A pesar de la sentencia del Tribunal Administrativo de Nariño, que ordena la realización de la consulta previa a pueblos indígenas y afros, y la adopción de medidas reales y efectivas que garanticen el derecho a la participación de las comunidades rurales afectadas, la ANLA convocó nuevamente a audiencia virtual para el próximo 1 de septiembre desacatando las órdenes del juez constitucional.
Boletín CNTI
En el mes de julio, el Tribunal de Nariño respaldó al Juzgado Segundo Administrativo de Pasto al dejar en firme la suspensión del proceso de licenciamiento ambiental para la reanudación de fumigaciones con glifosato, destinadas a 170.000 hectáreas de cultivo de coca en 104 municipios del país.
Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios.
Dentro de las órdenes del juez constitucional está: realizar los procesos de consulta previa con comunidades étnicas, garantizar la disponibilidad de la información ambiental del proyecto y modificar el plan de socialización y difusión que de garantías a la población en general, ya que los mecanismos de difusión por internet y convocatoria radial en concepto del tribunal no son adecuados.
El incumplimiento de la sentencia
Según la denuncia hecha por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR): “tan solo unos días después de emitido el fallo de la tutela (…) la ANLA y la Policía, de forma unilateral, decidieron convocar mediante edicto otra vez una audiencia virtual a celebrarse el martes 1 de septiembre de 2020 de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.”.
Para tal fin, la ANLA programó tres reuniones informativas preparatorias para los días 11, 13 y 15 de agosto, respectivamente. El CAJAR señaló que «los únicos cambios “sustanciales” ahora incorporados consisten en transmitir la audiencia vía televisión por el Canal 13 solo durante tres horas, en once municipios se habilitará un espacio en los que se tendrán pantallas para proyectar la transmisión y se contará con un teléfono móvil. Dichos espacios solo permitirán un aforo máximo del35% de la capacidad total del recinto».
La ANLA insiste en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, lo cual constituye desacato.
El llamado de las comunidades y las organizaciones sociales
En la defensa por el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales de estas poblaciones, se exige a la ANLA la suspensión de estas jornadas, toda vez que no se ha cumplido con el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y afros, ni tampoco existen condiciones para celebrarlas con las garantías ordenadas por los jueces de tutela con la adopción de garantías reales y efectivas para la participación, para el acceso y consulta de la información ambiental.
A las voces de alerta ante esta situación se han sumado administraciones y personerías municipales, así como la Procuraduría General de la Nación, pidiendo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales haga uso de su facultad de detenerlas hasta que se garanticen las condiciones de participación para las comunidades que serían afectadas directamente con las aspersiones aéreas.
Es importante tener en cuenta que este no es solo un reclamo desde los territorios sino que el accionar de la ANLA desobedece lo señalado por el Tribunal Administrativo de Nariño en su fallo de tutela. Por lo tanto, representa un desconocimiento a las decisiones tomadas por la Justicia colombiana.
La relevancia de la posible reactivación de aspersiones aéreas con glifosato va más allá de la erradicación de cultivos de uso ilícito. Como lo sostienen los representantes de las comunidades en los municipios del programa de erradicación, el herbicida genera afectaciones en la tierra dejándola infértil, contamina las fuentes hídricas de las cuales se abastecen y se presentan casos de enfermedades o malformaciones no solo en las especies de fauna presentes en el lugar, sino en los mismos habitantes de la zona.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas lamentamos el fallecimiento de la comisionada y lideresa afrodescendiente Ángela Salazar, nuestra solidaridad a su familia, a sus allegados y a la CEV, su partida producto del COVID-19, deja un gran vacío en el sistema de conocimiento y sabiduría ancestral, la recordaremos como una mujer aguerrida, alegre y luchadora por las causas sociales.
La comisionada Ángela Salazar, de 66 años, oriunda de Tadó, Chocó, falleció en la mañana de este viernes 7 de agosto en Apartadó, Antioquia.
Según fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar se destacó como lideresa de mujeres en el Urabá antioqueño y era una de las 11 integrantes del pleno de la comisión.
La comisionada es reconocida por haber ejercido su liderazgo comunitario como conciliadora en equidad, se destacó por visibilizar la lucha y la defensa del derecho de las mujeres, su pilar de lucha fue hacer visibles las luchas de los derechos de las mujeres, especialmente de las victimas de la violencia sexual, los trabajadores bananeros, las empleadas domésticas, entre otros.
Quienes la conocieron de cerca reconocen en ella su capacidad organizativa durante los días más violentos de la región de Urabá, gozaba de una alegría de vivir y una disposición aguerrida en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años trabajó incansablemente como comisionada de la verdad, sobre todo en la recuperación de la memoria y la verdad del pueblo afrocolombiano, afectado por el conflicto armado.
La comisionada Salazar es la segunda integrante del pleno de la Comisión de la Verdad que fallece, después de la muerte, en octubre de 2019, del periodista y sociólogo Alfredo Molano Bravo.
Piden garantías en los territorios y enfoque diferencial frente al COVID- 19
La Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, alerta sobre el incremento de los asesinatos a líderes indígenas en regiones dónde históricamente se han solicitado seguridad jurídica a los territorios y EXIGE NO REDUCIR EL PRESUPUESTO A LAS COMUNIDADES ANCESTRALES
¿Por qué para los pueblos indígenas es tan importante el derecho a la tierra y al territorio?
¿Quieres saber qué pasó en el debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República?
En un debate de control político para revisar el impacto del decreto 486 de 2020 y la falta de garantías de enfoque diferencial con los pueblos indígenas y demás minorías étnicas para el manejo de la pandemia COVID-19, el senador indígena Feliciano Valencia señaló que “se ha posicionado la tesis errónea según la cual los indígenas somos terratenientes”.
Al debate y sesión virtual, realizado la mañana de este viernes 12 de junio, asistieron el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y destacados senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Así mismo, contó con la intervención del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, y del Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el líder indígena del pueblo Arhuaco, Camilo Niño Izquierdo.
Según el senador Valencia, si bien es cierto que a julio de 2019 (de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT) se reportan 774 resguardos constituidos en el territorio nacional, que en total suman 33´474.487 hectáreas +7.482 metros cuadrados, la mayoría del área de resguardos constituidos no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de pagamento.
El congresista Feliciano Valencia precisó que, según datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, y apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para usos no agropecuarios (CNA, 2015).
El senador indígena fue enfático en señalar que contrario a lo que opinan algunos sectores influyentes del país, “son recurrentes situaciones de hacinamiento de comunidades indígenas, esto es, en los resguardos constituidos hay más familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la ocupación antrópica”.
En su intervención, el senador y líder del pueblo Nasa mostró cómo la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas son destinadas a la protección o conservación ambiental, circunstancia que “ha restringido los espacios que pueden ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la consolidación de la autonomía indígena y de las formas de gobierno propio (salud y educación)”.
Para el congresista Feliciano Valencia, “es urgente que el Estado colombiano siga dando cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria”, para evitar que “ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
Sobre el decreto 486 de 2020, el senador Valencia señaló que éste “carece de medidas diferenciadas para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento productivo a los pueblos indígenas, considerando además que sus territorios son la fuente de estos recursos, es decir, de los alimentos”.
Frente a las medidas adoptadas para atender la emergencia del COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas, el senador Valencia expresó que “es evidente no solo la ausencia de un enfoque diferencial sino también un incumplimiento persistente respecto a la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
LA PANDEMIA Y LOS ASESENITOS DE LÍDERES INDÍGENAS
Durante el debate de control político, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dijo que la pandemia COVID-19 ha significado un aumento de los asesinatos y amenazas de los líderes y comunidades indígenas, el riesgo por el incremento de las actividades de minería y la violación constante al derecho a la consulta previa.
Estos asesinatos se traslapa con las regiones dónde los pueblos indígenas históricamente han solicitado garantía en la protección jurídica de los territorios indígenas, desde el 2016 -2020 según el observatorio de derechos territoriales de la secretaría técnica de la CNTI, van 245 líderes asesinados, y se superponen con las más de 1593 solicitudes de protección jurídica de los territorios, entre las que están solicitudes de legalización (constitución, saneamiento y ampliación de resguardos), implementación del 2333, reafirmación de los resguardos de origen colonial y republicano.
Camilo Niño también pidió “que no se reduzca más el presupuesto para atender las justas solicitudes y reclamaciones de los pueblos indígenas”, pues además de ser un presupuesto reducido es una garantía fundamental proteger los derechos ancestrales de las comunidades. Ya que en un análisis de 18 años el gobierno no ha asignado ni medio billón de pesos, con esta asignación se demoraría más de 200 años en responder a las actuales solicitudes de protección territorial.
“Es necesario mantener y reforzar las medidas de seguridad de los líderes y comunidades indígenas, pues tenemos casos como el del delegado de la CNTI Milton Conda a quien, a pesar de las reiteradas amenazas, le pidieron devolver su esquema de seguridad”. El Secretario Técnico de la CNTI también le insistió al gobierno en la importancia de firmar el decreto de origen colonial y republicano que desde diciembre está pendiente de la rúbrica del presidente Iván Duque.
A su turno, el senador Jorge Londoño, integrante de la bancada del Partido Verde, dijo que el gobierno debe atender con especial atención a los más vulnerables, y en especial en el sector rural, a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, con un enfoque diferencial.
“La riqueza cultural es la que debemos proteger. Por eso, las medidas de atención para los pueblos indígenas deben tener un enfoque diferencial, además de los derechos territoriales, que son la garantía para la vida digna de las comunidades”.
En conclusión, los líderes indígenas le insistieron al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano, la importancia de dar cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.
En el debate de control político intervino también el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, quien prendió las alarmas frente a la catástrofe en que se ha convertido la deforestación de la Amazonía en Colombia, que no ha parado a pesar de la pandemia, y sugirió la creación de un registro nacional de áreas devastadas.
El procurador insistió en la importancia de crear un catastro multipropósito del territorio.
Para el senador Feliciano Valencia y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Camilo Niño, ante los múltiples factores de riesgo que ha evidenciado la pandemia y que hoy persisten, la institucionalidad colombiana debe garantizar que continúa con el cumplimiento de sus obligaciones territoriales con nuestras comunidades, “para evitar que, ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
En el mismo sentido, “el reconocimiento de los derechos territoriales favorece el ejercicio de la autonomía propia y el control territorial, lo que conlleva a limitar el contacto con terceras personas que puedan ser un riesgo de contagio del COVID-19”.
El delegado Milton Conda, se ha caracterizado por un arduo trabajo de derechos humanos y de defensa del territorio de las comunidades Nasa del sur del Valle del Cauca, quien ha venido denunciando las afectaciones sociales, culturales y ambientales generadas por el mega proyecto de la Transversal Pacífico-Orinoquía.
El panfleto amenazante advierte que estos grupos armados continuarán realizando “limpieza social” con todas las personas que “no dejan progresar el desarrollo que busca este país”, concretamente se refieren a los controles territoriales que ejercen las autoridades indígenas, así como a las denuncias sobre el proyecto inconsulto Transversal Pacífico-Orinoquía que pretende atravesar de oriente a occidente el país afectando el territorio ancestral Kwe’sx Yu Kiwe y poniendo en riesgo la existencia de espacios sagrados al destruirse cerca de 365 lagunas.
La amenaza es clara en ordenar el abandono del territorio al ser, declarado objetivo militar. Esta no es la primera amenaza que reciben las autoridades Nasa del Sur del Valle del Cauca y es la tercera amenaza de muerte en contra del delegado de la CNTI. Asimismo, autoridades, comuneros y guardia indígena del resguardo Kwe’sx Yu Kiwe han sido víctimas de intimidaciones, persecución y atentados. En marzo del año pasado en el marco de la Minga Nacional desconocidos lanzaron un explosivo a una de las carpas donde se ubicaba la guardia indígena dejando como resultado la muerte de ocho (8) personas, tres (3) de ellas miembros de este resguardo.
A esto se suman los asesinatos sistemáticos, la minería ilegal, el incremento del desplazamiento forzado, los hostigamientos, ataques y abuso de la fuerza pública y de los actores armados en diferentes lugares del país, sobre todo en el norte del Cauca. Por ello, desde este espacio, hacemos un llamado a los organismos de vigilancia y control, y a la comunidad internacional, para que desde sus competencias y funciones intervengan de manera contundente y eficaz para proteger el derecho a la vida de los pueblos indígenas.
Es inaceptable que, en medio de la crisis humanitaria por el coronavirus, la fuerza pública y los actores armados transgredan el ejercicio de nuestra autonomía y control territorial provocando la violación de nuestros derechos humanos como consecuencia de la militarización del territorio, desarmonías territoriales, ataques violentos en contra de comuneros y comuneras, y señalamientos en contra de las autoridades.
Los ataques a las comunidades indígenas en el norte del Cauca han sido constantes en esta cuarentena. Así lo evidenció el Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC este viernes 01 de mayo, día del trabajo, donde denunció que fue lesionado un comunero por parte de la fuerza pública, en momentos en que realizaban el proceso de liberación de la Madre Tierra, en jurisdicción de la finca La Emperatriz, en Caloto, Cauca. Esta situación se suma al abuso de la fuerza pública perpetrado el día 25 de abril, también en Caloto, donde, además de envenenar 13 cabezas de ganado, amenazaron a la comunidad e hirieron a un comunero; el 18 de marzo se realizaron ataques con disparos indiscriminados en contra de los liberadores. Por ello, Nejwesx del Resguardo de Huellas Caloto, en el marco de su autonomía iniciará una asamblea comunitaria.
Desde este espacio hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que tome las acciones pertinentes, garantice las medidas de prevención y protección, y actúe de manera eficiente y oportuna en las respuestas necesarias para enfrentar al Covid-19 en los territorios indígenas, porque es imperioso allegar las ayudas humanitarias y dotar de infraestructura e instrumentos de salud adecuados al personal sanitario de Leticia y centros poblados de la Amazonía. Exigimos que cesen la militarización del territorio y los ataques de grupos armados legales e ilegales en contra del Pueblo Nasa del norte del Cauca para garantizar sus derechos territoriales.
Hacemos un llamado de manera urgente a la prensa y a la opinión pública nacional e internacional para que hagan el cubrimiento correspondiente y nos ayuden a denunciar la realidad que estamos viviendo las comunidades indígenas frente a los últimos acontecimientos de vulneración de derechos humanos y la crisis sanitaria en la Amazonia como consecuencia de la nula respuesta de las instituciones del Estado.
La crisis sanitaria actual no puede convertirse en un pretexto para la violación de los derechos fundamentales de las comunidades y pueblos indígenas.
A pesar de haber retirado la circular CIR2020-29DMI-1000, el MinInterior dejó abierta la posibilidad para que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales que vulneran el derecho a la consulta previa.
Mediante una acción de tutela interpuesta por la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -STICNTI contra el Ministerio del Interior de Colombia, las comunidades indígenas exigen respeto al derecho fundamental a la consulta previa, que el Gobierno vulneró mediante el mecanismo de «consulta virtual».
Tras la decisión del Ministerio del Interior de expedir dos circulares externas sobre las consultas previas “virtuales”, la STI-CNTI rechaza tajantemente que para el sector industrial y extractivo la consulta previa esté lejos de ser reconocida como un derecho fundamental de los pueblos indígenas, “ya que la toman como un obstáculo a sus proyectos de industria”, y recuerda que esta decisión obedece a los intereses extractivos en los territorios indígenas.
Vale recordar que esta petición de flexibilizar la consulta previa hizo parte de las propuestas económicas a adoptar en el marco de la emergencia del Covid-19 de los 25 empresarios asociados al Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga realizadas el pasado 3 de abril de 2020, con el fin de «aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo como son los trámites de regalías, de consulta previa y licencias ambientales en los que, sin vulnerar el ordenamiento jurídico, se simplifique su aplicación, para aumentar y acelerar la productividad en los sectores estratégicos de desarrollo económico del país».
Por ello, la STI – CNTI reitera en la acción de tutela que “en ninguna circunstancia se puede proceder a realizar nuevas consultas previas en los territorios a través de los términos propuestos por el Ministerio del Interior y que en ningún momento la Mesa Permanente de Concertación ha alentado a realizar dichos procedimientos”, porque proponer hacer consultas virtuales a pueblos indígenas en situaciones de extrema vulnerabilidad y carentes de tecnología viola sus derechos fundamentales.
Cabe recordar que en días pasados el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, también solicitó revocar la circular externa CIR2020-29DMI-1000 del Ministerio del Interior, por considerar que “esta decisión afecta el núcleo esencial del derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos étnicos».
Aunque el pasado 20 de abril de 2020, mediante circular externa CIR2020-42-DMI-1000, el Ministerio del Interior derogó el referido acto administrativo que autorizaba el uso de medios virtuales para la realización de la consulta previa, mantuvo la posibilidad de realizar consultas previas de tipo virtual, «siempre que las comunidades cuenten con los medios tecnológicos y condiciones necesarias para tal fin».
De este modo, sigue latente el riesgo de que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales para vulnerar el derecho a la consulta de las comunidades. En tal sentido, la tutela de la STI-CNTI busca prohibir al Gobierno que replique estos intentos inconstitucionales de reforma a derechos fundamentales como la consulta previa, libre e informada, y al debido proceso. A pesar de haber retirado la circular CIR2020-29DMI-1000, el MinInterior dejó abierta la posibilidad para que algunos sectores apelen al uso de herramientas virtuales que vulneran el derecho a la consulta previa.
Por ello en un documento de 25 páginas, que soporta la acción de tutela instaurada este 28 de abril, la STI – CNTI solicita dejar sin efecto dichas circulares. El Secretario Técnico de la CNTI, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, advierte que “a la fecha no se han adoptado medidas especiales que garanticen a las comunidades indígenas su derecho a la vida, salud, integridad, y consulta previa, libre e informada, en el marco de la emergencia social que atraviesa el país por la pandemia, estando ad portas de un etnocidio indígena”.
Igualmente, solicitan ordenar al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio del Interior, suspender todo proceso de consulta previa hasta tanto se supere la crisis social generada por el coronavirus en el país, y se adopten las medidas sanitarias diferenciales para garantizar a las comunidades indígenas el goce efectivo de este derecho.
“En especial esta suspensión debe aplicarse frente a proyectos extractivos, agroindustriales, de infraestructura y demás que impacten de manera directa e indirecta los territorios indígenas”, pide la STI – CNTI.
Finalmente, y de manera subsidiaria, la acción jurídica solicita a la justicia colombiana, conforme al principio de progresividad, ordenar al Ministerio del Interior que consulte con las y los representantes de las organizaciones indígenas de la Mesa Permanente de Concertación Indígena , todas las propuestas de las medidas sanitarias y humanitarias adecuadas para el manejo del COVID-19 en las comunidades y pueblos indígenas , incluyendo las propuestas diferenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, según sus condiciones de múltiple vulnerabilidad.
