Entre lo más profundo de las montañas del Catatumbo se encuentra la comunidad de Ichirrindacaira pertenecientes al pueblo Barí. Es un caserío pequeño con aproximadamente 12 casas, dos bohíos (casa de sabiduría) y una pequeña casa donde queda ubicada la escuela. En esta región del municipio del Carmen en el departamento de Norte de Santander en medio de árboles y atardeceres de colores, vive esta comunidad que conserva sus tradiciones, lejos del hombre blanco o “Lavadó” (persona no indígena) como ellos lo llaman en su lengua ancestral.
Actualmente habitan 25 comunidades que se localizan en cinco municipios como el Carmen, Convención, Teorama, Tibú, el Tarra, Tibú resguardo Catalaura-La Gabarra que conforman la región del Catatumbo, y que se agrupan en dos resguardos; el Motilón-Barí y el Catalaura-La Gabarra.
En sus casas, construidas sobre la meseta de las montañas los niños, jóvenes, adultos y sabios dedican sus vidas a la labor del campo, a la caza, a la pesca a la protección del territorio, a la conservación de sus usos y costumbres y su lengua ancestral; el Bari-ara, que representa el significado de su relación con la naturaleza y todo lo que ella contiene, orientado por los consejos de Sabaseba, el creador del pueblo Barí.
Su cultura es su vida misma, representada en sus costumbres, los valores y creencias espirituales que son muy arraigadas en su entorno “nosotros los Barí respetamos mucho nuestra Ley de Origen y todo lo que tiene que ver con el territorio, razón por la cual, cuando cae la tarde, ningún Barí habla sobre lo espiritual, porque si lo hacen caería sobre la comunidad alguna enfermedad”, comentó Oswaldo Aquerdora perteneciente al pueblo Barí.
El respeto por sus ancestros recae justamente porque fueron estos quienes ayudaron al pueblo Barí a resistir contra los invasores en los años 1905 en adelante, cuando “el General Virgilio Barco Martínez, gobernador de la provincia de Cúcuta, firmó un contrato con el presidente Rafael Reyes para usar 200 mil hectáreas de tierras “baldías” ubicadas en la región del Catatumbo, en los actuales municipios de Tibú y El Tarra, para el desarrollo de expediciones y explotaciones de hidrocarburos” según lo documentado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Estas tierras ancestralmente siempre pertenecieron al Pueblo Bari, llamados despectivamente como Motilones, pero a raíz de la firma del contrato para exploración de petróleo, este pueblo sufrió un exterminio que redujo su población en un 80 % y fue despojada del 70 % de su territorio ancestral desde el inicio de la exploración y explotación por parte de las empresas petroleras.
De este exterminio, el sabio Bachibari Ashididira Aridjiquera, recordó el horror que vivió su pueblo, pues fueron muchas formas o métodos de violencia que se ejercieron para acabar con los Barí, métodos que iban desde la instalación de cercas de alambre electrificadas, cacerías o asesinato con armas de fuego, quema de sus Bohios en ocasiones ocupados, violencia sexual contra niñas y mujeres; así como el envenenamiento de la comida.
Además, aparte de sufrir el exterminio por parte de las petroleras, el pueblo también fue exterminado por el proceso de evangelización como lo recordó el sabio Bachibari quien contó que “las monjas y los misioneros, fueron responsables de la muerte de muchos miembros de la comunidad, especialmente de adultos que se negaban a ser evangelizados y los que se oponían eran envenenados”.
Para salvaguardar sus vidas, algunos se introducían en lo más profundo de la selva, otros luchaban con arcos y flechas para así resistir ante la destrucción, ocupación e invasión de sus territorios ancestrales, pues la resistencia no solo era a favor de la vida sino también por la protección de la naturaleza y de todas las especies que la habitaban, de su mundo, de su Ley de Origen que les permitía vivir en armonía en su Ishtana, el territorio ancestral Barí.
Para los años noventa el conflicto armado fue otro factor que afectó al pueblo Barí debido a la llegada de los primeros grupos armados a este territorio indígena, entre los que estaban el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes llegaron a estas tierras, puesto que el Catatumbo y Norte de Santander, representaban un territorio estratégico para el narcotráfico, la siembra de hoja de coca y por el acceso a la frontera con Venezuela.
Para hacerle frente al conflicto se agruparon en la asociación Ñatubaiyibarí (Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí), que representa a 23 comunidades como un mecanismo de reconocimiento legal necesario para poder convertirse en un interlocutor legítimo ante el Estado y la sociedad occidental en lo que respecta a la concepción y protección del territorio y por otro lado, para hacer la debidas exigencias ante el Estado es su proceso propio de reconstrucción de memoria ancestral fuera enfocado en comprender los daños causados por las dinámicas del conflicto armado y las acciones de misiones religiosas, la explotación petrolera y la colonización campesina sobre su pueblo.
Los Barí conocidos y reconocidos como un pueblo guerrero, aún continúan su lucha por mantener viva sus tradiciones y por mantener viva esa memoria histórica en defensa de su territorio, es por ello, que siempre traen a colación cómo lograron sobrevivir a los atropellos de los invasores e incluso del mismo Estado. Para así reivindicar su autonomía y que la población en general entienda el derecho que tienen como pueblo ancestral.
En preparación para la COP16 del CDB, líderes indígenas en Colombia revisan los objetivos del Marco Global de Biodiversidad (MGB) e instan al anfitrión de la COP16 a garantizar el pleno respeto por la autodeterminación y los derechos territoriales de los pueblos indígenas en los esfuerzos de implementación del MGB a nivel nacional e internacional.
Del 2 al 4 de julio de 2024, organizaciones miembros, delegados y líderes de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) de Colombia, espacio de concertación en el que confluyen diferentes organizaciones indígenas nacionales, convocaron un evento de intercambio de conocimientos y capacitación en Bogotá sobre derechos territoriales en el contexto del Marco Global de Biodiversidad (MGB). Los líderes de la CNTI se reunieron con aliados internacionales, incluyendo el Forest Peoples Programme (FPP), para el desarrollo de un diálogo y proceso de formación sobre políticas del CDB en biodiversidad y derechos indígenas; y discutir cómo potenciar la autodeterminación de los Pueblos Indígenas y su participación efectiva en las negociaciones, decisiones y formulación de políticas públicas relacionadas con el MGB.
Revisión indígena de los objetivos del MGB: Se prestó especial atención a una discusión sobre los riesgos y oportunidades para los derechos territoriales de los pueblos indígenas vinculados a la Meta 3 del MGB, también conocido como el objetivo «30 por 30», que pretende asegurar que el 30% de la superficie terrestre esté conservada para el 2030. Otros objetivos del MGB revisados por los líderes de la CNTI incluyeron la Meta 22 del MGB que pretende «Garantizar la participación de todos en la toma de decisiones y su acceso a la justicia y a información relacionada con la biodiversidad” y cuyos indicadores propuestos incluyen cifras sobre la tenencia de los territorios indígenas y los indicadores de conocimientos tradicionales, incluyendo «… Grado en que se respetan los conocimientos y prácticas tradicionales, a través de la participación de los pueblos indígenas».
Preparativos de la CNTI para la COP16: El evento fue organizado por la CNTI como parte de los preparativos de los pueblos indígenas en Colombia para la próxima 16ª Conferencia de las Partes (COP16) para el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Esta cumbre global intergubernamental sobre las acciones necesarias para salvaguardar la diversidad biológica del mundo se llevará a cabo en octubre de 2024. Esta conferencia ambiental global se llevará a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, y reunirá a representantes de países de todo el mundo, incluidos líderes indígenas, funcionarios gubernamentales, conservacionistas de la naturaleza y organizaciones no gubernamentales.
Enfocándose en la agenda de la COP16 y exigiendo enfoques basados en derechos y participación efectiva: La agenda de la cumbre COP16 se centrará en cómo implementar y avanzar los acuerdos establecidos en el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, que establece objetivos internacionales para reducir las amenazas a la biodiversidad, promover el uso sostenible y asegurar la distribución equitativa de los beneficios, con el objetivo de detener la pérdida de biodiversidad y garantizar la resiliencia de los ecosistemas para 2050. Después de revisar el MGB y los instrumentos y decisiones del CDB relacionados que afectan los derechos de los pueblos indígenas, al finalizar su reunión preparatoria, la CNTI emitió una declaración pública antes de la COP16 solicitando una participación significativa y delineando las prioridades de sus miembros para la cumbre.
La Declaración insta al gobierno colombiano a superar las brechas en sus políticas ambientales y territoriales que afectan los derechos indígenas, y a tomar acciones oportunas para asegurar un mayor reconocimiento y protecciones más efectivas para los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia en todos sus planes y estrategias para proteger la biodiversidad. La declaración subraya la necesidad de reconocer los conocimientos tradicionales indígenas en los esfuerzos de protección y restauración de la biodiversidad. Llama al gobierno colombiano y a todos los Estados Partes del CDB a asegurar la participación indígena en las negociaciones del CDB y en la implementación del MGB en todos los niveles para asegurar medidas nacionales e internacionales efectivas, justas y equitativas para cumplir con los objetivos del MGB.
El pasado 2 de julio del 2024, el Juzgado 38 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá profiere fallo de tutela a favor de los derechos fundamentales, a la vida en condiciones y vivienda digna a los integrantes de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani.
Esto debido a la acción de tutela interpuesta por el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI, quien el 17 de junio a través de este mecanismo solicitó la atención prioritaria a las necesidades humanitarias de la comunidad de Barrulia que fue desalojada de su territorio por la Alcaldía de Puerto Gaitán en el Meta por intermedio de la Inspección Rural el pasado 12 de junio.
En el fallo el juez manifestó que es deber de la Alcaldía de Puerto Gaitán, Meta, proporcionar a los integrantes de la comunidad, los medios mínimos de subsistencia, referidos a la alimentación, suministro de implementos de aseo y cubrir otras necesidades básicas y elementales, mientras se soluciona su reubicación.
De igual forma, el juez consideró que la Alcaldía de Puerto Gaitán debe adoptar las medidas necesarias para que se haga efectivo el traslado de la comunidad indígena a los predios de Cuba libre y Campo Alegre, los cuales fueron reconocidos dentro de la medida de protección de su territorio ancestral proferida por la Agencia Nacional de Tierras.
Sin embargo, el juzgado afirmó que el derecho a la vivienda digna de la comunidad de Barrulia solo podrá garantizarse una vez la comunidad se encuentre reubicada dentro de los predios mencionados. Motivo por el cual, la Alcaldía deberá garantizar dicha reubicación.
Aunque fueron emitidas estas consideraciones en favor de la comunidad de Barrulia, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI continúa haciendo seguimiento a la situación humanitaria y al cumplimiento del fallo de tutela. Por lo tanto, se insta a los organismos de control, encabezados por la Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación, a hacer seguimiento a los procedimientos de desalojo contra las comunidades indígenas, ya que se están vulnerando sus derechos al territorio y los demás derechos que les asiste.
Durante los días 10 y 11 de julio se realizó “El diálogo intercultural: aporte de los territorios y territorialidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos al cumplimiento de la meta 3 en el Marco Global de Biodiversidad”. En este encuentro participó Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el Instituto Humboldt, WCS Colombia y diversas organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes.
La CNTI no solo participó como observadora, sino que fue invitada en 2 paneles: “Perspectivas en la interpretación e implementación de la Meta 3” y “Reporte y seguimiento de avances de implementación de Meta 3”. En estos espacios se socializaron los avances, apuestas y agendas de las organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos que pueden aportar al cumplimiento de la Meta 3 desde diferentes perspectivas.
Además, se dialogó de qué manera se están reportando y monitoreando los avances del país en Meta 3 teniendo en cuenta diferentes sistemas y fuentes de información, y se analizaron los retos y oportunidades.
En el marco del reporte y la implementación de la Meta 3 del MGB, la CNTI identificó como mayor desafío el desarrollo de mecanismos específicos para monitorear los derechos de los Pueblos Indígenas. Además, para una efectiva evaluación y monitoreo de la protección de la biodiversidad, los desafíos incluyen el reconocimiento y respaldo de los sistemas de información y gestión propios de los Pueblos Indígenas.
Es crucial asegurar la interoperabilidad y coordinación con fuentes de información oficiales y establecer acuerdos políticos que salvaguarden los Derechos Territoriales Indígenas. Finalmente, consideramos indispensable que la información indígena sea incorporada en los informes nacionales y que se cumplan las recomendaciones internacionales para fortalecer estos sistemas de monitoreo.
Los pueblos y las organizaciones indígenas que hacemos parte de La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) comunicamos a la opinión pública:
Nos encontramos a compartir la palabra sobre la lucha territorial, el Marco Global de Biodiversidad (MGD), y el Convenio de Diversidad Biológica (CBD), durante los días 2, 3 y 4 de julio en la ciudad de Bogotá.
Los Pueblos Indígenas como autoridades y sabedores ancestrales en la protección de la naturaleza —regidos por la Ley de Origen, Derecho Mayor, Ley Natural y Derecho Propio—, reafirmamos que somos custodios de todas las expresiones de vida. Por eso mismo consideramos que no puede haber ninguna iniciativa de cuidado sin la red de nuestros saberes y conocimientos tradicionales y sin nuestra participación activa.
Los Pueblos Indígenas del mundo preservamos el 80 % de la biodiversidad. En Colombia somos 115 Pueblos Indígenas, y cuidamos los bosques, los mares, los páramos, los nevados, las aguas, las lagunas, los ríos, las selvas, los desiertos y las sábanas. Esto se refleja en que en nuestros territorios mantenemos el 49% de los bosques, el 4.4% de las reservas de la biósfera, el 11.13% de páramos y el 12% de los humedales RAMSAR del país.
En consecuencia, las normas nacionales y los convenios internacionales no solo se deben enfocar en la conservación ambiental, sino que deben reconocernos integralmente en las estrategias de cuidado como actores fundamentales, siempre respetando y garantizando nuestros derechos territoriales, bioculturales, conocimientos y prácticas ancestrales desde la autonomía y autodeterminación.
El territorio y la biodiversidad son uno solo, están unidos profundamente con nuestros saberes ancestrales y redes de conocimientos tradicionales. Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestra autonomía y ejercicios de gobierno como una realidad política y cultural, fundamental en el cuidado de la naturaleza y de su diversidad biológica.
Nuestros conocimientos están arraigados en la relación con nuestros territorios y en las prácticas culturales de las mujeres, hombres, la juventud, abuelos, abuelas, líderes espirituales y autoridades tradicionales. Estos son transmitidos intergeneracionalmente para el cuidado y protección de nuestros territorios, y de todas las expresiones de vida, asegurando la continuación y renovación de nuestras prácticas ancestrales.
Es responsabilidad del Estado colombiano superar las brechas nacionales frente al respeto, la garantía y la protección de nuestros derechos territoriales de posesión y ocupación tradicional y ancestral, así como de propiedad y autonomía. Este esfuerzo constituye un desafío significativo y una contribución valiosa del Estado a las metas globales sobre la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Los Pueblos Indígenas de Colombia somos conscientes de la crisis ambiental histórica, causada por el modelo extractivo y de acumulación de capital. Este modelo ha resultado en la perdida de la biodiversidad, cambio climático, desertificación y violación sistemática de derechos humanos.
Desde nuestros saberes ancestrales, diversidad cultural y de pensamiento, hemos advertido desde hace tiempo sobre la destrucción de la naturaleza. Como Pueblos indígenas continuamos en el camino y seguimos trabajando de manera corresponsable y comprometida en el cuidado y la protección de nuestra madre tierra como lo hemos milenariamente.
Convocamos a los pueblos hermanos del mundo a unirse desde nuestras diversas y justas luchas en una agenda global común para defender y reafirmar nuestros territorios y autonomías. Creemos que este es el camino más efectivo para cuidar la biodiversidad y promover una acción climática genuina a nivel mundial.
Los Pueblos Indígenas exigimos el goce efectivo de nuestros derechos desde el carácter plural y democrático del Estado. Públicamente advertimos sobre la imperiosa necesidad de nuestra participación en las decisiones, las estrategias y medidas que busquen avanzar en los compromisos globales.
Solicitamos que el gobierno colombiano consolide y unifique la gestión de los convenios sobre cambio climático y biodiversidad. Además, que se reconozca y garantice la gestión y participación de nuestras redes de conocimientos y saberes ancestrales en las estrategias de cuidado de la vida, desde la autonomía y la autodeterminación.
Exigimos al gobierno colombiano que tome medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y protección de los pueblos, líderes y autoridades indígenas que defendemos los territorios y la naturaleza en Colombia. Frente a la constante ola de amenazas y asesinatos, es imperativo que se implementen acciones concretas que aseguren la integridad física y los derechos territoriales colectivos. Defender los territorios y el ambiente es defender la vida en todas sus expresiones.
Exigimos a los Estados parte que implementen mecanismos transparentes y efectivos que aseguren acceso directo a los recursos económicos destinados al cuidado de la naturaleza, y permitan su distribución equitativa y administración autónoma. Es crucial que los Pueblos Indígenas estemos directamente involucrados en la gestión de estos fondos, para garantizar que su asignación y utilización se armonice con nuestras necesidades específicas y sistemas de vida tradicionales. Esta participación asegurará que los recursos se utilicen de manera que realmente apoyen y reconozcan las contribuciones de los Pueblos Indígenas y nuestros territorios al cuidado de la vida.
Exigimos al gobierno colombiano que reconozca, respalde y garantice la participación activa de los Pueblos Indígenas en todas las etapas de toma de decisiones que impactan directamente nuestros territorios y prácticas culturales. Este compromiso debe reflejarse en políticas y acciones concretas que respeten y promuevan nuestra autonomía y derechos territoriales.
