La sigla COP hace referencia a la Conferencia de las Partes de los Convenios Internacionales de Naciones Unidas. Conferencia de las partes es la reunión que se lleva a cabo de manera periódica, en la que los Estados firmantes de un convenio deben participar. Existen COP de cada uno de los diferentes convenios: las más conocidas son la de Cambio Climático y la de Diversidad Biológica. La COP de Cambio Climático, también conocida como la cumbre sobre el clima, se celebra anualmente. En 2024 se realizará la vigésima novena edición, denominada COP 29. La Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica se realiza cada dos años. En 2024, se llevará a cabo la decimosexta edición, conocida como COP16, en Cali, Colombia.
Las COP son espacios de discusión y negociación entre los Estados participantes, relacionadas con el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidos en los convenios. Al concluir estas reuniones, los acuerdos propuestos se formalizan y se publican en documentos denominados decisiones.
En el texto original del convenio, se nos menciona a nosotros, las comunidades indígenas y locales, como actores clave por nuestro conocimiento y prácticas que contribuyen a la conservación de la naturaleza. Sin embargo, no se nos reconoció a los pueblos indígenas como participantes independientes de los Estados firmantes del Convenio.
En 1996, en la preparación de la COP 3 en Buenos Aires, Argentina, varios gobiernos indígenas y organizaciones no gubernamentales indígenas creamos el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB). Este foro se convirtió en una instancia de participación de los pueblos indígenas en las posteriores COP así como un órgano consultivo del Convenio.
En 1998, gracias a la organización del Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB) se logró el establecimiento del Grupo de Trabajo del Artículo 8J del Convenio.
Luego, en el año 2000, se logró la adopción de un programa de trabajo específico que promueve la participación amplia de los pueblos indígenas. Para nosotros, la creación del Grupo de Trabajo del Artículo 8J del Convenio en 1998, impulsada por el Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), representa un logro significativo. Este artículo reconoce y valora nuestros conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales, esenciales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Nos asegura que se respetarán y mantendrán estas prácticas de acuerdo con la legislación nacional y que nuestra aprobación y participación serán necesarias para su aplicación más amplia.
Además, establece que los beneficios derivados del uso de estos conocimientos deben ser compartidos de manera justa y equitativa con nuestras comunidades. Esto refuerza nuestra posición como custodios clave de la vida y fomenta un reconocimiento más profundo de nuestro papel en la gestión de la biodiversidad global.
En 2014, se modificó el artículo 8 J para cambiar la frase «comunidades indígenas y locales» por «Pueblos Indígenas y Comunidades Locales». Este cambio proporciona un reconocimiento simbólico de nuestra identidad y memoria, y se convierte en un hecho importante en la afirmación de nuestros Derechos territoriales.
Aunque los espacios de participación para nosotros han aumentado desde que se estableció el Convenio, muchos de nuestros líderes, sabedores, autoridades y personas expertas en el tema consideran que estos aún son insuficientes. A pesar de que nuestra participación es efectiva, hasta el momento no logra influir significativamente en la toma de decisiones en las Conferencias de las Partes (COP) ni en las políticas de los países miembros.
A medida que nos acercamos a la COP 16, que se celebrará en Colombia, enfrentamos tanto expectativas como desafíos significativos. Si bien hemos visto un aumento en los espacios de participación desde la implementación del Convenio, persiste la preocupación de que estos no son suficientes para garantizar una influencia real en las decisiones importantes.
Nuestra efectiva participación hasta ahora no se ha traducido en un impacto significativo en la toma de decisiones en las COP o en las políticas nacionales de los países involucrados. Tenemos la esperanza de que la COP16 marque un cambio en esta dinámica, abogamos por un compromiso más profundo y estructuras más inclusivas que posibiliten que nuestras voces no solo se escuchen, sino que también sean determinantes en la configuración de las políticas y prácticas que afectan nuestros territorios y sistemas de vida. Somos protectores de todas las expresiones de vida, y hemos mantenido la biodiversidad y los equilibrios ecológicos a través de nuestros saberes ancestrales.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su Observatorio de Derechos Territoriales, nos encontramos participando del Diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina, evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y se desarrolla en la ciudad de Lima desde el 25 al 28 de julio al 2024
Camilo Niño Secretario Técnico Indígena de la CNTI, agradeció por la invitación a participar de este importante evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), al igual que lo planteado en el evento sobre meta tres (3) desarrollado en Costa Rica la primera semana de junio del presente año, planteó que la participación de la CNTI en este tipo de eventos previos o preparatorios a la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica que se desarrollará en la ciudad de Cali en el mes de octubre de 2024 es clave, porque estos escenarios no solo posibilitan el compartir experiencias entre pueblos hermanos, sino que además ayuda a fortalecer la cooperación internacional en la protección de la biodiversidad.
Nuestra presentación CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas estuvo focalizado en la atención en los derechos territoriales para los pueblos indígenas en Colombia, ya que de ellos depende la protección y seguridad jurídica además del desarrollo de su vida física, espiritual y sociocultural.
La garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas va más allá de la consolidación legal de territorios constituidos. La protección del territorio, en ese sentido, no solo implica el reconocimiento legal y jurídico, sino sobre todo abarca la protección y reivindicación de sus territorios como espacios de significado ancestral y tradicional, fundamentales para su identidad y pervivencia cultural. La protección efectiva de los territorios indígenas debe considerar la gestión autónoma de sus recursos, respetando sus sistemas de gobierno propio, sus prácticas culturales y su relación espiritual con la tierra.
De igual modo Camilo Niño planteo ante los participantes que la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es fundamental para su pervivencia y bienestar. Esto requiere la implementación de medidas concretas que incluyen la protección de áreas sagradas más allá de los resguardos existentes, el respeto por los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas, y el reconocimiento de su derecho al autogobierno y a la autodeterminación dentro de estos territorios. Además, es esencial asegurar su participación efectiva a través de la consulta previa en cualquier proyecto que les afecte. Proteger estos territorios de amenazas como la explotación industrial y la deforestación es crucial para mantener la integridad de sus territorios y sus sistemas de vida.
Entre los puntos claves que se han venido desarrollando en el marco del diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina están:
Fortalecimiento de Capacidades: Se han iniciado programas destinados a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para implementar políticas de biodiversidad de manera efectiva. Estos programas incluyen capacitación, transferencia de tecnología y desarrollo de infraestructuras necesarias para la conservación de la biodiversidad.
Movilización de Recursos: Se han delineado estrategias para aumentar la financiación destinada a proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. La movilización de recursos incluye tanto financiamiento nacional como internacional, así como la participación del sector privado y la sociedad civil.
Monitoreo y Evaluación: Se han establecido mecanismos robustos para monitorear y evaluar el progreso hacia las metas del Marco Global de Biodiversidad. Estos mecanismos permitirán ajustar las estrategias según sea necesario para asegurar que se alcancen los objetivos planteados para 2030.
Participación Inclusiva: La decisión promueve la inclusión de comunidades locales, pueblos indígenas y actores no estatales en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de biodiversidad. La participación de estos grupos es esencial para asegurar que las políticas de biodiversidad sean equitativas y efectivas.
Como Secretaría Técnica Indígena resaltamos la importancia de los pueblos indígenas en el cuidado y protección de la biodiversidad. Los pueblos indígenas poseemos conocimientos tradicionales valiosos y practican una gestión sostenible de nuestros territorios, los cuales son cruciales para la protección de los ecosistemas. La toma de decisiones globales sobre biodiversidad garantiza que sus derechos y conocimientos sean respetados y valorados.
Los pueblos indígenas hemos demostrado ser guardianes de la biodiversidad, y nuestra participación en estos escenarios ha sido vital para asegurar que las políticas adoptadas reflejen sus necesidades y perspectivas, siendo así un componente clave para el éxito de los esfuerzos de conservación a nivel global.
Finalmente, esperamos que las acciones que se vayan adoptando en materia del cuidado, protección y armonía con la biodiversidad, representen un avance significativo en los esfuerzos globales para el fortalecimiento de la biodiversidad, resaltando así la importancia de incluir a los pueblos indígenas en estos esfuerzos y de este modo se podrá asegurar un futuro en el que la biodiversidad prospere, beneficiando tanto a las personas como a la madre tierra.
Defender los Territorios Indígenas es defender la vida y la biodiversidad
Luego de casi dos años de acciones políticas y administrativas realizadas por el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en coadyuvancia de las organizaciones Indígenas de Colombia, el 8 de junio del 2024, como parte de los mecanismos de exigibilidad en el marco del Código Administrativo y de lo Contencioso, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la revocatoria de la Resolución con la que en mayo de 2022, negó a la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, el reconocimiento de la ocupación de su territorio ancestral y de sus vínculos con este.
La CNTI en el mes de mayo interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, debido a la no resolución de las revocatorias directas por parte de la ANT después de 16 meses de interpuestas, lo cual va en contra de los principios de celeridad de los procesos, la economía procesal y del debido proceso administrativo, ya que según lo manifestó el juzgado la ANT tenía la obligación de tomar este caso como prioritario debido a la vulnerabilidad de la comunidad por las afectaciones en el marco del conflicto armado, priorización establecida en el artículo séptimo del Decreto 2333.
La Agencia Nacional de Tierras, por orden del Tribunal, resolvió revocar la resolución de negación y además, reconocer la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani, en dos de los predios que hacen parte de su pretensión: Campo Alegre y Cuba Libre. Esta resolución sienta el primer precedente de revocatoria frente a un acto administrativo que niega la ancestralidad indígena en Colombia, reconoce los derechos de posesión de un pueblo nómada y ratifica la necesidad de adelantar el proceso de formalización en favor de esta comunidad indígena sobre estos dos predios.
Instamos a la Agencia Nacional de Tierras a priorizar este caso de protección ancestral y de formalización, dada la situación de emergencia humanitaria que atraviesa la comunidad Barrulia luego de que, entre el 12 y 13 de junio, fueran desalojados por un «proceso de querella policiva de perturbación a la propiedad», sin garantías mínimas de albergue, alimentación y mínimo vital para esta comunidad sujeto de especial protección por parte del Estado y declarada en riesgo de extinción por el Auto 004 de la Corte Constitucional.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas ratifica su compromiso con el acompañamiento a las comunidades indígenas de la Altillanura para la reivindicación a su derecho fundamental al territorio, mediante los procesos de restitución, formalización y seguridad jurídica y con ello se dé el reconocimiento de la posesión ancestral de los territorios para el pueblo Sikuani.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, como instancia de concertación de los más de 115 pueblos indígenas, ha posicionado e impulsado acuerdos nacionales y territoriales entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, buscando mecanismos para que se garantice el acceso, la formalización y la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
En ese sentido, realizó el informe “entretejiendo palabra de vida por los territorios: concertación vigencia 2023”, el cual expone las discusiones, debates y acuerdos más relevantes de las seis sesiones mixtas del año 2023. Año en que se suscribieron 93 acuerdos, abordando temas relevantes para los pueblos indígenas en la defensa del territorio y el reconocimiento espiritual, físico y cultural de los pueblos como sujetos de especial protección.
El informe contiene cinco apartados. El primero, recoge las discusiones más importantes en el marco de las seis sesiones transcurridas en el año 2023 relacionadas con establecer un plan de descongestión, adecuación institucional, normativa y seguimiento presupuestal. Estos temas con sus respectivos acuerdos logrados, buscan agilizar la materialización de los derechos territoriales y superar los obstáculos recurrentes e históricos en materia territorial.
Además, señala que las disposiciones dadas por el Estado no son suficientes, y se han identificado brechas de interpretación, especialmente en casos de protección, donde se niegan los vínculos territoriales a partir de las premisas de continuidad y permanencia, negando así los derechos territoriales indígenas. Es decir, se ha limitado la protección al derecho desde una perspectiva de la posesión material, más civil, exclusiva e ininterrumpida, desconociendo los vínculos inmateriales, el despojo, el conflicto armado y la que ha sido su reconfiguración hasta el presente.
En el segundo y tercer capítulo se realizó el balance de los acuerdos acumulados desde 2009, según el Sistema para el Monitoreo de Acuerdos- SIMA, los acuerdos suscritos en la vigencia 2023 y un balance del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 frente a los acuerdos impulsados y en seguimiento por la STI de la CNTI.
El cuarto y último apartado expone brevemente la estrategia de la STI de la CNTI que tiene por objetivo fortalecer la articulación territorial con organizaciones locales, regionales y nacionales, para que, a través del relacionamiento con las autoridades propias y la suscripción de acuerdos por bloques de solicitudes, pueda impulsarse procesos y procedimientos integradores interinstitucionales para avanzar hacia el reconocimiento integral de los territorios de los pueblos indígenas.
Finalmente, se proponen unas reflexiones finales sobre los avances y retos técnico- políticos en materia territorial indígena a 2024. Uno de ellos, es frente a la importancia de culminar el rezago histórico institucional que ha llevado a la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, afectando a su vez la capacidad para atender nuevas solicitudes. Cabe resaltar la urgencia de la articulación inter e intrainstitucional para proteger la pluralidad de relaciones históricas de los pueblos indígenas con el territorio.
El pasado 12 y 13 de junio, la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y la Inspección de Policía realizó acciones de desalojo contra de la comunidad indígena de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes se encontraban asentadas en su territorio ancestral en el sector de Paratebueno. Este territorio ha sido divido en diversos predios, uno de ellos es Villa Esperanza donde se llevó a cabo el proceso de desalojo sin que se hiciera una identificación y caracterización de la comunidad indígena.
Estas acciones vulneran de forma directa la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez que las acciones adelantadas por la Alcaldía en el desalojo no han observado el debido proceso, ni tampoco se han adelantado medidas alternativas de protección a la vivienda de esta comunidad, perdiendo de vista la protección reforzada de la comunidad indígena desalojada, tal como lo ha sido reconocido en la sentencia T-391 de 2022, que señala: “los ocupantes irregulares de predios privados que son víctimas de desplazamiento forzado o SEPC que “no cuentan con otra alternativa de vivienda y carecen de los medios materiales para procurarla”, son titulares de una protección procesal y sustantiva reforzada frente a los desalojos de los predios que ocupan irregularmente”.
Actualmente las familias desalojadas, se encuentran en el polideportivo del barrio indígena UNUMA en el casco urbano de Puerto Gaitán. Debido a la negativa de la Alcaldía de garantizar condiciones humanitarias de albergue, alimentación y atención prioritaria a salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Las autoridades indígenas han manifestado que la Alcaldía de Puerto Gaitán no garantizó las condiciones necesarias porque muchas personas de esta comunidad están censadas en otros resguardos. Este actuar evidencia la negación en la garantía de derechos de esta población que ha sido víctima del conflicto armado, del carácter de pueblo seminómada y de la protección reforzada constitucional como pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.
De manera que, exigimos a la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y a la Gobernación del Meta garantizar las medidas de albergue, alimentación y salud que implica la condición de constitucionalidad de las acciones de desalojo.
Alertamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, para que en el marco de su mandato y de sus funciones constitucionales garanticen los derechos a la seguridad y vida de la comunidad de Barrulia que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como sujetos de especial protección del estado, así como víctimas del conflicto armado.
