Entre los meses de marzo, abril y julio de 2024, el equipo técnico del Observatorio de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas -ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer un relacionamiento y articulación con cinco organizaciones indígenas en este departamento.
Las organizaciones fueron la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Cofán, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La iniciativa del recorrido responde a que este departamento cuenta con el mayor número de solicitudes de formalización y protección de territorios indígenas, aunque esta en conocimiento de la administración, no hay mayores avances por parte de la institucionalidad agraria y buena parte de estas no están resueltas.
Como resultado del recorrido, el ODTPI realizó un informe denominado situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo donde hace un análisis de contexto y se menciona la situación territorial en este departamento. Además, se realizó unas recomendaciones que permiten repensar e interpretar las problemáticas territoriales de los Pueblos Indígenas, analizando y explicando los factores que subyacen a los conflictos territoriales, presentes en la problemática por el derecho al territorio y el reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas de Putumayo.
Gracias a este relacionamiento con las comunidades, se logró comprender la situación y el estado de la seguridad jurídica de los territorios en este departamento. Durante los espacios de interlocución se identificaron de manera preliminar algunos de los conflictos territoriales de los pueblos indígenas, al igual que las acciones y estrategias que las organizaciones indígenas han empleado para la búsqueda y materialización de sus derechos territoriales.
Los diálogos sostenidos posibilitaron conocer directamente de las organizaciones las condiciones territoriales en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoció una serie de obstáculos que resultan ser transversales en los diferentes municipios del departamento, y que a raíz del trabajo desarrollado por la Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, y el ODTPI, se identificó que son problemáticas comunes a nivel nacional; por un lado, lo que refiere a los obstáculos de los territorios que se encuentran en proceso de formalización, y por el otro, los que presentan aquellos territorios que aunque ya formalizados, siguen presentando situaciones que impiden a los pueblos el goce efectivo de sus derechos territoriales.
La incidencia realizada logró mejorar la capacidad de incidencia y conocimientos de las organizaciones sobre los procedimientos para la garantía de sus derechos y seguridad jurídica en materia territorial e identificar y responder al impulso de las solicitudes mediante la asesoría técnico-legal. No obstante, desde el ODTPI se espera que el acompañamiento pueda ser permanente e integral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declara la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia, caso en el cual la Comisión Nacional de Territorios Indígenas actuó como perito.
Con esta decisión se confirma la responsabilidad de Colombia por no proteger de manera efectiva los derechos ancestrales sobre el territorio del pueblo U’wa, en parte por permitir que allí se ejecuten actividades extractivistas y turísticas, sin realizar consulta previa, libre e informada, lo cual ha afectado el plan de vida de este pueblo, desde lo cultural, territorial y espiritual.
El fallo reconoce que “la cosmogonía U’wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico, de modo que la defensa del territorio ha sido una parte central de su identidad y modo de vida. Particularmente el Zizuma (nevado en castellano), constituye una fuente hídrica del territorio y un espacio de gran importancia cultural y espiritual del Pueblo U’wa”. Este equilibrio ha sido alterado de manera significativa por acciones que externos que rompieron la armonía del territorio.
En este caso, la CIDH analizó de manera particular siete proyectos extractivos, varios de ellos ejecutados dentro del resguardo U’wa. Además, se tomó en cuenta la afectación a los derechos por actos de violencia ejecutados por el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que realizan sus acciones de control en su territorio.
Además, se encontró que a más de 23 años de la creación del resguardo hay una clara violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a delimitar y titular los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Esto queda en evidencia en el traslape que existe entre el resguardo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo que ha llevado a que los indígenas hayan solicitado el cierre del parque porque esta situación no les permite ejercer su autonomía.
Algunas de las decisiones más importantes de la CIDH frente a las obligaciones del Estado con el pueblo U’wa son las siguientes: Saneamiento integral del resguardo Unido U’wa y resguardo Kuita.
Involucrar al pueblo U’wa en la administración y conservación de la zona en la que se traslapa el resguardo con el Parque Nacional Natural El Cocuy.
Realizar proceso de participación para los proyectos extractivos vigentes y vigilar los que se encuentran en áreas cercanas al resguardo.
Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por permitir la violación de los derechos del pueblo U’wa.
Reparar el daño generado a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los miembros del Pueblo U’wa.
Esta es una decisión histórica, producto de años de luchas, que se puede convertir en un referente importante para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de los estados.
La crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad han alcanzado niveles alarmantes y los Pueblos Indígenas del mundo, especialmente en Colombia, han decidido alzar su voz ante la comunidad internacional. Este llamado no solo busca preservar la naturaleza, sino también que se reconozca el papel esencial que ellos juegan en su cuidado. Además de que se comprenda que la única forma de asegurar un futuro sostenible para la humanidad es estableciendo una relación más profunda y respetuosa con la tierra, basada en sus conocimientos ancestrales y en la defensa de sus territorios.
Para los Pueblos Indígenas, la relación con la naturaleza es un principio fundamental; sus territorios son lugares de profunda conexión espiritual, cultural y ecológica. Sin embargo, estos han sido objeto de despojo y explotación por parte de políticas coloniales y extractivas. Hoy, se exige un reconocimiento integral de los derechos territoriales, pues solo a través de la protección de estos será posible restaurar el equilibrio del planeta.
La sabiduría indígena es otro de los pilares que que se destaca como esencial para enfrentar la crisis ecológica. Estos sistemas de conocimiento, que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, están basados en una comprensión profunda de los ecosistemas y una relación respetuosa con la naturaleza. Integrarlos con las ciencias modernas no es solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para lograr soluciones efectivas a los problemas ambientales. La visión indígena de la conservación no se limita a la protección de especies o áreas específicas, sino que contempla una gestión integral de los territorios, donde la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano son elementos inseparables.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad, ofrecen herramientas clave para que los Pueblos Indígenas exijan el respeto de sus derechos. Estas iniciativas internacionales pueden y deben incluirlos como actores fundamentales en la lucha contra la crisis climática y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este reconocimiento no puede limitarse a simples formalidades, debe implicar un compromiso real con la autodeterminación y el respeto por los sistemas de conocimiento propios.
A la hora de implementar los compromisos internacionales en torno a la biodiversidad, los Pueblos Indígenas insisten en que las políticas no deben quedarse en planes abstractos o promesas incumplidas. Es necesario que se traduzcan en medidas concretas, respaldadas por recursos financieros y voluntad política.
Por esta razón, los acuerdos internacionales deben tener un enfoque que valore y respete a los Pueblos Indígenas como socios en la conservación. Esto incluye la asignación de recursos que fortalezcan las iniciativas locales y el apoyo a la implementación de proyectos que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Una parte fundamental de este reconocimiento es garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, especialmente aquellos que han sido despojados a lo largo de la historia. El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger estos territorios, asegurando que las comunidades puedan seguir gestionándolos de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de gobernanza. El reconocimiento de la posesión ancestral de estos territorios no solo implica la protección de su propiedad, sino también el respeto por el derecho a decidir sobre el manejo y uso de los recursos naturales. La restitución de territorios y la garantía de su conservación son pasos fundamentales para garantizar la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
El futuro de la biodiversidad, y por ende de la vida en la Tierra, depende en gran medida de una transformación en las relaciones entre los Pueblos Indígenas y el resto del mundo. Para que esto suceda, es imprescindible que las políticas internacionales y los compromisos globales incluyan de manera plena las voces y las perspectivas indígenas.
Es hora de que las naciones reconozcan que la defensa de los territorios indígenas es, en última instancia, la defensa del planeta. Solo trabajando juntos, en un marco de respeto y colaboración, podremos asegurar un futuro más armonioso y equilibrado para todas las formas de vida.
En las montañas, los bosques, los ríos y las sabanas de Colombia, más de 35 millones de hectáreas son gestionadas y protegidas por los Pueblos Indígenas. Son guardianes de los territorios ancestrales que albergan una biodiversidad única, esencial no solo para el país, sino para el equilibrio ecológico del planeta.
En Colombia viven 115 pueblos indígenas, algunos de los cuales han logrado mantener sus tradiciones, sistemas de vida y conocimientos durante siglos, resistiendo a los intentos de despojo, desplazamiento y exterminio cultural. Hoy, la comunidad internacional comienza a reconocer, aunque de manera aún parcial, el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad y la protección del planeta.
Los pueblos indígenas protegen con sus conocimientos ancestrales los ecosistemas. Esta conexión espiritual y material con la naturaleza es la base de la conservación que ejercen desde tiempos inmemoriales. Son ellos quienes, a través de su cosmovisión, logran mantener un equilibrio entre los recursos naturales y la vida humana, pues sus sistemas de manejo y organización territorial son inseparables de sus prácticas culturales, sociales y espirituales.
Los resguardos indígenas, reconocidos legalmente en Colombia, constituyen un vasto espacio territorial donde la protección de la biodiversidad no se da en términos aislados, sino como parte de un tejido de relaciones de respeto mutuo entre las personas, los seres vivos y la tierra. Estos resguardos no solo son espacios de vida, sino también de resistencia y lucha. Son la respuesta histórica a los intentos de despojo que se han enfrentado durante siglos, ya sea por la expansión de la agricultura, la minería o la deforestación indiscriminada.
A través de las luchas por el reconocimiento de los derechos territoriales, se ha logrado algo que la humanidad entera debe reconocer: la conservación no es una cuestión de imposición, sino de derechos. La diversidad biológica no debe considerarse solo desde una perspectiva científica o de conservación «externa», sino como un derecho fundamental que debe ser respetado. Los Pueblos Indígenas no solo protegen la biodiversidad, sino que la enriquecen con sus saberes ancestrales, sus prácticas agrícolas, sus conocimientos medicinales y su relación armónica con los ciclos de la naturaleza.
El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en el que se establece un enfoque basado en derechos para la conservación, constituye un avance importante en este reconocimiento. Este enfoque, al incorporar a los Pueblos Indígenas como actores clave en la preservación de la biodiversidad, reconoce que los territorios que albergan la mayor biodiversidad son, en su mayoría, tierras indígenas.
El compromiso con este enfoque de derechos exige a los Estados una responsabilidad mayor. No basta con firmar acuerdos o crear políticas ambientales, sino que es necesario asumir un compromiso real con el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. En Colombia, aunque la legislación ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, aún persisten deudas históricas. Muchos territorios indígenas siguen siendo invadidos por actividades extractivas que afectan la biodiversidad y los líderes indígenas que defienden estos territorios enfrentan amenazas constantes. El respeto por estos derechos implica la protección de la vida de los defensores de la tierra, la garantía de la tenencia de la tierra y la autonomía para gobernar los territorios conforme a sus propias formas de organización y autoridad.
El camino hacia la plena integración de los pueblos indígenas en las políticas globales de conservación no está exento de desafíos. Los Estados deben trabajar en la adecuación de sus marcos jurídicos y de gobernanza para reconocer a las autoridades indígenas como las legítimas guardianas de sus territorios. El principio de autodeterminación debe ser el eje central de cualquier política que busque garantizar la conservación de la biodiversidad.
Es necesario, además, que las políticas de conservación se diseñen de manera integral, entendiendo que el territorio indígena no es solo un espacio físico, sino un espacio cultural, social y espiritual que debe ser respetado en su totalidad. La implementación de estos enfoques integrales de conservación, en coordinación con los Pueblos Indígenas, permitirá superar los modelos de conservación que históricamente han sido impuestos sin el consentimiento de las comunidades, y que han resultado en el desplazamiento forzado de pueblos enteros.
El reconocimiento de los Indígenas como aliados en la lucha contra la pérdida de biodiversidad es también una invitación a repensar los modelos de desarrollo. Sus conocimientos tradicionales no son un obstáculo para el progreso, sino una herramienta invaluable para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. En este sentido, la conservación debe ser entendida no como una meta aislada, sino como un proceso continuo que involucra a las comunidades locales, sus saberes y su relación con la tierra.
El 21 de noviembre de 2024, en el marco de la VI sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se realizó el espacio autónomo donde se avanzó en el análisis de los insumos técnicos presentados por el Gobierno Nacional. En este espacio se advirtió sobre varios temas de carácter estructural que afectan la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
Por un lado, se destacó la problemática estructural identificada respecto a la Dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, para cumplir con su misionalidad, expresada en la reducción de la capacidad del personal para atender el rezago acumulado y la cantidad de solicitudes sin resolver asociadas al registro de autoridades, autocensos y estudios etnológicos.
En relación a la Agencia Nacional de Tierras ANT se subrayó la importancia de comprometer el 100% de los recursos asignados para la presente vigencia, así como, la necesidad de realizar una planeación integral efectiva para la vigencia 2025.
Finalmente, respecto al cumplimiento de las órdenes de las medidas cautelares y la ruta étnica de protección (artículo 150 del Decreto 4633 del 2011), relacionadas con procesos de formalización y protección de los territorios indígenas, se señaló la necesidad de la articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras para la materialización de sus derechos.
Los pueblos indígenas reafirmamos nuestro compromiso con nuestras posturas políticas y técnicas, y continuamos trabajando en la defensa y garantía de los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas.
En el Encuentro Nacional del Agua y la Energía Renovable 2024 se expusieron los resultados de la COP16, las oportunidades en la implementación del Plan Nacional de Biodiversidad, y se habló de la importancia de fortalecer los vínculos agua, biodiversidad y energía para enfrentar la crisis que ha vivido, particularmente, Bogotá.
Por: Cristina Esguerra Miranda, TNC y Laura Garzón Acosta, WWF
Tomado de El Espectador
El protagonista de los Encuentros por el Agua 2024 fue la sequía, que contrastó con las fuertes lluvias e inundaciones que, recientemente, vienen afectando a distintas regiones. Como mencionó Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, en todos encuentros regionales, los más de 400 participantes señalaron la necesidad de abordar los retos del agua con un enfoque de integralidad que responda no solo a las coyunturas, sino a los escenarios de vulnerabilidad a mediano y largo plazo. También hablaron de garantizar la participación eficaz de todos los actores, especialmente de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y locales, en la toma de decisiones, y la urgencia de movilizar recursos financieros de fácil acceso para proyectos de conservación.
De acuerdo con Claudia Álvarez, directora ambiental de ISAGEN, “en los encuentros regionales fue evidente la importancia de contar con información adecuada y planear el desarrollo económico de las regiones y los centros urbanos, pensando en su capacidad de abastecimiento hídrico y energético, con el fin de evitar coyunturas de escasez”.
Fueron temas que se alinearon con los resultados de la COP16, un evento determinante para Colombia y el mundo para posicionar el rol de la naturaleza en un contexto de crisis climática, tanto en las decisiones adoptadas por los países parte del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), como en los anuncios e iniciativas llevadas a cabo por múltiples actores.
Uno de los grandes logros fue la creación del órgano subsidiario 8J, una decisión trascendental para garantizar una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo realizado dentro del CBD. También se reconoció el rol de los afrodescendientes como actores clave para la conservación de la biodiversidad.
“Este es un paso histórico para avanzar en nuevos esquemas de gobernanza, en donde se asegure una interlocución diferente entre los gobiernos nacionales y subnacionales con las autoridades indígenas y comunitarias en la toma de decisiones sobre gestión ambiental en los territorios”, comentó Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia.
Como bien cuestionó Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, “¿por qué aún no llegamos a entender que el agua es un bien colectivo y no sólo un servicio? El agua no es algo ajeno al territorio, para nosotros es algo integral, por ello creemos que para lograr las metas que nos hemos planteado como humanidad, debemos hablar de la protección de la integridad territorial, integridad de todos los elementos que componen esos sistemas: como sistemas de vida´´.
Para dimensionar la importancia de los Territorios y Resguardos Indígenas en la conservación de la biodiversidad en Colombia, basta con observar algunas cifras producidas por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI: el 50% de los bosques del país se encuentra en Resguardos Indígenas, al igual que el 11,13% de la extensión de los páramos. Además, el 9,22% de las Áreas Protegidas del país y el 17,1% de los Parques Nacionales Naturales coinciden con territorios indígenas.
De las cinco Reservas de la Biosfera en Colombia, tres de ellas (El Tuparro, Cinturón Andino y Sierra Nevada de Santa Marta) incluyen Resguardos Indígenas. Por último, de los 12 humedales de importancia internacional reconocidos bajo la Convención RAMSAR, cinco se traslapan con Resguardos Indígenas, representando el 12% de la extensión total de estos ecosistemas en el país. Cifras que evidencian la importancia de la protección territorial y de la participación de los Pueblos Indígenas en la toma decisiones en todos los niveles.
Panel 2 conformado por: Natalia Acero Martínez, Líder de Gestión Integral de Cuencas y Recursos Hídricos de TNC Colombia; Nathasha Avendaño, gerente de Empresa de Acueducto de Bogotá; Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, dirección gestión integral del recurso hídrico de la Secretaría Distrital de Ambiente; Marta Cecilia Díaz Leguizamón, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN; David Millán, asesor del Viceministro de Vivienda y Yesid González, director Ejecutivo de ASOCARS. Foto: Agencia Doble A
La naturaleza, esencial dentro de las agendas de acción de cualquier sector Incorporar la biodiversidad, el agua y los servicios ecosistémicos de los territorios en las agendas de acción de los distintos sectores productivos del país fue otro de los principales éxitos de la COP16.
La palabra “financiamiento” fue la gran protagonista. ¿Cómo financiar los proyectos de naturaleza que aporten a las metas de reducción de la pérdida de biodiversidad, disminuyan la contaminación y ayuden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero?
La respuesta podría encontrarse en las reflexiones sobre el nivel de ambición que se tenga para transformar realmente los modelos de desarrollo. La naturaleza está jugando un papel cada vez más relevante, especialmente en las agendas de biodiversidad y clima.
El sector empresarial viene entendiendo cuáles son los impactos, riesgos, dependencias y oportunidades de sus procesos en torno a los asuntos de la naturaleza como la biodiversidad, el agua, el suelo, entre otros. Por ese motivo, la ANDI lanzara la ruta Biodiversidad + Empresa para ayudar a las compañías en el proceso de repensar su relación con los recursos naturales.
“Este instrumento está listo para ponerlo al servicio de las empresas y del gobierno nacional para apalancar la puesta en marcha del Plan Nacional de Biodiversidad”, comentó Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante el primer panel de la jornada.
¿Y el sistema financiero qué rol juega en la conservación? Otro de los temas abordados fue el papel del sistema financiero en la movilización de recursos a la biodiversidad. Daniel Lacoutere, director de Sostenibilidad de Asobancaria, destacó que integrar las agendas clima y de naturaleza puede ayudar a movilizar mucho más rápido los recursos.
Según explicó, una de las principales barreras de movilización de recursos para proyectos de naturaleza está en el proceso de identificar el cumplimento de los objetivos, por ejemplo, si se restauró un ecosistema o si se descontaminó un río, así como lograr los cierres financieros.
El camino para avanzar en la financiación de proyectos de naturaleza de manera más rápida es la integración de las agendas. Como bien explicó, el financiamiento combinado es otra alternativa que permite distribuir los riesgos entre distintos sectores de la sociedad; el crédito directo no es la única solución, sino parte de ella.
Con estas necesidades en la mira, Asobancaria lanzará el Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación (SINBA), que busca determinar la forma en que se deben movilizar los recursos y entender qué se está financiando en proyectos de naturaleza y gestionar los riesgos. También destacó el involucramiento de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinos porque, justamente, son estas comunidades las que habitan las zonas más biodiversas.
Los retos para garantizar la seguridad hídrica del país a la luz de la crisis en Bogotá Desde que arrancó el 2024, los colombianos han visto distintas manifestaciones del cambio climático. En enero, la sequía causada por el fenómeno del Niño generó y facilitó la propagación de incendios que afectaron la biodiversidad y la calidad del aire de varias ciudades, incluyendo la capital. Dos meses después, en la segunda semana de abril, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar cortes de agua en la ciudad, porque el volumen total del sistema de embalses que la abastecen era de 45,17%, según cifras del acueducto del distrito.
“Este ha sido el año más seco desde 1995, con el agravante de que, a diferencia de 1994, que fue un año con bastantes afluencias al sistema, 2023 fue un año seco”, explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su intervención en el encuentro.
En junio, la Alcaldía flexibilizó las medidas del racionamiento, no porque se hubieran cumplido las expectativas de lluvia (para esa época se esperaba la llegada del fenómeno de La Niña), sino porque habían logrado aumentar la capacidad de agua proveniente del sistema de Tibitoc, y ello permitía bajarle la presión al de Chingaza, que proveía el 70% del agua consumida en la ciudad. Según el alcalde, hoy el sistema de Tibitoc trae el 50% del agua de Bogotá.
En la primera mitad de noviembre, los esperados aguaceros llegaron con tal fuerza que el país y la capital comenzaron a sufrir inundaciones. “Estamos viendo la otra cara de la moneda del cambio climático, que son las inundaciones en la cuenca alta del río Bogotá”, dijo Natalia Acero, líder de agua de TNC Colombia.
Por ese motivo, durante el panel sobre la crisis hídrica de Bogotá se enfatizó en la importancia de proteger la naturaleza para mitigar y adaptarnos a fenómenos naturales en todo el país par no llegar a situaciones como las que ha vivido Bogotá a lo largo de 2024.
“Estos desequilibrios también se generan por la forma como estamos manejando nuestros ecosistemas. No los estamos viendo de manera integral, y ello rompe la armonía natural. Por ejemplo, los páramos no pueden ser fábricas de agua si no cuidamos su vegetación”, explicó Marta Cecilia Díaz, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales.
“Hemos tendido a gestionar nuestros sistemas de abastecimiento de agua y de energía con infraestructura gris. Hacemos embalses, canalizamos ríos para evitar que se desborden, pero nos falta, no solo desde lo conceptual, sino también desde lo estructural y financiero, vincular a la naturaleza como parte del sistema de abastecimiento de agua”, añadió Acero.
Bogotá ya ha venido incluyendo la protección y restauración de la naturaleza como parte del plan para garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad. Según explicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, esta última lleva más de 70 años comprando predios en zonas estratégicas para la protección de los ecosistemas asociados a la producción de agua, principalmente en el páramo de Chingaza y el de Sumapaz. “Esas inversiones en infraestructura verde no solo nos van a permitir ser resilientes, sino también mejorar la calidad del agua”, dijo Avendaño.
Durante el panel también se profundizó en los desafíos de abordar este tipo de crisis por la manera como se ha organizado el territorio y la cantidad de actores involucrados. “No estamos hablando solo del alcalde de Bogotá, sino también de los de los distintos municipios que componen la región”, dijo Yesid González, director de ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales). Cada municipio del país tiene características e intereses distintos, que, como señaló Fabián Mauricio Caicedo, director de la Gestión Integral del Recurso de la Secretaría de Ambiente, pueden llevar a una desarticulación a la hora de abordar los desafíos de la crisis climática. “Cada uno está cumpliendo su propósito loable, pero en últimas se pueden estar perdiendo esfuerzos técnicos y financieros”, dijo. Por ello, ambos resaltaron la importancia del trabajo articulado, tal como lo evidenciaron los encuentros por el agua realizados durante el 2024 en Antioquia, Santander, Caldas, Meta, Amazonas y Bogotá.
“Como sociedad, ya hay conciencia de que tenemos un reto grande que enfrentar, y estamos reaccionando desde el Estado, las empresas, los gremios, las comunidades, la academia”, afirmó David Millán, asesor del viceministro de Vivienda. Añadió que las medidas tomadas para abordar estas crisis debían tener en cuenta su implementación en cada territorio del país, y en los respectivos planes de desarrollo.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Agencia Doble A
El plan para garantizar la seguridad hídrica de Bogotá Además del racionamiento y de diversificar las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad con el sistema de Tibitoc, el alcalde de Bogotá explicó otras de las medidas que están tomando para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad hoy y hacia el futuro. Por ejemplo, las 60.000 viviendas de interés social que se construyan en los próximos cuatro años tendrán un sistema de optimización de agua lluvia y aguas grises. Además, la línea 1 del metro, actualmente en construcción, tendrá la capacidad de almacenar 2.165m3 de agua lluvia.
También están impulsando la puesta en marcha de la PTAR Canoas, que busca resolver el manejo de aguas residuales de la ciudad. “Es el proyecto ambiental más importante de Colombia y Latinoamérica”, señaló el alcalde. Esta recibirá aguas residuales de las cuencas de Fucha, Tunjuelo, Tintal, y el casco urbano del municipio de Soacha, lo que representa el 70% de las aguas residuales de Bogotá. Ello no solo tendrá impacto en la cuenca del río Bogotá, sino también en la del Magdalena.
Adicionalmente, se ha venido trabajando en la estructuración de un proyecto a largo plazo del Fondo Verde del Clima (un mecanismo financiero creado en la COP16 de cambio climático para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder a los desafíos de la crisis ambiental), que será clave para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad. “Vamos a aumentar la captación del río Bogotá, y ello implica hacer una inversión para restaurar y conservar toda la cuenca”, explicó el alcalde. El proyecto, que tendrá una inversión de $92 millones de dólares, propone acciones de restauración y conservación en 172.499 hectáreas en áreas altamente vulnerables al cambio climático.
