Camilo Niño Izquierdo, en representación del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, participó el pasado 2 y 3 de junio en el encuentro internacional ambiental Estocolmo+50, en Suecia.
Dicho evento tuvo como objetivo conmemorar los 50 años de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada por primera vez en el año de 1972 en dicho país. De ahí su nombre “Estocolmo+50: un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad”.
Entre las principales temáticas que se discutieron en este espacio, estuvo la crisis mundial que amenazan el futuro y bienestar de la humanidad en materia ambiental; entre ellas el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y manejo de los residuos.
En este encuentro, la el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas jugó un papel importante, pues se sumó a la vocería de los delegados indígenas presente, logrando realizar un pronunciamiento donde exigen a los 120 países miembros de las Naciones Unidad y del cual hace parte también Colombia; que se reconozca el papel de los pueblos originarios como actores fundamentales para mitigar el cambio climático y que se garantice su participación en las tomas de decisiones internacionales en temas ambientales.
“los Pueblos Indígenas desde nuestros territorios, gestionamos y sustentamos aproximadamente el 80 % de la biodiversidad restante en el mundo, ocupando tan solo el 25 % de la superficie global. Todavía tenemos sistemas alimentarios sostenibles en partes del mundo donde hemos desarrollado tecnología y conocimiento para enfrentar con éxito el cambio climático. Sabemos cómo regenerar nuestro suelo y cómo ayudar al ciclo del agua. Estamos cumpliendo nuestra promesa de vivir en armonía con la naturaleza. Ahora es tu turno” mencionan los pueblos originarios.
Así mismo, la delegación también hizo un llamado a los estados presentes, solicitando que se comprometan en los avances en materia de Derechos Territoriales para las Pueblos Indígenas, además, de exigir el cese de la criminalización y los asesinatos de los defensores indígenas de derechos ambientales.
“Hacemos un llamado a los Estados miembros, las agencias de la ONU, la sociedad civil y las ONG, la comunidad científica y el sector privado para una mejor coordinación y una acción mucho mayor. Le exhortamos a que se solidarice con nosotros y nos respete y valore como socios esenciales, como lo valoraremos y respetaremos” concluyen.
Po último, uno de logros conseguidos por el ODTPI de la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI en dicho espacio, fue acordar un encuentro entre el Secretario Técnico Camilo Niño y el Relator Especial sobre los Derechos de las Naciones Unidas, José Francisco Calí Tzay, donde se busca realizar un pronunciamiento desde Colombia, reconociendo el ejercicio de defensa de los Pueblos Indígenas en materia territorial y la importancia del manejo y cuidado de la biodiversidad hídrica y biológica que hay en nuestro país, ya que es de suma importancia para la pervivencia no solo de los de los pueblos ancestrales, si no, de toda la humanidad.
Las Mesa Permanente de Concertación (MPC) convocó a la Cumbre Política e Ideológica de los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia en territorio Ancestral del Pueblo Arhuaco, centro Simunurwa, del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar, del 2 al 5 de junio de 2022. El encuentro tuvo por objetivo fortalecer la unidad de los Pueblos y organizaciones indígenas de Colombia.
La cumbre comenzó con una nutrida participación de los delegados de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia (Gobierno Mayor), Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama (AICO), Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), ex constituyentes Indígenas, organizaciones del Pueblo Wayuu y por supuesto los anfitriones, el pueblo Arhuaco a través de la Confederación Indígena Tayrona (CIT).
Los delegados de las organizaciones y de los pueblos indígenas llamaron a la unidad y fortalecimiento de los procesos de base que se encuentran en territorio. Los Pueblos Indígenas no han sido ajenos a las transformaciones culturales de la modernidad, sin embargo, a pesar de las diferentes imposiciones institucionales occidentales han sabido resistir y por supuesto re-existir siempre en el cuidado del territorio.
Es imperante, que la unidad de los pueblos, que es un sueño que viene por parte de los abuelos de cada rincón de Colombia, se siga tejiendo. Así como se comenzó en la década de los 70`s con muchos mayores y mayoras que se trasladaban en la búsqueda de la hermandad y juntanza de diferentes pueblos indígenas para proteger el territorio, hoy no se nuble ese propósito. Se recuerda que las grandes organizaciones nacionales indígenas son frutos de la búsqueda de hermandad entre pueblos y que hoy en día han sido pilares fundamentales para exigir los derechos de la madre tierra y los derechos de los pueblos Indígenas.
Hoy cada día, occidente desde diferentes formas de colonizar, ha violentado en gran manera los territorios indígenas. Los bosques, los nevados, los ríos, los aires, son un botín para el Estado colombiano. Nunca ha entendido que cada parte del territorio, además de tener un espirito grande que siente, piensa, les está dando una vida digna a la humanidad entera.
La Cumbre ratifica que la unidad de los Pueblos Indígenas es a través de la hermandad entre la diversidad. Las organizaciones nacionales indígenas, la MPC y demás formas de organización, que en este encuentro incluyen los cabildos en contexto de ciudad, deben propender a las autonomías territoriales de cada pueblo indígena.
Precisamente el evento se realizó el territorio denominado como corazón del mundo, por los Pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo. Y se llama así porque para adentrarse a las entrañas de la Sierra Nevada de Santa Marta se necesita despojarse de las divisiones humanas y entender que la tierra misma convoca a sus hijos para hacer un llamado a la unidad de los Pueblos Indígenas de Colombia. Desde el Corazón del Mundo se siembra una semilla de unidad para cuidarla durante el tiempo y el espacio. Cada pisada sea para proteger el territorio y por supuesto la pervivencia de los pueblos indígenas, siguiendo el orden natural de la Ley de Origen y el Derecho Mayor.
Durante los días 02, 03 y 04 de mayo del 2022 la Comisión Nacional de Territorios Indígenas estará reunida en un espacio autónomo de trabajo técnico, con el fin de debatir sobre la definición de la ruta de implementación a corto, mediano y largo plazo, de los 10 años de la prórroga del Decreto Ley 4633 de 2011; que tiene como materia la Restitución de Derechos Territoriales.
El encuentro cuenta con la participación de los delegados de las cinco organizaciones indígenas nacionales que compone la CNTI, que son: La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), Autoridades tradicionales de Gobierno Mayor, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Confederación Indígena Tayrona (CIT) y Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) por la Pachamama y un equipo de la Secretaría Técnica de CNTI; quienes identifican las rutas apropiadas para la restitución de tierras de los pueblos indígenas de Colombia, como también las necesidades y las realidades de los pueblos originarios en materia territorial.
Por otro lado, es importante recordar que este espacio retoma parte de la Sesión III de la CNTI en el año del 2021, donde se suscribió un acuerdo que pueda avanzar en la ruta de restitución de territorios, considerando que se dio una prórroga de 10 años del decreto ley 4633 de 2011 que no fue consultada. Además, este Decreto surge a partir de una sentencia que la Corte Constitucional de Colombia, que declara un Estado de Cosas Inconstitucionales, donde se evidencia que el territorio y los pueblos indígenas es un conjunto que no se puede entender por separado, por lo tanto, necesitan una reparación conjunta.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, rechazamos contundentemente los asesinatos que se han presentado en lo corrido de esta semana. El 1 de mayo, se reportaron noticias lamentables para el Movimiento Indígena, pues el 29 de abril en horas de la noche, María José Arciniegas, lideresa indígena del Resguardo el Hacha, fue asesinada en el municipio de Puerto Leguizamo, Putumayo.
Para nosotros es alarmante la situación que se vive en el departamento del Putumayo, el 30 de marzo del año en curso, el gobierno de Iván Duque, anunció a través de sus redes sociales el cumplimiento de un objetivo militar, mientras los Pueblos y Organizaciones Indígenas del país lamentamos la vil y cobarde masacre perpetrada por el Ejército Nacional, en contra de varias personas, entre ellas un menor de edad y el Gobernador Indígena Pablo Canduro.
Teniendo en cuenta las desarmonías que se han presentado en Puerto Leguizamo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta a través del Auto 002/22, debido al riesgo en el que se encuentra la población civil por la disputa de los actores armados legales e ilegales en el territorio. Seguido de esto, el 1 de mayo, el Tejido Defensa de Vida de la Cxhab Wala Kiwe denunció el asesinato de Luis Tombé, Kiwe Thegna de la Guardia Indígena, los ataques armados, el reclutamiento de tres comuneras realizados y el ingreso de la Fuerza pública, fueron de forma violenta a una propiedad colectiva del Resguardo la Cilia.
Desde la CNTI rechazamos de manera contundente el actuar del gobierno y los diferentes grupos armados que tienen presencia en los diferentes territorios indígenas del país. Bajo nuestros principios de la Unidad y la Autonomía consideramos que el Estado no está salvaguardando nuestro derecho a la vida. Por ende, hacemos un llamado urgente a todos los organismos de control y demás organizaciones competentes a nivel nacional e internacional para que intervengan de manera inmediata ante esta Alerta Humanitaria por la que estamos atravesando los 115 pueblos del país.
Por otro lado, nos solidarizamos con los familiares, amigos y conocidos de Luis Ernesto González, líder indígena del Pueblo Uitoto-Muinane, quien fue uno de los co-fundadores de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación (MPC) tras la toma pacífica de la Conferencia Episcopal en el año 1996.
Con profunda tristeza, despedimos a nuestro compañero y agradecemos la inalcanzable lucha del señor Luis Ernesto, una persona que después de 40 días y 40 noches de resistencia con los diversos pueblos convocados y a través del diálogo con el gobierno nacional, surgieron los Decretos 1396 y 1397 de 1996, tras los incumplimientos sistemáticos de los gobiernos que se negaba a respetar los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas.
Además de esto, fue uno de los fundadores de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), una organización constituida durante el Congreso de 1995 en Mitú, en representación de los Pueblos Indígenas Amazónicos, por otro lado, fue presidente de la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP), un espacio que viene funcionando desde el año 1986. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y seguiremos caminando la palabra, el saber y el tejido que se reivindica como un legado para el Movimiento Indígena que ha perdurado en el tiempo para la garantía y el goce efectivo de los derechos fundamentales y territoriales de los Pueblos Indígenas del país.
El 25 de abril comenzó la sesión 21 del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, cuyo evento tiene como temática “Pueblos Indígenas, empresa, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la concertación previa, libre e informada”.
En este espacio Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas presentó un balance sobre los conflictos históricos de la tenencias de tierras que han conllevado a múltiples violencias contra los Pueblos Indígenas en Colombia.
La realidad de los derechos territoriales en Colombia, no es muy diferente de la realidad de los demás pueblos indígenas del mundo. La falta de seguridad jurídica en la tenencia de los territorios colectivos es un problema que también afecta gravemente a nuestro país, en consonancia con lo anterior, me parece importante resaltar que la tenencia de la tierra, ha sido un factor de conflicto, lucha y exigencia histórica, que ha configurado la realidad actual territorial.
A la falta de seguridad jurídica, se le agrega la desactualización catastral, que ha conllevado que el gobierno colombiano desconozca la realidad física, jurídica y económica de los bienes de la nación. Todo ello, no le ha permitido tomar decisiones acertadas en el territorio. Esto se refleja en la adjudicación de bienes que se traslapan entre figuras de protección e inversión, por ejemplo adjudicación de licencias de proyectos mineros – energéticos en territorios que están constitucionalmente protegidos.
En Colombia se han constituido 788 territorios indígenas, los cuales abarcan un área total de 33.257.400 hectáreas, es decir el 28% del territorio nacional. Es importante resaltar que el 97% del total de estas áreas constituidas son zonas de reserva forestal y protección de la biodiversidad, donde convergen ecosistemas estratégicos como bosques húmedos tropicales, bosques secos y páramos, donde sólo el 3% es de vocación agropecuaria.
Estos son algunos puntos estructurales de la realidad territorial indígena:
Fallas en los procesos de formalización: Actualmente en Colombia existe un rezago en la resolución de las más de 1450 solicitudes de adjudicación de territorios colectivos, de las cuales se desconoce el número total de hectáreas en solicitud y en algunos se han identificado que son procesos que sobrepasan los 20 años de gestión. Estos procesos no deberían superar los dos años. Los departamentos con más solicitudes de formalización son los siguientes: Putumayo con 173, Tolima con 109, Cauca con 85, Nariño con 67, Guajira con 65, choco con 59 y Valle del cauca con 58.
La Violencia Sociopolítica y territorios Indígenas: Así como lo menciona Global Witness, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta.
El despojo, el control territorial por actores armados y bandas delincuenciales, la mercantilización de los territorios por el desarrollo de proyectos extractivos como la minería (legal e ilegal), deforestación, hidrocarburos, energía, mega obras de infraestructura sumado a la falta de reconocimiento y garantías gubernamentales en el acceso a la tierra por parte del Estado son algunos elementos que han profundizado la inequidad y exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas en Colombia.
Desde el Sistema de Violencia Sociopolítica contra los Pueblos Indígenas del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI), se han sistematizado diferentes casos de asesinatos y otros hechos de violencia. A partir de la adopción del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Paz (AFP), el 24 de agosto de 2016, con corte a 17 de abril de 2022, se registra un total de 515 asesinatos a indígenas, según los perfiles se encuentra que el 58% eran comuneros (as), el 26% líderes/ lideresas, 7% autoridades en sus territorios, 8% guardias indígenas y el 1% médicos tradicionales.
Así, contrastando los escenarios con el total de hechos registrados por el ODTPI se encuentra que el 53% de asesinatos ocurrieron en el Departamento del Cauca y el 16% en el departamento de Nariño, 5% en el Valle del Cauca y en cuarto lugar los departamentos de Chocó y el Putumayo con el 4% cada uno. Más del 71 % de las víctimas se concentran en tres departamentos con el mayor número de solicitudes de formalización.
Recomendaciones:
Expedición de la ley de Entidades Territoriales Indígenas para fortalecer la autonomía territorial.
Que el gobierno colombiano emprenda un proceso de articulación y adecuación institucional¡ para solucionar el rezago en la resolución de las solicitudes de formalización de los territorios colectivos indígenas, el cual debe estar acompañado de un presupuesto público que garantice estos procesos.
Cumplimiento de lo establecido en el AFP, especialmente en el punto 1 sobre la Reforma Rural Integral, respetando la esencia de lo acordado en este proceso.
Garantizar la protección efectiva de las personas defensoras de derechos humanos, lideres y lideresas sociales, sus familias y comunidad, protección que debe responder al enfoque y necesidades propias de los pueblos indígenas.
A esta hora inicia sesión de la Mesa Permanente de Concertación por los Derechos Humanos, Derechos Territoriales y Ancestrales de los Pueblos Indígenas de Puerto Gaitán. En este espacio se expone los riesgos inminentes de los Pueblos Indígenas de Puerto Gaitán y se manifiesta la falta de garantías y protección a los territorios ancestrales. Las comunidades se encuentran en riesgo de desalojo por parte de las autoridades locales y por la omisión de la Agencia Nacional de Tierras y el Gobierno Nacional en los procesos de protección.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas exigimos garantías para los Pueblos Indígenas de Puerto Gaitán Meta y de todo el país. Es imperante la aplicación del decreto 2333 de 2014 para la protección efectiva de los territorios ancestrales y tradicionales, de la misma manera la formalización y seguridad juridifica de los territorios indígenas en Colombia. Estamos ante un Estado de Cosas Inconstitucionales en materia territorial indígena.
Más información: https://twitter.com/CNTI_Indigena/status/1519432792865755138?s=20&t=sf924-j2NyUP9G3AeolPng
