En el marco de la V sesión realizada en el mes de octubre del 2023, los delegados de las organizaciones indígenas y la Secretaría Técnica Indígena exigimos respeto al cumplimiento de acuerdos suscritos por parte de la institucionalidad. ES PREOCUPANTE QUE SE ESTE CULMINANDO EL AÑO Y DE LOS ACUERDOS PACTADOS NO SE VEN UNOS AVANCES CONTUDENTES POR PARTE DE LAS ENTIDADES.
Se ha evidenciado que los funcionarios y contratistas de las entidades participan en este espacio con información parcial, confusa y disminuida; adicionalmente, se presenta la información sin soportes y los documentos no son claros, lo que generara confusión y no dan cuenta del cumplimiento efectivo e integro de los acuerdos.
Exigimos que los contratistas, funcionarios y directivos de las instituciones delegados a estos espacios por parte del gobierno nacional, remitan la información de forma clara, precisa, como se ha solicitado de manera reiterada, con antelación y pertinente para lograr efectivos avances en la garantía y el goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos y comunidades indígenas.
Desde este escenario hacemos un llamado al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demás entidades que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a respetar los espacios de concertación, resultado de las luchas y las movilizaciones sociales de los Pueblos Indígenas para que el gobierno nacional asuma su deber constitucional de garantizar la integridad cultural, social y económica de los mismos, lo cual, se traduce en la materialización de los derechos adquiridos y contemplados en la carta política.
Este llamado es una reiteración a lo expresado en la sesión II, en la que se señaló la falta de compromiso del gobierno nacional en este escenario, el cual implica un desconocimiento a lo preceptuado en la Constitución Política y por consiguiente al Decreto 1397 de 1996, y un irrespeto a los acordado en los espacios mixtos entre gobierno indígena y gobierno nacional, por lo que nuevamente, solicitamos el compromiso para avanzar en las garantías de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en este escenario. Hacemos un llamado a los entes de control para que realicen los debidos seguimientos frente a lo aquí expuesto.
Gobierno Nacional pone en riesgo el derecho fundamental a la Consulta Previa de la política pública de Catastro Multipropósito para Territorios y Territorialidades Indígenas
En el marco de la ruta metodológica de la Consulta Previa, Libre e Informada para la expedición de decretos y/o instrumentos normativos especiales sobre Catastro Multipropósito para Pueblos Indígenas, las organizaciones indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), planteamos que:
Es inaceptable que NO estén participando en la sesión técnica de concertación, los funcionarios de las entidades del Gobierno con capacidad decisoria, situación que dilata el ejercicio de diálogo y construcción conjunta.
Se alerta que desde que inició el ejercicio de concertación técnica el miércoles 13 de septiembre del presente año solo se han podido concertar seis (6) artículos de los noventa y seis (96) que conforman el Instrumento Normativo del Catastro Multipropósito para territorio y territorialidades indígenas.
EXIGIMOS un diálogo urgente entre los presidentes de las organizaciones indígenas del orden nacional con altos directivos y ministros de las entidades que hacen parte del escenario de concertación, con el fin de tener en un diálogo político que permita avanzar en la concertación técnica del instrumento normativo de Catastro Multipropósito para territorios y territorialidades indígenas.
EXIGIMOS como organizaciones indígenas con asiento en la MPC y en la CNTI, que se argumente técnica y jurídicamente por qué los conceptos de la “Ley de Origen”, «Derecho Mayor» y «Ley Natural», «Derecho Propio» propuestos por los Pueblos Indígenas no se pueden vincular en el articulado del capítulo III en lo que refiere a los derechos, restricciones y responsabilidades de los resguardos que hacen parte de la construcción de dicho instrumento. Por consiguiente, manifestamos que se deben respetar estos conceptos de manera que desarrollen los mandatos legales y constitucionales.
La voluntad del gobierno del cambio se debe traducir en hechos reales con argumentos que no afecten los derechos fundamentales de los Pueblos Indígenas, y por el contrario, permitan avanzar en la construcción de la propuesta unificada entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena.
ALERTAMOS la violación del derecho fundamental a la Consulta Previa Libre e Informada de la política pública de Catastro Multipropósito para territorios y territorialidades indígenas por parte del Gobierno Nacional.
EXIGIMOS al Gobierno Nacional, el respeto por este escenario legítimo de diálogo y concertación con los Pueblos Indígenas y las organizaciones que hoy tienen asiento en la MPC y CNTI.
Reiteramos nuestra disposición de diálogo y hacemos un llamado urgente al gobierno nacional solicitando la presencia de representantes del gobierno con capacidad de decisión (Ministros, viceministros, Directores y subdirectores) de las entidades que hacen parte del desarrollo de la presente consulta.
A través del diálogo de gobierno a gobierno, queremos avanzar en la construcción conjunta de la adecuación étnica e implementación del Catastro Multipropósito que requiere el país.
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Desde la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), rechazamos el vil asesinato de Fredy Alexander Bomba Campo, quien sufrió un atentado en el territorio de Nasa Kiwe Thek Ksxa’w, municipio de Santander de Quilichao en el departamento del Cauca.
Fredy Alexander Bomba, era un líder reconocido en el municipio de Caldono y actualmente se venía desempeñando como presidente del Movimiento Alternativo Indígena y Social – MAIS en el mismo municipio. Además, fue ex consejero de la zona Sa’th Tama Kiwe y ex autoridad del resguardo de Pioyá. Se caracterizó por ser un defensor de los derechos y por su compromiso con la comunidad.
Según las denuncias de Çxhab Wala Kiwe-ACIN, Alrededor de las 5:50pm del miércoles 26 de julio, en la finca Nuevo México del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w de Santander de Quilichao, Cauca, se presentó un ataque armado por parte de tres hombres encapuchados que ingresaron a la casa en que se encontraba Fredy Bomba Campo en una reunión familiar. Los hombres dispararon en contra de la gente reunida, asesinando al compañero Fredy frente a sus hijos.
Después del ataque los hombres huyeron del lugar, es por eso que la guardia indígena de las zonas norte y nororiente del Cauca se encuentran en operativos de búsqueda en los alrededores del lugar de los hechos. El compañero Fredy Bomba contaba con esquema de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección, quienes lo trasladaron de manera urgente al hospital de Santander de Quilichao, pero llegó sin signos vitales.
Desde este espacio nos solidarizamos con la familia de Freddy Bomba Campo y con la comunidad indígena de municipio de Caldono. Exigimos al Gobierno Nacional y a todas las instituciones competentes para que garanticen los derechos de los pueblos indígenas, a los grupos armados que respeten la vida de nuestros líderes. Instamos a que se realicen acciones urgentes que permitan garantizar la vida y pervivencia de los pueblos indígenas del país, porque la violencia y la barbarie en los territorios ancestrales se sigue intensificando cada vez más. No podemos permitir que continúe el asesinato de los líderes indígenas quienes son personas fundamentales para la defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente en todo el país. Que los ancestros acompañen su caminar para el buen retorno a la Madre Tierra.
La Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, rechaza los actos violencia que se presentan en el departamento del Cauca. El primero se presentó en la sede del Cabildo San Lorenzo, ubicada en el perímetro urbano de la cabecera municipal de Caldono. El segundo, el asesinado del comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo de 24 años edad en López Adentro y tercero la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, exactamente en el kilómetro 37 vía Gabriel López, municipio de Tororó.
Según denuncia de las autoridades indígenas, el primero hecho se presentó aproximadamente a eso de las 12:50 de la madrugada del día 14 de mayo del presente año, al parecer por integrantes de grupos armados al margen de la ley, quienes atentan contra la casa sede del Cabildo Indígena de San Lorenzo de Caldono. Cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta le propinan 11 disparos a la puerta principal que da acceso hacia la sede, ocasionando daños materiales de consideración. Afortunadamente a esa hora no había personas en la sede del cabildo y por tanto solo se presentaron daños materiales.
El segundo, según denuncia de la autoridad del territorio Indígena de López Adentro sucedió el día domingo 14 de mayo, aproximadamente 1:10 de la tarde, donde fue asesinado el comunero indígena Brayan Alexis Yugue Camayo, de 24 años edad, mientras se encontraba en un establecimiento público departiendo licor en el corregimiento de Huasanó, municipio de Caloto, Cauca. Hasta este sector llegaron hombres armados quienes lo interceptaron y posteriormente lo obligaron a subirse en un vehículo rojo sin placas, el cual tomó rumbo por la vía que comunica hacia Corinto, Cauca. Según información recolectada por autoridades indígenas, minutos después es hallado el cuerpo sin vida del joven Brayan, a un costado de la vía con quince impactos de balas.
El tercero, ocurrió el día 15 de mayo, donde se reportó la presencia e instalación de un artefacto explosivo, tipo cilindro bomba, sobre la transversal el libertador, más exactamente en el kilómetro 37, vía Gabriel López municipio de Totoró, denunciaron las autoridades del pueblo Totoroez.
Cabe recordar que las autoridades tradicionales en el departamento del Cauca, han sido amenazadas por los grupos armados por su ejercicio de control territorial en aras de preservar la armonía y la tranquilidad de las comunidades. En ese sentido, los actos de violencia que se viene presentando en las comunidades, es una muestra más de la vulnerabilidad en que se encuentran los territorios, pues el regreso y el recrudecimiento del conflicto armado ha generado un desequilibrio territorial, colocando en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas.
Las autoridades ancestrales de los diferentes territorios del Cauca, han denunciado en repetidas ocasiones las problemáticas que padecen, sin embargo, no han sido escuchadas y el conflicto armado se agudiza cada vez más, generando una crisis humanitaria, puesto que en lo que va transcurrido de este año se han presentado diferentes hechos de violencia, lo cual ha generado zozobra y miedo en la población.
Desde este espacio hacemos el llamado al Gobierno Nacional, los organizamos de derechos humanos y la presencia de la comunidad internacional para que acompañen a las comunidades que últimamente han sido escenario de confrontaciones armadas y atentados que ocasionan toda clase de vulneraciones a los derechos humanos y desarmonías en sus territorios.
La administración del municipio de Riohacha se encuentra realizando desalojos de comunidades Wayuú que están ubicadas en predios que constituyen sus territorios ancestrales, tradicionales e históricos. La alcaldía basa su actuar en documentación que no tiene sustento jurídico y que no acredita propiedad alguna de quienes han solicitado activar los procesos policivos.
Estos desalojos, además de ilegales y violatorios del debido proceso y demás derechos fundamentales, se hacen desconociendo los pronunciamientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T 556 de 2017 en la que en esa ocasión se le ordenó al municipio y a los inspectores de policía de Riohacha suspender la realización de actuaciones y procesos de desalojo en contra de las comunidades hasta tanto se tenga claridad sobre la titularidad de los bienes en disputa.
Además, teniendo en cuenta la condición de precariedad en la que se encuentran las comunidades indígenas que han sido víctimas de estos despojos, y que estos se realizan por fuera del marco jurídico, se observa el incumplimiento sistemático y premeditado, por parte de la alcaldía de Riohacha, de la Policía Nacional y demás entidades del orden local, regional y nacional, lo que fue ordenado por la misma Corte Constitucional en la Sentencia T 302 de 2017, por medio de la cual se decretó la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación al goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, ante el incumplimiento de los parámetros mínimos constitucionales aplicables a las políticas públicas del Gobierno Nacional, del Departamento de La Guajira, de los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, y de las autoridades indígenas con jurisdicción en esos municipios.
Estas acciones de desalojo y despojo se han adelantado con la acción violenta de la Policía Nacional de la que también han participado civiles armados, sin que las entidades del Estado que son encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos, se haya adelantado control y seguimiento alguno; lo que expuesto a las comunidades y a las familias víctimas de estas acciones, a su propia suerte y a sus agresores.
El actuar de los funcionarios de la alcaldía de Riohacha es ILEGAL y obedece a intereses que están por fuera de los mandatos constitucionales y del respeto por los derechos humanos. En ese sentido desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas solicitamos de manera urgente:
A la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio de Defensa Nacional investigar y tomar las medidas necesarias para controlar el actuar ilegal y desmedido de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de Riohacha, así como de los de la Policía Nacional que están involucrados en esta acción desproporcionada, que es violatoria de los derechos fundamentales de la Población Wayuú como sujeto de especial protección Constitucional.
A la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tomar las medidas necesarias para atender la crisis humanitaria que las actuaciones violentas e ilegales de los funcionarios públicos han provocado en niños, niñas, adolescentes, población adulta y en condición de discapacidad pertenecientes a las comunidades afectadas.
A la alcaldía del municipio de Riohacha abstenerse de continuar con estas acciones de desalojo sin observancia de los derechos fundamentales de la población indígena víctima de conflicto armado y sin considerar lo ordenado por la Corte Constitucional sobre estas acciones.
Defender los territorios es defender la vida
Por: Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas
Bogotá D.C., 12 de mayo de 2023
Desde la CNTI, rechazamos las acciones de señalamiento y discriminación contra las y los Guardias Indígenas, así como contra las autoridades indígenas que se encuentran en la ciudad de Bogotá desarrollando acciones de exigencia en el marco del legítimo derecho de la movilización.
Es preocupante que varios medios de comunicación, congresistas y actores políticos con sus comentarios o afirmaciones discriminatorios y racistas terminen poniendo en riesgo la vida y seguridad de los Pueblos Indígenas que hoy están en Bogotá empuñando sus bastones de mando para exigir el cumplimiento de los derechos, como de los acuerdos pactados con el gobierno nacional en el marco de la Consulta del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
Equiparar un bastón de madera con un arma de fuego, más que una comparación desproporcionada es una acción basada en el odio, el racismo y la estigmatización contra las formas propias de los pueblos indígenas para defender y reivindicar los derechos de un población históricamente marginada y excluida del resto de la sociedad Colombiana.
El bastón de mando no es un arma, sino un símbolo que representa la protección y el cuidado de los territorios y los Pueblos Indígenas de Colombia
Estos comentarios racistas y estigmatizantes han conllevado a que los pueblos indígenas se les continúe vulnerando los derechos o que terminen siendo violentados y asesinados como pasó el día 03 de mayo de 2023 con el Kiwe Thegna (guardia indígena) del Resguardo de Jambaló William Vargas Peña, asesinado por los grupos armados cuando realizaba acompañamiento a las autoridades indígenas, quienes desarrollaban una acción humanitaria en el marco de enfrentamientos entre los grupos armados ilegales.
Se ha evidenciado que los funcionarios y contratistas de las entidades participan en este espacio con información parcial, confusa y disminuida; adicionalmente, se presenta la información sin soportes y los documentos no son claros, lo que generara confusión y no dan cuenta del cumplimiento efectivo e integro de los acuerdos.
Desde este escenario hacemos un llamado al gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y demás entidades que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, a respetar los espacios de concertación, resultado de las luchas y las movilizaciones sociales de los Pueblos Indígenas para que el gobierno nacional asuma su deber constitucional de garantizar la integridad cultural, social y económica de los mismos, lo cual, se traduce en la materialización de los derechos adquiridos y contemplados en la carta política.
Según las denuncias de Çxhab Wala Kiwe-ACIN, Alrededor de las 5:50pm del miércoles 26 de julio, en la finca Nuevo México del territorio Nasa Kiwe Thek Ksxa’w de Santander de Quilichao, Cauca, se presentó un ataque armado por parte de tres hombres encapuchados que ingresaron a la casa en que se encontraba Fredy Bomba Campo en una reunión familiar. Los hombres dispararon en contra de la gente reunida, asesinando al compañero Fredy frente a sus hijos.
