por STI | Feb 21, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
El 21 de febrero conmemoramos el Día Internacional de la Lengua Materna, proclamado por la UNESCO en 1999, y en Colombia celebramos el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Para los Pueblos Indígenas, esta fecha no es solo simbólica. “Nuestra lengua es nuestro territorio”, nos recuerdan los mayores. La palabra propia es permanencia, memoria y continuidad cultural.
Las lenguas ancestrales siguen vivas. Resisten al silenciamiento, sostienen la memoria colectiva y garantizan nuestra pervivencia cultural, espiritual y territorial. Esta conmemoración ratifica el derecho a proteger, revitalizar y fortalecer nuestras lenguas como base de nuestra identidad y como dimensión inseparable del territorio que habitamos y defendemos. El territorio también se defiende con la palabra propia.
En Colombia perviven 65 lenguas indígenas, 2 criollas y la lengua romaní del pueblo Rrom. Pertenecen a 13 familias lingüísticas y constituyen patrimonio cultural inmaterial de la nación. La Constitución de 1991 reconoce las lenguas indígenas como oficiales en nuestros territorios, y la Ley 1381 de 2010 garantiza el derecho a usarlas, preservarlas y fortalecerlas. Garantizar educación en lengua materna es clave para la transmisión intergeneracional y para el fortalecimiento del Sistema Educativo Indígena Propio.
Fomentar la producción de materiales pedagógicos en lenguas indígenas es fundamental para la educación intercultural y para preservar la memoria de nuestros pueblos. Los medios de comunicación indígenas y comunitarios son voz, resistencia y territorio. En ese marco, el Plan Decenal de Lenguas Nativas (2022–2032) se plantea como una estrategia para su protección, fortalecimiento y revitalización. Sin embargo, su implementación requiere recursos suficientes y voluntad política efectiva.
Más de la mitad de las lenguas indígenas en Colombia están en riesgo de desaparecer. La pérdida de hablantes, la discriminación, el desplazamiento forzado y la falta de políticas públicas eficaces amenazan su continuidad. Cuando una lengua desaparece, un pueblo pierde su voz y un territorio queda en silencio. Cada palabra que no se transmite es una historia que se pierde.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la protección y revitalización de nuestras lenguas. No basta con reconocerlas: es necesario hablarlas, enseñarlas y garantizar condiciones reales para su fortalecimiento. Las lenguas indígenas son resistencia, vida y dignidad. Que nuestra palabra no se apague. Soñemos en nuestra lengua.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Feb 20, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
La Sierra Nevada es un territorio sagrado y vivo, con ordenamiento ancestral y autoridades propias. Es el corazón del mundo para los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. No se trata de una categoría simbólica, sino de una estructura territorial, espiritual y cultural que sostiene la vida colectiva.
Frente a los intentos históricos de despojo, fragmentación y exterminio, los Pueblos Indígenas de la Sierra han sostenido una defensa territorial conjunta que reafirma su diversidad cultural y su fuerza espiritual.
Esta resistencia no es coyuntural, es una continuidad histórica de defensa frente a intereses económicos y políticas que desconocen su integralidad territorial. Cada agresión ha reafirmado su organización, su autoridad propia y su compromiso con la vida y el equilibrio del mundo. La Sierra no es un recurso; es un sistema de vida que exige respeto y garantías efectivas.
La Línea Negra no es una delimitación administrativa ni una frontera cartográfica. Es el sistema de espacios sagrados que estructura el orden espiritual, cultural y ambiental del territorio ancestral. El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado anuló el Decreto 1500 de 2018, que delimitaba oficialmente y otorgaba protección jurídica a la Línea Negra como sistema espiritual y cultural del territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, estableciendo mecanismos específicos para su protección.
Esta decisión se aparta de la tradición jurídica del país orientada al reconocimiento y protección de este territorio ancestral, y desconoce el proceso de consulta previa y el diálogo sostenido entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. El Decreto 1500 fue resultado de una exigencia histórica de derechos que incluyó una orden judicial de la Corte Constitucional y un proceso de concertación de gobierno a gobierno. Su adopción contó con respaldo técnico del IGAC y con fundamento constitucional e internacional.
Sin este instrumento, los Pueblos Indígenas de la Sierra enfrentan mayor vulnerabilidad jurídica frente a intervenciones externas que pueden impactar su territorio, sus sistemas de conocimiento ancestral y el equilibrio ambiental. Se reducen las garantías frente a proyectos mineros, energéticos, turísticos y de infraestructura que puedan afectar el territorio. La eliminación del marco normativo no borra la realidad territorial, pero sí debilita las herramientas de protección frente a intereses externos.
El vínculo espiritual que une a los pueblos con nuestros sitios sagrados antecede al Estado y trasciende cualquier norma. Es una relación viva, cultural, espiritual y material que sostiene la armonía, la memoria y la pervivencia colectiva. La Línea Negra expresa la Ley de Origen y el gobierno propio de los pueblos, fundamento espiritual y normativo que antecede al orden estatal. La decisión desconoce la jurisprudencia constitucional que garantiza la autonomía territorial y el ejercicio pleno del derecho propio de los Pueblos Indígenas.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas exigimos al Estado colombiano garantizar y proteger el territorio ancestral de la Línea Negra conforme a los estándares internacionales.
¡Defender el territorio es defender la vida!
por STI | Feb 18, 2026 | Actualidad, CNTIAnaliza, Directorio CNTI, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), como instancia de vocería en materia territorial indígena, nos sumamos a la movilización nacional convocada para el 19 de febrero en defensa del salario mínimo vital y del derecho a una vida digna.
Los Pueblos Indígenas nos movilizamos en defensa de los derechos colectivos y en respaldo a las reformas que garanticen equidad, justicia social y condiciones reales de bienestar para el conjunto de la sociedad. La dignidad de los pueblos está ligada a la garantía efectiva de derechos económicos y sociales.
Este 19 de febrero, a las 2:00 p. m., nos encontraremos en la Plaza de Bolívar en Bogotá y en distintos puntos del país para expresar de manera pacífica y colectiva nuestra posición frente a la situación actual del salario mínimo.
Para los Pueblos Indígenas, la justicia social no es un eslogan: es la transformación de las condiciones materiales y políticas que han sostenido la exclusión. Las reformas sociales deben garantizar equidad real, redistribución, reconocimiento y participación efectiva de los pueblos y sectores históricamente marginados.
La suspensión provisional del aumento decretado para 2026 ha generado incertidumbre sobre el ingreso que sostiene a millones de hogares. Esta decisión impacta directamente a las familias trabajadoras y profundiza las brechas sociales existentes. En este contexto, la defensa del salario mínimo vital forma parte de una agenda más amplia de dignidad. Un ingreso justo es condición básica para el ejercicio de derechos, la permanencia en los territorios y la superación de brechas estructurales que afectan a millones de familias trabajadoras.
La defensa del salario mínimo vital no es un debate meramente técnico o jurídico. Se trata de garantizar el derecho al trabajo digno, a una remuneración justa y a condiciones materiales que permitan la pervivencia y el bienestar del pueblo colombiano. Reafirmamos que un salario digno es un derecho y que las reformas sociales son necesarias para avanzar hacia un país más justo.
Nos movilizamos en defensa de nuestros derechos colectivos y en respaldo a reformas estructurales orientadas a combatir la desigualdad histórica, el colonialismo, el racismo y el sexismo que persisten en el país. Reafirmamos que la movilización social es un ejercicio legítimo de participación democrática. Nos convocan la defensa de la vida digna, la superación de desigualdades históricas y la exigencia de políticas públicas que respondan a las realidades del pueblo colombiano. La dignidad no puede seguir aplazándose.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Feb 17, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la defensa de los derechos territoriales, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas estamos participando del 16 al 19 de febrero en la sexta reunión del Órgano Subsidiario sobre la Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), de cara a la COP17 en Armenia.
Nuestra presencia tiene como propósito exigir que la implementación avance con un enfoque real de derechos. Esta fase no puede limitarse a discusiones técnicas ni a reportes formales. Debe traducirse en garantías concretas para los Pueblos Indígenas.
Expresamos nuestra preocupación porque las metas 17, 22 y 23 —en especial la Meta 22, clave para los Pueblos Indígenas— carecen de medios de implementación suficientes. Observamos que los Estados no reportan de manera adecuada sobre derechos, participación y protección de defensores indígenas. Sin mecanismos verificables y obligaciones claras, los compromisos pierden efectividad. La implementación debe incorporar salvaguardas y criterios medibles que reflejen la realidad territorial.
Frente a la Meta 3, advertimos que los reportes se concentran en ampliar áreas protegidas sin reconocer plenamente nuestros territorios ni nuestra autonomía. Nuestros territorios son espacios históricos de cuidado, conservación y manejo sostenible. La expansión de figuras de protección no puede desconocer el gobierno propio ni imponer restricciones que afecten derechos colectivos. La conservación debe construirse con reconocimiento territorial y no al margen de él.
Exigimos que la implementación avance de manera efectiva y que visibilice las contribuciones de nuestros territorios al cuidado y defensa de la biodiversidad. La movilización de recursos, incluido el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), debe garantizar financiamiento directo y oportuno que fortalezca nuestros sistemas propios de gobierno. Sin recursos adecuados, los compromisos quedan en el plano declarativo. El financiamiento debe reconocer a los Pueblos Indígenas como protagonistas.
Reiteramos que la implementación del CDB no puede reducirse a reportes administrativos ni a la ampliación de áreas protegidas sin reconocimiento pleno de nuestra autonomía y derechos colectivos. Exigimos participación efectiva, protección integral para los defensores indígenas y mecanismos de financiamiento directo que fortalezcan nuestros sistemas propios de gobierno. Quienes defendemos la vida, la Madre Tierra y el territorio enfrentamos riesgos permanentes, amenazas y contextos de violencia que buscan silenciar nuestra labor. La política global de biodiversidad no puede avanzar mientras quienes sostienen la conservación en los territorios carecen de garantías reales. La protección no es un gesto simbólico, es una condición para la implementación efectiva. Sin seguridad, sin recursos y sin participación vinculante, los compromisos internacionales carecen de coherencia con los derechos colectivos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Feb 16, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
En el marco del cumplimiento de las metas globales de biodiversidad, el 13 de febrero nos reunimos la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), la Mesa de Concertación Permanente (MPC), la Mesa Regional Amazónica (MRA) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para avanzar en la construcción colectiva del 7° Informe Nacional ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Este encuentro permitió presentar los avances del 7° Informe Nacional y fortalecer un diálogo técnico y político orientado a consolidar una posición país coherente con las apuestas políticas del movimiento indígena. El proceso de reporte no puede limitarse a un ejercicio formal. Debe reflejar la realidad territorial y las contribuciones históricas de los Pueblos Indígenas al cuidado y defensa de la biodiversidad.
El proceso de reporte no puede reducirse a un cumplimiento administrativo ni a la consolidación de indicadores técnicos desconectados del territorio. Debe incorporar de manera significativa la realidad que vivimos los Pueblos Indígenas, así como nuestros sistemas de conocimiento, prácticas de manejo y formas propias de gobernanza ambiental. Las contribuciones históricas al cuidado y defensa de la biodiversidad no son marginales, son estructurales para la conservación en Colombia. Un reporte riguroso debe reconocer el vínculo entre derechos territoriales, autonomía y protección efectiva de la biodiversidad.
Llamamos a fortalecer una coordinación real y vinculante con las instancias legítimas del movimiento indígena, de modo que el proceso no sea consultivo en apariencia, sino participativo en su contenido y decisiones. La elaboración de estos informes debe construirse desde el diálogo político, con acceso oportuno a la información y con espacios efectivos de incidencia. Solo así podrán recoger las prioridades territoriales y las exigencias históricas en materia de autonomía y derechos. La participación debe traducirse en ajustes concretos del contenido, no en simples validaciones formales. Sin reconocimiento pleno de los derechos territoriales, cualquier reporte quedará incompleto y sin legitimidad.
Reafirmamos como prioridad que la visión y la voz de los territorios orienten la postura de Colombia ante la comunidad internacional. Los compromisos globales en materia de biodiversidad deben estar anclados en el respeto a la autonomía y al gobierno propio.
¡Defender los territorios es defender la vida
por STI | Feb 12, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Los delegados y delegadas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas resaltamos la entrega material del predio Cuba Libre a la comunidad indígena de Barrulia, del Pueblo Sikuani, realizada el 7 de febrero de 2026 en el municipio de Puerto Gaitán (Meta). Este hecho constituye un logro histórico y un avance en la garantía de los derechos territoriales. Al mismo tiempo, evidencia la vulneración histórica y sistemática de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Altillanura, situación que ha sido denunciada de manera reiterada por esta Comisión.
Este avance es resultado de diferentes acciones de la comunidad, las organizaciones indígenas y la CNTI que, a través de recursos administrativos y acciones jurídicas constitucionales, revirtieron la decisión administrativa de 2022 que negó la protección del territorio ancestral del Pueblo Sikuani, obligando a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a revisar su actuación y adoptar una decisión favorable en favor de la comunidad de Barrulia.
El predio Cuba Libre forma parte del territorio ancestral del Pueblo Sikuani y estuvo ocupado por ciudadanos extranjeros pertenecientes a la comunidad religiosa menonita. En el marco de la diligencia de recuperación y entrega material se presentaron conductas de oposición que desconocieron la autoridad del Estado colombiano y limitaron el acceso al territorio, pese a la existencia de una orden judicial vigente, lo que evidencia los riesgos persistentes que enfrenta la comunidad indígena en su proceso de retorno.
La recuperación y entrega del predio fue adelantada ANT, en articulación con la Defensoría del Pueblo, en reconocimiento de su carácter de territorio ancestral protegido en el marco del Decreto 2333 de 2014, como resultado de una reclamación sostenida por la comunidad indígena de Barrulia ante el Estado colombiano durante más de una década.
Desde la CNTI reiteramos que la entrega del predio Cuba Libre constituye un avance importante, pero insuficiente, pues persiste la necesidad de garantizar de manera integral la protección, el reconocimiento, el acceso y el tránsito a los territorios indígenas, así como las garantías humanitarias necesarias para un retorno seguro y digno, conforme a los estándares constitucionales e internacionales.
Por tanto, hacemos un llamado urgente al Estado colombiano para que adopte medidas inmediatas, eficaces e integrales que garanticen los derechos fundamentales y territoriales de la comunidad de Barrulia, frente a la persistencia de amenazas, la falta de garantías de seguridad y la insuficiente atención humanitaria.
¡Defender los territorios es defender la vida!
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