Los Pueblos Indígenas dejamos constancia que el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se retiró de la VI Sesión Mixta de la CNTI sin ofrecer respuestas claras a las inquietudes y demandas expresadas por nuestros delegados y Secretario Técnico Indígena.
Ante esta falta de compromiso, a las 12:00 a.m. decidimos pausar el espacio de diálogo y concertación, esperando su regreso para atender de manera responsable los temas planteados. Sin embargo, su ausencia prolongada, sin explicaciones ni justificaciones, evidencia un desinterés y una carencia de compromiso hacia los derechos de los Pueblos Indígenas.
Luego de varias horas de dilación, a las 3:00 am los delegados del gobierno descaradamente proponen la continuación de la sesión para el próximo año. Sin embargo, los delegados de los Pueblos y organizaciones Indígenas de la CNTI nos declaramos en Sesión Permanente hasta que exista un nuevo espacio de concertación y diálogo antes de finalizar el año. Exigimos que en cumplimiento de sus funciones asistan y participen en el espacio el señor Juan Felipe Harman, Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la señora Martha Viviana Carvajalino Villegas, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta actitud displicente con este espacio de concertación refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestros derechos territoriales y avanzar en el cumplimiento de acuerdos previos, alcanzados en este espacio de diálogo y concertación. Los Pueblos Indígenas hemos participado en estos diálogos con la firme intención de construir soluciones conjuntas, desde el respeto y la concertación. Sin embargo, el abandono abrupto de los representantes de la ANT y del Ministerio de Agricultura, voceros políticos del Gobierno Nacional, transmite un mensaje claro de negligencia frente a las problemáticas que afectan a nuestros pueblos y territorios.
Por lo tanto, EXIGIMOS:
Reanudación lo antes posible de los espacios de diálogo y concertación, con la presencia de los altos funcionarios de la ANT y del Ministerio de Agricultura, y los compromisos claros para responder a nuestras exigencias.
Una disculpa pública por la falta de respeto demostrada al abandonar el diálogo sin previo aviso ni justificación.
Garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en sesiones mixtas anteriores, respetando nuestras decisiones y propuestas en los espacios de concertación. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tomen las medidas correctivas necesarias frente a esta inoperancia que vulnera los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz, justicia y garantías para nuestros territorios. Sin embargo, advertimos que no permitiremos que nuestras voces sean ignoradas ni que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. El llamado es #URGENTE, para que el Gobierno Nacional actúe de manera inmediata con seriedad y responsabilidad, garantizando un diálogo de resultados concretos para la materialización de nuestros derechos fundamentales y territoriales.
Comunicado a la opinión pública sobre los incumplimientos a los acuerdos con los pueblos indígenas, pactados en el marco del plan nacional de desarrollo (PND 2022-2026), con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
El espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), sus organizaciones y Secretaría Técnica Indígena en representación de los 115 pueblos indígenas de Colombia, manifestamos una profunda preocupación y denunciamos públicamente los reiterados incumplimientos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en la implementación de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, titulado “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Los pueblos indígenas hemos sido históricamente actores fundamentales en el desarrollo rural del país, y la exclusión de nuestras comunidades de nuestros pueblos en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas por parte de la ADR está generando consecuencias perjudiciales para nuestros territorios y nuestros derechos fundamentales. Exigimos una pronta rectificación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que se detallan a continuación:
1. Reconocimiento de los derechos territoriales y económicos de los pueblos indígenas:
La Constitución y la legislación nacional e internacional reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. La ADR tiene la responsabilidad de garantizar y promover estos derechos en todas sus acciones.
La explotación de los recursos naturales y la falta de garantías sobre nuestros derechos ancestrales han llevado a la destrucción de nuestros territorios. En consecuencia, exigimos que los derechos económicos de los pueblos indígenas se respeten más allá del enfoque paternalista de “subsistencia” que prevalece en las políticas públicas actuales.
Las políticas de desarrollo rural en Colombia han favorecido históricamente la colonización de territorios indígenas y la expansión de la frontera agrícola, lo que ha contribuido significativamente a la deforestación y a la violación de derechos fundamentales de nuestros pueblos. Esta situación debe revertirse de manera inmediata.
2. Participación indígena en la toma de decisiones:
Es imprescindible que los pueblos indígenas participemos activamente en la toma de decisiones que afectan nuestros territorios y modos de vida. La ADR debe garantizar nuestra participación efectiva en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo rural. Este compromiso incluye la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, acordada previamente.
La falta de participación real de nuestras comunidades ha generado políticas que no responden de manera diferencial a nuestras necesidades, como se ha evidenciado con los proyectos PIDAR, y ha provocado tensiones innecesarias. Demandamos que nuestros Planes de Vida sean considerados como parte central de las políticas públicas de desarrollo rural.
3. Enfoque diferencial:
Las políticas de desarrollo rural deben incluir un enfoque diferencial que respete y considere las particularidades culturales, sociales, ambientales y espirituales de los pueblos indígenas. Nuestra visión de desarrollo, centrada en la armonía con la naturaleza y la protección del medio ambiente, debe ser un componente esencial de las estrategias de desarrollo sostenible.
La ADR tiene la obligación de diseñar e implementar programas y proyectos que reflejen las realidades y prioridades de nuestras comunidades, respetando nuestros sistemas de conocimiento y prácticas ancestrales.
4. Fortalecimiento de las instituciones indígenas:
Es fundamental que la ADR promueva el fortalecimiento de nuestras instituciones indígenas y garantice nuestra participación directa en los procesos de desarrollo rural.
El reconocimiento y fortalecimiento de estas instituciones es clave y fundamental para el fortalecimiento de nuestra autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. La implementación de mecanismos participativos de monitoreo y evaluación es imprescindible para verificar el cumplimiento de las políticas de inclusión y desarrollo rural.
Por lo tanto, exigimos que la ADR actúe de inmediato en cumplimiento de los acuerdos establecidos y reconozca el papel crucial de los pueblos indígenas en el desarrollo rural del país.
Exigimos que la ADR respete los mandatos de los pueblos indígenas y que haga valer la palabra frente a las apuestas que tenemos en este gobierno del cambio.
Este documento presenta un análisis detallado de las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia, con un enfoque particular en la intersección de estas solicitudes con los territorios indígenas y las áreas de protección ancestral. La importancia de los territorios indígenas radica en su papel fundamental en la preservación de la cultura, la identidad y los derechos de los pueblos originarios, así como en la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales.
El documento destaca la existencia de traslapes entre las solicitudes de ZRC y los resguardos indígenas constituidos, lo que subraya la necesidad de un enfoque integral que respete los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La información presentada también revela la cantidad de solicitudes de formalización y protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que pone de manifiesto la demanda de reconocimiento y respeto por parte del Estado.
Los traslapes entre las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los territorios indígenas (constituidos o en proceso de formalización y territorios objeto de protección) pueden dar lugar a eventuales conflictos que amenazan la integridad de las comunidades y sus derechos territoriales. Estos conflictos surgen cuando las aspiraciones de desarrollo agrícola y la protección de recursos naturales chocan con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, generando tensiones que pueden escalar en disputas legales y sociales. Es imperativo que el Estado preste atención a estas problemáticas, implementando mecanismos de diálogo y consulta efectiva que permitan abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas. La falta de atención a estos conflictos no solo pone en riesgo la estabilidad social y la paz en las regiones afectadas, sino que también socava los esfuerzos por garantizar la justicia y el respeto a la diversidad cultural en el país. Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe de manera proactiva para mediar y resolver estas situaciones, promoviendo un enfoque inclusivo que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas.
En el marco del espacio autónomo de la tercera sesión mixta de la CNTI, los pueblos y las organizaciones indígenas solicitamos para el desarrollo del tercer día de concertación de esta sesión la presencia de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Ministro de Hacienda, Director del Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado el incumplimiento reiterado y sistemático de los acuerdos suscritos por este Gobierno con los pueblos indígenas a nivel nacional. Motivo por el cual hemos agotado diversas instancias, resaltando la interlocución con la Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, a quien expresamos vehementemente la gravedad de estos incumplimientos.
Como pueblos indígenas hemos caminado la concertación para mayor asignación presupuestal que garantice nuestros derechos territoriales, y que sean suficientes para responder a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas en el país, reflejado en el ejercicio de consulta previa del PND, específicamente en el acuerdo IT1-1. Hoy, esta lucha se ha traducido en tener el presupuesto más alto en muchos años pero con menor ejecución, aumentando el riesgo de las garantías para la formalización, acceso a tierras y seguridad jurídica de nuestros territorios. Por tanto, exigimos la ejecución del 100% del presupuesto asignado para la vigencia, que, actualmente no supera un 23% en el Programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional.
Bajo ese panorama, solicitamos el seguimiento y acciones correspondientes por parte de los organismos de control estatal, ya que, la no ejecución aumenta el rezago histórico institucional y acentúa un estado de cosas de inconstitucionalidad en materia territorial indígena. Adicionalmente, esta inoperatividad compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
Como parte de las falencias identificadas, señalamos que la contratación del personal encargado de adelantar los procedimientos misionales de la entidad es insuficiente y son contratados por términos reducidos, lo que ocasiona la ralentización de los procesos y no permite la superación adecuada de la curva de aprendizaje. Por tanto, exigimos a los organismos de control hacer seguimiento a los principios de contratación estatal, conforme lo consagra la Ley 80 de 1993 (eficacia, eficiencia y planeación), el incumplimiento de estos principios refleja una planeación deficiente por parte de la entidad.
Finalmente, alertamos, que a la fecha este espacio de concertación creado mediante decreto 1397 de 1996, no cuenta con las garantías presupuestales para su funcionamiento, erosionando la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno.
Los pueblos y las organizaciones indígenas hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en el marco del cumplimiento a sus deberes constitucionales e internacionales y de los compromisos asumidos con los pueblos indígenas como parte de su Plan Nacional de Desarrollo:
Garantice la debida disponibilidad presupuestal que asegure la continuidad del personal de la Agencia Nacional de Tierras que actualmente conoce y tramita los procedimientos administrativos encaminados a la formalización de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. En el marco de su tarea de seguimiento, esta secretaría técnica ha conocido que más de 140 de los actuales contratistas de dicha entidad, no cuentan a partir del mes en curso con certeza alguna sobre su continuidad y con ella tampoco los pueblos indígenas con respecto a las funciones y derechos a su cargo.
Agilice y resuelva lo necesario respecto del Programa Anual de Caja (PAC), a efectos de asegurar la debida ejecución de los recursos de cerca de 60 mil millones que la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT ha previsto, comprometido y radicado formalmente para destinar a la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de procedimientos de avalúos, adquisiciones de predios, distintas iniciativas productivos y para otros convenios con tal finalidad.
Asuma con la debida decisión política y voluntadpresupuestal el cumplimiento a sus compromisos con los pueblos y las organizaciones indígenas que le son exigibles en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo. Hoy nos alertan de su incumplimiento y sobre la inobservancia a la debida progresividad y no regresividad, no solo la que al día de hoy haya sido ya una baja ejecución de los recursos asignados que al pasado mes de julio llegaba apenas a un 23%, también la que desde ya se ha advertido será para el 2025 una preocupante disminución de al menos un 44% en relación con lo acordado sobre los recursos para los pueblos indígenas y la seguridad jurídica de nuestros territorios.
¡Exigimos al Gobierno Nacional desde este espacio de concertación garantías presupuestales que aseguren la permanencia y continuidad del personal necesario e idóneo que permitan superar las brechas históricas en el goce efectivo de nuestros derechos territoriales! ¡Advertimos sobre la erosión de la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno ante sus ya reiterados incumplimientos! ¡Denunciamos así mismo que la ausencia de tales garantías compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz!
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), informamos con gran preocupación que, en la mañana de hoy, la comunidad indígena Akiras del Sol, ubicada en el municipio de Prado, Tolima, fue desalojada de manera violenta por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Este acto violento es una clara vulneración de los derechos fundamentales y territoriales del pueblo Pijao.
Desde este espacio de diálogo y concertación rechazamos contundentemente esta agresión que atenta contra la integridad y el bienestar de este pueblo ancestral, puesto que este proceder afecta de manera directa los derechos fundamentales.
Exigimos al Gobierno Nacional, al Ministerio del Interior, y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que actúen con celeridad para asegurar la compra del predio El Poira 3, el cual ha sido ofrecido de manera voluntaria para la comunidad Akiras del Sol. Es urgente que se tomen medidas para garantizar la protección y el restablecimiento de los derechos colectivos del pueblo Pijao.
