La Secretaría Técnica Indígena y su Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), viene realizando una serie de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas; con el propósito de fortalecer las apuestas de este importante espacio de concertación nacional, en especial de las estrategias encaminadas a la defensa y la seguridad jurídica de los territorios indígenas de Colombia.
Encuentro con el Ministerio de las TIC
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
En ese orden de ideas se socializó la iniciativa radial que viene desarrollando la CNTI, en especial la creación de la emisora virtual “Nuwam Radio” y la plataforma web para la gestión del acervo sonoro de los Pueblos Indígenas denominado “Radiotea Indígena Nuwam”, una iniciativa que viene construyendo el equipo técnico de la CNTI a fin de poder tener a futuro una especie de “Spotify Indígena”, donde los usuarios puedan encontrar contenidos sonoros indígenas como: podcast, series radiales, música indígena y paisajes sonoros, no solo producidos por la CNTI, sino también por los diferentes colectivos y emisoras indígenas del orden nacional.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Teniendo en cuenta que al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones le compete muchos de estos temas como cartera ministerial, la CNTI le solicitó al Viceminitro y su equipo de trabajo poder establecer alianzas que permitan no solo consolidar todas las iniciativas que se vienen desarrollando desde la estrategia de comunicación de la CNTI, sino también apoyo en la gestión con otras entidades adscritas al sector de las TIC, para poder difundir y ampliar el alcance comunicativo que viene desarrollando este espacio de concertación y su observatorio de derechos territoriales.
Por ello, después de este primer encuentro se establecieron una serie de compromisos y acuerdos entre las partes, a fin de poder consolidar una alianza estratégica entre la CNTI y dicho Ministerio de las TIC, de este modo avanzar en el fortalecimiento de la estrategia de comunicación de la CNTI y la promoción y difusión de los contenidos de comunicación producidos por los Pueblos y Organizaciones Indígenas que hacen parte de este espacio de concertación nacional.
Diálogo con la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
Continuando con este ejercicio de acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI en conjunto con la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI), sostuvo un encuentro con el equipo de trabajo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, para dialogar en torno al mandato de dicha misión en especial al seguimiento y monitoreo a lo establecido en el capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP).
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
En ese marco de acciones se están realizando seguimientos a los casos étnicos que viene desarrollando la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), las acciones del gobierno nacional para cumplir con lo establecido en materia de reforma rural integral del AFP, así como lo definido en el capítulo étnico de dicho acuerdo. En lo que tiene que ver con derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la Misión de verificación le ha solicitado al Gobierno Nacional información oportuna y veraz sobre la situación territorial de los Pueblos Indígenas, entre ellas el mapeo de la formalización los territorios Indígenas, así como las demás acciones de reparación territorial (individual y colectiva) que vienen desarrollando las entidades del gobierno sobre dicho tema.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (Balance de la implementación del Decreto Ley 4633, el Fraude de la Paz, Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de los Territorios Indígenas y el informe La Formalización y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas en el 2021), la asimetría con lo reportado por el gobierno nacional en materia territorial indígena es abismal.
Evidencia de ello es que a la fecha de este documento, desde dicho espacio de concertación, como lo es la CNTI, el Gobierno Nacional no se ha informado sobre cuál es el porcentaje real del fondo de paz que le corresponde a los Pueblos Indígenas, no hay información clara sobre los planes de ordenamiento territorial, hay un rezago histórico en materia de formalización (constitución, saneamiento, ampliación o reorganización de los territorios indígenas) al que no se le ha dado celeridad para ser resuelto. Se han propuesto estrategias como la implementación de planes de formalización masiva para desentrabar más de mil (1000) rezagados, pero nada de esto se ha podido concretar por falta de voluntad política del Gobierno Nacional.
A todo lo anterior se le suma que al parecer hay una duplicidad en las cifras, debido que todo el rezago histórico de lo que corresponde al tema territorial indígena de Colombia previo al Acuerdo Final de Paz, no es claro. Es decir, pareciera que todos los temas históricos de formalización de los Territorios Indígenas se mezclaron con lo establecido en el capítulo étnico y el tema reforma rural integral étnica del AFP, situación que deja con muchas preocupaciones a los Pueblos Indígenas.
Es por ello por lo que las Secretarías Técnicas Indígenas de la CNTI y la CDDHHPI acordaron con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, fortalecer las acciones de diálogo e interlocución, por medio de una metodología de acciones conjuntas a fin de poder reportar y dar información oportuna desde los Pueblos Indígenas, y de este modo dicha misión pueda contar con más fuentes de información para sus ejercicios de análisis, monitoreo y seguimiento de la implementación del Acuerdo Final de Paz, en especial para los informes que periódicamente elabora dicha Misión de Verificación.
Incidencia estratégica con Congresistas Indígenas
Por otro lado, y en el marco de las acciones de incidencia, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, sostuvo reuniones y encuentros con congresistas indígenas como el Senador Polivio Leandro Rosales Cadena (Pueblo Pasto) Senador de la República por partido AICO, Aida Quilcué Vivas (Pueblo Nasa) Senadora de la República por partido MAIS y Javier Alexander Sánchez (Pueblo Sikuani) Representante a la Cámara por el Vichada del partido Cambio Radical. Todas estas reuniones estuvieron encaminadas en la gestión de apoyos para buscar alianzas que permitan evidenciar la situación de vulneración territorial que padecen muchos Pueblos Indígenas en la actualidad, entre ellos el caso de despojo territorial que están atravesando las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani que habitan en Puerto Gaitán departamento del Meta.
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Por ejemplo, entre los años 2016 y 2019, las comunidades indígenas anteriormente mencionadas, solicitaron ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) quien funge como máxima autoridad en materia de tierras en Colombia, la protección de sus territorios ancestrales, tomando como base jurídica lo establecido en el Decreto 2333 de 2014, el cual tiene por objeto lograr la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas del país y según lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT.
Sin embargo, después de más de cinco años de dilaciones, el día 17 de mayo del 2022 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT dio respuesta a una de todas estas solicitudes del Pueblo Sikuani (es decir, la de la comunidad de Barrulia). La ANT, según su interpretación del Decreto 2333 de 2014, decidió no reconocer la ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”. Ello sin considerar el carácter nómada y seminómada de la comunidad y del pueblo indígena Sikuani, y sin valorar el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su libre movilidad y ocupación territorial, o el tipo de ocupación de una comunidad víctima de desplazamiento, así como de confinamiento del que han sido sometidos por años. Al parecer, la mala interpretación de la ancestralidad territorial y la negación del derecho al territorio que desde la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT se ha establecido, hoy no ha resuelto de fondo dicha posesión ancestral, por lo que se corre el riesgo de responder de manera negativa las otras tres solicitudes que las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia y San Rafael Warrojo aún siguen sin ser solución.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
Por su parte, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, se ha sumado al trabajo de denuncia que vienen realizando las mismas comunidades Sikuanis, organizaciones defensoras de derechos humanos como la Corporación Claretiana, Organizaciones Indígenas como la ONIC, entre otras organizaciones, que han venido evidenciando a la opinión pública esta situación que viven estas comunidades, de igual modo se han realizado acciones de orden jurídico para buscar por qué medio de esta vía se pueda garantizar y respetar los derechos territoriales que tienen estas comunidades indígenas.
Es por eso, que desde las gestiones con algunos de los congresistas indígenas (Senado y Cámara de Representantes) Así como de otras entidades e instituciones competentes, se logró que para el día 14 de marzo de 2023 a las 8:30 AM en el Congreso de la República, salón de Constitución, el Ministerio del Interior lleve a cabo una Audiencia Pública “Para atender los problemas del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán, Meta”. A dicha audiencia fueron citadas las entidades Ministerio de Defensa, Alcaldía de Puerto Gaitán, Personería de Puerto Gaitán, Comando de la Policía del Meta, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.
Reuniones con la Defensoría del Pueblo
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.
De este modo, el día sábado 11 de marzo de 2023, el delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de Defensoría del Pueblo con su equipo de trabajo y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, partieron desde Bogotá D.C. a Puerto Gaitán, Meta, en una comisión de verificación de la situación de afectación y vulneración que viene atravesando las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani.
El propósito de esta misión fue que la Defensoría pudiera hablar con las autoridades y comunidades indígenas Sikuanis, sobre la situación de despojo y vulneración de sus derechos, de los cuales están siendo víctimas a causa de la inseguridad jurídica de sus territorios y la no garantía de sus derechos territoriales como originarios que son de dichas tierras ancestrales.
Finalmente, la CNTI por medio de sus delegados y su Secretaría Técnica Indígena, así como el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, continuará fortaleciendo las acciones de incidencia para la consolidación de alianzas y la gestión de articulaciones con personalidades e instituciones públicas, privadas, así como de los organismos de Naciones Unidas, para ello continuará buscando más alianzas, así como fortaleciendo las ya afianzadas, con el fin de avanzar en la consolidación de las garantías y goce efectivo de los Derechos de los Pueblos Indígenas en materia territorial.
Secretaría Técnica Indígena (STI) Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
El pasado 14 de junio en las instalaciones del museo interactivo Maloka, en la ciudad de Bogotá, la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) a través del Observatorito de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas ODTPI, participó en la semana Geomática realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazi (IGAC), evento que tuvo como fin mostrar las tecnologías geoespaciales para la planificación territorial.
En esta novena edición de la Semana Geomática, Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, presentó el Sistema de Información Geográfica (SIG) del Observatorito de Derechos Territoriales de la STI-CNTI, una herramienta fundamental para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Camilo compartió con los participantes los avances y retos que ha tenido el observatorio, en la creación de dicha plataforma que busca ser una fuente de información pública, tanto para las entidades gubernamentales como para los Pueblos Indígenas.
“Creamos un visor que tiene una mirada indígena y desde lo público, que está administrada por nosotros, los pueblos indígenas” comentó Camilo Niño.
Entre las razones por la cual se creó este sistema de información geográfica, fue por la necesidad de unificar y acceder a la información en tiempo real sobre la situación territorial de los pueblos indígenas, tanto aquellas que reposa en las entidades gubernamentales, como la está en el poder de los pueblos originarios.
Una vez consolidada la información en el sistema, se podrá identificar el lugar o comunidad dónde se está llevando a cabo una consulta previa relacionada con temas territoriales; se podrá identificar si estos lugares están en situación de traslapes o hay presencia de parques naturales con los resguardos Indígenas. Dicha herramienta ayudaría a mitigar posibles conflictos territoriales. Además, con el SIG del Observatorios de Derechos Territoriales, el gobierno nacional, las Autoridades y Organizaciones Indígenas podrán hacer seguimiento de las dinámicas territoriales y así tomar decisiones que beneficien sus derechos territoriales.
¿Pero cómo se acede al SIG en los territorios?
Ante esta inquietud, el Secretario Técnico Indígena, informó que uno de los retos del Sistema de Información Geográfico, es seguir fortaleciendo su infraestructura para que esta pueda llegar a los territorios, generando una apropiación de la misma por parte de los pueblos originarios.
“Nosotros no queremos crear sistemas muy buenos, que funcionen, pero si no hay apropiación, eso no sirve para nada, o si no tienen acceso al sistema no sirve para nada, o si el aseso es para algunos no funciona, porque acceder a la información es un privilegio” dijo el secretario técnico en su intervención en su presentación en la Semana Geomática.
En ese orden de ideas, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, con el apoyo del IGAC, han venido capacitado a una parte del equipo de trabajo técnico del Observatorio de Derechos Territoriales, en el uso y manejo adecuado del Sistema de Información Geográfico. Sin embargo, en un futuro se procura que sean las mismas Autoridades y Pueblos Indígenas, quienes desde sus territorios, puedan alimentar y actualizar esta plataforma, desde la defensa y autonomía territorial.
Por último, Camilo Niño manifiesta que este sistema reitera que son los pueblos originarios los actores fundamentales y quienes tienen el conocimiento del manejo y uso de los territorios. Además, con la implementación del SIG, así como la sabiduría y conocimientos propios de los Pueblos Indígenas ayudaría para hacerle frente a la adaptación y mitigación del cambio climático.
Este 2 y 3 de junio del 2022, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participa de la conmemoración de los 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el “Medio Humano”, evento que se estará realizando en Estocolmo, Suecia.
En este espacio, Suecia será el anfitrión de Estocolmo+50 con el apoyo del Pueblo de la Republica de Kenia, el cual se realizará en el marco de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora cada 5 de junio. El evento tiene como propósito, buscar que todos los participantes puedan compartir las diversas experiencias y generar estrategias aplicables para proteger a nuestra Madre Tierra.
La participación de Camilo Niño en Estocolmo+50, es fundamental para la construcción de la declaratoria que van a realizar de manera conjunta con la participación de los líderes y lideresas indígenas que también harán parte de este espacio. Se espera que el Secretario Técnico Indígena en el momento que tenga la oportunidad de intervenir, dará a conocer las principales problemáticas que afectan a los territorios y la importancia de garantizar la seguridad jurídica y los derechos territoriales de los pueblos ancestrales de Colombia.
Por otro lado, el secretario técnico indígena hizo un compromiso con José Francisco Calí Tzay, Relator Especial sobre los Derechos de las Naciones Unidas, para proyectar un pronunciamiento desde Colombia, donde se hablará del ejercicio del cuidado, uso y manejo que le han dado los Pueblos Indígenas a los territorios y a la biodiversidad (hídrica y biológica) con la que cuenta nuestro país. Además de esto, se resaltará la importancia de la protección de la naturaleza para garantizar la pervivencia física, cultural y espiritual de los pueblos originarios, frente a las amenazas del cambio climático.
Desde este espacio estaremos compartiendo las experiencias compartidas en el evento, sobre las acciones que llevan a cabo los Pueblos Indígenas para la conservación, siguiendo el conocimiento ancestral como un factor clave a nivel nacional e internacional para la exigencia a los Estados y sus gobiernos, con el fin de que consideren la importancia que implican cada una de sus decisiones a la hora de intervenir los territorios con megaproyectos que en su mayoría, destruyen poco a poco nuestra Madre Tierra.
En el primer trimestre del año, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI se concentró en identificar acuerdos estructurales sobre derechos territoriales (como formalización, restitución, medidas de protección entre otros) que permitan el avance significativo para los Pueblos Indígenas en el 2022 considerando el próximo gobierno. En ese sentido se ha avanzado en la realización de las jornadas autónomas para definir la ruta de restitución a corto, mediano y largo plazo en la prórroga del decreto ley 4633 de 2011 y el avance estratégico del decreto 2333 de 2014, el trabajo sobre los acuerdos en materia de reforma rural integral, consulta previa, catastro multipropósito, acceso al Sistema Integrado de Tierras (SIT) y el avance del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I).
En este primer trimestre se realizó la primera secretaria operativa (espacio de coordinación entre la STI y la STG) donde la STI expuso los siguientes puntos como necesarios para el adecuado cumplimiento y monitoreo de los acuerdos para el presente año:
Agilizar e impulsar los acuerdos del 2022 suscritos en la CNTI de vigencia permanente que registran sin avances. Por lo tanto se estableció una estrategia (dependiendo de las exigencias de cada acuerdo)
Coordinación con la Secretaria Técnica de Gobierno (STG) para registrar todas las reuniones de las entidades del gobiernos nacional relacionadas a los acuerdos de tal manera que los acuerdos puedan tener evidencia y soporte
Identificar y coordinar con la STG los acuerdos que deben retomarse en las sesiones mixtas (bien sea porque a vigencia esta vencida y son acuerdos que siguen en desarrollo o porque quedaron como cumplidos parcialmente y las entidades no han desarrollado las observaciones de la STI).
En este mismo espacio de coordinación con la STG, se trataron acuerdos que quedaron pendientes del 2021 y aquellos casos puntuales que tenían cumplimiento para el primer trimestre del 2022; como fue el Resguardo Indígena Guacamayas Mamiyare, el avance del Resguardo Renacer Awá, San Lorenzo y Kankuamo de la Sierra.
Al final de la agenda se trataron otros temas complementarios a los acuerdos como lo fue facilitar y acompañar la solicitud del Resguardo Indígena Triunfo Cristal Páez del Pueblo Nasa, del municipio de Florida – Valle del Cauca. Así como la solicitud realizada para obtener información acerca de la Directiva 001 del 30 abril 2020 y el caso del Resguardo Indígena Awá La Cabaña.
Frente a éste último, la CNTI concertó en el acuerdo 6 de la sesión mixta número VI de la CNTI del año 2021, que el Ministerio del Interior agilizaría la entrega del concepto previo para que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) lo lograra llevar al último consejo directivo del año 2021, asegurando de ésta manera, el inicio del proceso de constitución. En seguimiento al acuerdo, en el mes de diciembre el concepto previo fue favorable. Toda vez que se da el concepto previo la ANT debe llevar el caso al consejo directivo, sin embargo, no se llevó.
El 23 de diciembre de 2021, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) informa a la Secretaria Técnica Indígenas (STI) sobre un posible traslape de la pretensión territorial con un convenio de explotación. Motivo por el cual, no se llevó a consejo directivo; la ANT expresa que con éste traslape, a pesar de haber realizados estudios socioeconómicos, debe respetar los derechos de los terceros y de los pueblos indígenas. La situación de urgencia en el territorio para la constitución, el 2 de marzo del año en curso, las autoridades Indígenas de La Cabaña realizaron una reunión con la ANT y el equipo de formalización (actividad que fue acompañada por la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI) que finalizó sin mayores avances.
Éste caso deja muchos interrogantes en las comunidades y pueblos indígenas, especialmente en los territorios donde hay un alto nivel de extractivismo, porque si bien, se extrae y/o se explota en el subsuelo, esto no puede detener un proceso de formalización que es un derecho territorial, fundamental y colectivo. Especialmente, si ya ha pasado por todas las etapas establecidas en la norma.
Con este escenario, desde la Secretaría Técnica Indígena (STI), los Delegados y las Organizaciones Indígenas con asiento en la CNTI se prepararon para estructurar la agenda Indígena en materia de derechos territoriales para el diálogo y concertación con el gobierno nacional en el año 2022. Ejerció de planeación realizado en el marco de la primera sesión autónoma Indígena de la CNTI y así avanzar en el posicionamiento a las necesidades, realidades y sentires de las comunidades y pueblos indígenas de Colombia. De esta manera, con dicha preparación, la STI ha avanzado en la preparación para la primera sesión Mixta de la CNTI entre el gobierno nacional y el Gobierno Indígena.
Para concluir, se realizó la publicación del balance de acuerdos 2021; diálogos, exigencias y concertación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Este informe detalla los temas que a lo largo de las seis sesiones de la CNTI 2021 se trabajaron:
Garantía de Derechos Territoriales: en lo que refiere a formalización, coloniales, áreas cabidas y linderos, restitución y medidas de protección. Enfocada especialmente en la concertación, por segundo año consecutivo, del plan de acción y plan de atención, así como de las metas generales para la finalización del actual gobierno.
El funcionamiento y fortalecimiento de la CNTI en tanto sesiones y propuesta de la CNTI para la contratación en las entidades de tal manera que se fortalezca el dialogo, se agilicen los empalmes y la coordinación
El seguimiento a los puntos sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Acceso a la información verás, pertinente y actualizada por parte de las entidades para el conocimiento de la CNTI, Delegados, Organizaciones y Pueblos indígenas.
Adecuación y articulación institucional
Consulta previa libre e informada y
Acuerdos en materia de presupuesto (para el plan de acción y adquisiciones)
Así mismo refleja el trabajo de las 18 secretarias operativas para el impulso de los acuerdos 2021, las sesiones ampliadas CNTI-MPC, los logros y las dificultades en materia de acuerdos. Para el 2021 se suscribieron 71, de los cuales 6 se encuentran incumplidos, 16 se encuentran en desarrollo, 17 aún se encuentran sin avance (teniendo en cuenta que la mayoría de estos son de cumplimiento para el 2022) y 30 se encuentran entre cumplidos y cumplidos parcialmente.
Conforme pasan los años, han incrementado aceleradamente las agresiones en contra de la vida y la integridad personal de las y los defensores de derechos humanos- en adelante personas defensoras de DDHH- y de sus familias en Colombia. Después de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia entre el Estado Colombiano y la ex guerrilla FARC-EP- en adelante Acuerdo de paz-, salieron a la luz pública otros problemas sociales que afronta este país, los cuales habían permanecido sin atención y ocultos por el gobierno a causa del conflicto armado que mantenía con esta ex-guerrilla bajo la lógica institucional de priorizar la guerra como único problema que padecía este país.
Uno de estos problemas sociales es el abandono institucional de muchas zonas del país, lo cual había dado paso a que estos territorios fueran controlados por diferentes grupos armados incluido la ex-guerrilla, como consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz este grupo armado se retiró de los territorios donde hacia presencia, pero, debido a que el actual gobierno se ha opuesto firmemente a la implementación del Acuerdo de Paz, dentro del cual se encuentran reformas estructurales para que el Estado haga más presencia en estos territorios por medio de iniciativas sociales, como consecuencia a esa oposición estos territorios están siendo ocupados y controlados por otros grupos armados.
Ante el abandono institucional, el conflicto armado, la presencia de empresas multinacionales para la explotación minero-energética en estos territorios biodiversos, entre otras luchas, las personas defensoras representan a sus comunidades, por lo tanto, lo relatado anteriormente da cuenta de un contexto altamente complejo para la defensa de los DDHH en Colombia.
Con el objeto de exponer lo anterior se utilizara las narraciones de líderes y lideresas sociales del Departamento del Cauca, el cual continua siendo afectado por el conflicto armado, estos líderes relatan las luchas que llevan en y para sus comunidades así mismo como han sido amenazadas su vidas; dentro de la narración de los hechos también habla la representante de una organización en defensa de las personas defensoras de DDHH; estos relatos se encuentran en el documental “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia[1].
[1] Las declaraciones y los datos sobre las personas defensoras que se mencionan en este trabajo se extrajeron del Documental “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia, dirigido por Emily Wrigth, Tom Laffay y Daniel Bustos Echeverry, que relata la situación sufrida por las y los defensores en el Departamento del Cauca, Colombia.
Identificación de las y los defensores.
Las personas defensoras de DDHH[1] en Colombia son también llamadas lideresas o líderes sociales[2], es así como son reconocidas por las comunidades a las que pertenecen, aunque sus liderazgos son diversos[3], con el fin de exponer la situación que enfrentan actualmente y poder explicar las posibles causas es importante mostrar ciertas características comunes que comparten como grupo social, en adelante se hará referencia tanto a personas defensoras de DDHH como a líderes sociales en el entendido que los dos conceptos tienen el mismo significado en la realidad colombiana.
Uno de los rasgos que comparten es la defensa de DDHH en diferentes ámbitos, un ejemplo de un perfil de liderazgo es el realizado por Héctor Marino líder afrocolombiano de la vereda la Ventura del norte del departamento del Cauca,
[2] “Un defensor [ y defensora] de los derechos humanos es toda persona que, individual o colectivamente, actúa o desea actuar para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. Los defensores de los derechos humanos defienden, reivindican, hacen cumplir, protegen y promueven los derechos humanos, y las acciones que emprenden deben ser pacíficas. Los defensores no solo detectan violaciones de los derechos humanos, al tiempo que señalan a la atención de las autoridades las consecuencias de sus acciones y omisiones, sino que también desempeñan varias otras funciones, entre ellas la de ayudar a los Estados partes en la elaboración de las políticas públicas para el cumplimiento de sus obligaciones. En el lenguaje más prosaico del título oficial de la Declaración, los derechos enunciados en ella corresponden a todos “los individuos, los grupos y las instituciones”. Definición de persona defensora de derechos humanos del relator especial de la situación de los defensores de derechos humanos de naciones unidas Michel Forst”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 23 de julio de 2018, párrafo. 15. disponible en https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/215 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[3] “El líder o la líder es multifuncional, es la voz de las comunidades, en especial de aquellas zonas ausentes de Estado, pero también es quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos, promueven desarrollo, defiende el medio ambiente, exigen sustitución de cultivos, incentivan la participación efectiva de los ciudadanos, son constructores de la paz y del tejido social, luchan contras las economías ilegales, hacen veedurías ciudadanas, hacen parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones comunales, entre otros; su compleja función social es buscar fortalecer la democracia y el disfrute colectivo de los derechos”. COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, PROCESO DE GARANTÍAS PARA LA LABOR DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES, COMUNALES, DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA, Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia Semestre 2018-1, Medellín, 2018, disponible en https://es.calameo.com/read/005072052efe9cbf306f4 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[4] Específicamente en Colombia, las personas defensoras de DDHH, realizan diversas actividades dentro de las cuales se encuentran: “Defensa de los derechos a la tierra y el territorio, veeduría y denuncia de crímenes de actores hegemónicos, denuncias de despojo de tierras, de actos de corrupción de funcionarios estatales, de presencia de actores armados, de reclutamiento forzado y de microtráfico. (…) [También] oposición a megaproyectos económicos, de explotación o de industrias extractivas que afectan negativamente a la comunidad (de petroleras, minería legal e ilegal, construcción de represas), (…) defensa de derechos sexuales y reproductivos o trabaj[o] en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC – EP”. Comisión Colombiana de Juristas, ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, octubre de 2018, p. 211, disponible en http://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
defensor de los derechos de las víctimas del conflicto armado, el cual ha recibido amenazas contra su vida desde el año 2008, es así como describe su liderazgo[5]:
“En el país por la ausencia de gobierno, hablo de gobierno nacional, departamental y municipal y otras cosas pues ha habido gobierno propio, es un llamado de alerta y un llamado de alerta, en el sentido de que como comunidad tenemos que echar mano de organizarnos, fortalecimiento de la guardia indígena, fortalecimiento de la guardia cimarrona, fortalecimiento de la guardia campesina, ¿con qué objetivo? [Indica en forma de pregunta] de ayudar a controlar, de ayudar a vigilar, a ser veedores”.
Otro perfil de liderazgo es el ejercido para la protección de los territorios en los casos de contaminación por mercurio de las fuentes fluviales de las cuales depende la comunidad para su abastecimiento, debido a la minería legal e ilegal, al respecto declara Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa de la Vereda Chicharronal Norte del Cauca el cual defiende y recupera tierras para su comunidad y su vida ha sido amenazada desde los años 2006:
“Somos gobiernos propios, dentro de este territorio nosotros somos el gobierno, nos toca defender el territorio de cualquier problema, riesgo que aparezca” [y en desarrollo de lo anterior] “es mandato al interior de nuestros territorios no permitir, ninguna actividad de extracción del mineral acá en territorio, como se metieron dragas y se metieron, a nosotros nos tocó intervenir, nosotros incautamos varias dragas, varias retroexcavadoras y las quemo la gente, las quemo”.
De las declaraciones anteriores también se puede desprender que otro rasgo que comparten es el contexto, en el cual predomina la falta de presencia del Estado en estos territorios por lo cual han tenido que organizarse las comunidades y darse gobierno propio; También denuncian la presencia de grupos armados en sus territorios pese a la firma del Acuerdo de Paz, es así como FELICIANO VALENCIA describe la presencia de estos grupos en el municipio de Corinto en el Departamento del Cauca:
“Hace aproximadamente un mes que rondo el grafiti, por todas las casas por estos corredores [se refiere a la vereda Chicharronal Norte del Cauca] pero con más fuerza en Corinto, hasta por acá en la carretera pintaron los muros, las paredes, que decían que a partir de la 9 de la noche ya no se podía mover nadie más y todos aquellos que estaban aliados con la guerrilla indígenas, ACIN [Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca], líderes que se iban hacer objeto militar”.
Presencia entonces marcada por amenazas directas en contra de los líderes y amedrentamiento de la población civil.
Los une también las diversas agresiones en contra de su vida, integridad y la de sus familias; desde el año 2016 año en que se firmó el Acuerdo de paz y hasta el año 2018 la Defensoría del Pueblo[6] estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de DDHH[7].
En el año 2018, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de DDHH en el mundo, con un total de ciento veintiséis (126), en el periodo entre enero y finales de noviembre de este año.[8]
Diana Sánchez, exdirectora de Somos Defensores, organización que monitorea la persecución y asesinato de los defensores de derechos humanos, señala lo siguiente respecto a la presente situación:
“La razón de ser del movimiento de derechos humanos en Colombia, solo debería ser por la defensa de los derechos humanos. Nosotros no deberíamos de estar luchando por nuestra lucha, ósea nosotros no deberíamos estar exigiendo garantías para el ejercicio de nuestra labor”.
El último rasgo que las personas defensoras comparten es una historia de discriminación. Desde la década de los años 70 se presentan pronunciamientos estigmatizantes sobre la labor de las personas defensoras por parte de funcionarios de altos cargos públicos -se incluye personal de altos cargos militares- a través de medios masivos de comunicación. Diferentes ONG han sostenido que en esta década las diferentes agresiones hacia las personas defensoras estaban relacionadas con las estigmatizaciones por parte de los diferentes servidores públicos[9], debido a que estos “califica[ban] la labor de promoción y defensa de los derechos humanos como parte de una estrategia de los grupos guerrilleros Contra las instituciones”[10] y también en lo revelado por diferentes informes de inteligencia que hacen parte de procesos judiciales, se encontró que altos cargos militares se expresaban sobre las personas defensoras de DDHH como parte de los grupos subversivos[11], lo anterior es reflejo que la lógica institucional del Estado Colombiano respecto a las personas defensoras es la consideración de este grupo como enemigo interno del Estado; esta estigmatización tiene dos objetivos por un lado deslegitimar la actividad de defensa de los DDHH y por el otro justificar que como enemigo interno se debe combatir. En la actualidad continúan estos pronunciamientos estigmatizantes.
Amenaza de la Vida
El contexto descrito da cuenta de la compleja situación que enfrentan y el riesgo que significa para la vida de las personas defensoras ejercer su labor:
Al respecto declara Héctor Marino:
“¿Por qué nos declaran a nosotros objetivo militar? Porque somos líderes y lideresas que estamos haciendo una labor de ejercicio de defensa del territorio, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida. He salido en panfletos, en fotos, ofreciendo cuatro millones de pesos por mi cabeza (como dice el cuento como del viejo oeste “se busca”). Pero estos papeles rodaron por acá por el norte como un verraco también […] y esto fue una de las cosas que más preocupo y máxime cuando ponen precio, uno, porque pues la necesidad misma que hay, cualquiera dice voy a ganarme esos dos pesos, y listo lo hacen”.
Igualmente, señala Feliciano Valencia:
“Fui víctima de tres atentados, a mi cuñado lo asesinaron en la casa cuando estaba descansando, el primo iba en una motocicleta y lo bajaron de la motocicleta y lo mataron, y últimamente nos hicieron disparos de allá bajo de la carretera en la entrada donde se desvía de ahí dispararon hacia acá; ese caso está en la Fiscalía, pero no ha progresado en ningún sentido”.
Briceida Ribeiro, líder indígena de la comunidad Nasa concluye diciendo:
“La historia nos lo ha dicho que el que piensa diferente en este país, el que lucha por su territorio, el que ya sabe qué es lo que tiene y qué es lo que puede perder, tiene a alguien que te ve como enemiga, y cuando ya te conoces tus derechos no deja de haber alguien que le duele que defiendas a tu comunidad ¿no?”.
Y como estos relatos, hay muchos más. El objetivo, como propuso BRICEIDA, es solo uno: instaurar un discurso de terror y muerte en contra del enemigo interno que defiende su territorio. Así lo demuestra también el relato de Diana Sánchez, cuando señala:
“Quien asesina a un líder social sabe que es lo que quiere, lo que quiere es que esa comunidad deje de estar pensando en los procesos organizativos, en la movilización que tienen, en las luchas que tienen, que no solamente matan a esta persona, sino que desestructuran la familia y desestructuran la comunidad, tiene que ser procesos muy fuertes como los Nasa que tienen una organicicidad muy grande, un control territorial muy grande, que les han matado muchísimos líderes y aún permanecen”.
Impunidad de las muertes ¿por qué convienen?
Desde el año 2009 hasta el año 2017, según reporte de la Organización Somos Defensores ocurrieron 563 casos de asesinatos los cuales se encuentran registrados en el SIADDHH[12], respecto al avance de las investigaciones sobre estos casos la Organización Somos Defensores consultó a la Fiscalía general de la nación[13]; como resultado de esta consulta se concluyó lo siguiente: en 49 de los casos reportados existe sentencia condenatoria o absolutoria es decir en el (8,6%) del total de los casos de este periodo se ha llevado a término las investigaciones, por lo tanto en el 91,4% de los casos de asesinato reportados y analizados, no se han adelantado avances y podría entenderse que existe impunidad[14].
Respecto a las amenazas que son otra forma de agresión muy frecuente sobre las personas defensoras, DIANA SÁNCHEZ declara lo siguiente:
“La fiscalía no ha investigado esos delitos de las amenazas. El grueso de los casos, que es el 80-90%, no van hacer investigados y van a quedar impunes. De ahí que creemos que el Estado no tiene la voluntad de investigar quiénes están detrás de eso”.
Lo anterior deja en evidencia que, aunque las cifras sean alarmantes se presenta hacia las personas defensoras violencia institucional debido a la falta de resultados palpables en las investigaciones penales sobre los asesinatos y las amenazas, por lo cual se puede afirmar que la situación de las personas no es una prioridad para el Estado Colombiano, lo anterior lo confirma DIANA SÁNCHEZ:
“El movimiento de derechos humanos o el social no es la prioridad porque entre otras cosas hay que decirlo sin temor, es que este es un Estado y una clase política profundamente clasista y los muertos, los agredidos, los amenazados son sectores populares y los sectores populares no cuentan para los dueños de este país”.
La no respuesta institucional es vista por las personas defensoras como complicidad debido a que no existe ninguna garantía para el ejercicio de la defensa de los DDHH, al contrario, cada vez que ocurre un asesinato el Estado atribuye la causa de la muerte a aspectos personales de las víctimas y es reticente a reconocer que las razones de los asesinatos estén relacionadas con el ejercicio de su actividad.
Lo anterior refleja que son muertes que convienen debido a que la falta de voluntad política para la protección e investigación de los asesinatos de las personas defensoras envía un mensaje de miedo en los territorios lo que conlleva a que haya menos procesos organizativos y por lo tanto menos oposición a las acciones u omisiones del Estado así mismo como menos oposición a cualquier proyecto económico.
Conclusiones:
La situación de las personas defensoras de DDHH en Colombia, refleja grandes problemas estructurales dentro del país como la desigualdad social, debido a que la mayoría de las victimas pertenecen a sectores con poca o ninguna presencia institucional donde no solo son territorios controlados por grupos armados sino también son territorios con poca inversión social, donde el único puente entre el gobierno y estas poblaciones son las organizaciones sociales por medio de sus lideresas o líderes que trabajan de forma independiente en procura de mejorar la calidad de la comunidad a la que pertenecen. Por lo tanto, la muerte de las personas defensoras significa que estas poblaciones sigan en una situación de desigualdad y a la vez que los procesos organizativos sean cada vez menos lo que representa menos oposición para el gobierno y menos intervención en los grandes proyectos económicos que afectan estas comunidades.
Existe otro rasgo definitorio que va más allá de la discriminación y es que las personas defensoras de derechos humanos en Colombia –y en otros lugares- no están ejerciendo libremente su derecho a la participación política. De este modo, para efectos de proporcionar mecanismos que disminuyan la situación de vulnerabilidad de este grupo, sería pertinente indagar por los mecanismos que estas personas disponen para ejercer libremente su actividad, la de defender los derechos humanos.
Las muertes de las personas defensoras son muertes que no importan, no en el sentido de que el Estado Colombiano no esté haciendo nada al respecto y eso sea una muestra de su intereses, sino en el sentido que son pérdidas humanas que no significan valor para los dirigentes del Estado Colombiano ya que son personas de sectores populares que no significan ningún beneficio económico para la clase dirigente, sin embargo, sí son muertes que cuentan y convienen porque son vistas como un obstáculo menos para la consecución de los intereses económicos de quienes ven los territorios solo como fuente de ingresos.
Referencias:
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 23 de julio de 2018, disponible enhttps://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/215(última consulta 09 de diciembre de 2021)
BUSTOS ECHEVERRÍA D. (Productor), WRIGTH E., LAFFAY T. (Directores), 2018, “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia, Documental, disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=IJOKfMaMh3w(última consulta 09 de diciembre de 2021)
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, octubre de 2018, disponible enhttp://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173(última consulta 09 de diciembre de 2021)
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, PROCESO DE GARANTÍAS PARA LA LABOR DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES, COMUNALES, DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA, Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia Semestre 2018-1, Medellín, 2018, disponible enhttps://es.calameo.com/read/005072052efe9cbf306f4(última consulta 09 de diciembre de 2021)
PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, Más allá de las cifras, segunda parte, Informe Enero – junio 2018: Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los DD.HH–SIADDHH-, Bogotá, disponible enhttps://somosdefensores.org/2018/09/24/mas-alla-de-las-cifras-segunda-parte(última consulta 09 de diciembre de 2021)
[2]La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo que vela por la promoción, ejercicio, divulgación y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.
[4]FRONT LINE, FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS/AS DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS, Análisis global Front line defenders 2018, Dublín, 2019, ref. No. 5., disponible en
[5]COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo II. El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colombia, Bogotá, 2004, pp. 84-86, disponible en
[8]El SIADDHH es el Sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia el cual fue creado por la Organización Somos Defensores; el SIADDHH es la única base de datos que contiene esta información debido a que a nivel institucional no llevan este registro de forma específica.
[9]Órgano encargado de las investigaciones penales en Colombia.
[10]PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, Mas allá de las cifras segunda parte, Informe Enero – Junio 2018: Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los DD.HH – SIADDHH, Bogotá, p. 116, disponible enhttps://somosdefensores.org/2018/09/24/mas-alla-de-las-cifras-segunda-parte/(última consulta 09 de diciembre de 2021)
Hacia el mes de septiembre de 2021 los medios de comunicación registraron nuevamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de personas indígenas de los pueblos Emberá Dobidá y Emberá Katío, quienes permanecen en condición de desplazamiento desde hace años en Bogotá y decidieron acampar de manera permanente en el Parque Nacional Olaya Herrera para reclamar atención real y efectiva.
Esta problemática no se reduce a un hecho aislado, sino que responde a una serie de factores que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos y territoriales de estas comunidades. La presencia de actores armados, los conflictos internos y la inseguridad jurídica de sus territorios dieron paso a un éxodo masivo que ha tenido como receptoras, entre otras, a las ciudades de Pereira, Armenia, Medellín y Bogotá.
El caso de los Emberá es sin duda uno de los más documentados respecto al desplazamiento forzado de comunidades indígenas que han tenido que movilizarse a ciudades intermedias y principales, con la inminente amenaza que esto representa para su existencia física y cultural. Lo anterior, debido al desarraigo de sus territorios, la pérdida de sus espacios sagrados y celebraciones tradicionales, además de la entrada en desuso de su lengua materna.
¿Por qué salir de los territorios?
La Nación Emberá ha vivido históricamente en lo que la división administrativa del país reconoce como los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo, así como están presentes también en Panamá y Ecuador.
El occidente del país, como muchas otras regiones de Colombia, ha sido testigo del desarrollo del conflicto armado y la barbarie que no ha sido ajena a los pueblos indígenas. Hacia la década de 1990 la presencia de actores armados marcó un cambio drástico en las dinámicas de las comunidades, pues no solamente estaban en el territorio las Farc y el ELN, sino que también disputaban el control los grupos paramilitares.
El accionar de las fuerzas militares en la zona para hacer frente a las incursiones armadas de los actores ilegales no alivió la situación precisamente, en las confrontaciones se vieron afectadas las comunidades que vieron interrumpidas sus acciones cotidianas y cómo tanto sus lugares de cultivo como de crianza de animales fueron perdidos.
Las afectaciones no pararon ahí, toda vez que otro tipo de violencias aparecieron bajo el mando de los armados legales e ilegales, y es que los indígenas Emberá han tenido que soportar durante años las violencias basadas en género sobre los cuerpos de las mujeres, las amenazas, los asesinatos selectivos, el reclutamiento de menores y por supuesto el desplazamiento forzado que a día de hoy no se ha podido superar.
Cabe recordar que, para el caso de los Emberá Katío, entre las décadas de 1970 y 1990 se vivió un periodo muy violento a causa de la explotación del oro en Bagadó donde a su vez está el Resguardo Indígena del Alto Andágueda. Durante décadas ha habido disputas en el área por la extracción del metal y junto a estas vino el derramamiento de sangre y la expulsión de centenares de personas.
En la búsqueda de estrategias para defenderse a sí mismos y a su tierra, los emberá comenzaron en 1979 los trámites para ser reconocidos como resguardo indígena y así, delimitar claramente la tierra que les sería adjudicada. En diciembre de ese año el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora les reconoció como Resguardo del Río Andágueda y con esto quedó claro que su territorio estaba compuesto por 50 mil hectáreas. Aún así, la violencia por parte de colonos y grupos armados guerrilleros continuó[1].
Por estos motivos, a los que se suman problemáticas internas, familias completas han abandonado sus territorios en los últimos años para llegar a las ciudades en las que se alejan de sus prácticas tradicionales y acuden a otras salidas económicas como la elaboración y venta de artesanías, además de trabajos informales, etc., con los que muchos cancelan el precio de los llamados «pagadiarios», sistemas de vivienda en los que no es extraño encontrar condiciones de hacinamiento.
La problemática actual en Bogotá
La minga permanente instalada en el Parque Nacional llamó la atención por la gran presencia de los Emberá y personas de otros pueblos indígenas, además de la forma en que la comunidad está pasando los días, sobre todo por las condiciones de salubridad que afectan principalmente a algunas mujeres y a la niñez, debido a los brotes de sarna, la aparición de diarrea, deshidratación, desnutrición y riesgos para las gestantes, que se sumaron a las enfermedades estacionales, fruto de las bajas temperaturas y las fuertes lluvias en la capital del país.
Un claro ejemplo de ello es el caso del menor Yhosquin Murry Queregama, de un año de edad, quien falleció el 28 de noviembre a causa de complicaciones de salud por las condiciones en las que permanecía y cuyos hermanos, otros dos menores, presentan también fiebre y signos de desnutrición.
Según la información difundida por la Defensoría del Pueblo, luego de espacios de conversación con líderes y representantes indígenas
En el Parque Nacional se hallan concentradas 480 familias, integradas de la siguiente manera: 390 niños y niñas menores de 5 años, 90 niños y niñas de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años. Adicionalmente, se registran 4 casos de rubeola y sarampión y 11 casos graves enfermedades respiratorias[2].
Mientras algunos líderes indígenas han afirmado que la atención de los profesionales médicos no ha sido constante ni oportuna, la Secretaría de Salud señaló que a sus funcionarios se les ha negado el ingreso y la prestación de servicios a la comunidad. En este sentido sería necesario evaluar si en efecto ha habido negligencia o puede deberse a una ausencia de confianza en los procedimientos y manejos provistos desde la institucionalidad.
Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en cabeza de Margarita Barraquer y del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se argumentó que ha sido brindada atención especial a las comunidades desde el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19. Esto, según los funcionarios, mediante la destinación de 1895 millones de pesos[3] entregados como bonos canjeables por alimentación, pago de alojamiento, alimentación y enceres.
Es importante tener en cuenta que dichos recursos fueron destinados en el marco de la pandemia y responden también al Auto 149 de la Corte Constitucional, que exhortó al Gobierno nacional a adoptar medidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado durante la pandemia.
Aunque la administración distrital ha ofrecido reiteradamente el traslado de las comunidades al albergue provisional del Parque La Florida, existe una contradicción evidente entre las condiciones que la Alcaldía dice ofrecer en este lugar y lo que las mismas han denunciado a través de redes sociales con la toma de fotografías y videos de los sitios en los que han sido reubicados.
En los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá han sido compartidas imágenes que dan cuenta de una infraestructura con camas individuales, cocinas equipadas y espacios de recreación para las personas indígenas, misma que ha sido promocionada como un «entorno que fortalece su identidad étnica y cultural». Por otra parte, las imágenes publicadas dan cuenta de hacinamiento, falta de enceres y poca protección contra el frío y la lluvia.
A esto se suma el manejo atropellado que ha tenido la Alcaldía de Bogotá para atender la situación, pues si bien ha establecido espacios de diálogo, no han tenido garantías plenas para los representantes indígenas e incluso ha intervenido de forma arbitraria la fuerza pública, sin reparar en la presencia de infantes, mujeres en embarazo, lactantes y adultos mayores.
Incluso antes de la muerte del menor se habían presentado denuncias por parte de las organizaciones que acompañan el proceso, quienes en su momento dieron cuenta del traslado de emergencia de una mujer que tuvo riesgo en su embarazo tras las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 29 de septiembre, así como de una menor de tres meses de edad que presentó complicaciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos empleados por el mismo escuadrón el pasado 6 de octubre.
De acuerdo al proceso de Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), actualmente hay más de 1000 personas indígenas en el Parque Nacional, pues hacen presencia parcialidades de 14 pueblos en la Minga Permanente declarada el pasado 2 de octubre, en la que reclaman «la defensa y salvaguarda de los derechos colectivos e integrales de los pueblos o comunidades indígenas». Así, junto a los Emberá Dobidá y Katío, permanecen también indígenas Kokonuko, Nasa, Kubeo, Koreguaje y Zenú, entre otros.
La zozobra del retorno
La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) informó que está adelantando conversaciones y comités de justicia transicional con las entidades competentes y las administraciones de los posibles municipios receptores, a fin de realizar viajes de regreso[4] a los territorios antes de que finalice el 2021. Este despliegue logístico se haría, en un primer momento, en beneficio de las comunidades ubicadas en el Parque La Florida.
Los Emberá ya habían tomado otros espacios hace unos años, como el Parque Tercer Milenio en Bogotá, y esta no es la primera vez que reclaman atención para la reubicación o el retorno a sus territorios ancestrales. Lo que no ha sido posible asegurar, y mucho menos mantener por parte de las entidades estatales con injerencia en el tema, son las condiciones propicias y las garantías para la vida, la paz y la permanencia. En este punto no se puede olvidar la necesaria vigilancia de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Distritales y Municipales.
El acompañamiento más reciente fue el iniciado por la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la UARIV el 1 de diciembre, en el que después de un proceso de diálogo con 127 familias Emberá Chamí (aproximadamente 460 personas) que permanecían en el punto de atención de La Florida, se procedió a su traslado con destino al municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, a los resguardos Gito Dokabu y Unificado del Río San Juan.
Por lo tanto, este representa un nuevo intento y un reto más para la institucionalidad de cara a lograr el retorno de las comunidades que desean volver y que han visto obstaculizadas una y otra vez las iniciativas para volver y quedarse en sus territorios, pues estas intenciones fallidas son una revictimización por las afectaciones que han sufrido de forma reiterada.
De igual forma corresponde al Gobierno comprometerse a crear las condiciones para el cumplimiento efectivo de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, ya que la época del posacuerdo no ha configurado realmente un escenario en el que las comunidades puedan recuperar el tejido social en los territorios que han sido suyos ancestralmente.
El contexto actual del recrudecimiento de la violencia, el surgimiento de aún más grupos armados al margen de la ley, y sus disputas a sangre y fuego por el control de las economías ilícitas no hacen más que imposibilitar las garantías de reparación y no repetición, indispensables para la población indígena víctima del conflicto armado.
Además de ello, es vital fortalecer los canales de atención en las ciudades receptoras, pues las situaciones en las que sobrevive esta población en las urbes no puede seguir rayando la mendicidad ni mucho menos poniendo en riesgo la vida de menores que en muchos casos no han conocido otra realidad distinta a la incertidumbre y el desarraigo, bien sea por el accionar directo de actores externos que obliga a sus familias a desplazarse o a la falta de voluntad y oferta institucional para brindar servicios propicios, permanentes y de calidad en su atención.
[1] Tierra en Disputa. (s,f), El Resguardo del Alto Andágueda lucha por expulsar la minería de sus tierras. http://tierraendisputa.com/caso/alto-andagueda
[2] Defensoría del Pueblo. (29 de noviembre de 2021). Muerte de niño de comunidad embera que permanece en el Parque Nacional no tiene justificación: Defensor del Pueblo. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10586/Muerte-de-ni%C3%B1o-de-comunidad-embera-que-permanece-en-el-Parque-Nacional-no-tiene-justificaci%C3%B3n-Defensor-del-Pueblo-Parque-Nacional-Defensor%C3%ADa-ni%C3%B1o-muerto-embera-ind%C3%ADgenas.htm
[3] Alcaldía de Bogotá. (5 de octubre de 2021). Distrito ha destinado 1.895 millones de pesos para atención de familias Embera. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/distrito-ha-destinado-1895-millones-de-pesos-para-atender-los-embera
[4] Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. (19 de octubre de 2021). Unidad prevé que en noviembre se podría dar el retorno de algunos integrantes de la comunidad embera asentados en Bogotá. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asuntos-etnicos/unidad-preve-que-en-noviembre-se-podria-dar-el-retorno-de-algunos-integrantes-de-la
Teniendo en cuenta lo anterior, Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la CNTI y su equipo de trabajo, se reunieron con el Viceministro de Conectividad del Ministerio de las TIC, Sergio Octavio Valdés Beltrán y Margareth Silva Montaña directora de la Oficina de Fomento Regional de tecnologías de la información y las comunicaciones del Ministerio de las TIC. En dicho encuentro se expuso la estrategia de comunicación que viene desarrollando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, en especial el uso y apropiación de repertorios tecnológicos para la producción de contenidos radiales, sonoros, audiovisuales y transmediales.
De igual modo, se le presentó al Ministerio de las TIC, el Sistema de Información Geográfica (SIG) que viene consolidando el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI, el cual tiene como meta consolidarse como uno de los principales referentes de información geográfica sobre los Pueblos Indígenas de Colombia.
Gabriela Olguín, de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, informó que su presencia en el país se debe al mandato de la Misión de Verificación, definido por medio de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para el seguimiento y verificación de lo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (Acuerdo Final de Paz), acordado entre el Gobierno Nacional de Colombia y la Guerrilla de las FARC en noviembre de 2016. En lo que corresponde a los Pueblos Indígenas, dicha Misión de la ONU ha venido trabajando en la verificación de la situación actual de los Pueblos Étnicos.
Sin embargo, Camilo Niño llamó la atención a los representantes de la Misión de Verificación de la ONU, porque al parecer lo reportado por el Gobierno Nacional no corresponde con la realidad o hay una disparidad de información, dado que los datos entregados por el Gobierno no corresponden con la realidad. También al parecer se está interpretando la norma según como le favorece al Gobierno. Lo anterior teniendo en cuenta que según la información con la que cuenta el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la STI-CNTI analizada por ejemplo en los informes (Balance de la implementación del Decreto Ley 4633, el Fraude de la Paz, Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de los Territorios Indígenas y el informe La Formalización y la Seguridad Jurídica de los Territorios Indígenas en el 2021), la asimetría con lo reportado por el gobierno nacional en materia territorial indígena es abismal.
Este caso tiene que ver con varias acciones de desalojo que las entidades públicas y policiales de Puerto Gaitán han venido ejecutando contra los miembros de las comunidades de Iwitsulibo, Tsabilonia, San Rafael Warrojo y Barrulia pertenecientes al Pueblo Indígena Sikuani, el cual es un Pueblo seminómada y nómada que históricamente ha tenido que sobrevivir siendo víctimas de despojo, confinamiento y desplazamiento forzado, con pocas o casi nulas garantías de sus derechos territoriales.
Ahora, dichas comunidades Indígenas quienes continúan sin que se les resuelva la situación de sus territorios ancestrales, están enfrentadas a los procesos policivos de desalojos por parte de las autoridades ordinarias municipales, de igual modo las comunidades vienen denunciando que sobre sus territorios ancestrales hay muchos intereses económicos por parte de colonos y empresas privadas, así como comunidades religiosas como es el caso de los “menonitas”, quienes quieren apropiarse de dichos terrenos, todo estos actores al parecer son los responsables de la presión ante las entidades municipales de Puerto Gaitán para estas ejecuten lo más pronto dichos desalojos contra las comunidades Indígenas del Pueblo Sikuani.
En el marco de la incidencia estratégica para la defensa de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, la Secretaría Técnica Indígena realizó varios encuentros o jornadas de trabajo con la Defensoría del Pueblo, en especial con Julio Luis Balanta Mina, delegado para la Protección de los Derechos de los Grupos Étnicos de dicha entidad. Durante estos encuentros se acordaron acciones en el marco de las función de dicho ministerio público para que puedan realizar un seguimiento y acompañamiento oportuno a las comunidades y así ayudar a garantizar los derechos de esta población Indígena que hoy está en una situación de vulneración, no solo por los procesos policivos de desalojo sino también por las condiciones de saneamiento básico, alimentación y movilidad en la que se encuentran a causa de las continuas destrucciones de sus viviendas y bases alimentarias.
