por STI | Mar 8, 2023 | Nota de prensa
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participó en la sesión de preparatoria del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, realizado el día 8 de marzo del 2023 en el jardín botánico de la ciudad de Bogotá. Este evento tuvo como objetivo establecer las prioridades y propuestas que se expondrán ante la ONU en la sesión número 22, el cual se realizará en Nueva York en entre los días 17 al 25 de abril del año en curso.
En este espacio participaron los delegados del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), así como delegaciones de las diferentes organizaciones indígenas del nivel nacional, los espacios de concertación como la Mesa Permanente de Concertación, sus subcomisiones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y por su puesto la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Las personas que intervinieron le expusieron sus recomendaciones a dichos delegados del FPCI, los temas estuvieron relacionados en ejes temáticos como el cambio climático, derechos territoriales, de la mujer, así como la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Final de Paz.
El primer momento fue desarrollado desde la reflexión sobre los saberes y prácticas ancestrales de los pueblos originarios y como estos aportan a la mitigación del cambio climático, la protección de la biodiversidad y protección de los derechos, defensa y cuidado de los territorios.
Posteriormente, Camilo Niño Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su intervención, mencionó que Colombia ha tenido avances en materia de derechos territoriales, de los cuales hoy se cuenta con el 28% de los resguardos indígenas reconocidos y formalizados. Sin embargo, aún existen más de 10 millones de hectáreas de tierras que no cuentan con seguridad jurídica a nivel nacional.
Aunque los Pueblos Indígenas han propuesto normas que buscan resolver las problemáticas en materia territorial, no existen avances significativos para los pueblos originarios. Además, Camilo agregó que existe el Decreto Ley 4633 de 2011, para la restitución de derechos territoriales, pero no hay avances para proteger los dichos territorios.
En ese sentido, también habló de la importante de buscar acciones internacionales que permita avanzar en la protección de los territorios ancestrales, tomando como base el marco jurídico internacional, como lo es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o Ley 21 de 1991 para Colombia, en especial lo definido en los artículos 14 y 15, porque hasta la actualidad no se ha implementado adecuadamente.
Lo anterior debido a que no ha existido una voluntad política por parte del Gobierno Nacional para establecer mecanismos oportunos que garanticen la participación de los pueblos y así resolver la deuda histórica que tienen con los Pueblos Indígenas en materia territorial.
Aun así, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, por medio de sus delegados y la secretaría técnica indígena, se continúa defendiendo y exigiendo ante el gobierno nacional y sus diferentes instituciones, el cumplimiento de los acuerdos pactados en el marco de este espacio de diálogo y concertación materia territoriales. De igual modo, se ha conminado la participación real y efectiva de los Pueblos Originarios en los procesos de formalización para la garantía de la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Por último, Camilo Niño, le pidió a los representantes del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas (FPCI), que se garantice la participación de este espacio de concertación, como lo es la CNTI en el Foro que llevará a cabo en el mes de abril en la ciudad de Nueva York, y de este modo poder exponer en este evento internacional el trabajo que viene desarrollando el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, así como la situación actual de los Pueblos Indígenas de Colombia en materia territorial.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Feb 24, 2023 | Nota de prensa
Este 23 de febrero, la Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI) en representación de Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena (STI) y en compañía del equipo técnico, participaron de un espacio de diálogo con la Defensoría del Pueblo, en representación de Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos.
En esta oportunidad, el secretario, socializó los sistemas de información propios con los que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la CNTI, como el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF), el cual en la actualidad cuenta con las etapas de formalización a nivel nacional, con los procesos de constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos indígenas, además de 930 actos administrativos.
Por otro lado, expuso el funcionamiento y avance del Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA), el cual realiza el seguimiento a más de 500 acuerdos existentes en materia territorial que se han establecido en los diferentes espacios de diálogo y concertación entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena.
Teniendo en cuenta esto, resaltó la importancia de generar diversos mecanismos de articulación con las demás entidades del Estado para el fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica (SIG), como una plataforma de consulta general de la información relacionada con los territorios indígenas del país, donde repose toda la base de información existente del Catastro Multipropósito, además, de resaltar que es una plataforma cartográfica de referencia territorial para los pueblos originarios del país.
En este espacio, Camilo Niño, reconoció la existencia de los retos que habrá en la articulación de los sistemas de información propios, debido a que son herramientas técnicas que tienen como propósito buscar avances y garantías en materia de la seguridad jurídica de los territorios indígenas para así, dar cumplimiento a los derechos territoriales.
Posteriormente, se centró en la socialización del caso de la comunidad de Barrulia, después de la visita que realizó la CNTI el día 21 de febrero de 2023 al territorio del Pueblo Indígena Sikuani, en Puerto Gaitán Meta. Allí, se manifestó la grave situación que está viviendo este pueblo originario, tras las constantes vulneraciones a sus derechos fundamentales, convirtiéndose en un procedimiento violatorio sobre el actuar de la institucionalidad bajo los argumentos de procedimientos legales que exponen e incrementan el riesgo de exterminio de dicha comunidad.
Seguido de esto, advirtió que, a partir del 10 de marzo de 2023, continuarán los desalojos de esta comunidad, bajo los actos de entrega real y material del predio de los cocuyos, dejando a este Pueblo Indígena en un estado de vulneración alarmante frente a sus derechos a la vida, la salud, la seguridad alimentaria, a un ambiente sano y sobre todo a la permanencia y pervivencia física y cultural en su territorio.
Para leer el comunicado completo, clic aquí:
https://bit.ly/3IQR78A
Para finalizar el espacio, la Defensoría del Pueblo, como ente de control para el bienestar de los habitantes del territorio a nivel nacional, se comprometió con la comisión a crear y activar una serie de mecanismos de articulación con el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, en el marco de sus funciones y legalidad.
por STI | Feb 24, 2023 | Nota de prensa
Bogotá, febrero 24 de 2023
En la región de la altillanura colombiana, en el departamento del Meta, el pueblo indígena Sikuani, de carácter seminómada y nómada, ha sido durante décadas víctima del despojo histórico que le ha impedido la ocupación, el aprovechamiento de los recursos naturales y la libre movilidad por su territorio ancestral de cuyos vínculos depende su pervivencia y su propia existencia. Son además uno de los 36 pueblos indígenas que en Colombia mediante el 004 del año 2009, la Alta Corte Constitucional declaró como en inminente riesgo de desaparición física y cultural.
En su condición de víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, y como una acción de exigibilidad para la garantía de sus derechos territoriales, entre los años 2016 y 2019 las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia del pueblo Sikuani, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como máxima autoridad de tierras de la nación, la protección de sus territorios ancestrales según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014, el cual tiene por objeto lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas del país, según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Después de más de cinco años de dilaciones, el día 17 de mayo del 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT resolvió la única de estas cuatro solicitudes: la de la comunidad de Barrulia. Para esta, la agencia, según su interpretación del Decreto 2333 de 2014, decidió no reconocer su ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”. Ello sin considerar el carácter nómada y seminómada de la comunidad y del pueblo indígena Sikuani, y sin valorar el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su libre movilidad y ocupación territorial, o el tipo de ocupación que a una comunidad víctima de desplazamiento y de confinamiento la agencia le reclama. Interpretación esta de la ancestralidad territorial y de negación del derecho al territorio que desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT amenaza con institucionalizarse, y que corre el riesgo de determinar las tres solicitudes que para el caso de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael Warrojo siguen sin ser resueltas.
Al no reconocérsele a la comunidad indígena de Barrulia la ocupación histórica del territorio ancestral, y al estar sus miembros ocupando un predio sobre el cual la agencia reconoció la posesión de un tercero, la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán Meta, una vez más, y por séptima oportunidad, han adelantado acciones policivas tendientes a la realización del desalojo de la comunidad, las cuales se encontraban suspendidas durante meses hasta tanto no se produjese el pronunciamiento oficial de la ANT.
Las acciones de desalojo, en tanto acciones que involucran la fuerza pública mantienen en un estado de angustia y zozobra a una comunidad como la de Barrulia, cuya población se encuentra en condición de víctima de confinamiento, despojo y desplazamiento forzado, de alta vulneración social y de negación de sus derechos más básicos como la vida, la salud, la seguridad alimentaria, la libre circulación, a un ambiente sano y por su puesto de negación del vínculo con su propio territorio , del cual dependen para su pervivencia y su propia existencia.
En el mes de noviembre de 2022 cuatro organizaciones indígenas de Colombia y la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, interpusieron ante la ANT acciones de Revocatoria Directa en contra de la Resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani. Todas estas acciones aún no han sido resueltas de fondo por parte de la ANT, razón por la cual no procede orden policiva o desalojo alguno por parte de la inspección y de la alcaldía. No obstante, ello, y de haber la propia ANT comunicado a la Inspección de policía y a la alcaldía del municipio de Puerto Gaitán, la inspección de policía en reunión con la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría regionales acordaron la realización de la caracterización social de la comunidad de Barrulia para el día 21 de febrero del 2023, como medida previa para adelantar el desalojo.
Si bien el proceso de caracterización fue interrumpido por la comunidad, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán mediante acta de caracterización, programa a partir del próximo 10 de marzo, actos tendientes a la entrega real y material del denominado predio los Cocuyos al querellante, desconociendo los derechos fundamentales de la comunidad indígena reclamante.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorio Indígenas, en el marco de su acompañamiento a la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, advierte que la institucionalidad bajo argumentos procedimentales expone e incrementa la vulneración a los derechos fundamentales de esta comunidad. Por lo que hace un llamado para que la ANT como máxima autoridad de tierras, resuelva sin más dilaciones administrativas las solicitudes de protección del territorio ancestral que ante la agencia han sido interpuestas por las comunidades mencionadas.
Así mismo, demanda a esta, resolver las cinco solicitudes de revocatoria directa que desde noviembre de 2022 fueron interpuestas en contra de la Resolución que expidió la ANT. Igualmente reclama la ambigüedad de su accionar durante el procedimiento de caracterización social que fue convocado por la inspección de policía de Puerto Gaitán para el 21 de febrero, en tanto durante su realización, no se afirmó en la suspensión del proceso de desalojo de la comunidad con arreglo a las revocatorias directas que aún no ha resuelto.
Y finalmente, llama la atención y alerta a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría regionales del departamento del Meta, para que en el marco de sus funciones constitucionales atiendan la garantía del derecho fundamental al territorio de las comunidades indígenas del pueblo Sikuani de la altillanura, antes que la garantía de los procedimientos policivos de desalojo con los cuales las autoridades y los funcionarios locales del municipio de Puerto Gaitán, pretenden sintonizarse, sin atender los derechos humanos de comunidades indígenas que están en inminente riesgo de desaparición.
“Defender los territorios es defender la vida”
por STI | Feb 23, 2023 | Nota de prensa
El pasado 20 de febrero del 2023 La Comisión Nacional de Territorios indígenas participó de los diálogos de saberes de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), que busca recoger las voces de diferentes sectores sociales como son los campesinos, afrodescendientes e indígenas, para la proyección estratégica sobre la restitución de tierras de este nuevo Gobierno.
Este evento contó con la participación de nuestro delegado y ex constituyente Rojas Birry, Camilo Niño Secretario Técnico de la CNTI, Gerardo Jumí en representación de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de Colombia (ONIC) y el director de la URT Giovany Yule, entre otros políticos del Gobierno Nacional. En este diálogo se abordaron temas sobre los derechos ancestrales, los derechos milenarios, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la importancia de la palabra y la espiritualidad para la protección del territorio.
El director de la URT, como indígena Nasa mencionó que las formas de gobierno propio de los indígenas del Cauca ya existían antes de la llegada del mundo occidental al Abya Yala y parte de la resistencia de los pueblos ha sido la conservación a sus del territorio, de la mano de los mayores quienes se han encargado de la orientación y la comunicación con la madre tierra. Esto llevó a mencionar el importante papel que juegan los pueblos originarios para la conservación de la biodiversidad del planeta. Por su parte el ex constituyente Birry, mencionó que los pueblos originarios son los principales conservadores de la diversidad biológica en un 85% en todo el planeta. Además, mencionó que hoy en día no se han hecho los reconocimientos ni las garantías necesarias, por el contrario, los pueblos han sido víctimas de desplazamientos, despojos y de explotaciones sin consentimiento de sus territorios.
Otro de los puntos mencionado y que llevó a la reflexión en el espacio, es que la URT mencionó que los pueblos originarios son las principales víctimas del conflicto armado en Colombia. Pues de los 610 casos de restitución a pueblos indígenas, estos se reflejan en 27 departamentos y de los 85 pueblos ancestrales que se encuentran en proceso de restitución, en su mayoría se encuentran en estado de riesgo de exterminio físico y cultual. En la intervención del secretario de la CNTI, se manifestó la importancia de continuar con los diálogos de gobierno a gobierno, sobre todo que se tenga en cuenta los aportes que hacen las organizaciones indígenas desde los espacios de concertación, pues muchas de las exigencias que hoy piden los pueblos indígenas a nivel territorial, son las mismas que se han exigido por décadas a los gobiernos anteriores.
También, indicó que desde el Observatorio de los Derechos Territoriales de la CNTI, a la fecha se reportan alrededor de 1.077 solicitudes de restitución, ampliación, saneamiento y constitución de resguardos indígenas, lo que equivale a 5’000.000 millones de hectáreas y donde se encontrar casos de más de 30 años de haberse solicitado, el cual reflejan la deuda histórica que hay con los pueblos originarios. Por ejemplo, se trajo a colación el cado de la comunidad de Barrulia, del pueblo Sikuani, en Puesto Gaitán Meta, quienes han realizado una solicitud de protección y de ocupación ancestral en el marco del decreto 2333 del 2014, la cual no ha sido concedida, lo que ha puesto en riesgo la pervivencia del pueblo ancestral, además de ser víctimas de desalojos por parte de policía y la alcaldía de Puerto Gaitán.
Además, agregó que sin las garantías necesarias para solucionar estas problemáticas que aquejan a los pueblos ancestrales, es imposible sanear dicha deuda. Es por ello, que los pueblos indígenas proponen una subcuenta indígena establecida en el Fondo de Tierras del Decreto Ley 902/2017. Esto permitiría avanzar en la protección y la garantía de los derechos territoriales de las comunidades y Pueblos Indígenas a nivel nacional.
Por último, mencionó que es importante que el Gobierno Nacional genere mecanismos de articulación con otros sectores sociales, como las es la garantía de la realización del congreso nacional de pueblos indígenas, este espacio ayudaría a dar claridad sobre la reforma a la ruralidad, donde también se puede buscar mecanismos para superar obstáculos y conflictos interétnicos entre pueblos y comunidades.
El encuentro culminó con reflexiones donde se reconoce, que los procesos de restitución territorial reversan los efectos de despojo histórico y ayuda a la conservación integral del territorio. El próximo encuentro de diálogos se llevará a cabo con las comunidades afrodescendiente, negras y palanqueras, con el propósito de intercambiar saberes y escuchar las necesidades de los diferentes sectores sociales.
Defender los territorios, es defender la vida.
por STI | Feb 3, 2023 | Nota de prensa
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, falló a favor de la decisión del Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogotá, correspondiente al 2 de febrero del año 2020, en relación a la situación del Pueblo Indígena Waüpijiwi y sus problemáticas. Esta decisión reafirmó la falta de garantías para la supervivencia física y cultural de este pueblo originario, reubicado en el Resguardo Caño Mochuelo en el año 1986, en Casanare.
Desde el año 2003 este Pueblo Indígena se vio obligado a desplazarse y asentarse en un nuevo territorio tradicional cerca de “Agua Verde” en el departamento del Vichada, debido a las amenazas de muerte, el reclutamiento forzado de menores y la violencia sexual que enfrentaban. Una decisión tomada por la comunidad de Yajotja, para proteger su pervivencia, preservar su cultura y así evitar un exterminio físico y cultural en un lugar sagrado reivindicando sus derechos.
Frente a la diversidad de problemáticas Algel Tadache, cabildo gobernador de Waüpijiwi, ha solicitado históricamente la protección del territorio ancestral y la realización de una visita técnica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el marco del artículo 5 del Decreto Ley 2333 de 2014, reiterando que esta comunidad no se trasladará a otro lugar sin un acuerdo previo.
Teniendo conocimiento de esta problemática, en un escrito presentado por Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) como un aporte jurídico dentro del proceso, destacó la situación crítica de la comunidad de Waüpijiwi en el resguardo, reiterando que el territorio donde habitan es demasiado estrecho y los recursos naturales se están agotando. Además, manifestó que es un terreno no apto para cultivos, lo que obliga a las familias a salir del resguardo y enfrentase a los colonos que los amenazan. Por ende, expresó que la única opción para garantizar la pervivencia y permanencia de este Pueblo Indígena es con la ampliación del resguardo.
Es por ello, que la sentencia resuelve y ordena a la Unidad Administrativa Especial para la Paz la Atención y Reparación Integral las Victimas (UARIV) revocar la resolución No. 2020-99796 del 22 de diciembre de 2020 y tomar una decisión de fondo sobre el registro de los miembros de la comunidad de Yajotja, respetando su derecho a la identidad cultural, a la autonomía y a la autodeterminación.
Es decir, si la UARIV identifica que el Pueblo Indígena, cumple con los requisitos legales, deberá aplicar la exigencia del Decreto 1084 de 2015 con el fin de reafirmar la existencia previa de esta comunidad. Así mismo, el fallo le exige a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que adopte sin dilaciones injustificadas para responder a las peticiones formuladas por el Pueblo Indígena de la medida de protección del territorio ancestral, la oferta voluntaria de compra de predios y finalizar con el proceso de constitución del resguardo promovido a favor de la comunidad Yajotja en el municipio de la Primavera, Vichada.
Así, la ANT y las demás entidades involucradas deben cumplir sus funciones dentro de los términos y plazos establecidos por la ley, como lo es la Ley 160 de 1994, el Decreto 2164 de 1995 y el Decreto compilatorio 1071 de 2015, según lo dispuesto en el fundamento jurídico.
Frente a esto, desde la CNTI y el pueblo Waüpijiwi reiteramos el llamado al Estado colombiano en especial a las entidades judiciales y las instituciones competentes del Gobierno Nacional, para brindar las garantías que la comunidad necesita para poder vivir en un territorio digno de acuerdo a sus cosmovisiones, usos y costumbres donde pervivan sus futuras generaciones.
Te invitamos a leer la sentencia completa, aquí:
https://www.cntindigena.org/documents/Fallos-jurídica-cnti/Tutela_Fallo-judicial-a-favor-del-Pueblo-Indígena-Waüpijiwi_03022023.pdf
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Ene 31, 2023 | Nota de prensa
En el octavo día de Mesa Permanente de Concertación (MPC), avanza el desarrollo de la plenaria de la consulta del PND, con la participación de las autoridades y delegados de las organizaciones indígenas de orden nacional, así como sus respectivas secretarías técnicas. El escenario de trabajo inició con la socialización de los acuerdos que están en concertación con el Gobierno Nacional, allí se dio a conocer cuáles se han logrado pactar, cuáles están pendientes y cuáles no se tuvo acuerdo, por lo que están denominados como disenso, acuerdos que hacen parte de las temáticas o ejes transformadores para el Plan Nacional de Desarrollo.
El primer eje transformador con el cual se dio inicio a la socialización, fue el denominado «ordenamiento del territorio en torno al agua y la justicia ambiental» del que hizo parte la Comisión Nacional de Territorios Indígena (CNTI), allí se expuso que hasta este momento hay 15 acuerdos planteados al Gobierno Nacional, de los cuales 12 se encuentran pre acordados, 2 están pendiente por su aprobación y uno se encuentra en disenso con el Ministerio de Hacienda. Dicho acuerdo, sobre el cual no logró tener consenso, hace referencia a la creación de una figura presupuestal Nacional Indígena Autónoma, que busca que se garantice los derechos territoriales de los pueblos ancestrales.
Por su parte, el Secretario técnico de la CNTI, Camilo Niño Izquierdo, manifestó su preocupación a la mesa sobre las concertaciones con las entidades competentes del gobierno en materia territorial, pues no cuentan con los recursos financieros ni con la adecuación institucional, para el cumplimiento de los acuerdos que se están pactados entre el gobierno Nacional y el Gobierno Indígena. Además, otra preocupación de las autoridades indígenas, es que existe un alto número de solicitudes de restitución de derechos territoriales y una baja materialización del derecho integral a la restitución de los pueblos. Por ejemplo, de 10 solicitudes realizadas por los Pueblos Indígenas, tan solo 3 se logran finalizar.
De igual modo, el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, informó que se espera agotar esa discusión con el Gobierno Nacional, así poder avanzar en el proceso de la concertación, por lo que dependiendo de los acuerdos que se definan en dicho espacio, se traería nuevamente a socialización en la plenaria general de la MPC.
La jornada continua con la socialización y análisis de los acuerdos en concertación de los demás ejes como son: seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; economía productiva y acción climática; convergencia regional, así como mujer familia y generación. Una vez terminadas estas discusiones, se empezarán nuevamente las negociaciones con el gobierno nacional.
Defender los territorios, es defender la vida
