por Prensa CNTI | May 15, 2023 | Nota de prensa, Comunicados, Comunicados y Declaraciones
La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, rechaza los actos violencia que se presentan en el departamento del Cauca. El primero se presentó en la sede del Cabildo San Lorenzo, ubicada en el perímetro urbano de la cabecera municipal de Caldono. El segundo, el asesinado del comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo de 24 años edad en López Adentro y tercero la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, exactamente en el kilómetro 37 vía Gabriel López, municipio de Tororó.
Según denuncia de las autoridades indígenas, el primero hecho se presentó aproximadamente a eso de las 12:50 de la madrugada del día 14 de mayo del presente año, al parecer por integrantes de grupos armados al margen de la ley, quienes atentan contra la casa sede del Cabildo Indígena de San Lorenzo de Caldono. Cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le propinan 11 disparos a la puerta principal que da acceso hacia la sede, ocasionando daños materiales de consideración. Afortunadamente a esa hora no había personas en la sede del cabildo y por tanto solo se presentaron daños materiales.
El segundo, según denuncia de la autoridad del territorio Indígena de López Adentro sucedió el día domingo 14 de mayo, aproximadamente 1:10 de la tarde, donde fue asesinado el comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo, de 24 años edad, mientras se encontraba en un establecimiento público departiendo licor en el corregimiento de Huasanó, municipio de Caloto, Cauca. Hasta este sector llegaron hombres armados quienes lo interceptaron y posteriormente lo obligaron a subirse en un vehículo rojo sin placas, el cual tomó rumbo por la vía que comunica hacia Corinto, Cauca. Según información recolectada por autoridades indígenas, minutos después es hallado el cuerpo sin vida del joven Brayan, a un costado de la vía con quince impactos de balas.
El tercero, ocurrió el día 15 de mayo, donde se reportó la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, más exactamente en el kilómetro 37, vía Gabriel López municipio de Totoró, denunciaron las autoridades del pueblo Totoroez.
Cabe recordar que las autoridades tradicionales en el departamento del Cauca, han sido amenazadas por los grupos armados por su ejercicio de control territorial en aras de preservar la armonía y la tranquilidad de las comunidades. En ese sentido, los actos de violencia que se viene presentando en las comunidades, es una muestra más de la vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, pues el regreso y el recrudecimiento del conflicto armado ha generado un desequilibrio territorial, colocando en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas.
Las autoridades ancestrales de los diferentes territorios del Cauca, han denunciado en repetidas ocasiones las problemáticas que padecen, sin embargo, no han sido escuchadas y el conflicto armado se agudiza cada vez más, generando una crisis humanitaria, puesto que en lo que va transcurrido de este año se han presentado diferentes hechos de violencia, lo cual ha generado zozobra y miedo en la población.
Desde este espacio hacemos el llamado al Gobierno Nacional, los organizamos de derechos humanos y la presencia de la comunidad internacional para que acompañen a las comunidades que últimamente han sido escenario de confrontaciones armadas y atentados que ocasionan toda clase de vulneraciones a los derechos humanos y desarmonías en sus territorios.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 13, 2023 | Comunicados y Declaraciones, Nota de prensa
La administración del municipio de Riohacha se encuentra realizando desalojos de comunidades Wayuú que están ubicadas en predios que constituyen sus territorios ancestrales, tradicionales e históricos. La alcaldía basa su actuar en documentación que no tiene sustento jurídico y que no acredita propiedad alguna de quienes han solicitado activar los procesos policivos.
Estos desalojos, además de ilegales y violatorios del debido proceso y demás derechos fundamentales, se hacen desconociendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T 556 de 2017 en la que en esa ocasión se le ordenó al municipio y a los inspectores de policía de Riohacha suspender la realización de actuaciones y procesos de desalojo en contra de las comunidades hasta tanto se tenga claridad sobre la titularidad de los bienes en disputa.
Además, teniendo en cuenta la condición de precariedad en la que se encuentran las comunidades indígenas que han sido víctimas de estos despojos, y que estos se realizan por fuera del marco jurídico, se observa el incumplimiento sistemático y premeditado, por parte de la alcaldía de Riohacha, de la Policía Nacional y demás entidades del orden local, regional y nacional, lo que fue ordenado por la misma Corte Constitucional en la Sentencia T 302 de 2017, por medio de la cual se decretó la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.
Estas acciones de desalojo y despojo se han adelantado con la acción violenta de la Policía Nacional de la que también han participado civiles armados, sin que las entidades del Estado que son encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos, se haya adelantado control y seguimiento alguno; lo que expuesto a las comunidades y a las familias víctimas de estas acciones, a su propia suerte y a sus agresores.
El actuar de los funcionarios de la alcaldía de Riohacha es ILEGAL y obedece a intereses que están por fuera de los mandatos constitucionales y del respeto por los derechos humanos. En ese sentido desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas solicitamos de manera urgente:
A la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional investigar y tomar las medidas necesarias para controlar el actuar ilegal y desmedido de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Riohacha, así como de los de la Policía Nacional que están involucrados en esta acción desproporcionada, que es violatoria de los derechos fundamentales de la Población Wayuú como sujeto de especial protección Constitucional.
- A la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tomar las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria que las actuaciones violentas e ilegales de los funcionarios públicos han provocado en niños, niñas, adolescentes, población adulta y en condición de discapacidad pertenecientes a las comunidades afectadas.
- A la alcaldía del municipio de Riohacha abstenerse de continuar con estas acciones de desalojo sin observancia de los derechos fundamentales de la población indígena víctima de conflicto armado y sin considerar lo ordenado por la Corte Constitucional sobre estas acciones.
Defender los territorios es defender la vida
Por: Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023
por STI | May 4, 2023 | Comunicados y Declaraciones
Desde la CNTI, rechazamos las acciones de señalamiento y discriminación contra las y los Guardias Indígenas, así como contra las autoridades indígenas que se encuentran en la ciudad de Bogotá desarrollando acciones de exigencia en el marco del legítimo derecho de la movilización.
Es preocupante que varios medios de comunicación, congresistas y actores políticos con sus comentarios o afirmaciones discriminatorios y racistas terminen poniendo en riesgo la vida y seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy están en Bogotá empuñando sus bastones de mando para exigir el cumplimiento de los derechos, como de los acuerdos pactados con el gobierno nacional en el marco de la Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Equiparar un bastón de madera con un arma de fuego, más que una comparación desproporcionada es una acción basada en el odio, el racismo y la estigmatización contra las formas propias de los pueblos indígenas para defender y reivindicar los derechos de un población históricamente marginada y excluida del resto de la sociedad Colombiana.
El bastón de mando no es un arma, sino un símbolo que representa la protección y el cuidado de los territorios y los Pueblos Indígenas de Colombia
Estos comentarios racistas y estigmatizantes han conllevado a que los pueblos indígenas se les continúe vulnerando los derechos o que terminen siendo violentados y asesinados como pasó el día 03 de mayo de 2023 con el Kiwe Thegna (guardia indígena) del Resguardo de Jambaló William Vargas Peña, asesinado por los grupos armados cuando realizaba acompañamiento a las autoridades indígenas, quienes desarrollaban una acción humanitaria en el marco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por Prensa CNTI | Mar 21, 2023 | Comunicados, Comunicados y Declaraciones
Pronunciamiento de los Pueblos y Organizaciones Indígenas frente al incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados con el gobierno nacional del Presidente GUSTAVO PETRO URREGO
Los 115 Pueblos Indígenas, hablantes de 64 lenguas y con vocería de los Pueblos Indígenas no contactados o en aislamiento voluntario, con una territorialidad legalmente reconocida en un 33% del país, con presencia en 31 Departamentos, en ejercicio de los Gobiernos Propios, en unidad espiritual y territorial con fundamento en los mandatos y principios entregados en la Ley de Origen, Derecho Mayor, Derecho Propio, Ley Natural y Palabra de Vida; representados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona (CIT), Autoridades Indígenas de Colombia AICO “Por la Pacha Mama”, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC Nacional) y el Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente (AISO), como Movimiento Indígena congregado en la Mesa Permanente de Concertación – MPC, señalamos lo siguiente: En el marco de la unidad los Pueblos Indígenas nos movilizamos y apoyamos hasta lograr la elección del presidente Gustavo Petro y respaldamos las trasformaciones sociales que requiere el país, sin embargo, hasta la fecha se han venido dando una serie de incumplimientos que no han garantizado el Buen Vivir de los Pueblos Indígenas y que por el contrario dificultan y ponen en riesgo la construcción de la Colombia pensada. Vemos con gran preocupación y rechazamos el limitado avance en la ejecución de las salvaguardas para la protección del territorio, el Gobierno Propio y la puesta en marcha de nuestros sistemas propios (salud, educación, justicia, ambiente), la lucha contra el cambio y la crisis climática, las dificultades para la construcción de la paz total y protección de los DDHH, y la falta de diálogo directo del Presidente con el Movimiento Indígena. Por lo anterior:
1. EXIGIMOS el respeto por el Consentimiento Libre, Previo e Informado y la Consulta Previa como derechos fundamentales e irrenunciables de los Pueblos Indígenas, de conformidad con lo establecido en los instrumentos internacionales en materia de derechos de los Pueblos Indígenas, esto es, el Convenio 169 de la OIT ratificado mediante la Ley 21 de 1991, la declaración de las Naciones Unidas y la declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En ese sentido solicitamos al Gobierno Nacional el levantamiento de las reservas o veto a la “Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” para que sea adoptada en su totalidad por el Estado Colombiano.
2. EXIGIMOS al Gobierno Nacional y a la Rama Legislativa RESPETAR, ACATAR, PROTEGER Y CUMPLIR los acuerdos pactados con los Pueblos Indígenas en el marco del proceso de Consulta, Previa, Libre e Informada del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Además de garantizar su implementación concertada por conducto de nuestras estructuras propias y autoridades representativas correspondientes.
3. DENUNCIAMOS las violaciones a los derechos Humanos de los Pueblos Indígenas graves y sistemáticas, van más de 500.000 víctimas Indígenas a causa del conflicto interno desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, las agresiones más recurrentes por parte de los grupos armados son las amenazas, confinamientos, los asesinatos, el reclutamiento forzado, los desplazamientos, las violaciones sexuales, los cultivos de uso ilícito, la deforestación, la minería ilegal y la contaminación con residuos y metales pesados. Por lo tanto, exigimos la protección de todas las formas de vida, la activación de las rutas propias de protección culturales, la reactivación de los diálogos entorno a la construcción de la Política Pública de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la declaratoria de emergencia y crisis humanitaria, la implementación de programas para la atención de Indígenas víctimas del conflicto armado y el cumplimiento irrestricto del capítulo étnico del Acuerdo de Paz.
4. ALERTAMOS por el incumplimiento sistemático y generalizado del Gobierno Nacional a los acuerdos suscritos, pactados y protocolizados con los Pueblos Indígenas en el marco de la MPC hasta la fecha, con relación a: la implementación de la política para la prevención del reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual de niños, niñas y adolescentes de los Pueblos Indígenas, no se presentan avances por parte del ICBF; las rutas metodológicas para la garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa en cuanto a la coordinación de la JEI con la Jurisdicción Ordinaria; la materialización de los cambios estructurales que requiere el país en la lucha contra el cambio y la crisis climática; finalmente dos de los asuntos fundamentales para nuestra pervivencia están siendo dejados al final de la agenda incumpliendo incluso los constantes acercamientos que hemos propiciado con el Gobierno Nacional en materia de salud y educación.
5. EXHORTAMOS al Gobierno Nacional a que garantice las acciones necesarias para poner en funcionamiento nuestros territorios como Entidades Territoriales, haciendo efectivo nuestro estatus como autoridades estatales, garantizando nuestra gobernabilidad y el apoyo institucional para la real implementación de los sistemas propios de educación, salud, ambiente, justicia, entre otros. Como un paso inmediato, se debe expedir la norma que reconoce competencias ambientales a los territorios Indígenas que ya han sido protocolizadas en el pasado.
6. ALERTAMOS la posible configuración de un incumplimiento al fallo judicial de la Corte Constitucional SU-245 de 2021 por la NO expedición del decreto del Sistema Transitorio de Equivalencias para los dinamizadores y educadores indígenas ya concertado y protocolizado. Así como la ausencia del Ministerio de Hacienda para abordar el componente administrativo del SEIP.
7. MANIFESTAMOS nuestra voluntad permanente e indeclinable de continuar con el diálogo constructivo, propositivo y transformador, pero no renunciamos a la movilización. Hemos confiado en que un gobierno que hace una apuesta por el cambio estará a la altura del momento histórico que vivimos, y que podremos materializar todos los acuerdos suscritos en favor de la pervivencia como Pueblos y alcanzar de manera conjunta la apuesta de la Paz Total. Seguiremos caminando la palabra convencidos de honrar las luchas históricas de nuestros Sabios, Sabias y Autoridades Tradicionales, levantando nuestra voz para forjar el presente de nuestras futuras generaciones. Invitamos al Presidente Gustavo Petro a un diálogo directo donde a partir de la palabra tejamos país.
Finalmente, hacemos un llamado a las bases del Movimiento Indígena Colombiano para que sigamos en sesión permanente desde nuestros espacios propios de gobierno, para la defensa y el cuidado de la vida de los Pueblos Indígenas de Colombia, siempre en alerta para respaldar este posicionamiento político.
#ParaElCuidadoDeLaVida #LaPalabraSeRespeta
por STI | Ene 25, 2023 | Comunicados y Declaraciones
Desde el año 2017, la comunidad de Barrulias solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la aplicación de los mecanismos que fueron establecidos en el Decreto 2333 de 2014 para la garantía de la protección y seguridad jurídica del territorio ancestralmente ocupado por el pueblo Sikuani sobre las veredas La Cristalina, Chavilonia, Nuevas Fundaciones, Rancho Alegre, San Pedro de Arimena, Casuna y El Frío en Puerto Gaitán, departamento de Meta.
Después de más de cinco años de interpuesta la solicitud y tras varias dilaciones administrativas del proceso, el día 17 de mayo del 2022 mediante Resolución 20225100110896 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT decidió no reconocer la ocupación ancestral e histórica de la comunidad de Barrulia sobre dicha zona solicitada en protección.
Esta lamentable decisión de no conceder la medida de protección de su territorio ancestral, porque al levantar la suspensión de las acciones policivas que la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán, Meta, habían establecido por supuesta “perturbación de la propiedad”, se ha puesto en riesgo todos los derechos territoriales, culturales, espirituales, políticos y económicos del Pueblo Indígena Sikuani.
La comunidad de Barrulia, al no estar de acuerdo con esta decisión, interpuso varias acciones jurídicas, entre las que se cuentan los recursos de reposición en subsidio de apelación en contra de esta resolución, la acción de tutela, y los derechos de petición solicitando la suspensión de las medidas de desalojo por perturbación a la propiedad.
Además de ello, en el mes de noviembre de 2022 y en coadyuvancia con las Organizaciones Indígenas de Colombia: Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), La Confederación Indígena Tayrona (CIT), El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se interpusieron ante la ANT sus correspondientes acciones de Revocatoria Directa, en contra de la resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani, las cuales aún no ha sido resueltas hasta la fecha.
A pesar de todas las acciones jurídicas y administrativas que se ha interpuesto, la Inspección Segunda de Puerto Gaitán Meta el día 13 de enero del 2023 emitió el Auto 003 dentro del cual se ordena el desalojo de la comunidad de Barrulias, fijado para los días lunes treinta (30) de enero, martes treinta y uno (31) de enero y miércoles primero (01) de febrero de 2023, en la finca los Cocuyos de la Vereda Nuevas Fundaciones en Puerto Gaitán, Meta.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas advierte que con esta acción de desalojo, se pone en riesgo la vida y se vulneran todos los derechos fundamentales de la comunidad de Barrulias. De igual modo, denunciamos que esta es una situación que se viene repitiendo en contra de dicha población Indígena, lo anterior teniendo en cuenta que hasta la fecha se han presentado seis intentos de desalojos en contra de dicha comunidad. Inclusive en repetidas ocasiones se ha utilizado la fuerza desmedida por parte de la policía del municipio.
Por lo tanto, desde este espacio de concertación, advertimos que hasta que no exista un pronunciamiento de fondo sobre las Revocatorias Directas que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas ante la Agencia Nacional de Tierra (ANT), no se puede proceder a realizar ninguna actuación policiva y menos represiva en contra del Pueblo Indígena de la comunidad de Barrulias.
De igual modo, hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, para que realice el acompañamiento de la comunidad de Barrulias, así como a la Agencia Nacional de Tierras, para que mediante comunicación informe a la alcaldía y a la inspección de policía del municipio que suspendan los procesos de desalojo ordenados recientemente contra la comunidad, hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no resuelva de fondo las solicitudes de Revocatoria Directa que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas del país, en contra de la resolución, mediante la cual a esta comunidad indígena del pueblo Sikuani de la altillanura, se le ha negado la ancestralidad de su existencia y ocupación territorial.
Defender los territorios es defender la vida.
por STI | Jun 8, 2021 | Comunicados y Declaraciones
Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.
Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.
Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.
Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.
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