denuncia por parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), lo anterior debido a la ausencia de los funcionarios de alto nivel del Ministerio de Hacienda y así como representantes de los Ministerios Públicos, en la Mesa de la transformación del Ordenamiento del territorio. Los delegados y su secretaría técnica Indígena de la CNTI, reclamaron al gobierno nacional el incumplimiento de los acuerdos definidos en el marco de la consulta previa del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, y pidieron la presencia de dichos funcionarios para poder avanzar con el ejercicio de diálogo y concertación acordado.
El Movimiento Indígena colombiano ha sido reiterativo en la exigencia de la presencia de estas entidades del Gobierno Nacional y los ministerios públicos, ya que de ello depende que se garantice adecuadamente el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada de los Pueblos Indígenas. Este espacio de consulta debe brindar los mecanismos de participación porque es un derecho constitucional, así mismo se deban respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas, entre ellas las leyes de origen y la cosmovisión de los pueblos originarios.
En el marco de las discusiones, las Autoridades Indígenas, resaltaron la importancia de comprender el enfoque diferencial establecido por la Corte Constitucional de Colombia para los espacios de diálogo y concertación de Gobierno Nacional a Gobierno Indígena. El territorio para los Pueblos Indígenas va más allá del pensamiento y la conceptualización que se tiene desde occidente, conceptos que por lo general clasifica a los pueblos Indígenas como sectores de economía campesina, sin tener en cuenta o desconociendo las particularidades ya características sociales, económicas, políticas, culturales y espirituales que diferencian a los pueblos originarios del resto de la sociedad colombiana.
A pesar de esta situación, se logró avanzar con el ejercicio de concertación, lo que permitió desarrollar varias propuestas de acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Acuerdos que se espera que en el marco de este proceso de construcción del PND 2022-2026 se convertirán en ley o instrumentos normativos. Dentro de estos acuerdos se encuentra el Sistema de Información Geográfica (SIG), es decir, el Gobierno Nacional se comprometió a fortalecer dicho sistema de información con el que cuenta la CNTI así como los sistemas de información propios de las organizaciones nacionales, regionales y locales de los Pueblos Indígenas.
Asumiendo todo lo que tiene que ver con las garantías financieras, técnicas, tecnológicas, operativas, talento humano. En ese orden de ideas se deberá resolver situaciones como el acceso a la toma de decisiones y construcción de políticas públicas que sean necesarias. De igual modo, se acordó que los sistemas estarán administrados por los Pueblos Indígenas y sus organizaciones.
En dicho articulado, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, expresó la necesidad de que el Gobierno Nacional se comprometa a cumplir con unas competencias específicas adicionales a las responsabilidades del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y de este modo se pueda resolver cualquier situación en relación con dichos Sistemas de Información de los Pueblos Indígenas.
Por otro lado, en el espacio se contó con la participación de la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), por lo que las Autoridades Indígenas manifestaron la importancia de que el gobierno de Gustavo Petro, garantice los recursos y la oferta institucional para implementar los proceso de reparación colectiva para el retorno, las reubicaciones, la restitución de derechos territoriales y los planes de salvaguardas para las comunidades, pueblos, grupos indígenas y víctimas del conflicto armado del país.
Desde esta entidad manifestaron que vienen avanzando en una ruta que espera poder atender el rezago histórico de los 372 procesos que se encuentran en el Registro Único de Víctimas como sujetos de reparación colectiva dentro del PIRC (Plan Integral de Reparación Colectivo), teniendo en cuenta que los planes de retorno están en cabeza de las entidades territoriales, con el objetivo de cumplir con la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4633 de 2011.
Además, se discutió la política pública de territorios y territorialidades indígenas. Donde se crearán e implementarán mecanismos y disposiciones especiales para garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, con el fin de modificar, adicionar o suprimir trámites, normas, procesos, procedimientos, sistemas de información y requisitos relacionados con la formalización, seguridad jurídica, acceso a tierras, procesos agrarios especiales, protección a sitios sagrados y territorios ancestrales, ratificación de la vigencia de los títulos de origen colonial y republicano, entre otros derechos territoriales, conforme a un esquema diferencial regulado por el Gobierno nacional en concertación con los pueblos indígenas.
Posteriormente, se mencionaron los derechos ancestrales, territoriales, colectivos y las salvaguardas para la pervivencia física y cultural de los cuatro Pueblos Indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Mata, conocida como “el corazón del mundo” en el marco del Decreto Ley 1500 de 2018. Esto incluye la protección del territorio ancestral de la Línea Negra, con el acceso, protección y el saneamiento o recuperación del sistema de espacios sagrados del territorio tradicional y ancestral, teniendo en cuenta el conocimiento ancestral de estos cuatro Pueblos Indígenas.
Desde este espacio, continuamos trabajando en las mesas de diálogo y concertación de Gobierno a Gobierno para abordar temas de gran importancia para los Pueblos Indígenas, especialmente en lo que respecta a los derechos y la seguridad jurídica de los territorios. Por eso es esencial que el Gobierno Nacional se comprometa a cumplir con todo lo que se viene concertando.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ene 26, 2023 | Nota de prensa
En la noche del 25 de enero de 2023, se retomó el espacio de diálogo entre el ministro del Interior Alfonso Prada, los delegados y autoridades indígenas con asiento en la sesión ampliada de la Mesa Permanente de concertación (MPC), con el fin de avanzar en las solicitudes, claridades y preguntas que se tenía al gobierno desde el movimiento indígena.
Una vez surtido el diálogo, las intervenciones de las partes, en especial las respuestas del ministro del interior sobre las inquietudes y solicitudes de los Pueblos Indígenas, se realizaron una serie de acuerdos y compromisos por parte del gobierno nacional para desentrabar especialmente muchos de los cuellos de botella que estaban impidiendo que el proceso de la concertación se pudiera instalar formalmente.
A las 11:50 pm después de firmada el acta de acuerdo entre los Pueblos Indígenas y el gobierno nacional, el ministro del Interior instaló formalmente el escenario de diálogo y concertación técnica con los Pueblos Indígenas de la Consulta previa, libre e informada del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. De igual modo, se comprometió que, en el marco de este escenario de consulta, por parte del gobierno nacional estarán presentes las entidades vinculantes con sus respectivos funcionarios o delegados del más alto nivel.
El Gobierno Nacional garantizará las condiciones técnicas, jurídicas, administrativas, presupuestales y de adecuación institucional para el cumplimiento de los acuerdos regionales y nacionales de las organizaciones indígenas. El día 26 de enero de 2023, entre la mañana y la tarde, los Pueblos Indígenas y sus organizaciones realizaron una jornada de espacio o trabajo autónomo para terminar de consolidar y armonizar las propuestas que los Pueblos Indígenas presentarán al gobierno nacional en el marco de las comisiones técnicas de trabajo concertadas de manera conjunta.
Finalmente, siendo las 5:00 pm del 26 de enero de 2023, se inició la sesión mixta para iniciar formalmente las jornadas de trabajo por comisiones paralelas y de este modo poder avanzar con la consulta técnica entre los delegados del Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023.
Entre algunos de los puntos que se acordaron con Alfonso Prada ministro del Interior la noche del 25 de enero de 2023, estuvo:
- El Gobierno Nacional garantizará el consentimiento libre, previo e informado en virtud del cumplimiento de los estándares internacionales y del Capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
- El Gobierno Nacional apoyará las iniciativas de adecuación institucional y armonización normativa que se requieren para garantizar y materializar los derechos de los Pueblos Indígenas.
- Se respetará, reconocerá y fortalecerá la institucionalidad indígena y se avanzará en la implementación de la administración propia de los Pueblos Indígenas en materia de Salud, Educación, justicia, ETIS u otras formas de ordenamiento territorial propio, entre otros, en el marco del cumplimiento de la Constitución, la Ley y las normas que se expidan.
- Frente al proceso de consulta previa del catastro multipropósito, el Ministro del Interior se compromete a: (1) La semana entre el 30 de enero al 3 de febrero se retomarán las mesas de concertación técnica en el marco del proceso de consulta previa del catastro multipropósito con el objeto de avanzar en el diálogo técnico y superar los cuellos de botella, mediante el diálogo político. (2) Los acuerdos alcanzados en el marco de la consulta previa del catastro multipropósito serán respetados de manera integral.
En el marco de este proceso de Consulta Previa del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2023, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), a través de sus delegados y el Secretario Técnico Indígena de la STI-CNTI, estará participando de la comisión técnica denominada “Ordenamiento Territorial alrededor del agua y la justicia ambiental”. escenario que está programado para que se desarrolle entre el 26 al 29 de enero del 2023 y luego pueda pasar el 30 de enero al espacio mixto de revisión de acuerdos, pendientes y no acordados.
