por STI | Jul 31, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Las Entidades territoriales Indígenas están reconocidas y establecidas en la Constitución Política de Colombia, como expresión de autonomía, como formas de gobierno propio que se ejercen y se han ejercido históricamente en nuestros territorios y que son parte del pluralismo y la diversidad étnica y cultural que constituyen la nación. Diversidad que según lo establecido en el artículo 7° de la carta Política, el Estado tiene la obligación de reconocer y proteger.
Y esto es importante advertirlo, e insistir en ello por varias razones. La primera es que aun cuando los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, y de forma específica las entidades territoriales indígenas, quedaron reconocidas en la Constitución Política desde 1991 (expresamente en los artículos 329 y 330), desde entonces y tras sucesivos gobiernos, ha persistido una deuda histórica de parte del Estado colombiano, manteniendo el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, convencionales y de sus compromisos internacionales en materia de derechos territoriales.
Prueba de ello es el pronunciamiento hecho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-489 de 2012, en la que desde entonces ha venido haciéndole llamados tanto a los sucesivos Gobiernos Nacionales como al Congreso de la República, para que sea expedida una ley especial Orgánica de Ordenamiento Territorial que permita el funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales tal y como quedó establecido en el artículo 329 de la Constitución, en el cual se señala que:
“La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial (…). Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable(…). La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”.
A pesar de este y otros pronunciamientos realizados por la Corte Constitucional (Sentencia C-054 de 2023, y Sentencia T-530 de 2024), a fecha actual, y después 35 años de haberse promulgado la Constitución Política, el Congreso de la República sigue sin promulgar esta ley, sin atender los llamados de la Corte y manteniendo la ausencia de un régimen jurídico que permita el funcionamiento de los territorios indígenas como entidades territoriales. Lo que da cuenta de la gran brecha existente en Colombia entre el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, integrados a la Constitución Política, con su materialización y goce efectivo.
También es necesario señalar que, previéndose una demora razonable para la expedición de esta ley especial, en el artículo 56 transitorio de la Constitución se estableció que mientras esta Ley Orgánica sea expedida, de tal forma que no quedase un vacío jurídico hasta que se hiciese, el Gobierno nacional puede dictar “las normas fiscales que sean necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”.
Y es justamente en atención de este artículo 56 transitorio, ante el desinterés de los sucesivos gobiernos como del Congreso de la República para expedir esta ley especial, y bajo el amparo de la Constitución, que el gobierno nacional saliente expidió el decreto 488 de mayo de 2025, mediante el cual se “dictan las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”.
Como desarrollo de ese decreto y de los preceptos constitucionales, y tras 35 años de haber sido reconocidas en la Constitución, fueron formalizadas las 8 primeras Entinades Territoriales Indígenas en Colombia, todas ubicadas en la amazonía colombiana (Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo y UITIBOC-ASOAINTAM).
Es importante dejarlo claro, “los pueblos y los territorios indígenas en Colombia constituimos la nación, y nuestros derechos territoriales están consagrados en la Constitución”. De la misma manera que las Entidades Territoriales Indígenas y nuestras formas propias de gobierno también lo son. Desconocerlo es negar la Carta Política, menospreciar los desarrollos jurisprudenciales que han sido realizados por la Corte Constitucional durante los últimos 30 años y contravenir el Convenio 169 de la OIT. Es poner en cuestión todo el sistema jurídico del país.
Por ello resultan alarmante el discurso que contra las Entidades territoriales Indígenas fue emitido y difundido hace unos días por el senador electo Enrique Gómez Martínez, quien habrá de ser impulsor de la agenda legislativa del nuevo gobierno en el Congreso de la República. Video con el que desde su cuenta personal arremetió de forma estigmatizante y violenta contra las Entidades territoriales Indígenas recientemente creadas, amenazó con la derogación del decreto 488 de mayo de 2025, así como de los demás decretos mediante los cuales fueron formalizadas las primeras ocho ETI del país.
El senador considera sin pudor alguno que las ETI son territorios en los que no rigen la Constitución ni las leyes; desconociendo o queriendo ignorar que las ETI son justamente un desarrollo constitucional, jurisprudencial y normativo. Y se trata de territorios en los que no “rige la ley”, desconociendo que esos territorios, como en los demás territorios indígenas del país, están ordenados con nuestros propios sistemas normativos, los cuales se expresan en la ley de origen, ley natural y derecho mayor de los pueblos indígenas. Mandatos y derechos propios que, con arreglo a la misma constitución, constituyen el pluralismo jurídico que caracteriza la nación colombiana, de la que como pueblos indígenas hacemos parte.
Asegura el senador, que como las ETI recientemente creadas son territorios en los hay presencia de grupos armados ilegales, ellas mismas son parte del objetivo de esos grupos de crear “repúblicas autónomas”, aseveración profundamente estigmatizante y peligrosa, que pone en riesgo la integridad física y espiritual de los pueblos indígenas amazónicos que históricamente han habitado esos territorios y que muy recientemente han sido formalizados. Olvidando además que la presencia de grupos armados en nuestros territorios no solo es una afectación directa a la vida, la dignidad y la integridad de nuestros pueblos y comunidades, sino que además afecta el autogobierno, la autonomía y nuestra posibilidad de permanecer en ellos.
En el marco de esta misma campaña que ha sido desplegada contra las Entidades territoriales Indígenas, algunos medios de comunicación han difundido el rumor sobre la intención del gobierno entrante de derogar durante su primera semana, el conjunto de decretos que el gobierno saliente expidió para darle vía a la formalización de las ETI.
Aunque no existe aún certeza de que un despropósito abiertamente inconstitucional de este tipo haya de ser realizado por el nuevo gobierno, que de darse habría de derivar en una acción regresiva en materia de reconocimiento y garantía de los derechos territoriales para todos los pueblos indígenas del país y en contra de la misma Constitución Política, las palabras del senador Enrique Gómez Martínez, difundidas ampliamente en redes en días recientes, alarman por lo violentas, lo estigmatizantes, porque ponen en riesgo la vida y la integridad de los pueblos indígenas del país, porque desafían el orden jurídico y constitucional, y porque buscan desconocer o negar los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país.
Desde la delegación de las organizaciones indígenas que conforman el espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, exigimos al gobierno entrante al respeto por la Constitución Política, y al cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales y los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país.
Como espacio de diálogo y concertación, desde nuestra misionalidad y desde el mandato de nuestros pueblos, seremos vigilantes de la garantía de los derechos territoriales de los 115 pueblos indígenas que constituimos la nación.
¡Defender los derechos territoriales, es defender la vida!
por STI | Jul 31, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco de la 28ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio sobre la Diversidad Biológica (SBSTTA-28), celebrada en Nairobi, Kenia, Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), participó en el evento paralelo “Una mirada anticipada a Perspectivas Locales sobre la Diversidad Biológica: las contribuciones vitales de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales son centrales para la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal».
Durante su intervención, titulada “Monitoreo territorial liderado por Pueblos Indígenas y defensa de la Línea Negra en Colombia”, presentó la experiencia de los Pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo en el cuidado del territorio ancestral de la Sierra Nevada de Gonawindua, conocida como Sierra Nevada de Santa Marta. Este territorio es un tejido vivo de espacios sagrados interconectados que integran ecosistemas terrestres, costeros y marinos, resguardos indígenas, áreas protegidas y centros urbanos. Su cuidado se rige por la Ley de Origen y a la orientación espiritual de los Mamus.
La Línea Negra no es únicamente una delimitación cartográfica: es un sistema territorial, espiritual y cultural mediante el cual los 4 Pueblos Indígenas mantienen la relación y el equilibrio con la Madre Tierra. La protección de sus espacios sagrados exige coordinación permanente entre las autoridades indígenas y entidades estatales —municipios, gobernaciones, entidades nacionales y autoridades ambientales—. Un ejemplo de esta articulación es el manejo colaborativo del Parque Nacional Natural Tayrona, que contempla periodos de cierre acordes con el calendario ecológico y cultural de los pueblos para permitir la renovación de los ciclos de la naturaleza.
Camilo Niño explicó que la defensa territorial también exige información producida, administrada e interpretada por los propios Pueblos Indígenas. Por mandato de los delegados y delegadas de las organizaciones indígenas que integran la CNTI, la Secretaría Técnica Indígena desarrolló cuatro sistemas propios de información y monitoreo, ante las limitaciones del Estado para garantizar la recolección, producción, acceso, uso y manejo de la información territorial como un derecho.
El Sistema de Monitoreo de Acuerdos (SIMA) realiza seguimiento a los compromisos pactados con el Gobierno Nacional; el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I) produce y analiza información geográfica sobre los territorios; el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) identifica el estado y los rezagos de los procesos de constitución, ampliación y seguridad jurídica; y el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra los Pueblos Indígenas (SIVOSPI) documenta las afectaciones contra la vida, la integridad y los derechos colectivos.
Estos sistemas permiten identificar demoras administrativas, vulneraciones territoriales y de derechos humanos, amenazas derivadas de proyectos extractivos, superposiciones con otras figuras de ordenamiento y la importancia ecológica de los territorios indígenas. La información propia no se limita a describir los problemas: sustenta acciones de incidencia, concertación y exigibilidad ante las instituciones responsables.
La experiencia de la Sierra Nevada muestra resultados concretos. En 2023, los hallazgos del monitoreo de la CNTI respaldaron la concertación de una ruta interinstitucional para avanzar en la ampliación, el saneamiento, la adquisición y la restitución de derechos territoriales de los resguardos Arhuaco de la Sierra, Businchama y Kogui Malayo Arhuaco. El seguimiento posterior contribuyó, en 2025, al saneamiento y a la sexta ampliación del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco, mediante la incorporación de 3.610 hectáreas, para alcanzar una extensión total de 411.940 hectáreas.
En su intervención, Camilo Niño enfatizó que el control indígena sobre los datos y su interpretación es parte del ejercicio del gobierno propio. La información sobre nuestros territorios no puede ser extraída, utilizada o administrada por terceros sin el reconocimiento expreso de la autoridad, los conocimientos y las decisiones de los pueblos que la producen. La soberanía sobre la información es el fundamento que permite definir qué se monitorea, cómo se interpreta y para qué se utiliza.
La presentación también reafirmó la continuidad de la defensa integral de la Línea Negra frente a las decisiones administrativas, las presiones extractivas y las transformaciones que amenazan sus espacios sagrados. Esta experiencia demuestra que el monitoreo territorial indígena debe ocupar un lugar central en la planificación, la implementación y los reportes nacionales de biodiversidad.
Desde la CNTI hacemos un llamado a las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica para que reconozcan:
- Los sistemas indígenas de información y monitoreo como herramientas legítimas de gobernanza
- Garanticen la protección de los territorios ancestrales y sagrados
- Establezcan relaciones directas y respetuosas con las autoridades indígenas sin extraer ni apropiarse de sus datos y conocimientos.
Las contribuciones de los Pueblos Indígenas al Marco Mundial de Biodiversidad no pueden separarse de la garantía de nuestros derechos territoriales, la autonomía y el gobierno propio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 31, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Del 27 de julio al 1 de agosto de 2026 participamos en Nairobi, Kenia, en la 28.ª reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico del Convenio sobre la Diversidad Biológica, conocido como SBSTTA por sus siglas en inglés. Este órgano analiza asuntos científicos, técnicos y tecnológicos y prepara recomendaciones que orientarán la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal y las decisiones de la COP17 de Biodiversidad.
En esta reunión se debate el borrador de decisión que actualizará el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas (PoWPA), un instrumento que marcará el rumbo de las políticas internacionales de conservación. Su revisión tendrá efectos sobre la manera en que los Estados crean, amplían, administran y reportan áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas (OMEC).
Para los Pueblos Indígenas esta discusión no es un asunto abstracto: tiene implicaciones directas sobre nuestros territorios, el reconocimiento efectivo de nuestros derechos y el pleno ejercicio de nuestra autonomía y gobierno propio. La actualización del PoWPA debe garantizar cuatro elementos fundamentales: el respeto de los derechos territoriales y salvaguardas específicas para los Pueblos Indígenas; el reconocimiento de la autonomía y de nuestros sistemas de conocimiento; el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI); y medidas de protección reforzada para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).
Nuestra posición parte de un principio fundamental: los territorios indígenas ya están protegidos por derecho propio. No necesitan convertirse en Áreas Protegidas para adquirir validez jurídica ni para contribuir al cuidado de la vida. Nuestros derechos de autonomía, propiedad y posesión colectiva nacen de la relación ancestral con los territorios y las aguas que ocupamos y están reconocidos por el derecho propio y el derecho internacional, incluido el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No dependen de la expedición de una declaratoria estatal, ni de demostrar resultados de conservación.
Los territorios indígenas cumplen un papel fundamental en el cuidado de la biodiversidad del país y regulación climática. En ellos se encuentra el 51% de los bosques, el 52% de los nevados y glaciares, el 18% de las sabanas, el 12 % de los páramos y el 26% de las especies registradas en Colombia. Estas cifras muestran la importancia de fortalecer el ejercicio de nuestros derechos territoriales y del gobierno propio como parte de una política efectiva de protección de la vida.
Nuestros aportes a la conservación no pueden condicionar el reconocimiento de nuestros derechos. Los territorios indígenas no deben ser protegidos únicamente porque contribuyen al cumplimiento de metas ambientales. Su protección se sustenta en derechos colectivos preexistentes reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional y el derecho internacional. La conservación debe reforzar nuestra protección integral y gobierno propio, no sustituirla mediante nuevas figuras que puedan limitar la autonomía o imponer formas externas de administración.
La experiencia colombiana muestra dos caminos distintos en la relación entre territorios indígenas y áreas protegidas. En Yaigojé Apaporis, los Pueblos Indígenas solicitaron la creación del Parque Nacional para proteger sus sitios sagrados frente a la minería. Esta decisión autónoma permitió avanzar hacia una gobernanza compartida entre autoridades indígenas y ambientales.
El caso del Pueblo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy muestra las consecuencias de una ruta diferente. El área protegida fue impuesta sin consentimiento y, en 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por vulnerar los derechos del Pueblo U’wa.
La lección es clara: las áreas protegidas fortalecen la conservación de los territorios indígenas cuando se respetan los derechos, la libre determinación y las decisiones de los propios Pueblos Indígenas. No se trata de crear más áreas protegidas sobre nuestros territorios, sino de fortalecer la protección integral de los territorios indígenas.
Por lo anterior, el reconocimiento como territorio indígena, con carácter reforzado, debe ser la respuesta por defecto y no la creación de nuevas áreas protegidas. Ninguna área protegida ni OMEC puede crearse, ampliarse o reportarse en nuestros territorios sin Consentimiento Libre, Previo e Informado. La participación no puede limitarse a informar decisiones previamente adoptadas. Debe garantizar incidencia directa en la definición de las medidas, los modelos de gobernanza, los mecanismos de seguimiento y el uso de la información territorial, respetando nuestros derechos.
La revisión del PoWPA también debe establecer salvaguardas reforzadas para los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI). Estas garantías deben incluir la intangibilidad territorial, el respeto por su decisión de permanecer en aislamiento, la prevención de contactos e intervenciones externas y la protección frente a medidas de conservación impuestas.
El SBSTTA-28 representa una oportunidad para corregir las injusticias históricas y actuales cometidas en nombre de la conservación, avanzar hacia un enfoque basado en derechos y evitar que las metas mundiales de biodiversidad reproduzcan nuevas formas de despojo. La actualización del PoWPA debe reconocernos como titulares de derechos y autoridades territoriales, garantizar la autonomía y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, incorporar nuestros sistemas de conocimiento y establecer salvaguardas efectivas para los PIACI.
Nuestros derechos territoriales no dependen de las metas de conservación. Se fundamentan en la autodeterminación, la propiedad y/o posesión colectiva, y están reconocidos por el derecho propio y el derecho internacional. El ejercicio pleno del gobierno propio protege nuestros territorios y, al mismo tiempo, fortalece el cuidado de la naturaleza. Las metas mundiales no pueden utilizarse para imponer nuevas formas de control, limitar la autodeterminación o reproducir el despojo con argumentos ambientales.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 28, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco del Foro Nacional de Mujeres Indígenas, “Tejiendo voces y pensamientos: una apuesta política para el cuidado de la vida”, realizado el 27 de julio en Bogotá, mujeres, autoridades, lideresas y representantes de distintas instancias del Movimiento Indígena se reunieron para analizar los avances y desafíos de su participación en los escenarios de representación y concertación. La jornada también abordó la defensa territorial, la crisis climática, la transición energética y la garantía de los derechos de las Mujeres Indígenas.
El foro fue una iniciativa de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) y permitió poner en el centro las experiencias, propuestas y desafíos de las mujeres indígenas en la construcción de gobierno propio, la defensa de los derechos colectivos y la incidencia política. Su programación incluyó paneles y conversatorios sobre los espacios de diálogo de Gobierno a Gobierno, el cuidado de los territorios, los sistemas de conocimiento propio y la implementación de la Recomendación General número 39 de la CEDAW sobre los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas.
En el marco de este encuentro, realizamos una cobertura colaborativa entre la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). Esta articulación comunicativa reconoció a las tres instancias como espacios legítimos de representación, concertación e incidencia del Movimiento Indígena en Colombia, y permitió ampliar las voces, análisis y propuestas compartidas durante la jornada.
El primer panel abordó la importancia de las instancias oficiales de representación y concertación para la garantía de nuestros derechos como Pueblos Indígenas, el fortalecimiento del gobierno propio y el diálogo entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional. También permitió examinar los retos que enfrentamos ante el cambio de gobierno y la necesidad de fortalecer la participación de las mujeres indígenas en todos los espacios, no como una presencia secundaria, sino con capacidad efectiva de decisión e incidencia.
En este espacio participaron representantes de la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC), la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPI). Sus intervenciones permitieron reflexionar sobre los avances y desafíos de los escenarios de concertación, así como sobre la necesidad de garantizar que la participación de las Mujeres Indígenas tenga incidencia efectiva en las decisiones relacionadas con nuestros territorios, los derechos colectivos, el gobierno propio y la pervivencia de los pueblos.
La jornada también destacó el liderazgo de las mujeres indígenas frente a la crisis climática y a los impactos de las actividades extractivas. En los territorios, han sostenido y transmitido sistemas de conocimiento propio, prácticas de cuidado y formas de gobierno que aportan respuestas concretas ante la pérdida de biodiversidad, la afectación de las fuentes de agua y las transformaciones impuestas sobre los sistemas de vida. Por ello, su participación en los debates sobre transición energética y política ambiental debe ser directa, vinculante y garante de sus derechos.
Durante el conversatorio “Mujeres Indígenas: tejiendo derechos para la vida”, comisionadas nacionales y territoriales de la CNMI compartieron experiencias sobre los caminos de liderazgo, los obstáculos enfrentados y los avances logrados en la construcción de una agenda política propia. Estas trayectorias muestran que la participación de las mujeres indígenas ha sido fundamental para sostener los procesos comunitarios, defender los territorios y fortalecer la pervivencia de nuestros pueblos.
El foro cerró con un análisis de la Recomendación General número 39 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). La discusión permitió señalar los avances y las dificultades de su implementación en Colombia, así como la necesidad de que el Estado adopte medidas concretas para garantizar los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas.
Este encuentro reafirma que la participación no puede limitarse a la asistencia o a la consulta formal. Las mujeres indígenas deben estar en los espacios donde se definen las políticas, se adoptan decisiones y se construyen las rutas que afectan sus vidas, comunidades y territorios. Fortalecer la incidencia es también fortalecer el gobierno propio, la autonomía y la capacidad colectiva del Movimiento Indígena para defender los derechos alcanzados.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 28, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) cerramos nuestra participación en la Semana Geomática con la presentación del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I), una herramienta orientada a fortalecer la gestión de información propia, confiable y pertinente sobre nuestros territorios.
Nuestra participación y el desarrollo del SIG-I se enmarcan en la articulación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Con este sistema buscamos cerrar las brechas de información geoespacial, poner en diálogo los conocimientos construidos desde nuestros territorios con la información institucional y contar con herramientas propias para decidir sobre su cuidado, protección y defensa.
Durante las jornadas, los delegados y delegadas indígenas acompañaron la socialización del sistema en el stand, dialogaron con la comunidad académica, especialistas, entidades públicas, organizaciones e invitados internacionales, y conocieron otras experiencias y herramientas vinculadas con la cartografía y la gestión territorial.
Como momento central del cierre, Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, presentó los avances, potencialidades y retos del SIG-I. En su intervención explicó cómo el sistema contribuye al gobierno propio, la autonomía, la seguridad jurídica y la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
También señaló que las herramientas tecnológicas y las plataformas de información no son neutrales: son herramientas políticas. Frente a los discursos que presentan los territorios indígenas como extensiones excesivas o tierras improductivas, la información permite construir respuestas sustentadas y controvertir narrativas que desconocen su valor territorial, ambiental y cultural.
Como parte del trabajo desarrollado, procesamos 33.582.000 registros biológicos y los cruzamos con la información de nuestros territorios. El análisis permitió identificar que el 47 % de los territorios indígenas formalizados no cuenta con información biológica registrada. Esto no significa que carezcan de biodiversidad, sino que persisten profundas brechas en el levantamiento, la sistematización y la incorporación de esa información en los registros disponibles.
Los datos analizados muestran, además, que el 26 % de las especies registradas en Colombia se encuentra en territorios indígenas formalizados. Este resultado evidencia la importancia de nuestros territorios para la protección de la biodiversidad y la necesidad de producir información que reconozca los conocimientos, las prácticas de cuidado y los sistemas de vida de los pueblos.
La información es un derecho fundamental porque sustenta decisiones que afectan directamente nuestros derechos. Puede hacer visibles los territorios y sus aportes, o mantenerlos por fuera de los sistemas oficiales de conocimiento. Por eso, con el SIG-I avanzamos en un trabajo organizado para reducir las brechas de información geoespacial y enfrentar la invisibilización histórica de los Pueblos Indígenas.
Nuestra participación en la Semana Geomática reafirmó que no solo habitamos y protegemos los territorios: también producimos conocimiento e información para su defensa.
El territorio también se defiende con información.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Jul 25, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Entre el 22 y el 24 de julio de 2026 desarrollamos la Cuarta Sesión de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, escenario vinculante de concertación de alto nivel entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, creado mediante el Decreto 1397 de 1996. Durante estas tres jornadas analizamos los avances alcanzados, los incumplimientos y los asuntos pendientes que requieren decisiones y rutas claras para garantizar la continuidad de la agenda territorial indígena.
Esta sesión adquiere una importancia particular por ser la última con el Gobierno Nacional saliente. Por ello, centramos el diálogo en el balance de estos cuatro años, los compromisos que no se han cumplido y los asuntos estructurales que aún requieren decisiones, ajustes institucionales y acciones concretas.
Las entidades que integran este escenario —entre ellas el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Unidad de Restitución de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural— presentaron la información incorporada en sus informes de empalme para el Gobierno entrante.
Este balance constituye una carta de navegación para el seguimiento y la exigibilidad de los compromisos del Estado. La información entregada debe ser completa, verificable y transparente, y debe identificar con claridad los avances, los incumplimientos, los vacíos institucionales y los desafíos que tendrá que asumir la nueva administración. También analizamos los retos que deberán ser considerados en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030.
Reconocemos los avances normativos, administrativos y presupuestales alcanzados en materia de adquisición, formalización, restitución y seguridad jurídica de los territorios indígenas. Durante este periodo se avanzó en más de 260 procedimientos de constitución, ampliación y saneamiento, así como en la expedición de instrumentos normativos orientados a superar obstáculos históricos para la materialización de nuestros derechos territoriales.
Estos resultados son producto del trabajo sostenido de los delegados, delegadas, autoridades y organizaciones indígenas, que hemos llevado nuestras demandas históricas a este escenario de diálogo y concertación. También responden al trabajo técnico, jurídico y político desarrollado con las entidades responsables de la agenda territorial.
En el marco de la sesión recibimos oficialmente el Decreto 698 de 2026, instrumento normativo orientado a agilizar la adquisición de tierras para los Pueblos Indígenas. Reconocemos su expedición como un avance construido durante meses de trabajo y concertación en la CNTI, que debe contribuir a superar los cuellos de botella que han retrasado los procedimientos de compra y las solicitudes presentadas reiteradamente por las comunidades.
El alcance de este decreto dependerá de su implementación efectiva. Debe traducirse en procedimientos más ágiles, recursos suficientes, responsabilidades institucionales claras y resultados concretos para todos los pueblos y comunidades que adelantan procesos de adquisición de tierras.
Al mismo tiempo, señalamos que persisten rezagos, barreras institucionales y compromisos que no se han cumplido en los tiempos acordados. La falta de información completa y oportuna, las demoras en los procedimientos territoriales y las dificultades de articulación entre las entidades continúan limitando el goce efectivo de nuestros derechos.
Durante la sesión acordamos fortalecer el acceso a la información, el seguimiento a los procesos de compra y formalización de tierras, la protección y restitución de los territorios, la adecuación institucional y la coordinación entre las entidades responsables. También insistimos en establecer rutas claras frente a los territorios ancestrales, los bienes administrados por el Estado y las relaciones culturales, espirituales y de subsistencia que mantenemos con las aguas y los ecosistemas.
En este mismo contexto, participamos en la Semana de la Geomática para compartir el trabajo del Sistema de Información Geográfica Indígena, una herramienta construida desde la CNTI que reúne más de 116 capas de información y se consolida como un referente para la gestión y defensa territorial. Reafirmamos que la información es un derecho fundamental y que su acceso, uso, manejo, disposición y salvaguarda son indispensables para tomar decisiones sobre nuestros territorios.
Los compromisos definidos deben contar con responsables, plazos verificables y mecanismos permanentes de seguimiento. Su cumplimiento no puede depender del cambio de gobierno. Son obligaciones del Estado colombiano y deben incorporarse en el proceso de empalme para garantizar su continuidad ante la nueva administración.
Los delegados y delegadas mantenemos nuestro compromiso de hacer seguimiento y exigir mecanismos efectivos para materializar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Reconocemos lo avanzado, pero también señalamos con claridad lo incumplido y lo que aún falta por resolver.
Reafirmamos nuestra voluntad permanente de diálogo y concertación con el Estado colombiano. El cierre de un periodo de gobierno no puede significar la interrupción de los procesos ni el desconocimiento de la palabra concertada.
La lucha por la dignidad empieza por cumplir lo acordado.
¡Defender los territorios es defender la vida!
Página 1 de 142123»Última
