Comunicado a la opinión pública en defensa del Derecho fundamental a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado

Comunicado a la opinión pública en defensa del Derecho fundamental a la Consulta Previa y al consentimiento previo, libre e informado

Congresistas de la Circunscripción Especial Indígena y organizaciones étnicas del país expresamos públicamente nuestro rechazo al proyecto de ley estatutaria N° 442 de 2020 “Por el cual se regula el derecho fundamental a la consulta previa y se dictan otras disposiciones”

El derecho fundamental a la Consulta Previa y el Consentimiento Previo, Libre e Informado hace parte esencial del reconocimiento de la diversidad de los pueblos y comunidades étnicas; por medio de este derecho colectivo se materializa nuestra expresión social, política, cultural y espiritual, así como el autogobierno, los derechos territoriales y otros derechos colectivos.

En Colombia hemos allanado distintos escenarios para defender este derecho fundamental y evitar que sea instrumentalizado o reducido a un procedimiento: desde la movilización social y popular como expresión propia de nuestros pueblos, hasta el litigio jurídico en cortes nacionales e internacionales para salvaguardar este y otros derechos. Contamos con instancias de interlocución y Diálogo de Gobierno a Gobierno: Gobierno Propio Indígena y Gobierno Nacional, como la Mesa Permanente de Concertación (MPC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y mesas regionales representativas de comunidades y pueblos indígenas. También hacemos parte de la Circunscripción Especial Indígena en el Congreso de la República y, desde esta tribuna, protegemos los intereses de quienes decidieron que les representemos.

Comunicado oficial

Una vez más el Gobierno nacional les incumple a los Pueblos Indígenas y viola las garantías a sus derechos fundamentales

Una vez más el Gobierno nacional les incumple a los Pueblos Indígenas y viola las garantías a sus derechos fundamentales

Denuncian que el catastro multipropósito se está realizando sin surtir el proceso de consulta previa, situación que genera graves afectaciones territoriales.

 Piden medidas provisionales para suspender la implementación de la política pública y así evitar daños y afectaciones a los Pueblos Indígenas por el incumplimiento de los acuerdos suscritos con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC).

Bogotá, marzo 31 de 2021

A más de tres meses de haber acordado con el gobierno de Iván Duque la ruta de la consulta previa para la implementación del catastro multipropósito en los territorios indígenas, el Ministerio del Interior, el DNP, la Presidencia de la República, el IGAG y las entidades responsables, incumplen lo acordado en la sesión mixta de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) con la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y expone a las comunidades indígenas a situaciones que pueden favorecer el despojo de sus tierras.

Aunque en diciembre de 2020, el viceministro del Interior, Carlos Alberto Baena, y la consejera presidencial para la gestión y el cumplimiento, Alejandra Botero, acordaron con las organizaciones indígenas respetar y garantizar el proceso de consulta previa, libre e informada para su aplicación en los territorios, ese derecho fundamental se está violando.

La propuesta inicial del Gobierno fue “socializar” la guía metodológica para la implementación del catastro multipropósito; sin embargo, la exigencia de los Pueblos Indígenas es que se adelante Consulta Previa. Después que los Pueblos Indígenas expusieron las diferentes afectaciones directas y la vulneración a derechos fundamentales, el Gobierno acepta construir una ruta de consulta previa. “Se busca que se pueda adelantar con toda la responsabilidad y celeridad”. Ello, “teniendo en cuenta la trascendencia de esta política pública, como tema prioritario para el presidente Duque”, expresó en diciembre el viceministro Carlos Baena, pero no cumplió.

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Comunicado a la opinión pública-Históricos fallos de tutela reconocen y amparan derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Embera Katío y Los Pastos en Córdoba y Nariño

Comunicado a la opinión pública-Históricos fallos de tutela reconocen y amparan derechos colectivos de los Pueblos Indígenas Embera Katío y Los Pastos en Córdoba y Nariño

31 de marzo del 2021

Las ordenes determinan que la Agencia Nacional de Tierras debe concluir y decidir de fondo las solicitudes de titulación de los resguardos Dochama y La Montaña, cuya formalización se ha dilatado administrativamente por 42 y 8 años para cada caso.

Los jueces le advierten a la Agencia Nacional de Tierras que debe formalizar territorios colectivos para el ejercicio de la autodeterminación, autonomía y goce efectivo de los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas. Exponen, además, que la Agencia Nacional de Tierras debe ceñirse al cumplimiento de los pasos establecidos para el procedimiento de constitución de Resguardos establecidos en La Ley.

En los fallos enfatizan que la Agencia Nacional de Tierras y la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior han obstruido injustificadamente la culminación del proceso, indagando sobre situaciones asociadas a la presencia de grupos armados, minas antipersona y cultivos de uso ilícito, factores que, si bien resultan importantes, no se encuentran asociados con los requisitos para acceder a la formalización del territorio, constituyéndose en una ‘doble carga y en la revictimización’ de las comunidades.

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Las Organizaciones Indígenas Nacionales rechazamos vehemente el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de enfoque étnico en el Centro Nacional de Memoria Histórica

Las Organizaciones Indígenas Nacionales rechazamos vehemente el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de enfoque étnico en el Centro Nacional de Memoria Histórica

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Bakatá, 6 de marzo de 2021. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación en representación de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana (OPIAC),  Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO por la Pachamama y Autoridades Indígenas Tradicionales de Colombia-Gobierno Mayor, expresamos nuestro RECHAZO por el nombramiento del señor Juan Carlos Pulido como coordinador de Enfoque Étnico del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).

El señor Juan Carlos Pulido en su calidad de asesor y coordinador de Consenso Social en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), fue protagonista de un acto de racismo y desprecio en contra de los Pueblos Indígenas; el hecho fue evidenciado y repudiado públicamente en el marco de una reunión virtual de espacio mixto entre el Gobierno nacional y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), el pasado 19 de marzo de 2020.

No es nuevo que el Gobierno nacional en la contratación de funcionarios públicos a cargo de la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, nombre a personas que no responden a los criterios de responsabilidad, idoneidad y experticia que implica el manejo del enfoque diferencial en las instituciones públicas. Ante esta grave y reiterada situación EXPRESAMOS que, la llegada a este cargo de una persona abiertamente racista y que no reconoce nuestra existencia diversa, se traduce en un riesgo para la garantía efectiva de nuestros derechos como Pueblos indígenas, en contravía de los estándares internacionales, amenazando además el acceso a justicia y la eficacia de los mecanismos disciplinarios y diferenciales cuyo objetivo debe ser la eliminación de cualquier forma de racismo estructural e institucional, además de ser una burla para nuestras comunidades.

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Comunicado a la opinión pública: Los Pueblos Indígenas no somos terratenientes, somos los guardianes de los territorios con mayor diversidad y vida en el país

Comunicado a la opinión pública: Los Pueblos Indígenas no somos terratenientes, somos los guardianes de los territorios con mayor diversidad y vida en el país

12 de noviembre de 2020 

En un contexto marcado por la pandemia de la COVID-19 que aqueja a la población mundial, se exacerba cada vez más la violación a nuestros derechos territoriales y la estigmatización de nuestros procesos de reivindicación y organización. 

El aumento de las masacres, especialmente en contra de los pueblos Awá, Nasa y Zenú, el asesinato selectivo contra 74 miembros de comunidades indígenas desde el inicio del confinamiento a la fecha, el acaparamiento de tierras, el impulso de iniciativas gubernamentales que son violatorias de nuestros derechos fundamentales y ahora la criminalización y la estigmatización de nuestro derecho constitucional de la protesta pacífica, en el marco de la Minga Indígena, realizada en el mes de octubre, en su camino reivindicativo por la vida, el territorio, la paz y la democracia, y como parte del llamado al diálogo al Gobierno nacional, configuran una crisis humanitaria sin precedentes en las últimas décadas en el país.

La Minga indígena que partió desde el departamento del Cauca hacia la ciudad de Bogotá, convocó masiva, organizada y pacíficamente a más de 10.000 comuneros de todos los pueblos indígenas del país y, que en un acto político contó con el apoyo y acompañamiento de la ciudadanía. 

Así, en el marco de estas movilizaciones, en ejercicio de nuestro derecho fundamental a la protesta y a la libre asociación, diferentes sectores económicos con intereses políticos particulares difamaron y divulgaron afirmaciones falsas, dañinas y perjudiciales para nuestras comunidades y para la Minga; argumentaron que nuestros procesos organizativos están articulados a grupos armados en los territorios y que, incluso, nuestros mingueros pertenecen a estos grupos al margen de la ley. También señalaron los desplazamientos de la Minga por la Vida como un foco de contagio del virus para los mingueros, con la pretensión de sabotear la organización y movilización social. 

Además, algunos sectores políticos y gremios económicos afirmaron que los pueblos indígenas somos acaparadores de tierras, prácticamente terratenientes, que no aportamos al crecimiento económico del país y sugirieron con esto que no deberíamos solicitar la protección jurídica que necesitan nuestros territorios. 

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Denuncia por el incumplimiento de la consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Denuncia por el incumplimiento de la consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Bogotá, 4 de noviembre de 2020

 

Señor

RODOLFO ZEA NAVARRO

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

Bogotá, D.C.

 

Asunto: Denuncia incumplimiento de consulta previa acordada para la creación de un procedimiento especial para la clarificación de resguardos de origen colonial y republicano

Como delegados ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamama, Autoridades Indígenas tradicionales de Colombia – Gobierno Mayor, mediante la presente comunicación queremos expresar nuestra inconformidad con la reunión de socialización a la que de manera improvisada se ha convocado el día de mañana 5 de noviembre de 2020 por parte de Wilber Jairo Vallejo Bocanegra Director de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural, y Uso Productivo del Suelo del Ministerio de Agricultura para discutir el proyecto de decreto “Por el cual se adiciona el Capítulo 6 al Título 7 de la Parte 14 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015, para la clarificación de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano de los resguardos indígenas”.

Hemos sido muy claros en las distintas sesiones de concertación nacional en que se ha tratado este tema en reiterar que la expedición del decreto para la clarificación legal de los resguardos de origen colonial y republicano fue un compromiso adquirido por el Gobierno Nacional a través de un proceso de consulta previa acordado en acta de 28 de diciembre de 2017 en sesión de la Mesa Permanente de Concertación- MPC. Este compromiso además responde a obligaciones del Estado colombiano de cara a los tratados internacionales de derechos humanos de los pueblos indígenas, a la Constitución Política y al componente étnico del Acuerdo de Paz.

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