Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos y rechazamos categóricamente los recientes discursos de odio y actos de discriminación dirigidos contra el pueblo Arhuaco en Valledupar y Pueblo Bello, Cesar. Las agresiones verbales, imágenes y mensajes racistas que han circulado en redes sociales no son hechos aislados, sino una manifestación de la discriminación estructural y el racismo histórico que han enfrentado los Pueblos Indígenas en Colombia.
El Estado ha reconocido el racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, pero sus acciones son insuficientes. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 10 de marzo de 2022 (Radicado 11001310302120210002604) —promovida por Camilo Niño Izquierdo, Arhuaco, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas—, confirmó que en Colombia existe un patrón sistemático de discriminación que atenta contra nuestra dignidad, autonomía y derechos fundamentales.
En esa decisión, el Tribunal ordenó la realización de acciones pedagógicas y de sensibilización a cargo del Ministerio del Interior y otras instituciones, incluyendo una campaña pública y un diplomado para servidores públicos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Hasta la fecha, estas acciones no se han cumplido. La ausencia de una política efectiva contra el racismo institucional y la falta de implementación de estas medidas han permitido que la discriminación siga normalizándose en redes sociales, espacios públicos y escenarios de concertación política.
Este tipo de discursos no sólo afectan la dignidad de los Pueblos Indígenas, sino que también profundizan las violencias estructurales y las amenazas contra líderes y autoridades ancestrales. La estigmatización y criminalización de los Pueblos Indígenas es una violación a los derechos humanos y un retroceso en el reconocimiento de nuestra autonomía y gobierno propio.
Ante esta situación, desde la CNTI hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general para que:
Se realicen acciones concretas para frenar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, implementando medidas de control y sanción contra quienes promuevan estereotipos racistas y contenidos discriminatorios.
Se haga un llamado a los jueces reiterando las órdenes judiciales para que se cumplan de inmediato y contribuyan a parar la discriminación contra los Pueblos Indígenas.
Se hagan efectivas las garantías de protección para el pueblo Arhuaco y todas las comunidades indígenas que hoy enfrentan agresiones verbales y amenazas a su integridad y dignidad.
Se fortalezcan los mecanismos de protección de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad, pervivencia y bienestar.
Desde la CNTI reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y condenamos cualquier forma de discriminación que atente contra nuestra dignidad, identidad, espiritualidad y cultura. Reiteramos que el racismo no es un asunto menor ni una simple ofensa: es una forma de violencia que refuerza la exclusión, perpetúa la desigualdad y amenaza la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
Las mujeres indígenas somos el corazón de nuestros pueblos. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Secretaria Técnica Indígena (STI) y el Observatorio de Derechos territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) honramos y reivindicamos la fuerza de las mujeres indígenas, guardianas de la vida, el territorio y la memoria ancestral.
Las mujeres indígenas somos semilla y raíz, agua y fuego, cuidadoras de la biodiversidad y portadoras de los saberes que hemos tejido esa relación espiritual entre los pueblos milenarios y la Madre Tierra. Nuestra voz resiste, nuestro caminar transforma, nuestra lucha defiende los territorios frente a la explotación y la violencia que amenazan su existencia y la de sus comunidades. Nuestros conocimientos son herencia y camino. Enseñamos la lengua, la medicina, la conexión con los espíritus. Nuestra palabra y nuestro hacer son raíz y futuro. Somos iluminadas por los pasos de nuestros ancestras y ancestros.
Somos esenciales en la toma de decisiones y en la resistencia. Nuestra lucha es por el territorio, la identidad, la cultura, la autonomía. Nuestra lucha es por las generaciones que vienen. El territorio no es sólo el suelo que se habita, es el cuerpo, es la historia viva, el hogar donde se resguardan las lenguas, las tradiciones y la espiritualidad de los pueblos originarios. Así como la mujer es protectora de la vida, el territorio es su reflejo, su extensión, su fuente de sustento y resistencia.
Sin embargo, esta relación vital y sagrada, sigue siendo vulnerada por sistemas de opresión que despojan, silencian y violentan tanto a la mujer como al territorio mismo.
Hoy conmemoramos, pero también exigimos:
🔸 Protección y respeto por las mujeres indígenas que defienden la vida y los derechos de sus pueblos.
🔸 Garantías para la permanencia en los territorios ancestrales, libres de despojo y violencia.
🔸 Reconocimiento de los conocimientos y liderazgos de las mujeres indígenas en la defensa de la biodiversidad y la justicia climática.
🔸 Justicia y reparación para aquellas que han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.
Nuestro andar debe ser libre de violencia.
Defender los territorios también es defender nuestros cuerpos y nuestra autonomía. Exigimos respeto, justicia y espacios donde nuestra voz sea escuchada sin miedo.
Honramos nuestra fuerza y resistencia. Porque nuestro liderazgo transforma, guía y construye caminos de dignidad para los pueblos.
Desde la CNTI, nos unimos a la voz de las mujeres indígenas que, con su resistencia, siguen trazando caminos de dignidad, autonomía y buen vivir para los Pueblos Indígenas de Colombia y el mundo.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos el asesinato de Edgar Tumiñá Gembuel, Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del resguardo de Toribío, en el departamento del Cauca, ocurrido el 1 de marzo de 2025.
La violencia sistemática sigue arrebatando la vida de quienes defienden los territorios ancestrales y la autonomía de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Edgar Tumiñá, reconocido líder comunitario y defensor de la vida y el territorio, fue asesinado en el casco urbano de Toribío por hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones. Su compromiso con la Guardia Indígena y su proceso organizativo fue un ejemplo de resistencia, como lo fue también su hermano Manuel Tumiñá, asesinado en el año 2014 por su labor en la protección del territorio.
Hoy, su asesinato no solo enluta a su familia y comunidad, sino que representa una grave amenaza para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en sus territorios.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI denunciamos y rechazamos la violencia política que se sigue perpetuando en nuestros territorios, amenazando nuestro derecho a la vida y a la autonomía. La falta de seguridad jurídica sobre los territorios indígenas y el rezago en la formalización de nuestros territorios han sido factores que fomentan la violencia en contra de nuestros pueblos originarios.
Desde este espacio, le exigimos al Gobierno Nacional, a los organos de control y organismos de derechos humanos para tomar las medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas, sus líderes y lideresas. No podemos seguir siendo testigos de la impunidad que rodea los asesinatos de líderes/as indígenas, guardianes/as del territorio y defensores/as de la vida.
La falta de acciones concretas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de nuestros pueblos milenarios ha permitido que estructuras armadas ilegales sigan operando con total impunidad en nuestros territorios.
Es urgente que el Estado implemente estrategias integrales de protección, de seguridad basadas en el reconocimiento de nuestras propias formas de vida, de autogobierno y autodeterminación, incluyendo el fortalecimiento de la Guardia Indígena y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de la seguridad jurídica de los territorios.
Exigimos justicia, verdad y garantías de no repetición. No basta con condenas simbólicas ni con promesas que no se materializan en acciones reales. Necesitamos que se esclarezcan los hechos, que se identifique y judicialicen a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, y que se garantice el derecho a la verdad de las familias y pueblos que hoy lamentamos la pérdida de nuestros defensores/as.
Sin justicia, la violencia continuará perpetuándose, amenazando con el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el país.
¡Que defender nuestros territorios, no nos cueste la vida!
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas #CNTI denunciamos ante la opinión pública la inminente orden de desalojo policivo que se llevarán a cabo en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, los días 12 y 13 de junio del presente año.
Dicha acción represiva y violenta contra la comunidad indígena del pueblo Sikuani, se llevará a cabo por la fuerza pública, dando respuesta a una orden emitida por la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán. Quienes argumentan materializar un fallo policivo para el predio “Villa Esperanza”, lugar donde actualmente está asentada la comunidad de Barrulia.
Esta acción que violenta y ponen en riesgo los derechos humanos y territoriales del Pueblos Sikuani iniciará en la madrugada del día 12 de junio, con la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y contará con la presencia de dicho alcalde municipal, además de funcionarios de la Personería municipal quienes verificarán el equipamiento de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en la Estación de Policía de Puerto Gaitán.
Desde la #CNTI DENUNCIAMOS la violación a los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Barrulia y el Pueblo Sikuani, la cual pretenden llevar a cabo las entidades estatales. Por lo tanto, HACEMOS RESPONSABLES a la fuerza pública, la alcaldía municipal y todas entidades públicas involucradas en esta acción de desalojo, la cual pone en riesgo la vida de las comunidades originarias de este territorio.
De igual modo le EXIGIMOS al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Sikuani, debido a que estas acciones represivas por parte de las entidades municipales y policiales de Puerto Gaitán van cada día en crecimiento, provocando una constante persecución y asedio contra unas comunidades que solo luchan por el reconocimiento y las garantías jurídicas de sus derechos territoriales ancestrales.
Los Pueblos Indígenas de Colombia hemos construido paz ancestralmente. Paz con la naturaleza, paz para la humanidad, paz para las futuras generaciones. Nuestra labor ha salvado y salva vidas todos los días, en nuestros territorios y en el mundo.
Esto solo es posible a través de nuestros sistemas de conocimiento, un saber integral que abarca el origen del universo y las formas de organización, pensamiento, derecho y actuación, fundamentado en una premisa común: el cuidado de la vida. Por ello, sabemos que no es la ley escrita, sino la palabra de vida, la que hace que el pensamiento y la acción sean una sola, convirtiendo los discursos en garantías de derechos verdaderamente universales.
De ahí la importancia de entender y reconocer nuestro rol en la protección, preservación y construcción de la paz y de comprender el alcance de la labor fundamental de las autoridades indígenas para este propósito, el cual debe expresarse en la definición concertada de mecanismos que motiven la participación de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, específicamente en lo concerniente al mandato del Consejo de Seguridad.
Con esta motivación, SOLICITAMOS reunirnos con los 15 miembros del Consejo de Seguridad en su visita oficial al país en el marco del seguimiento al acuerdo de paz y el capítulo étnico. Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia unilateralmente y sin mayores explicaciones canceló dicho encuentro, a pesar de que este había sido producto de nuestra ardua insistencia para que la mencionada oficina de Naciones Unidas comprenda los métodos de trabajo con los pueblos indígenas en el país.
Esta situación nos genera serios cuestionamientos sobre el relacionamiento de Naciones Unidas con los pueblos indígenas, organizaciones e instancias de diálogo y concertación que, durante décadas han existido en el país para elevar las voces de nuestros territorios.
Es indispensable que dicha interacción parta del respeto de nuestros gobiernos propios, autoridades y conocimientos tradicionales y el de los procesos organizativos que hemos creado como mecanismo para dialogar con el sujeto occidental.
Revisar el relacionamiento entre el Sistema de Naciones Unidas y nuestros Sistemas de Conocimiento, pasa por legitimar nuestras formas propias, estructuras de gobierno, justicia, administración y toma de decisiones, evitando la acción con daño y promoviendo de manera consciente el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas en el país.
Sin embargo, esta revisión no solo debe ocurrir hacia afuera, con profunda preocupación identificamos serias falencias en el comportamiento de la institucionalidad colombiana a la hora de relacionarse con los Pueblos Indígenas y sus distintas estructuras organizativas.
La discriminación estructural enquistada en las formas y fondos institucionales, provocaron la imposibilidad de una gestión preparatoria que permitiera el diálogo entre los Pueblos Indígenas de Colombia con el Consejo de Seguridad. Siendo el Ministerio de Asuntos Exteriores la cartera encargada de liderar dicha gestión, es necesario que convoque de manera urgente a la misión de verificación en Colombia para efectos de avanzar en el mejoramiento de sus métodos de trabajo con los Pueblos indígenas y evitar a futuro este tipo de circunstancias.
Por último, SOLICITAMOS a las misiones promuevan un espacio para que una delegación nuestra sea escuchada ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, escenario en el que esperamos poder ofrecer nuestros conocimientos ancestrales para la construcción de paz, nutridos con la sabiduría de nuestros territorios ancestrales y los Sistemas de Conocimiento de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
Denuncia Pública de las Autoridades Indígenas del Resguardo de Canoas
La Autoridad Tradicional y comunidad en general, denuncian ante la opinión pública nacional e Internacional, los graves hechos que viene ocurriendo en el Norte de Cauca y en particular en nuestro Resguardo Indígena de Canoas, causado por los actores armados que se disputan nuestros territorios.
En la mañana de hoy 22 de Diciembre de 2023, en horas de la mañana fueron masacradas 5 personas entre las veredas de Vilachi y la parcelación de Carbonero, las Víctimas responden a los Nombres de Jhon Freyman Ramos Ocaña, docente de la Institución Educativa Agropecuaria las Aves de este territorio; Su Esposa Yisel Mensa y su hija de Helen Charit Ramos Mensa de 15 años, residentes en la parcelación de Carbonero de 15 años, igualmente en la vereda Vilachi, fueron masacrados los jóvenes, Davinson Fernández Ramos y Jesús David Labio Ramos. Estos graves hechos se suman a una serie de hechos violentos que vienen ocurriendo en el Norte del Cauca. Estos hechos responden al accionar de los grupos armados que se disputan nuestros territorios y a la negligencia del Estado para avanzar en la consolidación de un proceso de paz verdadero.
La grave situación humanitaria que vive el territorio ancestral de Canoas implica la necesidad de declararnos en asamblea, para:
Realizar la minga hacia adentro que nos permita hacernos una auto reflexión, revisión y corrección interna en el territorio.
Exigir la presencia del gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, para acordar acciones concretas que conduzcan a la garantía de los Derechos Humanos y el Territorio. Igualmente solicitamos la voluntad del Gobierno para proponer acciones que conduzcan a una paz verdadera.
Denunciar a los actores armados ante la opinión pública nacional e internacional, los graves hechos violatorios del derecho a la vida que vienen ocasionando los actores armados.
Decirles a los actores armados que nuestros territorios no están para su disputa por lo tanto exigimos cesar su accionar que van en contravía de los Derechos Humanos, la dignidad y la vida
Solicitamos a los organismos de Derechos Humanos gubernamentales y no gubernamentales y entes de Control para mediar ante los Actores del conflicto y exigirles el respeto a la vida y el territorio.
AUTORIDAD ANCESTRAL Y COMUNIDAD TERRITORIO DE CANOAS