por STI | Sep 11, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Durante el segundo día de “Las aguas en la integridad territorial y cultural de los Pueblos Indígenas: Encuentro de Conocimientos, Saberes y Experiencias”, profundizamos en las apuestas políticas, jurídicas y territoriales de los Pueblos Indígenas para garantizar la protección de las aguas, sus ciclos y ecosistemas, así como en experiencias propias e institucionales de ordenamiento, coordinación y defensa territorial.
Este 11 de septiembre continuamos en Casa Ka’sankwa, Santa Marta, el diálogo iniciado durante la primera jornada del Encuentro. Las conversaciones del día permitieron avanzar desde el reconocimiento de nuestras relaciones ancestrales con las aguas hacia los desafíos concretos para ejercer autonomía, fortalecer el Gobierno Propio y garantizar que las políticas, los instrumentos jurídicos y las decisiones institucionales reconozcan la integralidad de nuestros territorios. La agenda estuvo articulada alrededor de las apuestas indígenas por la defensa territorial y la autonomía, de distintas experiencias autónomas, institucionales y de coordinación, y del papel de la comunicación propia como herramienta para transmitir conocimientos, fortalecer la memoria y defender los territorios.
El primer conversatorio, “El agua, sus ciclos y ecosistemas en las apuestas de los Pueblos Indígenas por la defensa del Territorio y la autonomía”, permitió revisar avances y desafíos relacionados con la Política Ambiental Indígena, las Entidades Territoriales Indígenas, la seguridad jurídica territorial y la conectividad ecológica.
Heber Tegría Uncaría, Secretario Técnico Indígena de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), abordó los compromisos alcanzados por los Pueblos Indígenas en materia ambiental y el reconocimiento de las autoridades indígenas como autoridades ambientales a partir del Decreto 1275 de 2024. La espiritualidad, la integralidad y la autonomía fueron señaladas como principios fundamentales para comprender el ordenamiento territorial desde las concepciones propias. En este marco, los planes de vida y sus equivalentes adquieren un lugar central, pues expresan las orientaciones mediante las cuales cada pueblo define cómo habitar, ordenar y cuidar su territorio. La implementación efectiva de estos instrumentos continúa siendo una apuesta política fundamental para avanzar en el ejercicio de la autonomía.
La conversación profundizó luego en la seguridad jurídica de los territorios indígenas y las relaciones ancestrales con las aguas. Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, planteó cuatro dimensiones fundamentales de los derechos territoriales: posesión, propiedad desde la ancestralidad, autonomía e identificación. Esta última está estrechamente relacionada con el derecho a producir, controlar y disponer de nuestra propia información territorial. Durante su intervención se señaló que, a 31 de julio de 2026, la Agencia Nacional de Tierras reportaba 984 resguardos constituidos, pero también que las figuras jurídicas existentes no representan necesariamente la totalidad de los territorios que los pueblos identificamos y reconocemos desde nuestras propias concepciones.
Desde esta perspectiva, se insistió en que la información también constituye un derecho. La identificación de los territorios, sus relaciones ecológicas y sus espacios de importancia cultural no puede depender exclusivamente de categorías externas. Somos los propios pueblos quienes, desde la autonomía, debemos participar de manera determinante en la construcción y definición de esa información. También se destacó la importante presencia de registros de biodiversidad dentro de territorios indígenas, incluso más allá de aquellos que cuentan actualmente con reconocimiento formal.
Por su parte, Juan Pablo Muñoz, del equipo técnico de la CNTI, profundizó en los desafíos jurídicos que persisten para proteger las relaciones culturales, tradicionales y de subsistencia con las aguas. Señaló que avanzar sin información suficiente puede producir nuevas vulneraciones de derechos y cuestionó la aplicación de concepciones civilistas que reducen el territorio a categorías de propiedad y dominio. El principal hallazgo planteado fue claro: los territorios indígenas no pueden comprenderse desde una visión fragmentada del derecho privado; deben reconocerse desde su integralidad y desde las relaciones ancestrales que los pueblos mantenemos con las aguas, sus ciclos y ecosistemas.
La dimensión ecológica de esa integralidad fue desarrollada por Juliana Gutiérrez, del equipo técnico de la CNTI. Su intervención abordó la conectividad entre bosques, ecosistemas y aguas, insistiendo en que el territorio constituye un todo interrelacionado. Durante el espacio se señaló que aproximadamente 56.613 especies han sido registradas en territorios indígenas, un dato que permite dimensionar la importancia de estos espacios para la biodiversidad. Sin embargo, la discusión fue más allá de las cifras: los movimientos y ciclos del agua articulan ecosistemas, territorios y formas de vida, por lo que no pueden comprenderse únicamente desde modelos lineales o fragmentados de gestión ambiental.
Durante el segundo conversatorio, “Experiencias autónomas, institucionales y de coordinación”, pusimos en diálogo formas propias de ordenamiento territorial, experiencias de coordinación con instituciones y referencias jurídicas sobre las relaciones indígenas con aguas continentales, costeras y marinas.
Yanelia Mestre, del Pueblo Arhuaco y asesora del Consejo Territorial de Cabildos y de la Organización Gonawindúa Tayrona, explicó que los espacios sagrados constituyen una expresión concreta de los sistemas propios de ordenamiento y cuidado ambiental. Desde esta perspectiva, el ordenamiento ancestral no está pensado únicamente para los Pueblos Indígenas, sino para la protección integral del territorio. El desafío está en lograr que instrumentos externos, como los mecanismos estatales de ordenamiento de cuencas, dialoguen con el sistema propio de espacios sagrados y no lo sustituyan ni reduzcan.
Esta mirada fue complementada por Peter Rawschter, asesor del CTC y de la OGT, quien profundizó en la conectividad entre las aguas continentales, litorales y marinas de la Línea Negra. La relación entre los ríos y el mar no responde únicamente a un ciclo físico: forma parte también de un tejido de espacios sagrados interconectados. Así, la Línea Negra expresa una comprensión territorial en la que las aguas articulan diferentes espacios y permiten entender la Sierra Nevada como una unidad territorial y espiritual.
Desde el Resguardo Cañamomo Lomaprieta, Kellerman Guerrero presentó una experiencia concreta de ejercicio autónomo alrededor del agua. La defensa integral del territorio se encuentra vinculada con la espiritualidad y con una organización colectiva que ha permitido expedir mandatos y normas propias para regular actividades como la minería, definir zonas de protección y establecer criterios de manejo ambiental. Estas experiencias muestran que la autonomía no es solamente una reivindicación política: se expresa en decisiones, normas y prácticas concretas mediante las cuales los pueblos ejercemos autoridad sobre nuestros territorios.
La conversación incorporó también la perspectiva institucional. Anny Paola Zamora Bornachera, de INVEMAR, señaló algunos de los vacíos existentes en la incorporación del mar dentro de los procesos de planificación territorial y destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre investigación científica y conocimientos comunitarios. La protección de ecosistemas como los manglares requiere combinar saberes, reconocer las determinantes culturales y garantizar que la información producida por las instituciones regrese a las comunidades y contribuya efectivamente a la toma de decisiones territoriales.
Finalmente, Karina Vargas Hernández, de Turning Tides, amplió la reflexión hacia las luchas por la tenencia y el reconocimiento de las aguas marinas y continentales. Su intervención permitió conocer experiencias y desarrollos jurídicos internacionales que reconocen las relaciones históricas y consuetudinarias de los pueblos con el mar. Estos antecedentes muestran que es posible construir figuras jurídicas que no separen tierra y agua y que permitan a las comunidades mantener, administrar y fortalecer sus prácticas ancestrales sobre espacios costeros y marinos.
Las conversaciones de esta segunda jornada reafirmaron una conclusión que atravesó todo el Encuentro: la defensa de las aguas está directamente vinculada con nuestra autonomía, el Gobierno Propio y la garantía integral de los derechos territoriales. No basta con reconocer la existencia física de ríos, cuencas, humedales, costas o mares. Es necesario reconocer también los sistemas de conocimiento, autoridades, mandatos, relaciones espirituales y formas de ordenamiento mediante las cuales los Pueblos Indígenas hemos cuidado estos espacios durante generaciones.
Avanzar hacia una protección integral exige también transformar las formas institucionales de comprender el territorio. La información, la formalización, la planificación ambiental, la investigación científica y las políticas públicas deben dialogar con los sistemas propios y reconocer que las aguas no existen de manera aislada: conectan ecosistemas, pueblos, espacios sagrados, formas de vida y relaciones que trascienden las divisiones administrativas entre tierra, costa y mar.
La programación de este 11 de septiembre finalizó con el cine foro “Agua, tejido del territorio. Miradas indígenas sobre las conectividades acuáticas”, moderado por Gustavo Ulcué, del equipo técnico de la CNTI, con la participación de Amado Villafaña Chaparro y Nataly Domicó. A través de sus obras, el espacio permitió profundizar en las relaciones territoriales, espirituales, culturales y políticas que atraviesan las aguas, pero también en el lugar de la comunicación propia como forma de conocimiento, memoria y defensa.
El cine producido por indígenas no solo representa los territorios: permite narrarlos desde nuestras propias voces, transmitir conocimientos entre generaciones y disputar las miradas externas que históricamente han interpretado nuestras realidades. En este sentido, la comunicación propia se reafirma como una herramienta para fortalecer la autonomía, preservar la memoria colectiva y hacer visibles las relaciones que sostienen la vida en los territorios.
Desde la CNTI reafirmamos que las aguas hacen parte integral de nuestros territorios. Su protección exige garantizar nuestra autonomía, reconocer nuestros sistemas de conocimiento y Gobierno Propio, y avanzar hacia formas de ordenamiento y seguridad jurídica capaces de comprender la continuidad entre las tierras, las aguas, los ecosistemas y la vida de los Pueblos Indígenas.
Agradecemos y felicitamos a las autoridades, delegados y delegadas indígenas, organizaciones, equipos técnicos, instituciones, invitados nacionales e internacionales y demás participantes que compartieron sus conocimientos, experiencias y reflexiones durante este significativo Encuentro. Sus aportes hicieron posible un diálogo necesario para seguir fortaleciendo la defensa integral de nuestros territorios. Invitamos a consultar las transmisiones, fotografías, intervenciones, notas de prensa y demás contenidos del Encuentro disponibles en nuestras redes sociales y canales de comunicación propia.
¡Defender el agua es defender la vida!
por STI | Sep 10, 2026 | CNTIAnaliza, Actualidad, CNTI Opina, Nota de prensa, Noticias
Durante el primer día de “Las aguas en la integridad territorial y cultural de los Pueblos Indígenas: Encuentro de Conocimientos, Saberes y Experiencias”, realizado en Casa Ka’sankwa, Santa Marta, pusimos en diálogo sistemas propios de conocimiento, experiencias de defensa territorial y desafíos para el reconocimiento jurídico de nuestras relaciones con las aguas continentales, costeras y marinas.
En la mañana del 10 de septiembre de 2026, como primer espacio del Encuentro de Conocimientos, Saberes y Experiencias que nos convoca en las faldas de la Sierra Nevada de Gonawindúa, se realizó el conversatorio “Relaciones y sistemas propios de conocimiento, ordenamiento y manejo del agua de los Pueblos Indígenas”. Moderado por Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, este espacio tuvo como objetivo dialogar en torno a nuestras relaciones, conocimientos y sistemas propios de cuidado, ordenamiento y manejo de las aguas como parte integral de nuestros territorios, culturas y formas de vida.
En primer lugar, intervino Luis Nuvita, líder indígena y asesor jurídico del pueblo Kogui, quien ha participado en distintos procesos de exigencia de los derechos de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada en el territorio ancestral de la Línea Negra. Expresó la comprensión de su pueblo sobre el agua como punto de origen y parte integral del territorio: “el agua indica el camino y es como las venas, que conectan y permiten fluir”. Desde esta perspectiva, señaló que el ordenamiento del agua propuesto desde el Estado puede fragmentar aquello que constituye una unidad, al desconocer que las afectaciones en las tierras bajas repercuten en las tierras altas y viceversa.
Luego, Carlos Gaitán, líder indígena del pueblo Piapoco y delegado de la OPIAC ante la CNTI, profundizó en la idea de que el agua tiene un orden desde su origen: existe un ordenamiento ancestral desde que el Creador la puso en la Tierra. Desde la mirada amazónica, explicó que las aguas expresan principios fundamentales para los pueblos: de los ríos, como de los pueblos, se conoce dónde nacen, pero no dónde terminan. También resaltó su valor medicinal y planteó que fortalecer la espiritualidad constituye una de las estrategias para su cuidado, debido a la estrecha relación que existe entre los pueblos y las aguas.
Posteriormente intervino Ismael Joropa, líder del pueblo Sáliba, con más de 40 años de trayectoria en procesos de organización, Gobierno Propio y defensa de los derechos colectivos. Desde la Orinoquía, planteó los retos que enfrenta su territorio por la presencia de empresas palmeras y petroleras, la fragmentación territorial y las transformaciones relacionadas con el cambio climático, evidentes en sequías extremas durante las temporadas de verano y fuertes inundaciones durante el invierno. Su intervención puso sobre la mesa una dimensión política central: las decisiones sobre las aguas también implican relaciones de poder.
Finalmente, el Mayor Vicente Villafañe, delegado de la CIT ante la CNTI y líder indígena del pueblo Arhuaco, se refirió a los desequilibrios producidos por intereses económicos externos y a los efectos de actividades como la extracción de carbón y petróleo sobre las aguas y los territorios. Desde el pensamiento propio, señaló que la Madre Tierra responde a estas afectaciones y recordó que los Pueblos Indígenas conocemos los pagamentos y principios de retribución establecidos por nuestros mandatos de origen. Reafirmó además la necesidad de transmitir los conocimientos que nuestros mayores han dejado: el camino para cuidar la Madre Tierra no debe inventarse, porque forma parte de una memoria y un conocimiento que siguen vigentes.
Este primer diálogo permitió reafirmar que los Pueblos Indígenas debemos ser reconocidos como autoridades y no únicamente como participantes en las decisiones y políticas relacionadas con las aguas. También dejó planteada una tensión fundamental entre las formas propias de comprender y ordenar los territorios y los modelos institucionales que fragmentan las relaciones entre ríos, montañas, costas, mares, seres y comunidades.
La segunda conversación de la jornada, “Disputas por el agua y sus ecosistemas continentales y marinos en el territorio”, permitió profundizar en las amenazas, conflictos y estrategias de resistencia que atraviesan nuestras relaciones con las aguas. Participaron Luis Misael Socarrás Ipuana, del Pueblo Wayú; Johana Herrera Arango, profesora e investigadora de la Universidad Javeriana; Mauricio Madrigal Pérez, especialista en Derecho Ambiental y Derechos Humanos; y Aura Tegría, del Pueblo U’wa, con la moderación de Juan Pablo Muñoz, del equipo técnico de la CNTI.
Desde La Guajira, Luis Socarrás expuso las afectaciones acumuladas durante más de tres décadas por grandes proyectos mineros y sus consecuencias sobre las fuentes hídricas. La crisis del agua, explicó, no puede separarse de las decisiones tomadas sobre los territorios sin participación suficiente de las comunidades, ni de los impactos sociales, culturales y ambientales que esas intervenciones han dejado. La defensa de los ríos y de las fuentes de agua se presentó, así como una lucha territorial que compromete tanto a los pueblos indígenas como a otras comunidades étnicas y campesinas.
La conversación amplió también la mirada hacia los espacios costeros y marinos. Las reflexiones sobre maritorios, sistemas de tenencia marina, gobernanza y mapeo de espacios acuáticos mostraron que el territorio no termina en la línea de costa. Manglares, humedales, mares y demás ecosistemas están atravesados por conocimientos, usos, prácticas culturales y relaciones ancestrales, al tiempo que enfrentan presiones derivadas de proyectos energéticos, infraestructura petrolera y portuaria, actividades extractivas y determinados modelos de conservación.
Desde un enfoque de derechos se planteó que garantizar las aguas exige ir más allá de su disponibilidad física. La accesibilidad, calidad, saneamiento, seguridad y protección de los ecosistemas hacen parte de una discusión más amplia sobre derechos humanos y ambientales. Para nuestros pueblos, este enfoque debe incorporar además las particularidades culturales y territoriales y reconocer los sistemas propios mediante los cuales hemos cuidado y ordenado las aguas.
La experiencia del Pueblo U’wa profundizó esta dimensión. Aura Tegría se refirió a las aguas como canales de comunicación vinculados con los seres espirituales, los rituales y las prácticas mediante las cuales se mantiene el equilibrio natural. Su defensa implica proteger la memoria, la espiritualidad y la pervivencia del pueblo. La acción colectiva, los mandatos de las autoridades tradicionales y la consulta previa fueron señalados como elementos fundamentales frente a decisiones externas capaces de alterar el territorio.
La profesora Johana Herrera Arango amplió la discusión hacia los espacios marinos y costeros, destacando la necesidad de reconocer los maritorios, las formas de tenencia y gobernanza marina y los sistemas de conocimiento de las comunidades que históricamente se han relacionado con estos ecosistemas. Por su parte, Mauricio Madrigal Pérez profundizó desde un enfoque de derechos humanos y ambientales en las obligaciones asociadas al agua, señalando que su garantía no se limita al acceso, sino que comprende condiciones como disponibilidad, calidad, saneamiento y protección de los ecosistemas, desde una perspectiva diferencial para los Pueblos Indígenas.
Durante la tarde, el conversatorio “Las relaciones con las aguas marinas y continentales en la formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas” llevó la discusión hacia uno de los desafíos estructurales identificados durante la jornada: la distancia entre la integralidad de nuestros territorios y las formas jurídicas mediante las cuales el Estado los delimita, formaliza y reconoce. El espacio, moderado por Diana Garreta, del equipo técnico de la CNTI, contó con la participación de Miguel Yace, delegado CNTI del CRIC; Luis Nuvita, del Pueblo Kogui; Jairo Guerrero, delegado CNTI de AICO; y Alfonso Peña Chepe, líder indígena y constituyente de 1991.
Uno de los principales planteamientos fue que la formalización basada únicamente en límites, polígonos y títulos resulta insuficiente cuando deja por fuera las aguas, rondas hídricas, playas, costas y otros espacios fundamentales para la vida territorial. Para nuestros pueblos, esas divisiones jurídicas pueden fragmentar relaciones que conforman una unidad espiritual, cultural y material. La seguridad jurídica debe reconocer no solo extensiones de tierra, sino también los vínculos ancestrales que sostienen la integralidad de los territorios.
Desde la experiencia Kogui se afirmó que el territorio ancestral mantiene una continuidad hacia el mar. Esa relación no consiste simplemente en “llegar” a una franja costera, sino en recuperar y proteger espacios de importancia ancestral que hacen parte del orden territorial de la Sierra Nevada. Separar el mar de la tierra supone fragmentar una relación que, desde la visión propia, constituye un mismo territorio.
Miguel Yace expuso la experiencia histórica del Pueblo Kokonuko en la recuperación y protección de la tierra, las aguas, los páramos y los sitios sagrados. El caso de Aguas Tibias, vinculado con prácticas medicinales, espirituales y con el ejercicio de las autoridades propias, permitió evidenciar cómo un conflicto sobre la propiedad puede comprometer dimensiones mucho más profundas de la integridad territorial. Su intervención insistió en que la formalización debe ser integral y no puede desconocer las conexiones entre agua, tierra, vida y pervivencia cultural.
A su vez, Alfonso Peña Chepe profundizó en la relación entre Ley de Origen, autoridad y gobernanza territorial. Desde esta perspectiva, quebradas, lagunas, páramos y sabanas no son espacios sin orden que deban comenzar a ser gobernados mediante decisiones externas: ya existen mandatos, autoridades y formas propias de regulación. El desafío consiste en reconocer y garantizar ese Gobierno Propio en lugar de sustituirlo.
Finalmente, Jairo Guerrero abordó la relación ancestral y tradicional de los Pueblos Pastos y Quillacingas con la Laguna de La Cocha. En el espacio se destacó la experiencia del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, que declaró la laguna como sujeto de derechos territoriales y ancestrales desde su Ley de Origen y cosmovisión, vinculando su protección con la vida, la espiritualidad, la cultura y la pervivencia del pueblo.
La primera jornada dejó así una conclusión transversal: las aguas hacen parte integral de nuestros territorios y no pueden comprenderse, ordenarse ni protegerse de manera fragmentada. Son memoria, espiritualidad, conocimiento y vida; conectan tierras altas y bajas, montañas, páramos, ríos, humedales, costas y mares; y se encuentran en el centro de disputas relacionadas con modelos de desarrollo, derechos colectivos, autonomía y seguridad jurídica.
Desde la CNTI reafirmamos que proteger las aguas exige reconocer los conocimientos y autoridades propias, garantizar la participación efectiva de los pueblos y avanzar hacia mecanismos de protección y formalización capaces de comprender la integralidad territorial. No se trata únicamente de garantizar acceso a un recurso: se trata de proteger las relaciones ancestrales, culturales, espirituales y políticas que nuestros pueblos hemos construido y sostenido con las aguas.
El Encuentro continuará este 11 de septiembre con las conversaciones sobre las aguas, sus ciclos y ecosistemas en las apuestas por la defensa del territorio y la autonomía; las experiencias autónomas, institucionales y de coordinación; y el cine foro “Agua, tejido del territorio. Miradas indígenas sobre las conectividades acuáticas”. Invitamos a seguir la jornada y acompañar la transmisión en vivo de Ka’tikunsi, La Voz de los Territorios, a través de nuestras redes sociales.
Las aguas hacen parte integral de nuestros territorios. Defenderlas es defender nuestras formas de vida, autonomía, memoria y la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Sep 9, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
En el marco del espacio “Biodiversidad en tiempos de transición: avances, lecciones aprendidas y alianzas para la continuidad del PAB 2030”, realizado el 9 de septiembre, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participamos en una jornada de diálogo y articulación orientada a revisar los avances, desafíos y rutas de continuidad del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia 2030 (PAB 2030).
El encuentro reunió a representantes del Gobierno Nacional, Pueblos Indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, organizaciones de la sociedad civil, sector privado, redes y plataformas de conocimiento, cooperación internacional y equipos técnicos vinculados al proceso de actualización e implementación del PAB 2030.
La jornada contó también con la participación de representantes de las Embajadas de Alemania y Noruega, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la Iniciativa Internacional de Clima y Bosques de Noruega (NICFI), junto con distintas entidades y organizaciones que acompañan los esfuerzos del país para avanzar en la protección de la biodiversidad.
Camilo Niño Izquierdo, Secretario Técnico Indígena de la CNTI, participó en el diálogo sobre rutas diferenciales, participación y gobernanza territorial. Durante su intervención resaltó la necesidad de reconocer los aportes, prioridades, conocimientos y formas propias de gobernanza de los Pueblos Indígenas como parte fundamental de la implementación del PAB 2030.
Esta perspectiva implica comprender que la protección de la biodiversidad no puede construirse de manera separada de los derechos territoriales. Para nosotros, avanzar en las metas nacionales requiere fortalecer la autonomía y el gobierno propio, así como garantizar una participación efectiva en las decisiones ambientales que afectan nuestros territorios.
De otra parte, destacamos la importancia de fortalecer el monitoreo de derechos mediante el Navegador Indígena y los sistemas de información de los Pueblos Indígenas. Estos instrumentos permiten incorporar conocimientos, indicadores y datos propios en el seguimiento a la biodiversidad y a las metas globales, y contribuyen a que los balances sobre su implementación reconozcan las realidades territoriales.
El fortalecimiento de estos sistemas también resulta fundamental para que la información utilizada en la toma de decisiones no provenga únicamente de fuentes externas. Reconocer los datos, conocimientos e indicadores propios permite ampliar la comprensión sobre el estado de los territorios y fortalecer la participación de los Pueblos Indígenas en los procesos de seguimiento, evaluación y definición de políticas.
Para la CNTI, la continuidad del PAB 2030 debe consolidar los avances alcanzados y mantener una implementación que reconozca a los Pueblos Indígenas como autoridades territoriales y sujetos políticos con capacidad de incidencia. Esto exige garantizar nuestros derechos territoriales, fortalecer la autonomía y el gobierno propio y asegurar una participación efectiva en las decisiones que inciden sobre la biodiversidad y los territorios.
La biodiversidad se protege desde los territorios. Reconocer nuestros conocimientos, sistemas de información y formas propias de gobierno es fundamental para construir una acción de biodiversidad justa, sostenible y con derechos.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Sep 7, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
El 10 y 11 de septiembre realizaremos en Casa Ka’sankwa, Santa Marta, el evento “Las aguas en la integridad territorial y cultural de los Pueblos Indígenas: encuentro de Conocimientos, Saberes y Experiencias”, un espacio para poner en diálogo relaciones ancestrales, sistemas propios de conocimiento y experiencias de defensa territorial construidas desde los pueblos.
Para los Pueblos Indígenas, hablar de las aguas es hablar del territorio. Los ríos, quebradas, lagunas, humedales, costas y mares no constituyen espacios separados de la vida colectiva: hacen parte de las relaciones territoriales, espirituales y culturales que hemos construido y sostenido ancestralmente. En ellos se encuentran conocimientos, memorias, prácticas de cuidado y formas propias de comprender y ordenar el mundo.
Desde esta perspectiva, el Encuentro busca ampliar la manera en que comprendemos la integridad territorial. Nuestros territorios no pueden reducirse únicamente a la superficie terrestre ni entenderse a partir de divisiones que desconocen las relaciones entre las aguas, los ecosistemas, los pueblos y los demás seres que los habitan. La vida territorial depende también de ciclos, recorridos y conexiones que atraviesan montañas, bosques, ríos, humedales, costas y mares.
Las aguas están profundamente vinculadas con nuestros sistemas de vida y conocimiento, nuestra espiritualidad y formas de vida. También hacen posibles prácticas de alimentación, movilidad, intercambio, subsistencia y transmisión de saberes. Por eso, cuando un río es alterado, un humedal desaparece, una laguna es contaminada o se transforma un ecosistema acuático, las consecuencias no son exclusivamente ambientales: pueden afectar relaciones culturales, espirituales, sociales y territoriales construidas durante generaciones.
Esta comprensión resulta fundamental frente a las múltiples transformaciones y presiones que enfrentan actualmente nuestros territorios. La afectación de las aguas puede modificar las condiciones materiales de vida de las comunidades, pero también interrumpir prácticas culturales, recorridos ancestrales, espacios espirituales y relaciones indispensables para la pervivencia de los pueblos. Defender las aguas implica, por tanto, defender la integralidad territorial y los derechos colectivos que permiten mantener esas relaciones.
Durante los dos días del Encuentro pondremos en común conocimientos propios, experiencias territoriales y reflexiones construidas desde distintos pueblos. Nos interesa reconocer la diversidad de formas de relacionarnos con las aguas y generar una conversación que permita comprenderlas desde las voces de quienes ancestralmente las hemos habitado, cuidado y defendido.
El espacio también permitirá fortalecer una discusión necesaria sobre el lugar que ocupan las aguas en la defensa de los territorios indígenas. Esta reflexión exige superar una mirada que las concibe únicamente como recursos naturales y reconocer que en ellas convergen derechos, conocimientos, espiritualidades, formas de gobierno, prácticas de cuidado y luchas históricas y relaciones ancestrales.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) seguimos impulsando espacios de pedagogía e incidencia que permitan comprender el territorio desde su integralidad y desde las propias concepciones de los pueblos. Este Encuentro hace parte de ese propósito: colocar en el centro las voces, conocimientos y experiencias indígenas para profundizar una discusión que tiene implicaciones culturales, políticas y territoriales.
El 10 y 11 de septiembre, invitamos a seguir el Encuentro a través de nuestras redes sociales y de la transmisión en vivo de Ka’tikunsi, La Voz de los Territorios.
Las aguas hacen parte integral de nuestros territorios. En ellas se sostienen conocimientos propios, relaciones ancestrales y luchas históricas por la vida, la cultura y la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Sep 2, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos los asesinatos, amenazas, reclutamiento forzado de NNA, masacres, hostigamientos y desplazamientos forzados que continúan afectando a autoridades, lideresas, líderes indígenas, y campesino sen distintas regiones del país. Ellas y ellos han dedicado su vida a defender derechos colectivos, proteger los territorios, acompañar a los pueblos y comunidades y construir alternativas de paz, y dados los constantes hecho de violencia en su contra, han visto amenazado su ejercicio de defensa de la vida a causa de la amenaza permanente de perderla.
La violencia contra quienes defendemos los territorios persiste y sus consecuencias trascienden a las víctimas individuales, es el tejido colectivo y la pervivencia física y cultural la que se pone en juego con cada hecho victimizante. Toda agresión afecta a una familia, debilita procesos colectivos, golpea las estructuras de gobierno propio y altera las formas de organización propia, mediante las cuales los pueblos y comunidades sostenemos la vida en los territorios. Cuando una autoridad, un liderazgo o una persona defensora es amenazada, desplazada o asesinada, también se intenta silenciar la voz colectiva y fracturar los procesos que esa persona acompaña.
Estos hechos no pueden seguir siendo interpretados y atendidos por el Estado como episodios aislados. Los pueblos, comunidades y los liderazgos que les sostienen históricamente han advertido reiteradamente sobre amenazas, presencia de actores armados y situaciones de riesgo permanentes. Las alertas existen y los riesgos han sido comunicados. La falta de respuestas oportunas frente a esas denuncias profundiza la vulnerabilidad de quienes permanecemos en los territorios y evidencia las limitaciones de una política de protección estatal que con demasiada frecuencia reacciona después de que las agresiones ya ocurrieron, y sin tener en cuenta los sistemas propios de protección de los pueblos y las comunidades
La dimensión de esta violencia también puede observarse en nuestros propios registros. De acuerdo con el Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 fue registrado un total de 945 víctimas indígenas de homicidio, correspondientes a 762 casos. Esta cifra no puede reducirse a un dato acumulado: detrás de cada víctima hay una familia, una comunidad, un territorio y procesos organizativos que pierden una voz, una experiencia, un conocimiento, un relevo generacional y un liderazgo.
Defender el territorio sigue siendo una actividad de alto riesgo. Quienes denunciamos violencias, acompañamos a los pueblos y comunidades, exigimos garantías territoriales y proponemos alternativas de paz continuamos expuestos a graves amenazas. No podemos aceptar que ejercer un liderazgo social, defender derechos o proteger el territorio implique poner en riesgo la vida.
Esta situación exige revisar el alcance de las medidas de protección lideradas por el Estado. Las respuestas no pueden limitarse a esquemas individuales ni ser activadas únicamente después de una amenaza o de un asesinato. La protección debe reconocer que los riesgos tienen una dimensión colectiva y territorial: afectan autoridades, comunidades, procesos organizativos y formas propias de gobierno. Por ello, las medidas deben construirse con los pueblos, responder a las condiciones concretas de cada territorio y articular prevención, protección y garantías para el ejercicio pleno de nuestros derechos, de acuerdo a la orientación de nuestras autoridades, el Derecho Mayor y la Ley de Origen de cada pueblo indígena.
Exigimos una protección inmediata, efectiva y concertada con los pueblos y comunidades; atención oportuna a las alertas y situaciones de riesgo; investigaciones que permitan esclarecer los hechos y sancionar a sus responsables; medidas de prevención integrales desde el enfoque de derechos y diferencial, así como garantías de no repetición; y la garantía plena de nuestros derechos territoriales, la materialización de la autonomía y de nuestro Gobierno Propio.
La construcción de paz tampoco puede separarse de la protección de quienes la hacen posible en los territorios. Hemos insistido en el diálogo, en la defensa de la vida y en soluciones que permitan superar la violencia. Esa disposición no significa aceptar que nuestras autoridades, liderazgos y comunidades sigan pagando con sus vidas las consecuencias de conflictos que no hemos provocado. Nuestra participación en la construcción de paz requiere garantías para permanecer en los territorios, ejercer gobierno propio y defender nuestros derechos sin amenazas.
La persistencia de asesinatos, señalamientos, amenazas y desplazamientos pone en riesgo la continuidad de los procesos organizativos y nuestra pervivencia física y cultural. Por eso, la responsabilidad del Estado no termina en reaccionar ante cada nuevo hecho. Debe garantizar condiciones para que los Pueblos Indígenas, sujetos de especial protección constitucional reforzada podamos ejercer nuestros derechos y proteger nuestros territorios sin que hacerlo implique exponernos a la muerte.
No podemos normalizar esta realidad. Cada asesinato exige verdad y justicia, pero también decisiones capaces de impedir que exista una próxima víctima. Defender los derechos no puede convertirse en una sentencia de muerte.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
¡Defender los territorios es defender la vida!
por STI | Sep 1, 2026 | Actualidad, CNTI Opina, CNTIAnaliza, Nota de prensa, Noticias
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos y condenamos categóricamente los asesinatos de María Ovidia Palechor, mujer Yanakuna, lideresa y defensora de los derechos humanos, y de James Flor, reconocido líder campesino y representante de las víctimas.
María Ovidia dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres, del territorio y a la construcción de paz. Se desempeñó como coordinadora del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos y del Programa Mujer del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y venía acompañando las iniciativas comunitarias de paz del corregimiento de La Pedregosa, así como las denuncias y reclamaciones relacionadas con la masacre ocurrida en El Túnel, Cajibío, el pasado 25 de abril de 2026.
James Flor fue un reconocido líder campesino y representante de las víctimas, cuyo trabajo estuvo ligado a la defensa de sus derechos y a la reivindicación de las comunidades campesinas.
Sus asesinatos no son hechos aislados.
De acuerdo con nuestro Sistema de Información de Violencia Sociopolítica contra Pueblos Indígenas (SIVOSPI), entre 2016 y el 1 de septiembre de 2026 se han registrado 762 casos de homicidio que han dejado 945 víctimas indígenas. Son cifras que evidencian la persistencia de una violencia que continúa afectando de manera directa a nuestros pueblos y territorios.
945 víctimas no son solamente un dato. Detrás de cada persona asesinada hay una familia, una comunidad, una historia y, en muchos casos, procesos organizativos, políticos y territoriales que también son golpeados por la violencia.
María Ovidia, James y otros liderazgos habían advertido reiteradamente sobre las amenazas, la presencia y el amedrentamiento de actores armados y el grave riesgo que enfrentaban las comunidades. Habían solicitado respuestas y medidas de protección urgentes al Estado. Hoy debemos volver a preguntarnos por qué las alertas de quienes habitan, conocen y defienden los territorios siguen sin traducirse oportunamente en garantías efectivas para proteger sus vidas.
Durante décadas, los Pueblos Indígenas hemos denunciado una violencia atravesada por el racismo estructural, la persecución, la estigmatización y distintas formas de exterminio físico y cultural. Una violencia que busca silenciar liderazgos, fracturar procesos organizativos, debilitar el Gobierno Propio, generar miedo y afectar nuestra permanencia y pervivencia en los territorios.
A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, seguimos preguntándonos cuáles son las garantías reales para quienes construyen paz desde los territorios. La persistencia de los homicidios, las amenazas y otras formas de violencia demuestra que la paz no puede medirse únicamente por la existencia de un acuerdo, sino por las garantías concretas para vivir, permanecer en los territorios y ejercer nuestros derechos sin poner en riesgo la vida.
No es admisible que las comunidades denuncien amenazas, soliciten protección y que nuevamente la respuesta llegue después de los asesinatos. La prevención no puede comenzar cuando ya hemos perdido otra vida.
Cada autoridad, lideresa, líder, comunero, comunera, mayor o mayora que es asesinado representa una pérdida que trasciende lo individual. Se ataca una familia, una comunidad, una memoria, un proceso político y organizativo y una forma colectiva de defender la vida y los territorios.
Por eso insistimos: defender los derechos humanos, acompañar a las víctimas, ejercer el Gobierno Propio, construir paz y proteger nuestros territorios no puede seguir significando poner en riesgo la vida.
La deuda histórica con los Pueblos Indígenas continúa. A ella se suman los incumplimientos de compromisos adquiridos por el Estado, las dificultades para garantizar respuestas institucionales oportunas y efectivas en los territorios y la persistencia de condiciones que siguen generando revictimización y poniendo en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Desde la CNTI exigimos al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes adoptar medidas inmediatas, eficaces, integrales y concertadas para garantizar la vida y la integridad de las lideresas, los líderes y las comunidades del Territorio de Paz de La Pedregosa, así como de los Pueblos Indígenas que enfrentan situaciones de riesgo en diferentes regiones del país.
Exigimos también que estos asesinatos sean investigados con celeridad, que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables materiales e intelectuales; que las alertas emitidas desde los territorios sean atendidas de manera oportuna; y que se garanticen medidas reales de prevención, protección y no repetición.
Proteger la vida de nuestros liderazgos implica también garantizar nuestros derechos territoriales, fortalecer el Gobierno Propio y avanzar en la seguridad jurídica de los territorios, porque allí se sostienen nuestra autonomía, nuestros sistemas de conocimiento, nuestra memoria y nuestra pervivencia física y cultural.
Expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de María Ovidia Palechor y James Flor, al Pueblo Yanakuna, a las comunidades de La Pedregosa, al CRIC, a las organizaciones campesinas y a todas las personas y procesos que caminaron junto a ellos en la defensa de los derechos y la construcción de paz.
945 víctimas no pueden convertirse en una cifra más.
¡Basta ya de amenazas, señalamientos y asesinatos contra quienes defienden la vida y los territorios!
¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra!
Defender los territorios es defender la vida.
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