El 08 de junio del 2024 la comunidad indígena de Barrulia fue notificada de la resolución que resuelve la solicitud de revocatorias directas por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras, en contra de la resolución que negó en el año 2022, la protección de sus territorios ancestrales. La decisión señala que:
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la Resolución No. 20225100110896 del 17 de mayo de 2022 “Por la cual se decide sobre el reconocimiento y protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional de la comunidad indígena BARRULIA del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán, departamento del Meta” emitida por la Subdirección de Asuntos Étnicos.
ARTÍCULO SEGUNDO: RECONOCER la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani, ubicada en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento de Meta, sobre los siguientes predios: Campoalegre identificado con folio de matrícula inmobiliaria 234-2696, con un área de SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO HECTÁREAS CON DOS MIL QUNIENTOS DIECISIETE METROS CUADRADOS, según plano número ACCTI0231505682270 de diciembre de 2023 y el predio denominado como Cuba Libre identificado con folio de matrícula inmobiliaria 234-2493, con un área de SESENTA Y TRES HECTÁREAS CON SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS (63 HAS + 6215 M2 ) según plano número SEUJT0131505682004, por los motivos expuestos en la parte considerativa del presente acto administrativo.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, tenemos conocimiento que la Alcaldía de Puerto Gaitán junto con la Inspección Segunda de Policía de dicho municipio, adelanta en este momento actuaciones de materialización de fallo policivo de perturbación a la propiedad del predio Villa Esperanza, a través de un plan de contingencia elaborado por la Alcaldía. Sin embargo, en el documento no se evidencian medidas, ni acciones orientadas a la protección de los derechos a la seguridad y la vida de la comunidad indígena de Barrulia, que se encuentran ubicados en el predio Villa Esperanza.
En apoyo a la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, solicitamos a la Inspección de Policía, suspenda el proceso policivo, hasta que la ANT realice la entrega formal y material de los predios Campo Alegre en el marco de las medidas de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani.
Reiteramos el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-391/22 que prohíbe los desalojos sin la realización de la caracterización socioeconómica de la comunidad de Barrulia, sin que se prevean medidas de albergue y sin garantizar el buen trato, la seguridad de la comunidad y sus derechos fundamentales.
Por lo que, rechazamos las acciones violentas en contra de la comunidad que desconocen y violan sus derechos humanos, así como el carácter de pueblo indígena en riesgo de extinción física y cultural y su especial protección reforzada constitucionalmente. De manera que, hacemos responsables a la fuerza pública y a la alcaldía municipal de cualquier acción que ponga en riesgo sus derechos.
Alertamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, Ministerio del Interior para que en el marco de su mandato y de sus funciones constitucionales garanticen los derechos a la seguridad y vida de la comunidad de Barrulia que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como sujetos de especial protección del estado, así como víctimas del conflicto armado.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas #CNTI denunciamos ante la opinión pública la inminente orden de desalojo policivo que se llevarán a cabo en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, los días 12 y 13 de junio del presente año.
Dicha acción represiva y violenta contra la comunidad indígena del pueblo Sikuani, se llevará a cabo por la fuerza pública, dando respuesta a una orden emitida por la Alcaldía municipal de Puerto Gaitán. Quienes argumentan materializar un fallo policivo para el predio “Villa Esperanza”, lugar donde actualmente está asentada la comunidad de Barrulia.
Esta acción que violenta y ponen en riesgo los derechos humanos y territoriales del Pueblos Sikuani iniciará en la madrugada del día 12 de junio, con la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) y contará con la presencia de dicho alcalde municipal, además de funcionarios de la Personería municipal quienes verificarán el equipamiento de la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en la Estación de Policía de Puerto Gaitán.
Desde la #CNTI DENUNCIAMOS la violación a los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Barrulia y el Pueblo Sikuani, la cual pretenden llevar a cabo las entidades estatales. Por lo tanto, HACEMOS RESPONSABLES a la fuerza pública, la alcaldía municipal y todas entidades públicas involucradas en esta acción de desalojo, la cual pone en riesgo la vida de las comunidades originarias de este territorio.
De igual modo le EXIGIMOS al Gobierno Nacional que tome las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos fundamentales del Pueblo Indígena Sikuani, debido a que estas acciones represivas por parte de las entidades municipales y policiales de Puerto Gaitán van cada día en crecimiento, provocando una constante persecución y asedio contra unas comunidades que solo luchan por el reconocimiento y las garantías jurídicas de sus derechos territoriales ancestrales.
En el marco de las acciones preparatorias para el escenario mundial de biodiversidad más grande del planeta: “Conferencia de las Partes COP16: Colombia en Paz con la Naturaleza”, el 7 de junio la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI asistió al Encuentro Territorial en el municipio de Tumaco, Nariño, con el objetivo de participar en las Mesas temáticas para la construcción del Plan de Acción de Biodiversidad, realizando el acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas que habitan la región suroccidente.
Como parte de la agenda 2024 en Colombia para la preservación, protección y salvaguarda del ambiente, el encuentro en Tumaco es un escenario de participación integrado a la Ruta Pacífica, que se vincula a los 17 Encuentros Regionales que se organizan a nivel nacional en las diferentes regiones de Colombia. Siendo un espacio para el diálogo y encuentro étnico entre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en el cual se entablan conversaciones entorno a las 23 Metas del Marco Global Kunming Montreal.
Este encuentro fue liderado por el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales, comunidades indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes de la Costa Pacífica nariñense, Gobernación de Nariño, Universidad de Nariño, Universidad Mariana y CORPONARIÑO, entre otras entidades que reconocen a las pueblos indígenas y Consejos comunitarios afro, como actores fundamentales para la construcción participativa y conjunta del Plan de Acción de Biodiversidad de Colombia hacia el año 2030.
Así mismo, en el ejercicio participativo del Encuentro Regional, la CNTI se vinculó en la Mesa Étnica, posicionando la necesidad e importancia de reconocer los derechos territoriales a través de la participación de los pueblos indígenas en el ejercicio de la gobernanza, autonomía y autodeterminación de los territorios indígenas en el uso, manejo, administración y armonización colectiva de los instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial con enfoque étnico. Además, de mitigar los efectos del cambio climático, fortalecer la preservación de los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en Colombia, mediante la figura de resguardos indígenas.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, reiteró la importancia de fortalecer los procedimientos normativos y las adecuaciones institucionales necesarias para la formalización y seguridad jurídica de los territorios, conservando la biodiversidad a través de la implementación de sistemas de restauración propios de las comunidades indígenas. A su vez, instó al Gobierno Nacional a garantizar espacios de consulta y concertación con las comunidades sobre los planes, políticas y normativas para la gestión integral de los ecosistemas, la biodiversidad, el respeto, reconocimiento de las salvaguardas sociales y ambientales, ya existentes en las comunidades indígenas.
El Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, radicó el pasado 06 de mayo de 2024, una acción de tutela en favor de la comunidad indígena Barrulia, del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, con el fin de que se tutelen los derechos fundamentales del debido proceso, al territorio, a la protección, a los territorios ancestrales y/o tradicionales y a la autonomía. Lo anterior, obedece a las demoras excesivas en la resolución de la revocatoria directa, interpuesta desde la STI-CNTI en octubre de 2022. Sin que, a la fecha de la presentación de la acción judicial, se haya tomado medidas de fondo a dicha solicitud.
Como principales argumentos, se estableció que desde el año 2017 la comunidad de Barrulia solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la protección de sus territorios ancestrales, según lo establecido en el Decreto 2333 de 2014. La solicitud fue decidida en mayo del 2022, cinco años después, por parte de la Subdirección de Asuntos Étnicos mediante Resolución No. 20225100110896, en la que resolvió no reconocer su ocupación histórica del territorio ancestral por no haber ejercido “ocupación continuada sobre el mismo”.
Cabe mencionar, que en dicha decisión no se consideró el carácter nómada y seminómada del pueblo indígena Sikuani. Además, tampoco se valoró el contexto histórico de violencia que le ha dificultado su tránsito y ocupación territorial, así como el despojo institucional de los territorios que ha llevado a sus comunidades a padecer afectaciones territoriales como el confinamiento y el desplazamiento forzado.
De igual forma, se precisó que desde la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), las Autoridades Indígena de Colombia Por la Pachamama (AICO) y la Confederación Indígena Tayrona (CIT), también presentaron en noviembre de 2022, las solicitudes de Revocatoria Directa, con el objetivo de que la Agencia Nacional de Tierras, estudiara la negación de su decisión enmarcada en la manifiesta oposición a la constitución política y al interés social y público que implicó esta decisión.
La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, quien concedió el amparo constitucional en favor de la comunidad de Barrulia el día 22 de mayo de 2024, ordenando así a la Dirección de Asuntos Étnicos, que, en el término de 10 días, resuelva las solicitudes de revocatorias directas en contra de la resolución que niega la protección del territorio ancestral de la comunidad de Barrulia. Así mismo, el juez instó a la ANT para que adelante los procesos de protección a la posesión de territorios ancestrales sean atendidos en los plazos y las condiciones establecidas en el marco del Decreto 2333 de 2014.
Lo anterior sienta un precedente importante en materia procedimental y de protección de los territorios indígenas en referencia a las solicitudes realizadas en el marco del Decreto 2333 del 2014, pues señala la necesidad de que la Agencia Nacional de Tierras, adelante el procedimiento administrativo mediante trámites prioritarios, preferentes, sin dilaciones administrativas y atendiendo a los principios constitucionales de celeridad y economía procesal.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, como espacio de concertación nacional para los derechos territoriales creado por el Decreto 1397 de 1996 e integrado por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO) y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor y como manifestación colectiva de los 115 pueblos que integran la nación, exponemos ante la opinión pública que:
En nombre de la verdad, la justicia y el respeto a la diversidad étnica y cultural, denunciamos enérgicamente las acciones del representante a la cámara Miguel Polo Polo, quien ha difundido a través de sus redes sociales un vídeo cargado de información falsa, discriminación, racismo estructural, injuria y calumnia contra los Pueblos y Organizaciones Indígenas de nuestro país.
El posicionamiento del Congresista, atenta gravemente contra la dignidad y los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, al calumniar e injuriar sobre los procedimientos administrativos y acciones técnicas de articulación con el estado colombiano en el marco de la garantía de los derechos étnico territoriales, así mismo, al incurrir en la estigmatización de nuestras prácticas culturales y religiosas, tachándolas de “brujería y santería”. Esta difamación irresponsable no solo desinforma a la población, sino que perpetúa estereotipos dañinos, promueven la intolerancia y la violencia hacia las cosmovisiones ancestrales de nuestros pueblos originarios.
Es inaceptable que un servidor público elegido para representar a la circunscripción especial, investido con la responsabilidad de velar por los intereses de todos los ciudadanos y ciudadanas, recurra a la confusión, manipulación y la discriminación para obtener rédito político. La difusión de este tipo de mensajes contribuye a profundizar las brechas de desigualdad y a perpetuar el racismo estructural que tanto daño causa en nuestra sociedad.
En este sentido, exigimos a las autoridades competentes de todas las instancias, que investiguen este caso y apliquen las sanciones correspondientes conforme a la Constitución y la Ley, e instamos al representante Miguel Polo Polo a retractarse públicamente de sus declaraciones y a ofrecer disculpas a las comunidades indígenas afectadas por sus palabras y que en caso de poner en duda la legalidad del trabajo adelantado por las organizaciones indígenas, recurra ante las autoridades competentes.
Como CNTI, en anteriores ocasiones nos hemos pronunciado de manera decidida, activado todos los conductos administrativos, legales y constitucionales existentes a nivel nacional e internacional, teniendo precedentes importantes donde se reafirman que en la sociedad y en las instituciones persisten prácticas que vulneran nuestros Derechos Humanos, las cuales deben ser visibilizadas y sancionadas.
Reiteramos nuestro compromiso con la promoción de una cultura de respeto, inclusión y diversidad, y llamamos a toda la ciudadanía a unirse en la defensa de los derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Es hora de poner fin a la discriminación y la desinformación.
¡No permitamos que el racismo y la intolerancia contaminen nuestra sociedad! ¡Defender los Territorios, sus pueblos y comunidades, es Defender la Vida!
