Los pueblos y las organizaciones indígenas hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en el marco del cumplimiento a sus deberes constitucionales e internacionales y de los compromisos asumidos con los pueblos indígenas como parte de su Plan Nacional de Desarrollo:
Garantice la debida disponibilidad presupuestal que asegure la continuidad del personal de la Agencia Nacional de Tierras que actualmente conoce y tramita los procedimientos administrativos encaminados a la formalización de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. En el marco de su tarea de seguimiento, esta secretaría técnica ha conocido que más de 140 de los actuales contratistas de dicha entidad, no cuentan a partir del mes en curso con certeza alguna sobre su continuidad y con ella tampoco los pueblos indígenas con respecto a las funciones y derechos a su cargo.
Agilice y resuelva lo necesario respecto del Programa Anual de Caja (PAC), a efectos de asegurar la debida ejecución de los recursos de cerca de 60 mil millones que la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT ha previsto, comprometido y radicado formalmente para destinar a la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de procedimientos de avalúos, adquisiciones de predios, distintas iniciativas productivos y para otros convenios con tal finalidad.
Asuma con la debida decisión política y voluntadpresupuestal el cumplimiento a sus compromisos con los pueblos y las organizaciones indígenas que le son exigibles en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo. Hoy nos alertan de su incumplimiento y sobre la inobservancia a la debida progresividad y no regresividad, no solo la que al día de hoy haya sido ya una baja ejecución de los recursos asignados que al pasado mes de julio llegaba apenas a un 23%, también la que desde ya se ha advertido será para el 2025 una preocupante disminución de al menos un 44% en relación con lo acordado sobre los recursos para los pueblos indígenas y la seguridad jurídica de nuestros territorios.
¡Exigimos al Gobierno Nacional desde este espacio de concertación garantías presupuestales que aseguren la permanencia y continuidad del personal necesario e idóneo que permitan superar las brechas históricas en el goce efectivo de nuestros derechos territoriales! ¡Advertimos sobre la erosión de la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno ante sus ya reiterados incumplimientos! ¡Denunciamos así mismo que la ausencia de tales garantías compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz!
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), informamos con gran preocupación que, en la mañana de hoy, la comunidad indígena Akiras del Sol, ubicada en el municipio de Prado, Tolima, fue desalojada de manera violenta por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Este acto violento es una clara vulneración de los derechos fundamentales y territoriales del pueblo Pijao.
Desde este espacio de diálogo y concertación rechazamos contundentemente esta agresión que atenta contra la integridad y el bienestar de este pueblo ancestral, puesto que este proceder afecta de manera directa los derechos fundamentales.
Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que actúen con celeridad para asegurar la compra del predio El Poira 3, el cual ha sido ofrecido de manera voluntaria para la comunidad Akiras del Sol. Es urgente que se tomen medidas para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos colectivos del pueblo Pijao.
Los pueblos y las organizaciones indígenas que hacemos parte de La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) comunicamos a la opinión pública:
Nos encontramos a compartir la palabra sobre la lucha territorial, el Marco Global de Biodiversidad (MGD), y el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), durante los días 2, 3 y 4 de julio en la ciudad de Bogotá.
Los Pueblos Indígenas como autoridades y sabedores ancestrales en la protección de la naturaleza —regidos por la Ley de Origen, Derecho Mayor, Ley Natural y Derecho Propio—, reafirmamos que somos custodios de todas las expresiones de vida. Por eso mismo consideramos que no puede haber ninguna iniciativa de cuidado sin la red de nuestros saberes y conocimientos tradicionales y sin nuestra participación activa.
Los Pueblos Indígenas del mundo preservamos el 80 % de la biodiversidad. En Colombia somos 115 Pueblos Indígenas, y cuidamos los bosques, los mares, los páramos, los nevados, las aguas, las lagunas, los ríos, las selvas, los desiertos y las sábanas. Esto se refleja en que en nuestros territorios mantenemos el 49% de los bosques, el 4.4% de las reservas de la biósfera, el 11.13% de páramos y el 12% de los humedales RAMSAR del país.
En consecuencia, las normas nacionales y los convenios internacionales no solo se deben enfocar en la conservación ambiental, sino que deben reconocernos integralmente en las estrategias de cuidado como actores fundamentales, siempre respetando y garantizando nuestros derechos territoriales, bioculturales, conocimientos y prácticas ancestrales desde la autonomía y autodeterminación.
El territorio y la biodiversidad son uno solo, están unidos profundamente con nuestros saberes ancestrales y redes de conocimientos tradicionales. Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestra autonomía y ejercicios de gobierno como una realidad política y cultural, fundamental en el cuidado de la naturaleza y de su diversidad biológica.
Nuestros conocimientos están arraigados en la relación con nuestros territorios y en las prácticas culturales de las mujeres, hombres, la juventud, abuelos, abuelas, líderes espirituales y autoridades tradicionales. Estos son transmitidos intergeneracionalmente para el cuidado y protección de nuestros territorios, y de todas las expresiones de vida, asegurando la continuación y renovación de nuestras prácticas ancestrales.
Es responsabilidad del Estado colombiano superar las brechas nacionales frente al respeto, la garantía y la protección de nuestros derechos territoriales de posesión y ocupación tradicional y ancestral, así como de propiedad y autonomía. Este esfuerzo constituye un desafío significativo y una contribución valiosa del Estado a las metas globales sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Los Pueblos Indígenas de Colombia somos conscientes de la crisis ambiental histórica, causada por el modelo extractivo y de acumulación de capital. Este modelo ha resultado en la perdida de la biodiversidad, cambio climático, desertificación y violación sistemática de derechos humanos.
Desde nuestros saberes ancestrales, diversidad cultural y de pensamiento, hemos advertido desde hace tiempo sobre la destrucción de la naturaleza. Como Pueblos indígenas continuamos en el camino y seguimos trabajando de manera corresponsable y comprometida en el cuidado y la protección de nuestra madre tierra como lo hemos milenariamente.
Convocamos a los pueblos hermanos del mundo a unirse desde nuestras diversas y justas luchas en una agenda global común para defender y reafirmar nuestros territorios y autonomías. Creemos que este es el camino más efectivo para cuidar la biodiversidad y promover una acción climática genuina a nivel mundial.
Los Pueblos Indígenas exigimos el goce efectivo de nuestros derechos desde el carácter plural y democrático del Estado. Públicamente advertimos sobre la imperiosa necesidad de nuestra participación en las decisiones, las estrategias y medidas que busquen avanzar en los compromisos globales.
Solicitamos que el gobierno colombiano consolide y unifique la gestión de los convenios sobre cambio climático y biodiversidad. Además, que se reconozca y garantice la gestión y participación de nuestras redes de conocimientos y saberes ancestrales en las estrategias de cuidado de la vida, desde la autonomía y la autodeterminación.
Exigimos al gobierno colombiano que tome medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y protección de los pueblos, líderes y autoridades indígenas que defendemos los territorios y la naturaleza en Colombia. Frente a la constante ola de amenazas y asesinatos, es imperativo que se implementen acciones concretas que aseguren la integridad física y los derechos territoriales colectivos. Defender los territorios y el ambiente es defender la vida en todas sus expresiones.
Exigimos a los Estados parte que implementen mecanismos transparentes y efectivos que aseguren acceso directo a los recursos económicos destinados al cuidado de la naturaleza, y permitan su distribución equitativa y administración autónoma. Es crucial que los Pueblos Indígenas estemos directamente involucrados en la gestión de estos fondos, para garantizar que su asignación y utilización se armonice con nuestras necesidades específicas y sistemas de vida tradicionales. Esta participación asegurará que los recursos se utilicen de manera que realmente apoyen y reconozcan las contribuciones de los Pueblos Indígenas y nuestros territorios al cuidado de la vida.
Exigimos al gobierno colombiano que reconozca, respalde y garantice la participación activa de los Pueblos Indígenas en todas las etapas de toma de decisiones que impactan directamente nuestros territorios y prácticas culturales. Este compromiso debe reflejarse en políticas y acciones concretas que respeten y promuevan nuestra autonomía y derechos territoriales.
El 08 de junio del 2024 la comunidad indígena de Barrulia fue notificada de la resolución que resuelve la solicitud de revocatorias directas por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en contra de la resolución que negó en el año 2022, la protección de sus territorios ancestrales. La decisión señala que:
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 20225100110896 del 17 de mayo de 2022 “Por la cual se decide sobre el reconocimiento y protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional de la comunidad indígena BARRULIA del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta” emitida por la Subdirección de Asuntos Étnicos.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento de Meta, sobre los siguientes predios: Campoalegre identificado con folio de matrícula inmobiliaria 234-2696, con un área de SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO HECTÁREAS CON DOS MIL QUNIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS, según plano número ACCTI0231505682270 de diciembre de 2023 y el predio denominado como Cuba Libre identificado con folio de matrícula inmobiliaria 234-2493, con un área de SESENTA Y TRES HECTÁREAS CON SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS (63 HAS + 6215 M2 ) según plano número SEUJT0131505682004, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, tenemos conocimiento que la Alcaldía de Puerto Gaitán junto con la Inspección Segunda de Policía de dicho municipio, adelanta en este momento actuaciones de materialización de fallo policivo de perturbación a la propiedad del predio Villa Esperanza, a través de un plan de contingencia elaborado por la Alcaldía. Sin embargo, en el documento no se evidencian medidas, ni acciones orientadas a la protección de los derechos a la seguridad y la vida de la comunidad indígena de Barrulia, que se encuentran ubicados en el predio Villa Esperanza.
En apoyo a la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, solicitamos a la Inspección de Policía, suspenda el proceso policivo, hasta que la ANT realice la entrega formal y material de los predios Campo Alegre en el marco de las medidas de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani.
Reiteramos el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-391/22 que prohíbe los desalojos sin la realización de la caracterización socioeconómica de la comunidad de Barrulia, sin que se prevean medidas de albergue y sin garantizar el buen trato, la seguridad de la comunidad y sus derechos fundamentales.
Por lo que, rechazamos las acciones violentas en contra de la comunidad que desconocen y violan sus derechos humanos, así como el carácter de pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural y su especial protección reforzada constitucionalmente. De manera que, hacemos responsables a la fuerza pública y a la alcaldía municipal de cualquier acción que ponga en riesgo sus derechos.
Alertamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Ministerio del Interior para que en el marco de su mandato y de sus funciones constitucionales garanticen los derechos a la seguridad y vida de la comunidad de Barrulia que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como sujetos de especial protección del estado, así como víctimas del conflicto armado.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, como espacio de concertación nacional para los derechos territoriales creado por el Decreto 1397 de 1996 e integrado por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor y como manifestación colectiva de los 115 pueblos que integran la nación, exponemos ante la opinión pública que:
En nombre de la verdad, la justicia y el respeto a la diversidad étnica y cultural, denunciamos enérgicamente las acciones del representante a la cámara Miguel Polo Polo, quien ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo cargado de información falsa, discriminación, racismo estructural, injuria y calumnia contra los Pueblos y Organizaciones Indígenas de nuestro país.
El posicionamiento del Congresista, atenta gravemente contra la dignidad y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el estado colombiano en el marco de la garantía de los derechos étnico territoriales, así mismo, al incurrir en la estigmatización de nuestras prácticas culturales y religiosas, tachándolas de “brujería y santería”. Esta difamación irresponsable no solo desinforma a la población, sino que perpetúa estereotipos dañinos, promueven la intolerancia y la violencia hacia las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos originarios.
Es inaceptable que un servidor público elegido para representar a la circunscripción especial, investido con la responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, recurra a la confusión, manipulación y la discriminación para obtener rédito político. La difusión de este tipo de mensajes contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y a perpetuar el racismo estructural que tanto daño causa en nuestra sociedad.
En este sentido, exigimos a las autoridades competentes de todas las instancias, que investiguen este caso y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Constitución y la Ley, e instamos al representante Miguel Polo Polo a retractarse públicamente de sus declaraciones y a ofrecer disculpas a las comunidades indígenas afectadas por sus palabras y que en caso de poner en duda la legalidad del trabajo adelantado por las organizaciones indígenas, recurra ante las autoridades competentes.
Como CNTI, en anteriores ocasiones nos hemos pronunciado de manera decidida, activado todos los conductos administrativos, legales y constitucionales existentes a nivel nacional e internacional, teniendo precedentes importantes donde se reafirman que en la sociedad y en las instituciones persisten prácticas que vulneran nuestros Derechos Humanos, las cuales deben ser visibilizadas y sancionadas.
Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de respeto, inclusión y diversidad, y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Es hora de poner fin a la discriminación y la desinformación.
¡No permitamos que el racismo y la intolerancia contaminen nuestra sociedad! ¡Defender los Territorios, sus pueblos y comunidades, es Defender la Vida!
En el marco de la primera sesión autónoma llevada a cabo en la ciudad de Bogotá, los días 2 y 3 de mayo, los pueblos y las organizaciones indígenas que integran la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que cumpla los acuerdos suscritos en este espacio, y que en el marco de sus funciones, avance con celeridad sobre el reconocimiento, garantía y protección de nuestros derechos territoriales.
La Agencia Nacional de Tierras, afecta y vulnera nuestros derechos territoriales, al no contar con una estrategia clara para la adecuación institucional, de efectiva articulación entre el nivel central y las unidades de gestión territorial, de ejecución presupuestal y suficiente contratación de personal que atienda la totalidad de sus tareas y responsabilidades institucionales, lo cual agrava la situación de rezago histórico.
Tras cinco meses trascurridos del año 2024, la ANT ha avanzado en menos del 1% de la ejecución anual prevista. Esta inoperabilidad en la ejecución presupuestal acentúa las ya diagnosticadas barreras administrativas en la resolución de las solicitudes de formalización y protección de nuestros territorios, incumpliendo las metas acordadas en este espacio de concertación.
A la fecha, aún se encuentra detenida la suscripción de convenios interadministrativos, como lo es el de avalúos, afectando el avance y culminación de procedimientos mediante los cuales se debe garantizar y materializar nuestros derechos territoriales.
Adicionalmente, exigimos que en consonancia con el Bloque de Constitucionalidad, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming -Montreal y los acuerdos para la actual apuesta de construcción conjunta del Plan de Acción de Biodiversidad, se abstenga de equiparar el reconocimiento de los territorios indígenas con Otras Medidas Efectivas de Conservación Basadas en Áreas – OMEC –, como lo ha hecho la Agencia Nacional de Tierras en la fundamentación de actos administrativos que ha expedido en la formalización de resguardos indígenas, sin considerar nuestro derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado, y desconociendo nuestro ejercicio de autodeterminación y gobierno propio.
Como Pueblos Indígenas hemos apoyado el gobierno del cambio. Venimos caminando y tejiendo la transformación del país. Por ello, esperamos que desde la institucionalidad, no solo haya voluntad política, sino resultados favorables en la materialización de nuestros derechos. Esperamos que el gobierno genere escenarios de diálogo y coordinación de gobierno a gobierno, frente a actuaciones que involucren nuestros derechos territoriales como un principio de respeto a nuestras luchas por la vida y el territorio en su integralidad.
