por STI | Jun 5, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, reafirmamos que cuidar la Madre Tierra no es una consigna ni una fecha simbólica. Es nuestra forma de existir. Los Pueblos Indígenas, estamos del lado de la vida porque somos pueblos de tierra, agua, monte y palabra. Nuestra lucha nace de una relación ancestral con el territorio y de una defensa colectiva frente a un sistema económico y político que pretende despojar, desplazar, explotar y exterminar.
Para nosotros, la naturaleza no está separada de la existencia. Es Madre, territorio y vida. Es hogar, alimento, medicina, fuego, espiritualidad, conocimiento y gobierno propio. El territorio no es solo una extensión de tierra. Es el lugar donde la vida se ordena, se cuida y se defiende. Por eso, cada afectación contra la Madre Tierra es también una agresión directa contra nuestros pueblos, nuestra autonomía y nuestra continuidad física, cultural y espiritual.
La crisis climática, la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el extractivismo no son hechos aislados. Son consecuencias de un modelo que ha roto la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Ese mismo modelo ha intentado convertir los territorios en mercancía y zonas de sacrificio; ha impuesto formas de desarrollo ajenas a la vida de los pueblos y ha profundizado el despojo físico y cultural. No habrá futuro posible si se sigue sosteniendo esa lógica de devastación.
No se trata de “conservar” la naturaleza mientras continúan el desplazamiento, la explotación de la Madre Tierra y la negación de nuestros derechos. Se trata de respetar, armonizar, transformar y sanar. La protección de la naturaleza exige proteger los territorios. Sin Pueblos Indígenas no hay futuro posible, porque nuestros sistemas de conocimiento, nuestras prácticas de cuidado y nuestras formas de gobierno propio son parte de la defensa integral de la vida.
Reiteramos que sin justicia territorial no hay justicia ambiental. La conservación de la naturaleza exige respetar a los pueblos que la cuidamos y defendemos. No hay transición energética justa sin reconocimiento pleno de nuestra existencia. Defender la Madre Tierra es defender la vida, y defender los territorios es una condición inaplazable para cualquier horizonte de dignidad, equilibrio y futuro.
¡Defender los territorios es defender la vida
por STI | Jun 4, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos de manera categórica el reclutamiento forzado y asesinato de Daniela Mucutuy Valencia, joven indígena y familiar de los cuatro hermanos Mucutuy que sobrevivieron 40 días en la selva del Guaviare en 2023.
Entre los 11 menores de edad muertos en los enfrentamientos registrados en zona rural de San José del Guaviare entre estructuras armadas enfrentadas de las disidencias de las antiguas FARC, fue identificado su cuerpo. De acuerdo con el relato de su abuela, Fátima Valencia, Daniela tenía 16 años, vivía con su madre en una zona rural cercana a Puerto Santander, Caquetá, y había sido reclutada forzadamente en 2023.
Este hecho constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. No es un caso aislado. Expresa la persistencia del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en territorios donde los grupos armados ilegales siguen disputando control territorial, afectando de manera particular a Pueblos Indígenas y comunidades rurales. Organismos nacionales e internacionales han reiterado que toda vinculación de menores de edad a estructuras armadas es forzada y que quienes son reclutados son siempre víctimas.
El reclutamiento de NNAJ por parte de grupos armados ilegales constituye una de las más graves violaciones al DIH, por lo que el ordenamiento jurídico internacional blinda su calidad de víctimas y prohíbe de manera absoluta tratarlos como bajas legítimas en combate u objetivos militares.
Nos solidarizamos con todas las víctimas de reclutamiento forzado, con sus familias y con las comunidades rurales y Pueblos Indígenas afectados por este dolor. Ninguna de estas vidas puede ser absorbida por el lenguaje de la guerra ni reducida a una cifra. Cada caso interpela al Estado y a la sociedad sobre el daño profundo que deja esta práctica atroz: fractura a las familias, rompe los tejidos comunitarios y agrede el presente y el futuro de nuestros pueblos.
Hacemos un llamado directo a los grupos armados ilegales para que cesen de inmediato esta práctica atroz. Deben entender el momento histórico y político del país, el dolor acumulado de las víctimas y la obligación elemental de respetar la vida de niñas, niños y adolescentes. Ninguna estructura armada puede pretender legitimidad mientras reclute, utilice y exponga a la niñez a la guerra. Las niñas y los niños nunca más para la guerra.
Exigimos también al Estado colombiano medidas urgentes, integrales y sostenidas de prevención, protección y atención para las víctimas y sus familias, especialmente en territorios indígenas y rurales donde este riesgo persiste. El reclutamiento forzado y la violencia armada contra la infancia no solo constituyen crímenes de guerra, sino que configuran un exterminio que fractura el relevo generacional y destruye de manera irreversible la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas de Colombia. La protección de la niñez indígena no puede seguir llegando tarde. Defender su vida es defender la memoria, la dignidad y la continuidad de nuestros pueblos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jun 3, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Cuando escuchamos la palabra ley, solemos pensar en normas, jueces o documentos escritos. Pero la Ley de Origen, para los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Gonawindua tiene otro sentido. No fue creada por los seres humanos, no está escrita en un papel ni fue aprobada por una institución. La Ley de Origen es el orden que sostiene la vida desde el principio del mundo y orienta el equilibrio entre todos los seres, fuerzas y lugares que hacen posible la existencia.
Desde esta comprensión, el universo se organiza para que todo exista en equilibrio: el agua, los ríos, los árboles, los animales, las piedras, el viento, el sol y la luna. Nadie tuvo que escribir una norma para que las nubes carguen el agua, para que la lluvia alimente los ríos, para que los ríos lleguen al mar o para que las abejas polinicen las flores. Cada ser cumple una función, cada lugar tiene un sentido y cada relación sostiene una parte de la vida. Ese orden natural, territorial y espiritual es la Ley de Origen.
Para los pueblos de la Sierra Nevada, los seres humanos llegamos al final de la creación. Por eso no somos dueños del territorio. Tenemos una responsabilidad frente a él: cuidar el equilibrio de la Madre Tierra. La Ley de Origen no se limita a indicar qué puede hacerse. También recuerda qué debe respetarse, cuáles son los límites que no pueden romperse y qué responsabilidades existen con la vida, con el territorio y con todos los seres que lo sostienen.
Esta visión se expresa de manera concreta en el Sistema de Espacios Sagrados y de conocimientos ancestrales de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Allí se articula una comprensión integral del territorio, donde los lugares sagrados, las relaciones espirituales y los conocimientos propios sostienen el equilibrio de la vida y orientan el gobierno propio. Por eso los espacios sagrados de la Línea Negra no son puntos aislados en un mapa. Son lugares vitales para el equilibrio del territorio y hacen parte de un sistema vivo que ordena la relación entre cultura, espiritualidad, naturaleza y gobierno propio.
Desde esta lógica, antes de cortar un árbol, intervenir un río o tocar un lugar sagrado, debe existir una relación de respeto, permiso y compensación espiritual. Tocar, dañar o desconocer esos espacios afecta el cuerpo de la Madre Tierra y altera las relaciones que sostienen la armonía entre los seres. Cuando se incumple la Ley de Origen, las consecuencias no recaen únicamente sobre un pueblo. Se rompe el equilibrio de la vida y aparecen las sequías, las enfermedades, la escasez de alimentos y el desorden del clima.
Por eso esta ley sigue viva a través de la palabra, la memoria, las prácticas ancestrales y el conocimiento espiritual. Los Mamos y las Sagas tienen la responsabilidad de orientar su cumplimiento, porque han sido preparados para leer el territorio y cuidar sus equilibrios. La Ley de Origen no es una ley de prohibiciones. Es una guía para que la vida continúe y para que el territorio siga sosteniendo a los pueblos y a todas las formas de existencia que dependen de él.
Reconocer la Ley de Origen y el Sistema de Espacios Sagrados y de Conocimientos Ancestrales implica respetar los sistemas de conocimiento, la autonomía y los derechos territoriales de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Defender la Ley de Origen es defender el territorio. Y defender el territorio es defender la vida.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 30, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 28 de mayo, en el marco del Diplomado en Monitoreo de Fondos Climáticos para el Empoderamiento de las Juventudes Indígenas, se desarrolló la clase sobre monitoreo territorial para la gobernanza y la planificación indígena, un espacio de formación orientado a fortalecer las capacidades de análisis, incidencia y autonomía de las juventudes indígenas frente a las agendas climáticas y territoriales.
Esta sesión se inscribe en un proceso más amplio de fortalecimiento impulsado en el contexto del trabajo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y de los esfuerzos por consolidar herramientas propias para el seguimiento territorial desde la visión de los pueblos.
La clase partió de una idea central: el monitoreo territorial indígena no es solamente producir datos. Es una herramienta para ejercer autonomía, fortalecer el gobierno propio, defender la vida y disputar políticamente el futuro de los territorios. Desde esta perspectiva, la sesión no se limitó a una explicación técnica sobre plataformas o sistemas de información. Se presentó como una reflexión política y organizativa sobre la experiencia de los Pueblos Indígenas en Colombia en la construcción de herramientas propias para defender sus territorios, fortalecer la gobernanza e incidir frente al Estado y en los escenarios internacionales de cambio climático y biodiversidad.
Durante la jornada se desarrolló una reflexión de fondo sobre la crisis territorial que enfrentan hoy los Pueblos Indígenas. Se insistió en que muchas decisiones sobre los territorios siguen siendo tomadas desde miradas externas, con información incompleta o desactualizada, sin reconocer que el territorio indígena no es solo geografía. Es memoria, espiritualidad, conocimiento, cultura, gobierno propio y vida. Desde ahí, el monitoreo territorial se entiende como una respuesta política frente a la fragmentación, la intervención, la concesión y la disputa de los territorios indígenas por distintos intereses económicos y estatales.
La sesión también permitió compartir la experiencia de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) en la construcción de sistemas propios de información. Se presentaron herramientas como el Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA), el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF), el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI) y el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I). Cada uno de estos instrumentos responde a necesidades concretas de seguimiento a compromisos del Estado, formalización territorial, violencia sociopolítica y análisis geográfico, pero todos comparten un mismo sentido: poner la información al servicio de la defensa del territorio, de la exigibilidad de derechos y de la autodeterminación.
Uno de los ejes más importantes de la clase fue mostrar que la seguridad jurídica territorial también es acción climática. No puede haber protección ambiental real si los pueblos no tienen garantizados plenamente sus territorios. Del mismo modo, no puede hablarse de gobernanza climática ni de fondos para el clima sin discutir quién produce la información, quién controla los datos, quién define los indicadores y cómo esa información fortalece —o debilita— la autonomía territorial indígena. En este sentido, el diplomado abrió una discusión clave para las juventudes indígenas: el monitoreo también requiere gobernanza de los datos, soberanía sobre la información y articulación entre monitoreo comunitario, análisis territorial e incidencia política.
La jornada concluyó reafirmando que los Pueblos Indígenas no son solamente beneficiarios de proyectos climáticos. Son autoridades territoriales con sistemas de conocimiento, gobierno y planificación propios. Por eso, fortalecer herramientas de monitoreo territorial desde las juventudes indígenas es también fortalecer la continuidad de los procesos organizativos, la memoria política y la capacidad de disputar las decisiones que hoy se toman sobre sus territorios. En este camino, el monitoreo territorial indígena se consolida no solo como una herramienta técnica, sino como una práctica de autonomía, defensa de la vida y afirmación del gobierno propio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 27, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La comunidad indígena de Barrulia, del Pueblo Sikuani en Puerto Gaitán – Meta, enfrenta una situación territorial y humanitaria crítica que compromete su vida, su integridad y su pervivencia física y cultural.
La demora en la protección efectiva de su territorio ancestral ha prolongado una situación de desarraigo y vulneración de derechos que no puede seguir siendo tratada como un problema administrativo ordinario. Lo que está en juego es la garantía material del territorio como base de la vida colectiva, de la movilidad y de su pervivencia física y cultural del Pueblo Sikuani.
Tras el desalojo del predio Villa Esperanza, en junio de 2024, cerca de 591 personas quedaron en condiciones de hacinamiento en un polideportivo municipal, sin garantías mínimas de agua potable, alimentación, salud y vivienda digna. Esta situación puso en evidencia la magnitud de la emergencia humanitaria y la ausencia de una respuesta estatal adecuada, oportuna y articulada. La comunidad quedó expuesta a condiciones incompatibles con la dignidad humana, mientras su derecho al retorno seguía suspendido en medio de obstáculos materiales y decisiones ambiguas.
Aunque la Agencia Nacional de Tierras (ANT) protegió formalmente la posesión del territorio ancestral sobre los predios Cuba Libre y Campoalegre, luego de dos (2) años lograron acceder a Cuba Libre, sin embargo, aún se encuentra pendiente de recuperación jurídica del predio denominado Campo Alegre.
Las restricciones impuestas por particulares, empresas agroindustriales y la comunidad religiosa menonita han impedido el ingreso de la comunidad a su territorio. La instalación de porterías, cercas y controles ha bloqueado caminos usados ancestralmente por los Sikuani, afectando no solo el acceso físico al predio, sino también la relación integral que la comunidad mantiene con su territorio.
Estos obstáculos han impedido el tránsito de la comunidad e incluso el ingreso de autoridades estatales, profundizando el confinamiento, la inseguridad territorial y la imposibilidad de retornar en condiciones dignas. El caso revela que el derecho al territorio no puede reducirse a una formalidad registral o a la entrega nominal de un predio. La garantía territorial exige acceso real, movilidad, protección ambiental, seguridad alimentaria y condiciones que permitan restablecer la vida colectiva en el territorio ancestral.
En este contexto, el Auto 253 de 2026 de la Corte Constitucional constituye una decisión fundamental para cerrar la brecha entre el reconocimiento formal del territorio y su garantía material. La Corte ordenó a la ANT la aprehensión material del predio Cuba Libre, la remoción de los obstáculos que impiden el acceso y la construcción de un plan de acompañamiento para el retorno inmediato de la comunidad. Asimismo, estableció que dicho plan debe construirse con participación de la ANT, la UARIV y la Alcaldía de Puerto Gaitán, reafirmando que la respuesta estatal debe ser coordinada, efectiva y orientada a garantizar condiciones dignas para el retorno.
El caso de Barrulia amplía además la discusión sobre los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. La referencia a una “servidumbre cultural” reconoce que el territorio Sikuani no se agota en el predio formalmente entregado: incluye caminos, zonas de tránsito, prácticas de caza y pesca, y lugares de importancia espiritual y cultural que hacen parte de su vida colectiva. Esta comprensión resulta decisiva, porque evidencia que la movilidad es indispensable para la salvaguarda del territorio y que impedir el tránsito ancestral constituye una forma de afectación directa a los derechos colectivos.
Barrulia es hoy un caso estratégico para exigir una respuesta estatal integral. No basta con reconocer formalmente un derecho si se mantiene bloqueado su ejercicio material. La respuesta del Estado debe garantizar la entrega efectiva del territorio, la movilidad ancestral, la protección ambiental, la seguridad alimentaria y las condiciones necesarias para la pervivencia del Pueblo Sikuani. La situación de Barrulia demuestra que garantizar el territorio es garantizar la vida, y que toda demora institucional frente a este caso prolonga una vulneración que ya ha tenido consecuencias humanitarias graves.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | May 26, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en las agendas internacionales de biodiversidad y cambio climático, el 26 de mayo la Secretaría Técnica Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) y la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) nos reunimos con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Este espacio se orientó a fortalecer las condiciones políticas, técnicas e institucionales necesarias para garantizar una participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas c en los escenarios internacionales donde se discuten decisiones que afectan directamente nuestros territorios, sistemas de vida y derechos colectivos.
La jornada permitió avanzar en la implementación del Protocolo de Relacionamiento para la participación de los Pueblos Indígenas en los escenarios internacionales de las agendas ambientales. También permitió establecer espacios para la construcción de rutas de trabajo de cara a la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica y la COP31 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Este proceso no puede entenderse como un simple mecanismo de interlocución formal. Se trata de una herramienta necesaria para garantizar que la participación indígena tenga las condiciones políticas, técnicas y financiera para que nuestra voz, conocimientos y propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en las posiciones y decisiones nacionales e internacionales.
Reiteramos que la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas en estos escenarios es una condición necesaria para garantizar decisiones justas, incluyentes y coherentes con la protección integral de los territorios. No basta con abrir espacios de presencia o representación simbólica. Es indispensable que participemos en condiciones que reconozcan nuestro carácter de sujetos colectivos de derechos, con formas propias de deliberación y prioridades políticas frente a la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y las transformaciones que hoy se impulsan desde la gobernanza ambiental global.
Nuestros sistemas de conocimiento, nuestras propuestas y nuestros sistemas de vida deben ser reconocidos como fundamentales para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. Los Pueblos Indígenas no llegamos a estos escenarios como actores marginales ni como voces complementarias. Llegamos con una experiencia histórica de cuidado territorial, con sistemas de gobierno y conocimiento propios, y con propuestas construidas desde territorios que son indispensables para el cuidado del planeta. Por eso, nuestra participación debe traducirse en incidencia real sobre las decisiones, los compromisos y las rutas de implementación que se adopten.
Avanzar en estas rutas de trabajo implica también reconocer que no puede haber política internacional ambiental legítima si se construye al margen de los Pueblos Indígenas, quienes ancestralmente hemos y seguimos cuidando la vida. La participación indígena en la COP17 y en la COP31 debe contribuir a que Colombia llegue a estos escenarios con posiciones consistentes que garanticen nuestros derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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