Nueva York, 24 de abril de 2025 – En el marco de la 24ª Sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, se llevó a cabo el evento paralelo titulado “Balance de la Implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz en Colombia: Avances y Retos”, convocado por Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) con la participación de líderes indígenas, diplomáticos y representantes del sistema de Naciones Unidas.
Durante el evento, Camilo Niño, Secretario Técnico de la CNTI, presentó datos contundentes sobre el rezago en el cumplimiento de compromisos relacionados con tierra, participación y reparación colectiva. “Existe una correlación directa entre la incertidumbre jurídica sobre los territorios indígenas y el aumento de violaciones a derechos humanos. Aún falta voluntad política y recursos específicos para cumplir con lo pactado”, señaló.
Por su parte, Leonor Zalabata, Embajadora de Colombia ante la ONU, reafirmó el compromiso del actual gobierno con el enfoque étnico, subrayando los esfuerzos realizados, pero también reconociendo los límites estructurales que han impedido mayores avances. “El Capítulo Étnico no es un anexo: es el corazón moral del Acuerdo de Paz. Su implementación no puede seguir relegada,” expresó.
La mirada internacional
Jared Kotler, representante del Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz de la ONU, afirmó que la inclusión del enfoque étnico en el acuerdo colombiano ha sido un referente global. “Este capítulo es una conquista de los pueblos indígenas y afrodescendientes de Colombia. Desde la ONU estamos comprometidos con acompañar su implementación. La verificación no debe ser pasiva; debe construir confianza, aportar soluciones y mantener viva la esperanza de paz.”
Kotler también destacó que, aunque se han registrado avances, el más reciente informe del Secretario General de la ONU indica una brecha preocupante en la implementación del Capítulo Étnico, especialmente frente al aumento de violencia en territorios étnicos y la falta de un presupuesto específico.
Moderación con visión estratégica
El evento fue moderado por Darío Mejía Montalvo, Secretario Técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC) y expresidente del Foro Permanente. Mejía enfatizó la necesidad de mantener estos espacios de diálogo multilateral como plataformas para fortalecer la incidencia internacional de los pueblos indígenas y presionar por resultados concretos en Colombia.
Conclusiones y próximos pasos
Entre las recomendaciones principales surgidas del evento se destacan la necesidad de establecer un presupuesto específico y transparente para la implementación del Capítulo Étnico. Además de la creación de mecanismos permanentes de seguimiento y verificación con participación indígena. La urgencia de acelerar la formalización de territorios colectivos y garantizar seguridad jurídica y el fortalecimiento de la coordinación entre el Estado colombiano, las organizaciones étnicas y la comunidad internacional.
Este evento reafirma el papel protagónico de los pueblos indígenas en la construcción de una paz duradera y el compromiso de la CNTI con la defensa de los derechos colectivos y la garantía de una implementación integral del Acuerdo de Paz.
23 de abril del 2025. En la plenaria de la 24ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), realizada en la sede de la ONU en Nueva York. Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), realizó una intervención importante en la que presentó el espacio de diálogo y concertación creado en 1996, como resultado de las luchas que los pueblos indígenas en Colombia han librado para que sus derechos, especialmente los históricos relacionados con los territorios, sean reconocidos y respetados.
El espacio reunió a referentes indígenas, académicos y representantes de organismos internacionales. El diálogo se centró en los desafíos y compromisos necesarios para una transición energética justa, que respete los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Camilo Niño destacó que desde la Secretaria Técnica Indígena de la CNTI trabajamos para la exigencia jurídica, el monitoreo e impulso a la concertación técnica y política entre los pueblos indígenas de Colombia y el Gobierno Nacional para una garantía y protección integral, interdependiente y progresiva de nuestros derechos territoriales y autonómicos.
También enfatizó que un tránsito energético que no garantice el respeto y la protección de los pueblos indígenas, sus territorios y su autonomía, no será justo. “No se transitará con justicia de una matriz energética a otra, ni será este un paso decidido en el sentido de los derechos humanos y la acción climática, si junto a este propósito no es una prioridad de los Estados que se identifiquen y protejan nuestros territorios, su integralidad espiritual y biológica, y que así mismo se garantice el ejercicio de nuestros sistemas de conocimiento, ordenamiento y gobierno”.
Advirtió que la extracción de minerales y el desarrollo de proyectos, (tengan un fin loable o no), seguirán siendo amenazas para los derechos de los pueblos indígenas si continúan realizándose sin respetar nuestros derechos de propiedad y posesión ancestral o tradicional, en un contexto de conflictos internos y ante el desconocimiento de nuestros derechos de autonomía y consentimiento.
Además, hizo un llamado a los Estados para que se comprometan a un tránsito energético que sea necesariamente progresivo en materia de derechos. Esto implica que los Estados tomen en serio la adopción de medidas que aseguren nuestra vida y la de nuestras autoridades, ya que la defensa de nuestros territorios ha sido y sigue siendo un esfuerzo costoso.
“Pensar en una transición justa implica que los Estados comprendan y reflejen en sus políticas el papel fundamental que desempeñamos los pueblos indígenas en la preservación y protección de la naturaleza” afirmó el Secretario Técnico Indígena.
Finalmente, manifestó que los Estados se comprometan a garantizar la identificación y seguridad jurídica de nuestros derechos de propiedad, posesión y ocupación tradicional o ancestral. También pidió respeto y protección a nuestras diversas relaciones espirituales, culturales y con la naturaleza, así como el ejercicio de nuestra autonomía territorial, fundamentada en nuestros propios sistemas de conocimiento y formas de gobierno.
Nueva York, EE.UU. 22 de abril de 2025 – En el marco del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), se llevó a cabo el evento paralelo “Los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de una economía de transición justa”, en la Sala de Conferencias 9 de la sede de la ONU.
El espacio reunió a representantes indígenas de diversas regiones del mundo, agencias de Naciones Unidas, delegaciones estatales y aliados de la sociedad civil para reflexionar sobre el papel protagónico de los pueblos indígenas en las agendas climáticas y de biodiversidad.
El evento fue co-moderado por Diego Tituaña, Kichwa-Otavalo del Ecuador, diplomático de carrera y primer indígena electo como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas por el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, y Aleksei Tsykarev, miembro del pueblo Komi de Rusia, experto en derechos lingüísticos, expresidente del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (EMRIP) y el actual director del Centro de Apoyo a los Pueblos Indígenas y la Diplomacia Cívica “Joven Carelia”.
Entre los panelistas participaron Camilo Niño (Arhuaco, Colombia), Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), Qapaj Conde (Quechua, Perú), Oficial de la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), Fawn Sharp (Nación Quinault, EE.UU.), Presidenta del Congreso Nacional de los Indígenas Americanos (NCAI), Phoolman Chaudhary (Tharu, Nepal), Miembro Experto del Foro Permanente – Asia, Prabindra Shakya (Newar, Nepal), Coordinador de AIPNEE y colaborador de la Right Energy Partnership with Indigenous Peoples (REP), Hindou Oumarou Ibrahim (Mbororo, Chad), Presidenta del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas (UNPFII) y lideresa de la Asociación de Mujeres y Pueblos Indígenas del Chad (AFPAT).
También estuvieron presentes, Igor Barinov, Jefe de la Agencia Federal para Asuntos Étnicos de la Federación Rusa, Antonina Gorbunova, Directora de la Unión de Pueblos Indígenas “SOYUZ”, Pavel Dyachkov, Representante de Taynir, una organización indígena rusa dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas de Rusia.
“No hay justicia climática sin justicia territorial”
Camilo Niño, Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia, abrió su intervención con un llamado claro: “Estamos viendo cómo, en nombre de la transición energética, se reproducen esquemas extractivistas que no reconocen nuestras prácticas ni garantizan nuestros derechos.”
Desde la experiencia de los pueblos indígenas en Colombia, Niño alertó sobre los impactos negativos de proyectos energéticos y de conservación que avanzan sin consulta ni consentimiento. Señaló casos como los parques eólicos en La Guajira y la minería de cobre en Putumayo, que vulneran derechos colectivos del pueblo Wayuu y de los Inga.
Reivindicó que los pueblos indígenas no son beneficiarios, sino sujetos de derecho y actores políticos, y propuso avanzar hacia una transición verdaderamente justa con base en cuatro pilares:
Demarcación y protección de los territorios indígenas como soluciones vivas ante el colapso ecológico.
Salvaguardas vinculantes que respeten los derechos colectivos en las acciones climáticas y de biodiversidad.
Sistemas de monitoreo indígena y comunitario como herramientas legítimas para el reporte internacional.
Articulación efectiva entre el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), respetando la visión integral del territorio.
Voz del Foro Permanente: participación, economía y financiamiento
Hindou Oumarou Ibrahim, Presidenta del Foro Permanente, resaltó la necesidad de construir relaciones a largo plazo entre los pueblos indígenas, los Estados y el sector privado, desde un enfoque de derechos.
“La participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones entre gobiernos y empresas no es opcional, es un derecho. El consentimiento libre, previo e informado es donde podemos decir sí o no. Y si decimos sí, también definimos cómo compartir los beneficios. Exigimos acceso directo a financiamiento para desarrollar nuestras propias economías y ejercer la autodeterminación.”
Hindou también destacó la urgencia de visibilizar el papel de las mujeres indígenas en las economías pastoriles, artesanales e informales, e hizo un llamado a preparar colectivamente el Año Internacional de los Pastizales y los Pueblos Pastores (2026) como una oportunidad estratégica para defender los modos de vida indígenas basados en la relación con los territorios.
Avances en gobernanza internacional de biodiversidad
Qapaj Conde, funcionario de la Secretaría del CDB, explicó que el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en la COP15, reconoce explícitamente el papel de los pueblos indígenas, incluyendo en su Sección C un enfoque basado en derechos humanos y sistemas de conocimiento tradicionales. El Objetivo 22 establece su participación plena y efectiva en la toma de decisiones relacionadas con la biodiversidad.
Conde también destacó la creación del nuevo órgano subsidiario del Artículo 8(j) aprobado en la COP16, que reemplaza el antiguo grupo de trabajo y cuyo primer encuentro tendrá lugar en Panamá, del 27 al 30 de octubre de 2025. Este órgano discutirá modelos operativos, acceso a fondos y mecanismos para garantizar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
“El Fondo Marco de Biodiversidad busca asignar el 20% de sus recursos a prioridades indígenas, y el Fondo Cali se compromete a destinar el 50%. Pero más allá de las cifras, se requiere garantizar el acceso directo y la gobernanza desde los territorios,” subrayó Conde.
Articulación global desde los pueblos
El evento contó con interpretación en español, inglés, ruso y francés, gracias al apoyo de DOCIP, y fue coorganizado por la Unión de los Pueblos Indígenas “SOYUZ” (Rusia), Red del Pacto Global Rusia, Centro Joven Carelia, Red Asiática Internacional Indígena y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia.
Nueva York, 21 de abril de 2025. En el marco de la 24ª Sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), se celebró el evento paralelo titulado “Avanzando en el Derecho de los Pueblos Indígenas a la Libre Determinación: Desafíos y Buenas Prácticas”, en la sede de la ONU en Nueva York.
La actividad reunió a referentes indígenas, académicos y representantes de organismos internacionales para dialogar sobre los avances, obstáculos y experiencias concretas en torno al ejercicio del derecho a la libre determinación, uno de los pilares fundamentales del movimiento indígena global. Entre los panelistas se destacaron Albert Barume, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; José Francisco Calí Tzay, representante permanente de Guatemala ante la ONU en Ginebra; y Camilo Niño, Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia.
Durante su intervención, Albert Barume subrayó la centralidad de este derecho como base de todos los demás, afirmando que “el derecho a la libre determinación es comparable al derecho a la vida para los individuos. Un pueblo no puede existir como tal si no puede ejercer ese derecho. Si un Estado no lo garantiza, no puede realmente cumplir con otros derechos. Porque cuando los Estados siguen decidiendo por los pueblos indígenas, sobre sus tierras, su educación, su vivienda, están actuando como lo hacían los regímenes coloniales. Y si ni siquiera se reconoce a los titulares del derecho, es imposible implementar cualquier política que verdaderamente lo respete.”
Por su parte, Camilo Niño recordó que en Colombia habitan 115 pueblos indígenas, de los cuales más de 52 están en riesgo de desaparición física y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional. Esta situación es consecuencia de décadas de conflicto armado, políticas extractivas, evangelización y despojo territorial.
Desde el espacio político y técnico de los pueblos indígenas en Colombia, afirmó que el derecho a la libre determinación debe entenderse como una expresión integral de la diversidad cultural, los sistemas de conocimiento y las formas propias de gobierno y relación con el territorio. A pesar de que la Constitución de 1991 reconoce la diversidad étnica y cultural y otorga funciones jurisdiccionales propias a los pueblos indígenas, “tras más de 30 años esto sigue siendo una tarea estructural pendiente.”
Camilo Niño señaló dos desafíos urgentes: el reconocimiento y protección legal de los territorios de propiedad, posesión u ocupación tradicional o ancestral de los pueblos indígenas, incluidos los espacios agrarios y el respeto y protección de las relaciones espirituales, culturales y con la naturaleza para el ejercicio del sistema de conocimiento indígena como base de su autonomía.
“Si bien el Relator nos decía que la autodeterminación es el derecho de todos los derechos, para los pueblos indígenas en Colombia, el territorio es el derecho de todos los derechos.”
Mencionó como avance el reciente decreto 1275 de 2024, que otorga garantías para el ejercicio de competencias ambientales por parte de los pueblos indígenas, destacando que es un paso hacia la coordinación intercultural, aunque aún persisten grandes desafíos políticos y económicos.
La moderación estuvo a cargo de Elisa Marchi, especialista en ley y política indígena de la Universidad de Arizona. El panel incluyó también voces clave del Pacífico, Papúa, Asia, Ecuador y organizaciones internacionales, promoviendo una visión global y plural.
Con interpretación simultánea en inglés y español, el evento fue organizado por una coalición internacional de organizaciones aliadas como Land is Life, AIPP, IMPACT, CNTI, RMIB-LAC y centros académicos comprometidos con los derechos indígenas.
Este espacio reafirma la urgencia de seguir impulsando un diálogo intercultural y de alto nivel en el seno de las Naciones Unidas, reconociendo que el derecho a la libre determinación y en muchos contextos, el derecho al territorio— es esencial para garantizar la supervivencia, la dignidad y el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas en todo el mundo.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) celebra el fallo de tutela de primera instancia emitido por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Riohacha, que tutela los derechos fundamentales del Pueblo Wayúu Jari Jinamana, reconociendo el riesgo inminente que enfrenta esta comunidad indígena frente a procesos de desalojo forzoso impulsados por autoridades locales, en desconocimiento de la medida de protección provisional otorgada por la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
La acción de tutela fue interpuesta por Juan Camilo Morales Salazar, en calidad de Defensor Regional de La Guajira (e), y de Luis Uriana, como autoridad tradicional de la comunidad de Jari Jinamana, en contra de la Policía Nacional – Departamento de La Guajira, la Inspección Segunda de Riohacha, la Inspección Central de Policía, la Inspección de Espacio Público y la Alcaldía Distrital de Riohacha, con el fin de solicitar el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo.
En el trámite fueron vinculadas la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Personería Municipal de Riohacha, la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT, la Subdirección de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas, la Oficina de Instrumentos Públicos de Riohacha, la Procuraduría Agraria y Ambiental de Riohacha, el señor Jorge Sprockel Choles, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Secretaría de Asuntos Indígenas del Departamento de La Guajira y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).
El fallo proferido el 08 de abril de 2024, ordena suspender de manera inmediata cualquier procedimiento de desalojo en el predio ancestral Jari Jinamana, ubicado en el Distrito de Riohacha, hasta tanto, la ANT resuelva de fondo su situación jurídica, para lo cual, dispone de un plazo improrrogable de cuatro meses para emitir una decisión definitiva.
Durante el proceso, la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la CNTI coadyuvó destacando la importancia de las medidas de protección del territorio ancestral enmarcadas en el Decreto 2333 de 2014, además de la necesidad de adelantar la constitución del resguardo. El Secretario Técnico Indígena, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, subrayó que la formalización del territorio ancestral no solo es un derecho, sino también una medida urgente para prevenir el despojo y fortalecer la autonomía, el sistema de gobierno propio, la identidad cultural y la pervivencia del Pueblo Wayúu.
La sentencia reconoce que las autoridades distritales, incluyendo la Alcaldía y las inspecciones de policía, han desconocido el carácter especial del territorio indígena, insistiendo en actuaciones violatorias del debido proceso administrativo. También señala que estas acciones, además de vulnerar los derechos colectivos, invisibilizan la condición de víctima del conflicto armado que enfrenta la comunidad Jari Jinamana.
En este sentido, el juez ordena que no se realicen más desalojos sin acto administrativo motivado, e insta a la ANT a avanzar con urgencia en el procedimiento de formalización. También se ordena remitir copia del expediente a la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira) y al Distrito de Riohacha, para que informen sobre los impactos ambientales derivados de esta situación.
Un precedente importante para la exigibilidad territorial
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI celebramos esta decisión como una victoria en la defensa de los derechos territoriales. Este fallo reafirma la fuerza del Decreto 2333 de 2014 como herramienta jurídica para la protección efectiva de los Pueblos Indígenas en contextos de despojo, violencia e invisibilización institucional.
Reconocemos el esfuerzo de la comunidad, sus autoridades tradicionales, la Defensoría del Pueblo y el trabajo articulado con las organizaciones y sus espacios de representatividad. Este caso nos permite dimensionar con mayor claridad la importancia de acciones de incidencia encaminadas a la exigibilidad de los derechos territoriales y proteger la dignidad y la vida de nuestros pueblos.
Entre el 25 y el 27 de marzo de 2025, en el resguardo indígena Andoke de Aduche – Araracuara (Caquetá), se realizó la Tercera Escuela de Liderazgo y Gobierno Propio de la Gente de Centro, con la participación de delegaciones y autoridades tradicionales de los pueblos Andoke, Uitoto habla N+pode, Muinane y Nonuya, Pueblos Indígenas ancestralmente asentados en el Medio Río Caquetá. La actividad fue organizada en articulación entre el Forest Peoples Programme (FPP) y la Asociación de Autoridades Tradicionales Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), con el acompañamiento del equipo de la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y su Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI).
La escuela tuvo como eje central temas relacionados con los Convenios Internacionales sobre Biodiversidad y Cambio Climático, así como la normativa ambiental nacional que regula el Pago por Servicios Ambientales (PSA), y su estrecha relación con los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas del Medio Caquetá. A partir de los aportes de las autoridades tradicionales, se reflexionó sobre la necesidad de que las políticas públicas, planes y programas para implementar estos convenios en Colombia estén alineados con los sistemas de vida, conocimientos propios, leyes tradicionales y formas de ordenamiento territorial de los pueblos.
También se enfatizó en que tanto las instituciones ambientales del Estado colombiano como las empresas interesadas en proyectos de biodiversidad y mitigación del cambio climático deben reconocer el papel histórico que los Pueblos Indígenas han desempeñado, mucho antes de la existencia de los Estados y los convenios, en el cuidado del equilibrio con la naturaleza, basado en el respeto y la escucha.
Esta versión de la escuela también fue un espacio de preparación para la participación de los cuatro pueblos indígenas en la COP 30 de Cambio Climático, que se realizará en Belém do Pará (Brasil) en noviembre de 2025. Durante el encuentro, se socializó y analizó la histórica sentencia emitida por la Corte Constitucional el 5 de junio de 2024, en respuesta a la tutela interpuesta por el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Capitanes y Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (ACAIPI). La Corte falló a favor de las comunidades, reconociendo que el proyecto REDD+ ejecutado en su territorio vulneraba sus derechos territoriales, su autodeterminación, su integridad física y cultural, y desconocía sus modos de vida y estructuras de gobierno propio. En su decisión, la Corte ordenó medidas específicas para el caso y emitió llamados generales a todas las iniciativas de cambio climático que se desarrollan actualmente en territorios indígenas, instando al Estado colombiano a garantizar el respeto por los derechos de estos pueblos.
Las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos reconocen que los desafíos son grandes, pero reafirman su compromiso de que sus voces sean escuchadas en la COP 30, donde esperan encontrarse con otros Pueblos Indígenas del mundo. Su aspiración es clara: que los Estados y los principales responsables de las afectaciones globales escuchen sus demandas y asuman un compromiso real con la vida, la naturaleza y los territorios indígenas.
