Entre los meses de marzo, abril y julio de 2024, el equipo técnico del Observatorio de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas -ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer un relacionamiento y articulación con cinco organizaciones indígenas en este departamento.
Las organizaciones fueron la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Cofán, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La iniciativa del recorrido responde a que este departamento cuenta con el mayor número de solicitudes de formalización y protección de territorios indígenas, aunque esta en conocimiento de la administración, no hay mayores avances por parte de la institucionalidad agraria y buena parte de estas no están resueltas.
Como resultado del recorrido, el ODTPI realizó un informe denominado situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo donde hace un análisis de contexto y se menciona la situación territorial en este departamento. Además, se realizó unas recomendaciones que permiten repensar e interpretar las problemáticas territoriales de los Pueblos Indígenas, analizando y explicando los factores que subyacen a los conflictos territoriales, presentes en la problemática por el derecho al territorio y el reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas de Putumayo.
Gracias a este relacionamiento con las comunidades, se logró comprender la situación y el estado de la seguridad jurídica de los territorios en este departamento. Durante los espacios de interlocución se identificaron de manera preliminar algunos de los conflictos territoriales de los pueblos indígenas, al igual que las acciones y estrategias que las organizaciones indígenas han empleado para la búsqueda y materialización de sus derechos territoriales.
Los diálogos sostenidos posibilitaron conocer directamente de las organizaciones las condiciones territoriales en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoció una serie de obstáculos que resultan ser transversales en los diferentes municipios del departamento, y que a raíz del trabajo desarrollado por la Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, y el ODTPI, se identificó que son problemáticas comunes a nivel nacional; por un lado, lo que refiere a los obstáculos de los territorios que se encuentran en proceso de formalización, y por el otro, los que presentan aquellos territorios que aunque ya formalizados, siguen presentando situaciones que impiden a los pueblos el goce efectivo de sus derechos territoriales.
La incidencia realizada logró mejorar la capacidad de incidencia y conocimientos de las organizaciones sobre los procedimientos para la garantía de sus derechos y seguridad jurídica en materia territorial e identificar y responder al impulso de las solicitudes mediante la asesoría técnico-legal. No obstante, desde el ODTPI se espera que el acompañamiento pueda ser permanente e integral.
Desde la instancia de concertación para el avance en la garantía y protección de los derechos territoriales indígenas, los delegados indígenas de las organizaciones que integran la CNTI, su Secretaría Técnica y Observatorio de Derechos Territoriales, han desarrollado la estrategia de recorridos territoriales con el fin de acercar el espacio de concertación nacional a los territorios y a los pueblos indígenas brindando herramientas para la defensa y garantía de los derechos territoriales. Esta metodología apunta a fortalecer y asesorar a los diferentes pueblos y sus organizaciones, para que puedan incidir e interlocutar con el gobierno nacional para realizar acciones en los diferentes niveles territoriales que permitan identificar las problemáticas estructurales y los obstáculos que han impedido avanzar con la seguridad jurídica de sus territorios, así como desarrollar y establecer rutas para su garantía.
Bajo ese marco, entre el 26 de marzo al 03 de abril y del 21 al 23 de julio de 2024, el equipo técnico del ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer una serie de relacionamientos y articulaciones con cinco organizaciones indígenas, entre ellas, la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Kofan, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fallo histórico en el que se declara la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos del pueblo U’wa. Una decisión que ocurre después de treinta años de lucha por la justicia, caso en el cual la Comisión Nacional de Territorios Indígenas actuó como perito.
Con esta decisión se confirma la responsabilidad de Colombia por no proteger de manera efectiva los derechos ancestrales sobre el territorio del pueblo U’wa, en parte por permitir que allí se ejecuten actividades extractivistas y turísticas, sin realizar consulta previa, libre e informada, lo cual ha afectado el plan de vida de este pueblo, desde lo cultural, territorial y espiritual.
El fallo reconoce que “la cosmogonía U’wa se fundamenta en el permanente equilibrio entre el hombre, el medio ambiente y su universo cósmico, de modo que la defensa del territorio ha sido una parte central de su identidad y modo de vida. Particularmente el Zizuma (nevado en castellano), constituye una fuente hídrica del territorio y un espacio de gran importancia cultural y espiritual del Pueblo U’wa”. Este equilibrio ha sido alterado de manera significativa por acciones que externos que rompieron la armonía del territorio.
En este caso, la CIDH analizó de manera particular siete proyectos extractivos, varios de ellos ejecutados dentro del resguardo U’wa. Además, se tomó en cuenta la afectación a los derechos por actos de violencia ejecutados por el Ejército Nacional y grupos armados ilegales que realizan sus acciones de control en su territorio.
Además, se encontró que a más de 23 años de la creación del resguardo hay una clara violación al artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los estados a delimitar y titular los territorios ancestrales de pueblos indígenas. Esto queda en evidencia en el traslape que existe entre el resguardo U’wa y el Parque Nacional Natural El Cocuy, lo que ha llevado a que los indígenas hayan solicitado el cierre del parque porque esta situación no les permite ejercer su autonomía.
Algunas de las decisiones más importantes de la CIDH frente a las obligaciones del Estado con el pueblo U’wa son las siguientes: Saneamiento integral del resguardo Unido U’wa y resguardo Kuita.
Involucrar al pueblo U’wa en la administración y conservación de la zona en la que se traslapa el resguardo con el Parque Nacional Natural El Cocuy.
Realizar proceso de participación para los proyectos extractivos vigentes y vigilar los que se encuentran en áreas cercanas al resguardo.
Realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional por permitir la violación de los derechos del pueblo U’wa.
Reparar el daño generado a la participación en la vida cultural, la vida digna y la integridad personal de los miembros del Pueblo U’wa.
Esta es una decisión histórica, producto de años de luchas, que se puede convertir en un referente importante para los pueblos indígenas de América Latina que enfrentan una situación similar de violación sistemática de sus derechos ancestrales por parte de los estados.
La crisis climática y la pérdida acelerada de biodiversidad han alcanzado niveles alarmantes y los Pueblos Indígenas del mundo, especialmente en Colombia, han decidido alzar su voz ante la comunidad internacional. Este llamado no solo busca preservar la naturaleza, sino también que se reconozca el papel esencial que ellos juegan en su cuidado. Además de que se comprenda que la única forma de asegurar un futuro sostenible para la humanidad es estableciendo una relación más profunda y respetuosa con la tierra, basada en sus conocimientos ancestrales y en la defensa de sus territorios.
Para los Pueblos Indígenas, la relación con la naturaleza es un principio fundamental; sus territorios son lugares de profunda conexión espiritual, cultural y ecológica. Sin embargo, estos han sido objeto de despojo y explotación por parte de políticas coloniales y extractivas. Hoy, se exige un reconocimiento integral de los derechos territoriales, pues solo a través de la protección de estos será posible restaurar el equilibrio del planeta.
La sabiduría indígena es otro de los pilares que que se destaca como esencial para enfrentar la crisis ecológica. Estos sistemas de conocimiento, que han sido transmitidos a lo largo de generaciones, están basados en una comprensión profunda de los ecosistemas y una relación respetuosa con la naturaleza. Integrarlos con las ciencias modernas no es solo una posibilidad, sino una necesidad urgente para lograr soluciones efectivas a los problemas ambientales. La visión indígena de la conservación no se limita a la protección de especies o áreas específicas, sino que contempla una gestión integral de los territorios, donde la biodiversidad, la cultura y el bienestar humano son elementos inseparables.
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Marco Mundial de Biodiversidad, ofrecen herramientas clave para que los Pueblos Indígenas exijan el respeto de sus derechos. Estas iniciativas internacionales pueden y deben incluirlos como actores fundamentales en la lucha contra la crisis climática y en la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, este reconocimiento no puede limitarse a simples formalidades, debe implicar un compromiso real con la autodeterminación y el respeto por los sistemas de conocimiento propios.
A la hora de implementar los compromisos internacionales en torno a la biodiversidad, los Pueblos Indígenas insisten en que las políticas no deben quedarse en planes abstractos o promesas incumplidas. Es necesario que se traduzcan en medidas concretas, respaldadas por recursos financieros y voluntad política.
Por esta razón, los acuerdos internacionales deben tener un enfoque que valore y respete a los Pueblos Indígenas como socios en la conservación. Esto incluye la asignación de recursos que fortalezcan las iniciativas locales y el apoyo a la implementación de proyectos que respeten los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Una parte fundamental de este reconocimiento es garantizar la seguridad jurídica de los territorios indígenas, especialmente aquellos que han sido despojados a lo largo de la historia. El Estado debe asumir la responsabilidad de proteger estos territorios, asegurando que las comunidades puedan seguir gestionándolos de acuerdo con sus tradiciones y sistemas de gobernanza. El reconocimiento de la posesión ancestral de estos territorios no solo implica la protección de su propiedad, sino también el respeto por el derecho a decidir sobre el manejo y uso de los recursos naturales. La restitución de territorios y la garantía de su conservación son pasos fundamentales para garantizar la autonomía y autodeterminación de los Pueblos Indígenas.
El futuro de la biodiversidad, y por ende de la vida en la Tierra, depende en gran medida de una transformación en las relaciones entre los Pueblos Indígenas y el resto del mundo. Para que esto suceda, es imprescindible que las políticas internacionales y los compromisos globales incluyan de manera plena las voces y las perspectivas indígenas.
Es hora de que las naciones reconozcan que la defensa de los territorios indígenas es, en última instancia, la defensa del planeta. Solo trabajando juntos, en un marco de respeto y colaboración, podremos asegurar un futuro más armonioso y equilibrado para todas las formas de vida.
En las montañas, los bosques, los ríos y las sabanas de Colombia, más de 35 millones de hectáreas son gestionadas y protegidas por los Pueblos Indígenas. Son guardianes de los territorios ancestrales que albergan una biodiversidad única, esencial no solo para el país, sino para el equilibrio ecológico del planeta.
En Colombia viven 115 pueblos indígenas, algunos de los cuales han logrado mantener sus tradiciones, sistemas de vida y conocimientos durante siglos, resistiendo a los intentos de despojo, desplazamiento y exterminio cultural. Hoy, la comunidad internacional comienza a reconocer, aunque de manera aún parcial, el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en la conservación de la biodiversidad y la protección del planeta.
Los pueblos indígenas protegen con sus conocimientos ancestrales los ecosistemas. Esta conexión espiritual y material con la naturaleza es la base de la conservación que ejercen desde tiempos inmemoriales. Son ellos quienes, a través de su cosmovisión, logran mantener un equilibrio entre los recursos naturales y la vida humana, pues sus sistemas de manejo y organización territorial son inseparables de sus prácticas culturales, sociales y espirituales.
Los resguardos indígenas, reconocidos legalmente en Colombia, constituyen un vasto espacio territorial donde la protección de la biodiversidad no se da en términos aislados, sino como parte de un tejido de relaciones de respeto mutuo entre las personas, los seres vivos y la tierra. Estos resguardos no solo son espacios de vida, sino también de resistencia y lucha. Son la respuesta histórica a los intentos de despojo que se han enfrentado durante siglos, ya sea por la expansión de la agricultura, la minería o la deforestación indiscriminada.
A través de las luchas por el reconocimiento de los derechos territoriales, se ha logrado algo que la humanidad entera debe reconocer: la conservación no es una cuestión de imposición, sino de derechos. La diversidad biológica no debe considerarse solo desde una perspectiva científica o de conservación «externa», sino como un derecho fundamental que debe ser respetado. Los Pueblos Indígenas no solo protegen la biodiversidad, sino que la enriquecen con sus saberes ancestrales, sus prácticas agrícolas, sus conocimientos medicinales y su relación armónica con los ciclos de la naturaleza.
El Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, en el que se establece un enfoque basado en derechos para la conservación, constituye un avance importante en este reconocimiento. Este enfoque, al incorporar a los Pueblos Indígenas como actores clave en la preservación de la biodiversidad, reconoce que los territorios que albergan la mayor biodiversidad son, en su mayoría, tierras indígenas.
El compromiso con este enfoque de derechos exige a los Estados una responsabilidad mayor. No basta con firmar acuerdos o crear políticas ambientales, sino que es necesario asumir un compromiso real con el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas. En Colombia, aunque la legislación ha avanzado en el reconocimiento de estos derechos, aún persisten deudas históricas. Muchos territorios indígenas siguen siendo invadidos por actividades extractivas que afectan la biodiversidad y los líderes indígenas que defienden estos territorios enfrentan amenazas constantes. El respeto por estos derechos implica la protección de la vida de los defensores de la tierra, la garantía de la tenencia de la tierra y la autonomía para gobernar los territorios conforme a sus propias formas de organización y autoridad.
El camino hacia la plena integración de los pueblos indígenas en las políticas globales de conservación no está exento de desafíos. Los Estados deben trabajar en la adecuación de sus marcos jurídicos y de gobernanza para reconocer a las autoridades indígenas como las legítimas guardianas de sus territorios. El principio de autodeterminación debe ser el eje central de cualquier política que busque garantizar la conservación de la biodiversidad.
Es necesario, además, que las políticas de conservación se diseñen de manera integral, entendiendo que el territorio indígena no es solo un espacio físico, sino un espacio cultural, social y espiritual que debe ser respetado en su totalidad. La implementación de estos enfoques integrales de conservación, en coordinación con los Pueblos Indígenas, permitirá superar los modelos de conservación que históricamente han sido impuestos sin el consentimiento de las comunidades, y que han resultado en el desplazamiento forzado de pueblos enteros.
El reconocimiento de los Indígenas como aliados en la lucha contra la pérdida de biodiversidad es también una invitación a repensar los modelos de desarrollo. Sus conocimientos tradicionales no son un obstáculo para el progreso, sino una herramienta invaluable para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible. En este sentido, la conservación debe ser entendida no como una meta aislada, sino como un proceso continuo que involucra a las comunidades locales, sus saberes y su relación con la tierra.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, es expresión de las luchas históricas que los pueblos y las organizaciones indígenas del país hemos adelantado en la defensa de nuestros derechos, nuestra dignidad y de la integridad de nuestros territorios. Con la expedición del decreto 1397 de 1996, y superando las dificultades, se ha consolidado y legitimado como el espacio nacional de diálogo y concertación de gobierno a gobierno, en el que las organizaciones de los pueblos indígenas que la conformamos y amparados en normatividades del derecho mayor, derecho propio, ley natural, ley de origen como de normas nacionales e internacionales, hacemos seguimiento a las políticas públicas, los diseños institucionales, el presupuesto asignado y el conjunto de acciones mediante las cuales el Estado colombiano debe garantizar el goce efectivo de nuestros derechos territoriales como parte de sus obligaciones constitucionales y de la deuda histórica del Estado con nosotros.
El escenario de la Comisión es también en el que desplegamos nuestras acciones por la reivindicación y el reconocimiento de nuestra existencia como pueblos, por la transformación de nuestra realidad, la sociedad y sus instituciones, en un país en el que históricamente, como bien lo ratificó la Comisión de la Verdad, ha sido construido sobre relaciones coloniales, violentas, y un racismo estructural mediante el cual se ha buscado justificar el despojo de nuestros territorios y la negación de nuestra existencia como pueblos. Tan solo las más de 600 solicitudes de restitución de derechos territoriales, que a la fecha han sido interpuestas por los pueblos indígenas ante la Unidad de Restitución de Tierras y territorios despojados, así como las 1595 solicitudes de formalización, protección y seguridad jurídica elevadas ante la Autoridad de Tierras y no resueltas, así lo evidencian.
Con la firma del Acuerdo Final de Paz de la Habana, como pueblos indígenas aspiramos que con su implementación, sean materializados nuestros derechos a la seguridad jurídica y material de nuestros territorios; materialización que tal y como quedó establecido en el capítulo étnico, debe ser interpretado en su integridad, desde la perspectiva étnica y cultural que ha sido establecida en el ordenamiento jurídico internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, con especial atención al principio de no regresividad de nuestros derechos.
No es admisible que importantes instrumentos facilitadores, de la reforma rural integral como Decretos, Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras, proyectos de ley, etc., se estén diseñando o expidiendo bajo el desconociendo flagrante del derecho de participación y de consulta previa, pese al llamado de los pueblos y organizaciones indígenas al gobierno nacional para trabajar conjuntamente y con los otros sujetos de derecho que correspondan, de manera previa a su adopción, de modo que se logre la construcción de las mejores herramientas y garantías para todos.
Los efectos ya se ven en los territorios, en donde se generan o acentúan conflictos, ya sea por la expedición de normas y decisiones administrativas que desconocen la preexistencia de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de posesión ancestral y/o tradicional según los estándares constitucionales e interamericanos, o por actuaciones institucionales que invisibilizan o niegan territorialidades, así como los sistemas propios de solución de conflictos y sus funciones jurisdiccionales.
Reconocemos que el actual gobierno ha marcado un hito respecto al presupuesto asignado para garantizar la seguridad material de nuestros territorios. Sin embargo, el presupuesto no ha sido ejecutado de manera eficiente, dado que, de los más de 342.000 millones de pesos destinados, a la fecha solo se ha ejecutado el 27% y comprometido el 76% para 2024. Situación que genera gran preocupación por la posibilidad de que se aplique el principio de anualidad y se castigue presupuestalmente a la entidad, lo que genera consecuencias nefastas a nuestro derecho fundamental al territorio y los derechos conexos. Es urgente que la ANT tome las medidas necesarias para garantizar la totalidad de la ejecución presupuestal como evidencia del compromiso asumido por parte del gobierno nacional con los pueblos indígenas.
En este momento crucial de revisión del cumplimiento del Acuerdo de Paz, que se suma a la continuación de lo que los pueblos y organizaciones indígenas de la CNTI hemos diagnosticado como un estado de cosas inconstitucional en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia, así como al incumplimiento reiterativo de los acuerdos concertados en los diferentes escenarios nacionales incluidos los suscritos en el marco de las sesiones de la CNTI, por lo que exigimos:
Que en el marco del Acuerdo de Paz y de la garantía de nuestros derechos territoriales, materializar el enfoque étnico territorial y cultural indígena el cual deberá materializarse en la adecuación de procedimientos, instructivos institucionales, fortalecimiento de capacidades y dependencias, actualización normativa conforme a estándares superiores y de pluralismo jurídico, y los demás mecanismos que se definan.
Que en cumplimiento y aplicación de los principios de autoidentificación y autorreconocimiento y de la jurisprudencia constitucional e interamericana en materia de identificación de los territorios indígenas, concertar con los pueblos indígenas de manera pronta y expedita el mecanismo incidental en procesos y procedimientos de toma de decisiones susceptibles de afectar o involucrar nuestros territorios y que permitan su debida autoidentificación, en el entretanto se consolidan los sistemas nacionales que albergarán la información relativa a territorios y territorialidades.
La creación de una Comisión o Grupo de Trabajo con integración y participación de los pueblos indígenas que diseñe un plan de choque y revise las solicitudes en trámite de constitución de TECAM, zonas de reserva campesinas, concesiones forestales, y demás trámites susceptibles de afectar o involucrar los territorios y territorialidades indígenas, a fin de identificarlos y en caso de que existan, diseñar las rutas de prevención y/o solución de conflictos que puedan presentarse.
La conformación de un Grupo de Prevención y Atención transitorio para la prevención y atención inmediata de conflictos territoriales y socioambientales que se presentan en nuestros territorios, en particular los asociados a procedimientos en curso, finalizados y/o decisiones adoptadas, a fin de revisar, definir y concertar el mecanismo de atención y solución específico para cada caso, hasta tanto se concerte el protocolo de atención de conflictos terrtitoriales y socioambientales pactado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
Adelantar el diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento y adecuación institucional de las oficinas especializadas y dependencias encargadas de asuntos indígenas dentro de las entidades del Estado en los sectores de Interior, Ambiente, Agricultura, Justicia y Hacienda. De especial preocupación para los pueblos indígenas, es el decaimiento de la creación de la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Agencia Nacional de Tierras, el debilitamiento de la Dirección Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la creación de la Dirección de la Autoridad Nacional y Consulta Previa de manera inconsulta, cuestiones que deben ser atendidas de manera prioritaria.
Retomar la Mesa de Articulación Interinstitucional, creada en la sesión VI de 2022 de la CNTI, para evaluar, formular, hacer seguimiento a las políticas públicas que afectan los territorios y territorialidades y su articulación a las políticas propias de los pueblos indígenas.
La participación efectiva de los Organismos de Control (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República para que cumplan con sus funciones de seguimiento, verificación y control del cumplimiento de los acuerdos, acciones y exigencias formuladas por los pueblos indígenas ante el Estado y en particular las exigidas en este escenario.
Para finalizar, exigimos al Gobierno Nacional que desde el enfoque de derechos cumpla a cabalidad con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Final de Paz, y en la CNTI; cuya materialización se traduce en la superación de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas en materia territorial.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de los pueblos indígenas para que nos acompañen en el proceso de seguimiento, control, cumplimiento y exigibilidad de las garantías de nuestros derechos, así como a las acciones que sean requeridas ante el incumplimiento de los acuerdos, funciones y obligaciones del Estado en la materialización de los mismos.
