Luego de tres días de concertación en la tercera sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena, realizadas el pasado 16, 17 y 18 de agosto del 2023 en la ciudad de Bogotá, se lograron 9 acuerdos en materia de derechos territoriales de los pueblos originarios de Colombia.
Los acuerdos están relacionados con temas estructurales para agilizar los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios. Así mismo, el avance en el tema presupuestal para las garantías de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica SIG, el Plan de descongestión y de choque que tiene el Gobierno Nacional frente a los casos de enfrascamiento de las solicitudes de formalización.
En ese sentido, desde la Agencia Nacional de Tierras ANT, entregará en el marco de la cuarta sesión de la CNTI del año 2023, los procedimientos adoptados por la entidad donde se desarrolla la implementación de las doce estrategias identificadas para el impulso procesal de las solicitudes relacionadas con la formalización, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas presentadas en la tercera sesión mixta.
De igual modo, La ANT y la Unidad de Restitución de Tierras entregará en la cuarta sesión de la CNTI, un informe del balance sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales derivadas de los fallos de restitución dirigidas a la ANT, con especial atención a las que están relacionadas con el tema de formalización y seguridad jurídica de los Territorios Indígenas.
Por su parte, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural crearán una mesa técnica para adelantar acciones que permitan identificar conflictos socioambientales. Y desde el Ministerio del Interior se realizarán 80 estudios etnológicos al finalizar 2023.
Así mismo, para el 28 de agosto 2023 la ANT, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior enviará a la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, la ruta de emergencia para atender y resolver el caso del pueblo Wiwa de Campo Alegre para así garantizarle sus derechos territoriales.
Respecto a la Dirección de la Autoridad de Consulta Previa, esta se comprometió a participar en la reunión que se desarrollará junto con el IGAC y la CNTI para el fortalecimiento del SIG-Indígena, con la finalidad de definir las necesidades y requerimientos técnicos para la implementación del Servicio Web Alfanumérico. Esto con la finalidad de fortalecer el Sistema de Información Geográfica SIG- Indígena de la CNTI, desde donde se realizará una mesa técnica para hacer la revisión y articulación de la información.
Desde este espacio de concertación, reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en la garantía y goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país. Razón por la cual, se continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos con el Gobierno Nacional.
La tercera sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, dio inicio el 16 de agosto de 2023 en Bogotá, con la participación de los delegados indígenas y el Secretario Técnico Indígena Camilo Niño Izquierdo, quien instaló el espacio de concertación con la presencia de los funcionarios de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras ANT, el delegado del Ministerio de Ambiente, Dirección de Consulta previa y el delegado de planeación de la Unidad de Restitución de Tierras URT. El objetivo de la tercera sesión es revisar los avances de los acuerdos pactados en las sesiones realizadas en el mes de junio y julio, para agilizar los temas estructurales en materia de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los puntos a tener en cuenta durante la tercera sesión es el plan de choque, un acuerdo que la Agencia Nacional de Tierras ANT ha estado presentando de manera mensual. Así mismo, el plan de descongestión el cual no tuvo respuesta en la segunda sesión y del que se espera se logre avanzar sobre el número de solicitudes que se han radicado en el Ministerio del Interior en los temas de ampliación y constitución de los territorios ancestrales.
En cuanto a la Unidad de Restitución de Tierras URT, revisar la estrategia de aceleración de la ruta de restitución, su estado actual, rutas de acción, avances para el 2023, el cual tiene una meta anual del 30% del rezago que existe. Incluyendo la adecuación del fondo para atender las órdenes de restitución, ejecución presupuestal del 2022 y balance del año 2023.
En el siguiente punto están los nuevos lineamientos y procedimientos que agilizarán de forma inmediata los procedimientos de formalización, seguridad jurídica y adquisición de predios para los territorios indígenas donde se tendrán en cuenta los siguientes puntos: uso de métodos indirectos, levantamiento ágil de información geográfica, traslado de información entre expedientes, y utilización de diagnósticos y conceptos técnicos previamente elaborados por los trámites administrativos, entre otros. Cabe resaltar, que a este acuerdo se llegó con la presencia de Gerardo Vega, donde la Agencia Nacional de Tierras ANT ha verificado este asunto para acelerar los lineamientos respecto a la claridad de las cifras de los predios formalizados.
La adecuación institucional para el fortalecimiento de las capacidades administrativa, financiera, técnica y humana con el fin de resolver con celeridad, calidad y oportunidad las solicitudes de los pueblos indígenas. Por último, el seguimiento del casos Barrulia donde la Unidad de Restitución de Tierras, presentará el informe técnico realizado por el equipo de la Dirección de Asuntos Étnicos para la viabilidad de la solicitud de la medida cautelar para las comunidades indígenas de Barrulia, Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo del pueblo Sikuani.
Finalmente, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, durante este espacio seguirá avanzando en el trabajo por la reivindicación de los derechos territoriales de pueblos indígenas en Colombia.
En respuesta al reciente Decreto 1085 del 2 de julio de 2023, que declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de La Guajira, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, participó de la audiencia pública convocado por la Corte Constitucional para abordar las problemáticas apremiantes que afectan a esta región.
La crisis humanitaria en La Guajira, agravada por el cambio climático y el fenómeno de El Niño, ha llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH a declarar medidas cautelares para garantizar el acceso al agua potable y seguridad alimentaria en comunidades, especialmente en el Pueblo Indígena Wayúu. Además, la Corte Constitucional ha advertido la falta de garantía de los derechos fundamentales en el departamento.
El cambio climático ha generado situaciones excepcionales que justifican la declaratoria de un estado de emergencia. Camilo Niño, enfatizó que este enfoque es crucial para contrarrestar los efectos del cambio climático que amenazan los derechos fundamentales de los pueblos, incluyendo el derecho a la vida, alimentación, salud, ambiente sano y agua.
En este contexto, la seguridad jurídica de los territorios es una preocupación central. La falta de acceso a tierras y la inseguridad jurídica son desafíos que enfrentan los Pueblos Indígenas del país. Ante esta realidad, la implementación del Decreto 1273 del 31 de julio de 2023, expedido por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es urgente para avanzar en la formalización de los territorios indígenas en Colombia.
Los estándares de garantía del derecho a la participación real y efectiva de los pueblos ancestrales en estados de emergencia económica, social y ecológica deben asegurar la autonomía y participación indígena. Por otro lado, Camilo Niño resaltó la importancia de abordar estas problemáticas estructurales de manera integral, de involucrar a las comunidades indígenas en el diseño y ejecución de políticas públicas que se garantice la protección de sus derechos fundamentales y territoriales.
En conclusión, este encuentro marcó un paso importante hacia la atención de la crisis en la Guajira, pero también resaltó la importancia y necesidad de ir más allá de las soluciones temporales y responder con políticas públicas y acciones estructurales que garanticen la protección de los derechos de los pueblos originarios, lo que representaría una transformación real y duradera en La Guajira y el país, donde defender los territorios, es defender la vida misma.
Revive aquí, la intervención de Camilo Niño, en la Corte Constitucional:
La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, rechazamos el asesinato de Luis Eduardo Timana García, ex autoridad del resguardo indígena Kwet Wala de Pradera en el departamento del Valle del Cauca, líder de la Asociación Nasa y candidato al concejo municipal del Pradera.
De acuerdo con el comunicado de la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca, el viernes 4 de agosto, siendo las 8:24, fue asesinado Luis Eduardo Timana García, cuando se dirigía junto con su esposa a la comunidad del Nogal resguardo de Kwet Wala en el municipio de Pradera. En el trayecto fue interceptado por dos hombres en motocicleta quienes le disparan en varias ocasiones causándole la muerte. Luis Eduardo había sido amenazado mediante panfletos en días pasados por las Águilas Negras y la Nueva Marquetalia.
Desde la Secretaria Técnica Indígena nos solidarizamos con la familia de Luis Eduardo Timana García, y la comunidad del pueblo Nasa en el Valle del Cauca. Además, reiteremos el llamado que hacemos al Gobierno Nacional para encontrar una salida al flagelo del conflicto armado que hoy se ha convertido en un círculo vicioso difícil de romper. Insistimos a aperturar de manera rápida un camino real que nos lleven a un cese al fuego definitivo que actualmente atenta contra el derecho a la vida, la libre movilidad y la cotidianidad de nuestros líderes en el territorio nacional.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su Secretaria Técnica Indígena (en adelante CNTI- STI respectivamente) insiste en el llamado al gobierno nacional para dar claridad sobre la gestión realizada por parte de la Agencia Nacional de Tierras (en adelante ANT) con relación a las hectáreas formalizadas de territorios indígenas en lo que va en el gobierno actual. Frente a lo cual expone los siguientes puntos, respecto de los cuales es necesario se hagan las correspondientes claridades y precisiones, a saber:
(I) Existe una falta de coincidencia de las cifras reportadas y presentadas por parte de la -ANT en diferentes escenarios, y las presentadas por Presidencia en marzo de 2023:
El 01 de marzo de 2023, la ANT anuncio a través de sus redes sociales la entrega de 826.340 hectáreas a comunidades indígenas. De igual forma, el día 10 de marzo, Presidencia de la República informó la entrega de 910.893 hectáreas formalizadas en favor de pueblos indígenas. Reportes que evidencian discordancias entre lo señalado por estas dos entidades.
Para el 14 de julio de 2023, en el marco de la segunda sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el director de la ANT, Gerardo Vega Medina, señaló que a la fecha 854.811 hectáreas habían sido entregadas- formalizadas a pueblos indígenas.
Posteriormente el 1 de agosto de 2023, en la mesa técnica de revisión y análisis de cifras en el seguimiento del compromiso No. 9 de la II sesión mixta de la CNTI del 2023, se informó que con corte al 27 de julio, entre entrega, registro y nuevos actos administrativos que se han formalizado alrededor 777.436 hectáreas.
Estos datos dan cuenta de la falta de coincidencia de lo reportado y presentado por parte de la ANT respecto del número real de hectáreas formalizadas a pueblos indígenas. Sobre este punto la STI-CNTI ya ha advertido que la ausencia de rigurosidad y precisión en el reporte de cifras de formalización de territorios puede generar conflictos entre las organizaciones indígenas y otros sectores sociales sujetos de la reforma agraria.
(II) La ANT reporta en la gestión de la formalización de territorios indígenas, la entrega material y protocolaria de las resoluciones:
En la mesa técnica de revisión y análisis de cifras del 1 de agosto, la ANT indica que en el conteo total de hectáreas formalizadas se han sumado los actos administrativos de constitución y ampliación entregados de forma material a las comunidades indígenas, dejando a un lado el hecho de que dichas resoluciones fueron expedidas e inscritas ante las ORIP en gobiernos anteriores, siendo esta una actividad de entrega protocolaria que aunque celebramos, no está establecida en el proceso de formalización de territorios indígenas. Sin embargo, sobre esa gestión de entrega protocolaria, la ANT reportó a la STI-CNTI, en el marco de la mesa técnica de revisión y análisis de cifras que fue realizada el pasado 1 de agosto, un total de 580.516, 76 hectáreas entregadas.
Es importarte reiterar que no obstante reconocer su impulso institucional en la materia, se requiere que la ANT, en sus reportes de gestión y avance sobre la formalización de territorios indígenas en el país, especifique en cada una de sus socializaciones la cifra correspondiente a la entrega protocolaria de títulos, pues esta corresponde al 74 % de la gestión anunciada, y solo el restante 26%, correspondería a expedición y registro de actos administrativos realizados en lo que va del actual periodo de gobierno.
(III) No existe claridad frente a la gestión de las hectáreas que hacen parte de la reforma agraria del actual gobierno y la reforma rural integral del Acuerdo Final para la Paz:
La ANT no cuenta con información clara y diferenciada del número de hectáreas que están siendo formalizadas mediante la implementación de la política de Reforma Agraria de la administración actual, de las que corresponderían al número de hectáreas formalizadas en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral que es parte del compromiso de implementación tanto del punto 1 como del capítulo étnico que están contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Y por lo mismo, la agencia no ha logrado determinar y comunicar de manera clara y oportuna qué cifras corresponden a cada una de las dos reformas en mención, lo cual genera serias dificultades al ejercicio del seguimiento de avances diferenciados en la materia.
(IV) No hay precisión sobre los criterios y/o mecanismos institucionales con el que cuente la Agencia Nacional de Tierras para el reporte y seguimiento de las cifras para evitar una posible doble contabilidad:
En la mesa técnica de seguimiento que fue celebrada el pasado 1 de agosto, la ANT informó a la STI-CNTI que actualmente se encuentra actualizando el Protocolo Interno de Reporte de Información, razón por la cual de las 777.436 hectáreas reportadas en ese espacio (con corte al 27 de julio), se incluyen hectáreas de: (I) actos administrativos registrados y pendiente de registro gestionados en este gobierno; (II) actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro y; (III) actos administrativos entregados materialmente.
Lo anterior evidencia que la ANT no tiene certeza de los actos administrativos de formalización que efectivamente están registrados, dado que está reportando las resoluciones entregadas de forma material y que actualmente se encuentran en el proceso de gestión del registro.
Ejemplo de ellos, es el caso del Resguardo Indígena de Chiasalu del pueblo indígena Wayuú, cuyo acto administrativo fue proferido por la ANT el 28 de junio de 2023, con un área de 27 ha, + 2948 m2, que suma en la categoría de actos administrativos gestionados en el gobierno del presidente Petro pendiente de registro. A su vez, este caso, también se registra en el conteo de la entrega material de dicho título que fue realizada el mismo día según la matriz entregada por la agencia en la mesa técnica del 01 de agosto; lo que le lleva a incurrir en una doble contabilidad con relación a las hectáreas formalizadas para pueblos indígenas.
Por lo anteriormente expuesto, desde la STI-CNTI se reitera el llamado a la Agencia Nacional de Tierras, para que ofrezcan a la opinión pública, un mayor nivel de precisión respecto a las cifras reales que corresponden a los avances en el proceso de formalización de territorios indígenas en lo va durante el periodo de gobierno actual, diferenciándolas de las gestiones que fueron adelantadas y finalizadas durante gobiernos anteriores, dado que la información presentada de esta manera, genera fuertes implicaciones políticas.
Para ampliar información remitirse al siguiente artículo en donde encontrará el seguimiento realizado por parte de la Secretaría Técnica Indígena a los reportes de formalización territorial de pueblos indígenas durante el gobierno de Gustavo Petro.
Durante el mes de abril del año en curso, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (STI-CNTI) hizo público un comunicado en el que expuso la ausencia de veracidad en la socialización de cifras respecto a los procesos de formalización de territorios de los pueblos indígenas anunciadas por el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en cabeza de su director Gerardo Vega. A este llamado, recientemente se han sumado otros, como el de la actual ministra de agricultura Jhenifer Mojica, quien ha advertido que las cifras expuestas por la ANT no estarían en correspondencia con los logros realizados por el actual gobierno en el marco de la reforma agraria.
En este contexto de discusión, la STI-CNTI, reitera el llamado al gobierno nacional para que precise las cifras reportadas en relación a las acciones realizadas durante el mandato de Gustavo Petro en materia de formalización de territorios indígenas. Ello por cuanto como se podrá observar en el siguiente análisis, realizado sobre las cifras relativas a la formalización de territorios indígenas que han sido reportadas por la propia ANT a la STI- CNTI, estas siguen presentando inconsistencias que aún no han sido subsanadas, y corren el riesgo de confundir a la ciudadanía en su ejercicio de valoración y contrastación de los avances que en materia de formalización de territorios indígenas han sido logrados por el gobierno actual, en comparación con lo realizado por gobiernos anteriores.
Como antecedente, es importante recordar que en el marco del evento “Colombia, un país diverso y multiétnico: formalización de territorios indígenas e intercambio de saberes ancestrales”, realizado el 4 de octubre de 2022 en la ciudad de Bogotá, la ANT le anunció al país la entrega de resoluciones de constitución y/o ampliación de 10 resguardos indígenas ubicados en varios departamentos del país, los cuales correspondían a un total de 297.482 hectáreas con 6.273 metros cuadrados (Ver tabla 1).
Tabla 1: Resguardos formalizados presentados en el evento “Colombia, un país diverso y multiétnico”.
*Nota: Del número total de área a titular entiéndase 297.482 hectáreas mas 6.273 metros. Fuente: ANT (octubre de 2022)
Previo a la presentación de nuestro análisis sobre las cifras reportadas por la agencia, es importante señalar que el procedimiento que se adelanta para la formalización de los territorios indígenas en Colombia, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto 2164 de 1995 (compilado en el Decreto 1071 de 2015), señala que las providencias de constitución, ampliación o reestructuración de resguardos que sean expedidas por la Junta Directiva de la autoridad de tierras de la nación (ANT), una vez queden en firme, deberá ordenarse su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) que corresponda al lugar de su ubicación, siendo esta la última actividad que cierra el trámite de formalización de los territorios indígenas.
Lo anterior significa, que existen dos momentos claves en el cierre de la actuación administrativa: la expedición del título (acto administrativo) por parte de la junta directiva de la autoridad de tierras, el cual debe ser notificado y publicado en el Diario Oficial; y el registro de ese título ante la ORIP que le sea competente, en aras de solemnizar el derecho a la propiedad colectiva indígena.
En este sentido, el acto de entrega de resoluciones de constitución y ampliación a las comunidades indígenas, es una actividad protocolaria que no está determinada dentro del procedimiento administrativo establecido para la formalización. No obstante, si es de resaltar que obedece a una buena práctica implementada por la autoridad agraria para con las comunidades y los pueblos indígenas que sean atendidos en el marco de sus competencias legales.
Si bien valoramos positivamente esta entrega de títulos a las comunidades una vez estos son registrados ante la ORIP competente, ello no significa que el procedimiento de formalización se materialice con dicha actividad; ello en tanto que el derecho a la propiedad en Colombia se consolida con el debido registro en las oficinas de instrumentos públicos.
Ahora bien, llama la atención que los resguardos vinculados en el evento de entrega del 4 de octubre de 2022 (Tabla 1) cuentan con actos administrativos de constitución o ampliación que fueron expedidos entre diciembre de 2021y el 30 de junio de 2022, es decir, antes de darse inicio al actual periodo de gobierno.
De este grupo de actos administrativos, según información reportado por la ANT, sólo uno cuenta con registro ante la ORIP, es el caso del Resguardo de Quintín Lame ubicado en el municipio de Ortega (Tolima), el cual, además, fue inscrito en la ORIP el 12 de julio de 2022, también con anterioridad al inicio del actual gobierno.
Validado la información consultada en la Ventanilla Única de Registro de la Superintendencia de Notariado y Registro (VUR), se halló que, de estos 10 resguardos, dos cuentan con fechas de registro del 12 de agosto de 2022 y uno del 24 de agosto de 2022, es decir, en el marco del presente gobierno; mientras que en los seis restantes, el registro se logró entre febrero y agosto de 2022 en el periodo del gobierno anterior.
Posterior a este acto de entrega, en noviembre de 2022, al cierre de los primeros cien (100) días del gobierno Petro, la ANT anunció en la ciudad de Valledupar, la formalización de 276 mil hectáreas de tierras en el marco de lo que fue presentado por la entidad como “la titulación masiva de comunidades étnicas más grande que se haya realizado hasta ahora”. En este acto, se hizo la entrega de las resoluciones de constitución o ampliación de lo que en su momento se anunció que involucraba a 32 resguardos indígenas.
Una vez más aclaramos, que los resguardos involucrados según la información reportada por la ANT a la STI-CNTI, además de responder al listado de 31 y no 32 resguardos como lo anuncia la publicidad, hacían referencia a predios que también habían sido formalizados en gobiernos anteriores como son los casos del resguardo Naexal Lajt ubicado en el municipio de Mapiripan, Meta y el resguardo El águila del municipio de Belén de los Andaquíes en Caquetá. Ambos con actos administrativos que fueron adoptados en el año 2019.
Con estos dos anuncios presentados a la opinión pública entre octubre y noviembre de 2022, se dio a entender que se trataría de al menos 573.000 hectáreas formalizadas para pueblos indígenas en el marco del presente gobierno.
Este último anuncio llevó a que en el marco de la sesión formal de la CNTI del 11 de noviembre de 2022, las organizaciones indígenas en el marco de la CNTI y su secretaria Técnica Indígena realizara un llamado al gobierno nacional para que aclarara la información relativa a la formalización de los territorios indígenas, señalando que esos 32 resguardos que habían sido anunciados como formalizados por el actual gobierno, no se correspondían con la realidad, en tanto correspondían a gestiones gubernamentales y de los pueblos indígenas que fueron realizadas en vigencias anteriores.
Posteriormente, y a pesar del llamado realizado desde la STI de la CNTI al gobierno en el sentido de ofrecer mayor precisión a la hora de mostrar sus logros, el 1 de marzo del 2023, nuevamente la Agencia Nacional de Tierras anunció la entrega de 826.340 hectáreas a comunidades indígenas, y seguido de ello, el día 16 de marzo, la Presidencia de la República informó a la opinión pública la entrega de 910.893 hectáreas formalizadas en favor de los pueblos indígenas. Reporte que además indicaba un contraste notorio, con relación al muy bajo reporte de formalización de tierras y territorios en favor de la población afro y campesina. A continuación, puede verse la diferencia entre el reporte de cifras que fue presentada en redes sociales por parte de la Agencia Nacional de Tierras, y como este reporte se diferencia del presentados solo 15 días después en las redes sociales de la presidencia de la República.
Publicidad marzo 1 de 2023 Publicidad del marzo 16 de 2023
Es preciso destacar que, si bien ambos reportes, el de la agencia (el 1 de marzo) y el de presidencia (el 16 de marzo) se refieren a ¨entregas¨, en un posterior reporte realizado por la ANT en ese mismo mes, la Agencia informó que a esa fecha había adelantado la formalización de tierras a beneficio de comunidades campesinas, negras e indígenas, últimas de las que reportó un total de 910.893 hectáreas como formalizadas, dificultando la distinción entre lo que se entiende por la entrega de los títulos de propiedad, de la formalización propiamente dicha y realizada por el actual gobierno.
Recientemente, en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, realizada el 14 de julio de 2023, el director de la ANT, Gerardo Vega Medina, presentó los avances de la ANT durante el gobierno actual en materia de formalización de territorios indígenas. En ese espacio, las cifras presentadas por Vega Medina, indicaban la formalización de un total de 854.811 hectáreas en beneficio de los pueblos indígenas, tal y como puede apreciarse en la tabla siguiente.
Tabla 2: Cifras de hectáreas formalizadas a comunidades indígenas según reporte de la ANT del 14 de julio de 2023.
Fuente: Diapositiva presentada por el director de la ANT Gerardo Vega en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, 14 de julio de 2023.
Con base a este último reporte y según el director de la ANT, a fecha del 14 de julio de 2023, se había formalizado un número importante de hectáreas a beneficio de las comunidades indígenas (854.811 hectáreas). Sin embargo, al contrastar estas cifras con la información entregada (con corte del 27 de julio de 2023) en el marco de la Mesa Técnica para Revisión y Análisis de Cifras que fue desarrollada en las instalaciones de la ANT el día 01 de agosto, podemos dar cuenta que, desde el inicio del periodo de gobierno actual han sido expedidos 26 actos administrativos tendientes a la formalización de territorios indígenas, 14 de ellos correspondientes a casos de constitución de resguardos y otros 12 más para lograr su ampliación, los que suman un total de 174021 hectáreas + 4901 metros cuadrados. Cifra que finalmente sería la que el actual gobierno podría presentar como parte de su gestión en términos de formalización de tierras para pueblos indígenas. Es de resaltar que 14 de estos 26 actos administrativos expedidos ya se encuentran debidamente registrados ante la ORIP competente.
Ahora bien, llama la atención que, en la matriz entregada por la ANT en la mesa técnica a la que se ha hecho mención, se evidencian tres momentos diferentes que se incluyen en el conteo general para el reporte de cifras; estos momentos son: (i) actos administrativos registrados y pendiente de registro gestionados en este gobierno; (ii) actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro y; (iii) actos administrativos entregados materialmente.
Teniendo esto claro, según la ANT, la cifra que se corresponde con el primer momento sería la que se mencionó anteriormente de 174021 hectáreas + 4901 metros cuadrados; para el segundo momento sería la cifra de 22.898 hectáreas + 6066 metros cuadrados; y para el tercer momento la cifra es la de 580.516 hectáreas con 7.645 metros cuadrados. En suma, en el marco de la Mesa Técnica de Revisión de Cifras, el número de hectáreas reportadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras sobre las cuales el gobierno de Gustavo Petro ha tenido algún tipo de gestión, ya sea tendiente a la formalización y que incluye la entrega protocolaria de títulos, es de 777.436 hectáreas + 8612 metros cuadrados.
A simple vista se puede observar que este número es mucho menor al reportado por el director de la ANT Gerardo Vega el pasado 14 de julio en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, haciendo la salvedad de que también se está presentando un doble conteo entre los tres momentos que la Agencia se encuentra diferenciando. Como ejemplo de ello, está el caso del Resguardo Indígena Intillagta del pueblo Yanacona, o el caso del Resguardo Indígena Mandiyaco del pueblo Inga, los cuales están siendo contabilizados dentro del conteo de actos administrativos expedidos en anteriores gobiernos y registrados en el gobierno Petro, y también siendo contabilizados dentro de los actos administrativos entregados materialmente.
Igual situación se presenta con actos administrativos que están siendo expedidos y entregados sin haber culminado el proceso de registro, tal como lo es el caso del Resguardo Indígena de Chaisalu del pueblo Wayuu, cuyo acto administrativo fue expedido el 28 de junio de 2023, y según los datos aportados por la ANT en el marco de la Mesa Técnica de Revisión de Cifras, fue entregado materialmente el mismo 28 de junio de 2023, sin que haya evidencias de que se haya culminado el proceso de registro.
En ese mismo sentido, otro punto que genera preocupación es el hecho de que la ANT no cuenta con información clara y diferenciada del número de hectáreas que están siendo formalizadas mediante la implementación de la política de Reforma Agraria de la administración actual, de las que corresponderían al número de hectáreas formalizadas en el marco de la implementación de la Reforma Rural Integral que es parte del compromiso de implementación tanto del punto 1 como del capítulo étnico que están contenidos en el Acuerdo Final de Paz. Y por lo mismo, la agencia no ha logrado determinar y comunicar de manera clara y oportuna qué cifras corresponden a cada una de las reformas en mención, lo cual genera serias dificultades al ejercicio de seguimiento de avances diferenciados en la materia. Tema al que habría de agregarse que en el marco de la consulta previa que fue realizada al Decreto Ley 902 de 2017, se incorporó una salvaguarda en favor de los pueblos indígenas en su artículo 22, en el que se definen las tierras y territorios indígenas que habrán de ser parte del Fondo Nacional de Tierras solo para efectos de su administración, y que por lo mismo no podrían ser contabilizadas dentro de la meta de adjudicación de las 3 millones de hectáreas provenientes del Fondo, ni de las 7 millones e destinadas a formalización, según lo establecido en el Acuerdo Final.
Por lo anteriormente expuesto, desde la STI-CNTI se quiere reiterar el llamado que desde noviembre de 2022 se ha hecho al gobierno nacional, al Ministerio de Agricultura y a la Agencia Nacional de Tierras, para que ofrezcan a la opinión pública, un mayor nivel de precisión respecto a las cifras reales que corresponden a los avances en el proceso de formalización de territorios indígenas en lo va durante el periodo de gobierno actual, diferenciándolas de las gestiones que fueron adelantadas y que finalizaron con la formalización de territorios indígenas durante gobiernos anteriores.
Es claro que, en algunos casos, las nuevas administraciones recogen la cosecha de las gestiones que previamente pudieron ser adelantadas por administraciones pasadas, razón por la cual incluso es necesario que exista un mayor nivel de claridad respecto a esta información que se comparte a la ciudadanía, a fin de mejorar el seguimiento a las políticas públicas mediante las que se espera un significativo avance en la garantía y materialización del derecho a la tierra y al territorio en Colombia. Y por lo mismo, evitar malentendidos que puedan generar posibles e innecesarios conflictos y tensiones entre la población indígena y otros sectores de la sociedad, a razón del contraste y el malentendido de las cifras.
Los acuerdos están relacionados con temas estructurales para agilizar los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios. Así mismo, el avance en el tema presupuestal para las garantías de los derechos territoriales de los pueblos ancestrales, fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica SIG, el Plan de descongestión y de choque que tiene el Gobierno Nacional frente a los casos de enfrascamiento de las solicitudes de formalización.
estado presentando de manera mensual. Así mismo, el plan de descongestión el cual no tuvo respuesta en la segunda sesión y del que se espera se logre avanzar sobre el número de solicitudes que se han radicado en el Ministerio del Interior en los temas de ampliación y constitución de los territorios ancestrales.
La adecuación institucional para el fortalecimiento de las capacidades administrativa, financiera, técnica y humana con el fin de resolver con celeridad, calidad y oportunidad las solicitudes de los pueblos indígenas. Por último, el seguimiento del casos Barrulia donde la Unidad de Restitución de Tierras, presentará el informe técnico realizado por el equipo de la Dirección de Asuntos Étnicos para la viabilidad de la solicitud de la medida cautelar para las comunidades indígenas de Barrulia, Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael de Warrojo del pueblo Sikuani.
(I) Existe una falta de coincidencia de las cifras reportadas y presentadas por parte de la -ANT en diferentes escenarios, y las presentadas por Presidencia en marzo de 2023:
*Nota: Del número total de área a titular entiéndase 297.482 hectáreas mas 6.273 metros. Fuente: ANT (octubre de 2022)
Fuente: Diapositiva presentada por el director de la ANT Gerardo Vega en el marco de la Segunda Sesión Mixta de la CNTI, 14 de julio de 2023.