por Prensa CNTI | Mar 10, 2025 | Comunicados, Comunicados y Declaraciones
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos y rechazamos categóricamente los recientes discursos de odio y actos de discriminación dirigidos contra el pueblo Arhuaco en Valledupar y Pueblo Bello, Cesar. Las agresiones verbales, imágenes y mensajes racistas que han circulado en redes sociales no son hechos aislados, sino una manifestación de la discriminación estructural y el racismo histórico que han enfrentado los Pueblos Indígenas en Colombia.
El Estado ha reconocido el racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, pero sus acciones son insuficientes. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 10 de marzo de 2022 (Radicado 11001310302120210002604) —promovida por Camilo Niño Izquierdo, Arhuaco, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas—, confirmó que en Colombia existe un patrón sistemático de discriminación que atenta contra nuestra dignidad, autonomía y derechos fundamentales.
En esa decisión, el Tribunal ordenó la realización de acciones pedagógicas y de sensibilización a cargo del Ministerio del Interior y otras instituciones, incluyendo una campaña pública y un diplomado para servidores públicos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Hasta la fecha, estas acciones no se han cumplido. La ausencia de una política efectiva contra el racismo institucional y la falta de implementación de estas medidas han permitido que la discriminación siga normalizándose en redes sociales, espacios públicos y escenarios de concertación política.
Este tipo de discursos no sólo afectan la dignidad de los Pueblos Indígenas, sino que también profundizan las violencias estructurales y las amenazas contra líderes y autoridades ancestrales. La estigmatización y criminalización de los Pueblos Indígenas es una violación a los derechos humanos y un retroceso en el reconocimiento de nuestra autonomía y gobierno propio.
Ante esta situación, desde la CNTI hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general para que:
Se realicen acciones concretas para frenar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, implementando medidas de control y sanción contra quienes promuevan estereotipos racistas y contenidos discriminatorios.
Se haga un llamado a los jueces reiterando las órdenes judiciales para que se cumplan de inmediato y contribuyan a parar la discriminación contra los Pueblos Indígenas.
Se hagan efectivas las garantías de protección para el pueblo Arhuaco y todas las comunidades indígenas que hoy enfrentan agresiones verbales y amenazas a su integridad y dignidad.
Se fortalezcan los mecanismos de protección de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad, pervivencia y bienestar.
Desde la CNTI reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y condenamos cualquier forma de discriminación que atente contra nuestra dignidad, identidad, espiritualidad y cultura. Reiteramos que el racismo no es un asunto menor ni una simple ofensa: es una forma de violencia que refuerza la exclusión, perpetúa la desigualdad y amenaza la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Mar 2, 2025 | Comunicados y Declaraciones, Comunicados
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos el asesinato de Edgar Tumiñá Gembuel, Kiwe Thegnas (Guardia Indígena) del resguardo de Toribío, en el departamento del Cauca, ocurrido el 1 de marzo de 2025.
La violencia sistemática sigue arrebatando la vida de quienes defienden los territorios ancestrales y la autonomía de los Pueblos Indígenas en Colombia.
Edgar Tumiñá, reconocido líder comunitario y defensor de la vida y el territorio, fue asesinado en el casco urbano de Toribío por hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones. Su compromiso con la Guardia Indígena y su proceso organizativo fue un ejemplo de resistencia, como lo fue también su hermano Manuel Tumiñá, asesinado en el año 2014 por su labor en la protección del territorio.
Hoy, su asesinato no solo enluta a su familia y comunidad, sino que representa una grave amenaza para la pervivencia de los Pueblos Indígenas en sus territorios.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI denunciamos y rechazamos la violencia política que se sigue perpetuando en nuestros territorios, amenazando nuestro derecho a la vida y a la autonomía. La falta de seguridad jurídica sobre los territorios indígenas y el rezago en la formalización de nuestros territorios han sido factores que fomentan la violencia en contra de nuestros pueblos originarios.
Desde este espacio, le exigimos al Gobierno Nacional, a los organos de control y organismos de derechos humanos para tomar las medidas urgentes y efectivas para garantizar la protección de los Pueblos Indígenas, sus líderes y lideresas. No podemos seguir siendo testigos de la impunidad que rodea los asesinatos de líderes/as indígenas, guardianes/as del territorio y defensores/as de la vida.
La falta de acciones concretas para frenar la violencia y garantizar la seguridad de nuestros pueblos milenarios ha permitido que estructuras armadas ilegales sigan operando con total impunidad en nuestros territorios.
Es urgente que el Estado implemente estrategias integrales de protección, de seguridad basadas en el reconocimiento de nuestras propias formas de vida, de autogobierno y autodeterminación, incluyendo el fortalecimiento de la Guardia Indígena y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de la seguridad jurídica de los territorios.
Exigimos justicia, verdad y garantías de no repetición. No basta con condenas simbólicas ni con promesas que no se materializan en acciones reales. Necesitamos que se esclarezcan los hechos, que se identifique y judicialicen a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes, y que se garantice el derecho a la verdad de las familias y pueblos que hoy lamentamos la pérdida de nuestros defensores/as.
Sin justicia, la violencia continuará perpetuándose, amenazando con el exterminio físico y cultural de los pueblos originarios en el país.
¡Que defender nuestros territorios, no nos cueste la vida!
por Prensa CNTI | Dic 4, 2024 | Comunicados
Los Pueblos Indígenas dejamos constancia que el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se retiró de la VI Sesión Mixta de la CNTI sin ofrecer respuestas claras a las inquietudes y demandas expresadas por nuestros delegados y Secretario Técnico Indígena.
Ante esta falta de compromiso, a las 12:00 a.m. decidimos pausar el espacio de diálogo y concertación, esperando su regreso para atender de manera responsable los temas planteados. Sin embargo, su ausencia prolongada, sin explicaciones ni justificaciones, evidencia un desinterés y una carencia de compromiso hacia los derechos de los Pueblos Indígenas.
Luego de varias horas de dilación, a las 3:00 am los delegados del gobierno descaradamente proponen la continuación de la sesión para el próximo año. Sin embargo, los delegados de los Pueblos y organizaciones Indígenas de la CNTI nos declaramos en Sesión Permanente hasta que exista un nuevo espacio de concertación y diálogo antes de finalizar el año. Exigimos que en cumplimiento de sus funciones asistan y participen en el espacio el señor Juan Felipe Harman, Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la señora Martha Viviana Carvajalino Villegas, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta actitud displicente con este espacio de concertación refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestros derechos territoriales y avanzar en el cumplimiento de acuerdos previos, alcanzados en este espacio de diálogo y concertación. Los Pueblos Indígenas hemos participado en estos diálogos con la firme intención de construir soluciones conjuntas, desde el respeto y la concertación. Sin embargo, el abandono abrupto de los representantes de la ANT y del Ministerio de Agricultura, voceros políticos del Gobierno Nacional, transmite un mensaje claro de negligencia frente a las problemáticas que afectan a nuestros pueblos y territorios.
Por lo tanto, EXIGIMOS:
Reanudación lo antes posible de los espacios de diálogo y concertación, con la presencia de los altos funcionarios de la ANT y del Ministerio de Agricultura, y los compromisos claros para responder a nuestras exigencias.
Una disculpa pública por la falta de respeto demostrada al abandonar el diálogo sin previo aviso ni justificación.
Garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en sesiones mixtas anteriores, respetando nuestras decisiones y propuestas en los espacios de concertación. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tomen las medidas correctivas necesarias frente a esta inoperancia que vulnera los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz, justicia y garantías para nuestros territorios. Sin embargo, advertimos que no permitiremos que nuestras voces sean ignoradas ni que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. El llamado es #URGENTE, para que el Gobierno Nacional actúe de manera inmediata con seriedad y responsabilidad, garantizando un diálogo de resultados concretos para la materialización de nuestros derechos fundamentales y territoriales.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por STI | Oct 7, 2024 | Comunicados
Comunicado a la opinión pública sobre los incumplimientos a los acuerdos con los pueblos indígenas, pactados en el marco del plan nacional de desarrollo (PND 2022-2026), con la Agencia de Desarrollo Rural (ADR)
El espacio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), sus organizaciones y Secretaría Técnica Indígena en representación de los 115 pueblos indígenas de Colombia, manifestamos una profunda preocupación y denunciamos públicamente los reiterados incumplimientos por parte de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) en la implementación de los acuerdos establecidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, titulado “Colombia, potencia mundial de la vida”.
Los pueblos indígenas hemos sido históricamente actores fundamentales en el desarrollo rural del país, y la exclusión de nuestras comunidades de nuestros pueblos en los procesos de planificación y ejecución de las políticas públicas por parte de la ADR está generando consecuencias perjudiciales para nuestros territorios y nuestros derechos fundamentales. Exigimos una pronta rectificación y el cumplimiento de los compromisos adquiridos, que se detallan a continuación:
1. Reconocimiento de los derechos territoriales y económicos de los pueblos indígenas:
La Constitución y la legislación nacional e internacional reconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. La ADR tiene la responsabilidad de garantizar y promover estos derechos en todas sus acciones.
La explotación de los recursos naturales y la falta de garantías sobre nuestros derechos ancestrales han llevado a la destrucción de nuestros territorios. En consecuencia, exigimos que los derechos económicos de los pueblos indígenas se respeten más allá del enfoque paternalista de “subsistencia” que prevalece en las políticas públicas actuales.
Las políticas de desarrollo rural en Colombia han favorecido históricamente la colonización de territorios indígenas y la expansión de la frontera agrícola, lo que ha contribuido significativamente a la deforestación y a la violación de derechos fundamentales de nuestros pueblos. Esta situación debe revertirse de manera inmediata.
2. Participación indígena en la toma de decisiones:
Es imprescindible que los pueblos indígenas participemos activamente en la toma de decisiones que afectan nuestros territorios y modos de vida. La ADR debe garantizar nuestra participación efectiva en la formulación, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo rural. Este compromiso incluye la creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, acordada previamente.
La falta de participación real de nuestras comunidades ha generado políticas que no responden de manera diferencial a nuestras necesidades, como se ha evidenciado con los proyectos PIDAR, y ha provocado tensiones innecesarias. Demandamos que nuestros Planes de Vida sean considerados como parte central de las políticas públicas de desarrollo rural.
3. Enfoque diferencial:
Las políticas de desarrollo rural deben incluir un enfoque diferencial que respete y considere las particularidades culturales, sociales, ambientales y espirituales de los pueblos indígenas. Nuestra visión de desarrollo, centrada en la armonía con la naturaleza y la protección del medio ambiente, debe ser un componente esencial de las estrategias de desarrollo sostenible.
La ADR tiene la obligación de diseñar e implementar programas y proyectos que reflejen las realidades y prioridades de nuestras comunidades, respetando nuestros sistemas de conocimiento y prácticas ancestrales.
4. Fortalecimiento de las instituciones indígenas:
Es fundamental que la ADR promueva el fortalecimiento de nuestras instituciones indígenas y garantice nuestra participación directa en los procesos de desarrollo rural.
El reconocimiento y fortalecimiento de estas instituciones es clave y fundamental para el fortalecimiento de nuestra autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas. La implementación de mecanismos participativos de monitoreo y evaluación es imprescindible para verificar el cumplimiento de las políticas de inclusión y desarrollo rural.
Por lo tanto, exigimos que la ADR actúe de inmediato en cumplimiento de los acuerdos establecidos y reconozca el papel crucial de los pueblos indígenas en el desarrollo rural del país.
Exigimos que la ADR respete los mandatos de los pueblos indígenas y que haga valer la palabra frente a las apuestas que tenemos en este gobierno del cambio.
¡Defender los territorios es defender la vida!
por CNTI | Sep 20, 2024 | Comunicados
Este documento presenta un análisis detallado de las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia, con un enfoque particular en la intersección de estas solicitudes con los territorios indígenas y las áreas de protección ancestral. La importancia de los territorios indígenas radica en su papel fundamental en la preservación de la cultura, la identidad y los derechos de los pueblos originarios, así como en la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales.
El documento destaca la existencia de traslapes entre las solicitudes de ZRC y los resguardos indígenas constituidos, lo que subraya la necesidad de un enfoque integral que respete los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La información presentada también revela la cantidad de solicitudes de formalización y protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que pone de manifiesto la demanda de reconocimiento y respeto por parte del Estado.
Los traslapes entre las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los territorios indígenas (constituidos o en proceso de formalización y territorios objeto de protección) pueden dar lugar a eventuales conflictos que amenazan la integridad de las comunidades y sus derechos territoriales. Estos conflictos surgen cuando las aspiraciones de desarrollo agrícola y la protección de recursos naturales chocan con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, generando tensiones que pueden escalar en disputas legales y sociales. Es imperativo que el Estado preste atención a estas problemáticas, implementando mecanismos de diálogo y consulta efectiva que permitan abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas. La falta de atención a estos conflictos no solo pone en riesgo la estabilidad social y la paz en las regiones afectadas, sino que también socava los esfuerzos por garantizar la justicia y el respeto a la diversidad cultural en el país. Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe de manera proactiva para mediar y resolver estas situaciones, promoviendo un enfoque inclusivo que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas.
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por CNTI | Sep 19, 2024 | Comunicados
En el marco del espacio autónomo de la tercera sesión mixta de la CNTI, los pueblos y las organizaciones indígenas solicitamos para el desarrollo del tercer día de concertación de esta sesión la presencia de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Ministro de Hacienda, Director del Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado el incumplimiento reiterado y sistemático de los acuerdos suscritos por este Gobierno con los pueblos indígenas a nivel nacional. Motivo por el cual hemos agotado diversas instancias, resaltando la interlocución con la Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, a quien expresamos vehementemente la gravedad de estos incumplimientos.
Como pueblos indígenas hemos caminado la concertación para mayor asignación presupuestal que garantice nuestros derechos territoriales, y que sean suficientes para responder a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas en el país, reflejado en el ejercicio de consulta previa del PND, específicamente en el acuerdo IT1-1. Hoy, esta lucha se ha traducido en tener el presupuesto más alto en muchos años pero con menor ejecución, aumentando el riesgo de las garantías para la formalización, acceso a tierras y seguridad jurídica de nuestros territorios. Por tanto, exigimos la ejecución del 100% del presupuesto asignado para la vigencia, que, actualmente no supera un 23% en el Programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional.
Bajo ese panorama, solicitamos el seguimiento y acciones correspondientes por parte de los organismos de control estatal, ya que, la no ejecución aumenta el rezago histórico institucional y acentúa un estado de cosas de inconstitucionalidad en materia territorial indígena. Adicionalmente, esta inoperatividad compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
Como parte de las falencias identificadas, señalamos que la contratación del personal encargado de adelantar los procedimientos misionales de la entidad es insuficiente y son contratados por términos reducidos, lo que ocasiona la ralentización de los procesos y no permite la superación adecuada de la curva de aprendizaje. Por tanto, exigimos a los organismos de control hacer seguimiento a los principios de contratación estatal, conforme lo consagra la Ley 80 de 1993 (eficacia, eficiencia y planeación), el incumplimiento de estos principios refleja una planeación deficiente por parte de la entidad.
Finalmente, alertamos, que a la fecha este espacio de concertación creado mediante decreto 1397 de 1996, no cuenta con las garantías presupuestales para su funcionamiento, erosionando la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
