Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su Observatorio de Derechos Territoriales, nos encontramos participando del Diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina, evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) y se desarrolla en la ciudad de Lima desde el 25 al 28 de julio al 2024
Camilo Niño Secretario Técnico Indígena de la CNTI, agradeció por la invitación a participar de este importante evento organizado por el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), al igual que lo planteado en el evento sobre meta tres (3) desarrollado en Costa Rica la primera semana de junio del presente año, planteó que la participación de la CNTI en este tipo de eventos previos o preparatorios a la Conferencia de las Partes sobre Diversidad Biológica que se desarrollará en la ciudad de Cali en el mes de octubre de 2024 es clave, porque estos escenarios no solo posibilitan el compartir experiencias entre pueblos hermanos, sino que además ayuda a fortalecer la cooperación internacional en la protección de la biodiversidad.
Nuestra presentación CNTI y Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas estuvo focalizado en la atención en los derechos territoriales para los pueblos indígenas en Colombia, ya que de ellos depende la protección y seguridad jurídica además del desarrollo de su vida física, espiritual y sociocultural.
La garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas va más allá de la consolidación legal de territorios constituidos. La protección del territorio, en ese sentido, no solo implica el reconocimiento legal y jurídico, sino sobre todo abarca la protección y reivindicación de sus territorios como espacios de significado ancestral y tradicional, fundamentales para su identidad y pervivencia cultural. La protección efectiva de los territorios indígenas debe considerar la gestión autónoma de sus recursos, respetando sus sistemas de gobierno propio, sus prácticas culturales y su relación espiritual con la tierra.
De igual modo Camilo Niño planteo ante los participantes que la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es fundamental para su pervivencia y bienestar. Esto requiere la implementación de medidas concretas que incluyen la protección de áreas sagradas más allá de los resguardos existentes, el respeto por los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas, y el reconocimiento de su derecho al autogobierno y a la autodeterminación dentro de estos territorios. Además, es esencial asegurar su participación efectiva a través de la consulta previa en cualquier proyecto que les afecte. Proteger estos territorios de amenazas como la explotación industrial y la deforestación es crucial para mantener la integridad de sus territorios y sus sistemas de vida.
Entre los puntos claves que se han venido desarrollando en el marco del diálogo regional sobre estrategias y planes de acción nacionales en materia de biodiversidad para América Latina están:
Fortalecimiento de Capacidades: Se han iniciado programas destinados a mejorar las capacidades de los países en desarrollo para implementar políticas de biodiversidad de manera efectiva. Estos programas incluyen capacitación, transferencia de tecnología y desarrollo de infraestructuras necesarias para la conservación de la biodiversidad.
Movilización de Recursos: Se han delineado estrategias para aumentar la financiación destinada a proyectos de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. La movilización de recursos incluye tanto financiamiento nacional como internacional, así como la participación del sector privado y la sociedad civil.
Monitoreo y Evaluación: Se han establecido mecanismos robustos para monitorear y evaluar el progreso hacia las metas del Marco Global de Biodiversidad. Estos mecanismos permitirán ajustar las estrategias según sea necesario para asegurar que se alcancen los objetivos planteados para 2030.
Participación Inclusiva: La decisión promueve la inclusión de comunidades locales, pueblos indígenas y actores no estatales en la toma de decisiones y en la implementación de políticas de biodiversidad. La participación de estos grupos es esencial para asegurar que las políticas de biodiversidad sean equitativas y efectivas.
Como Secretaría Técnica Indígena resaltamos la importancia de los pueblos indígenas en el cuidado y protección de la biodiversidad. Los pueblos indígenas poseemos conocimientos tradicionales valiosos y practican una gestión sostenible de nuestros territorios, los cuales son cruciales para la protección de los ecosistemas. La toma de decisiones globales sobre biodiversidad garantiza que sus derechos y conocimientos sean respetados y valorados.
Los pueblos indígenas hemos demostrado ser guardianes de la biodiversidad, y nuestra participación en estos escenarios ha sido vital para asegurar que las políticas adoptadas reflejen sus necesidades y perspectivas, siendo así un componente clave para el éxito de los esfuerzos de conservación a nivel global.
Finalmente, esperamos que las acciones que se vayan adoptando en materia del cuidado, protección y armonía con la biodiversidad, representen un avance significativo en los esfuerzos globales para el fortalecimiento de la biodiversidad, resaltando así la importancia de incluir a los pueblos indígenas en estos esfuerzos y de este modo se podrá asegurar un futuro en el que la biodiversidad prospere, beneficiando tanto a las personas como a la madre tierra.
Defender los Territorios Indígenas es defender la vida y la biodiversidad
Luego de casi dos años de acciones políticas y administrativas realizadas por el Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en coadyuvancia de las organizaciones Indígenas de Colombia, el 8 de junio del 2024, como parte de los mecanismos de exigibilidad en el marco del Código Administrativo y de lo Contencioso, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras la revocatoria de la Resolución con la que en mayo de 2022, negó a la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, el reconocimiento de la ocupación de su territorio ancestral y de sus vínculos con este.
La CNTI en el mes de mayo interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras, debido a la no resolución de las revocatorias directas por parte de la ANT después de 16 meses de interpuestas, lo cual va en contra de los principios de celeridad de los procesos, la economía procesal y del debido proceso administrativo, ya que según lo manifestó el juzgado la ANT tenía la obligación de tomar este caso como prioritario debido a la vulnerabilidad de la comunidad por las afectaciones en el marco del conflicto armado, priorización establecida en el artículo séptimo del Decreto 2333.
La Agencia Nacional de Tierras, por orden del Tribunal, resolvió revocar la resolución de negación y además, reconocer la medida de protección provisional de la posesión y ocupación del territorio ancestral y/o tradicional en favor de la comunidad indígena Barrulia del pueblo Sikuani, en dos de los predios que hacen parte de su pretensión: Campo Alegre y Cuba Libre. Esta resolución sienta el primer precedente de revocatoria frente a un acto administrativo que niega la ancestralidad indígena en Colombia, reconoce los derechos de posesión de un pueblo nómada y ratifica la necesidad de adelantar el proceso de formalización en favor de esta comunidad indígena sobre estos dos predios.
Instamos a la Agencia Nacional de Tierras a priorizar este caso de protección ancestral y de formalización, dada la situación de emergencia humanitaria que atraviesa la comunidad Barrulia luego de que, entre el 12 y 13 de junio, fueran desalojados por un «proceso de querella policiva de perturbación a la propiedad», sin garantías mínimas de albergue, alimentación y mínimo vital para esta comunidad sujeto de especial protección por parte del Estado y declarada en riesgo de extinción por el Auto 004 de la Corte Constitucional.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas ratifica su compromiso con el acompañamiento a las comunidades indígenas de la Altillanura para la reivindicación a su derecho fundamental al territorio, mediante los procesos de restitución, formalización y seguridad jurídica y con ello se dé el reconocimiento de la posesión ancestral de los territorios para el pueblo Sikuani.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI, como instancia de concertación de los más de 115 pueblos indígenas, ha posicionado e impulsado acuerdos nacionales y territoriales entre el Gobierno Indígena y el Gobierno Nacional, buscando mecanismos para que se garantice el acceso, la formalización y la seguridad jurídica de los territorios indígenas.
En ese sentido, realizó el informe “entretejiendo palabra de vida por los territorios: concertación vigencia 2023”, el cual expone las discusiones, debates y acuerdos más relevantes de las seis sesiones mixtas del año 2023. Año en que se suscribieron 93 acuerdos, abordando temas relevantes para los pueblos indígenas en la defensa del territorio y el reconocimiento espiritual, físico y cultural de los pueblos como sujetos de especial protección.
El informe contiene cinco apartados. El primero, recoge las discusiones más importantes en el marco de las seis sesiones transcurridas en el año 2023 relacionadas con establecer un plan de descongestión, adecuación institucional, normativa y seguimiento presupuestal. Estos temas con sus respectivos acuerdos logrados, buscan agilizar la materialización de los derechos territoriales y superar los obstáculos recurrentes e históricos en materia territorial.
Además, señala que las disposiciones dadas por el Estado no son suficientes, y se han identificado brechas de interpretación, especialmente en casos de protección, donde se niegan los vínculos territoriales a partir de las premisas de continuidad y permanencia, negando así los derechos territoriales indígenas. Es decir, se ha limitado la protección al derecho desde una perspectiva de la posesión material, más civil, exclusiva e ininterrumpida, desconociendo los vínculos inmateriales, el despojo, el conflicto armado y la que ha sido su reconfiguración hasta el presente.
En el segundo y tercer capítulo se realizó el balance de los acuerdos acumulados desde 2009, según el Sistema para el Monitoreo de Acuerdos- SIMA, los acuerdos suscritos en la vigencia 2023 y un balance del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 frente a los acuerdos impulsados y en seguimiento por la STI de la CNTI.
El cuarto y último apartado expone brevemente la estrategia de la STI de la CNTI que tiene por objetivo fortalecer la articulación territorial con organizaciones locales, regionales y nacionales, para que, a través del relacionamiento con las autoridades propias y la suscripción de acuerdos por bloques de solicitudes, pueda impulsarse procesos y procedimientos integradores interinstitucionales para avanzar hacia el reconocimiento integral de los territorios de los pueblos indígenas.
Finalmente, se proponen unas reflexiones finales sobre los avances y retos técnico- políticos en materia territorial indígena a 2024. Uno de ellos, es frente a la importancia de culminar el rezago histórico institucional que ha llevado a la vulneración de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, afectando a su vez la capacidad para atender nuevas solicitudes. Cabe resaltar la urgencia de la articulación inter e intrainstitucional para proteger la pluralidad de relaciones históricas de los pueblos indígenas con el territorio.
El pasado 12 y 13 de junio, la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y la Inspección de Policía realizó acciones de desalojo contra de la comunidad indígena de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes se encontraban asentadas en su territorio ancestral en el sector de Paratebueno. Este territorio ha sido divido en diversos predios, uno de ellos es Villa Esperanza donde se llevó a cabo el proceso de desalojo sin que se hiciera una identificación y caracterización de la comunidad indígena.
Estas acciones vulneran de forma directa la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, toda vez que las acciones adelantadas por la Alcaldía en el desalojo no han observado el debido proceso, ni tampoco se han adelantado medidas alternativas de protección a la vivienda de esta comunidad, perdiendo de vista la protección reforzada de la comunidad indígena desalojada, tal como lo ha sido reconocido en la sentencia T-391 de 2022, que señala: “los ocupantes irregulares de predios privados que son víctimas de desplazamiento forzado o SEPC que “no cuentan con otra alternativa de vivienda y carecen de los medios materiales para procurarla”, son titulares de una protección procesal y sustantiva reforzada frente a los desalojos de los predios que ocupan irregularmente”.
Actualmente las familias desalojadas, se encuentran en el polideportivo del barrio indígena UNUMA en el casco urbano de Puerto Gaitán. Debido a la negativa de la Alcaldía de garantizar condiciones humanitarias de albergue, alimentación y atención prioritaria a salud de niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.
Las autoridades indígenas han manifestado que la Alcaldía de Puerto Gaitán no garantizó las condiciones necesarias porque muchas personas de esta comunidad están censadas en otros resguardos. Este actuar evidencia la negación en la garantía de derechos de esta población que ha sido víctima del conflicto armado, del carácter de pueblo seminómada y de la protección reforzada constitucional como pueblo indígena en riesgo de exterminio físico y cultural.
De manera que, exigimos a la Alcaldía Municipal de Puerto Gaitán y a la Gobernación del Meta garantizar las medidas de albergue, alimentación y salud que implica la condición de constitucionalidad de las acciones de desalojo.
Alertamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Agricultura, para que en el marco de su mandato y de sus funciones constitucionales garanticen los derechos a la seguridad y vida de la comunidad de Barrulia que se encuentran en condición de vulnerabilidad, como sujetos de especial protección del estado, así como víctimas del conflicto armado.
En el marco de las acciones para la preservación y protección de la biodiversidad, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) participó en el Taller Subregional sobre la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. Este taller se realizó del 9 al 13 de junio de 2024 en Costa Rica.
El evento fue organizado por la Presidencia del Gobierno de la República de Costa Rica y la Coalición de Alta Ambición. El propósito fundamental del encuentro fue focalizar la atención en la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad, la cual busca la conservación de la biodiversidad mediante la gestión, protección y cuidado de las áreas protegidas de los territorios indígenas y tradicionales. Esta meta es indispensable para detener y revertir la pérdida de biodiversidad a nivel global.
La biodiversidad no solo es fundamental para mantener todas las expresiones de la vida, sino también para sostener las culturas y modos de vida de los pueblos indígenas que habitan estos territorios. El evento reunió a representantes de países de América Latina, incluidos a los pueblos indígenas y comunidades locales, con el firme propósito de discutir y desarrollar planes de acción temáticos y estrategias de conservación reales, participativas y eficaces.
La participación de la CNTI fue clave, porque no solo posibilitó el hecho de compartir experiencias entre pueblos hermanos, sino que además fortaleció la cooperación internacional en la protección de la biodiversidad. La presentación de la CNTI focalizó su atención en los derechos territoriales para los pueblos indígenas en Colombia, ya que de ellos depende el desarrollo de su vida física, espiritual y sociocultural.
La garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas va más allá de la consolidación legal de territorios constituidos. La protección del territorio, en ese sentido, no solo implica el reconocimiento legal y jurídico, sino sobre todo abarca la protección y reivindicación de sus territorios como espacios de significado ancestral y tradicional, fundamentales para su identidad y pervivencia cultural. La protección efectiva de los territorios indígenas debe considerar la gestión autónoma de sus recursos, respetando sus sistemas de gobierno propio, sus prácticas culturales y su relación espiritual con la tierra.
La garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas es fundamental para su pervivencia y bienestar. Esto requiere la implementación de medidas concretas que incluyen la protección de áreas sagradas más allá de los resguardos existentes, el respeto por los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades indígenas, y el reconocimiento de su derecho al autogobierno y a la autodeterminación dentro de estos territorios. Además, es esencial asegurar su participación efectiva a través de la consulta previa en cualquier proyecto que les afecte. Proteger estos territorios de amenazas como la explotación industrial y la deforestación es crucial para mantener la integridad de sus territorios y sus sistemas de vida.
Los derechos territoriales de los pueblos indígenas reconocidos por las Altas Cortes, tanto nacionales como internacionales, incluyendo la Corte Constitucional de Colombia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de estándares de derechos establecidos. En Colombia, el Estado ha promulgado normativas y políticas públicas, tales como el Decreto 2164 de 1995, el Decreto 4633 de 2011 y el Decreto 2333 de 2014, destinados a asegurar estos derechos. Sin embargo, persisten significativas deficiencias. A pesar de las normativas existentes, hay un atraso considerable en el reconocimiento, delimitación, protección, titulación y restitución de los territorios indígenas. Esta situación va en contravía de las obligaciones del Estado colombiano y amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.
Desde la COP15, se ha reconocido oficialmente la contribución crucial de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad dentro de sus territorios. Esta contribución se integra ahora a los indicadores globales de diversidad biológica, subrayando la importancia de proteger los territorios indígenas y, por ende, sus derechos territoriales. Integrar estas contribuciones en los indicadores globales de diversidad biológica subraya la necesidad de proteger los territorios indígenas y, consecuentemente, sus derechos territoriales.
En ese sentido es necesario realizar un monitoreo constante de los territorios para garantizar su conservación y protección. El proceso requiere un conocimiento profundo de los territorios, como el que poseen los pueblos indígenas. También es vital contar con mecanismos y sistemas que permitan recopilar esta información y combinarla con la del Estado, con el propósito de crear herramientas eficaces de control y vigilancia. Estos mecanismos son esenciales para proteger los territorios biodiversos y vulnerables, y facilitan la detección de impactos y amenazas externas que puedan afectar a los territorios indígenas.
Los Estados deben proporcionar los recursos y establecer condiciones jurídicas adecuadas para garantizar el derecho de las comunidades a su propiedad y su pleno ejercicio. Así, se asegura que las comunidades disfruten del derecho a la propiedad, gocen de su territorio en un sentido amplio y ejerzan su sistema de gobierno autónomo, de modo que su identidad cultural y sus formas de vida tengan reconocimiento y efectos jurídicos frente al resto de la sociedad.
En conclusión, la participación de la CNTI en el Taller Subregional en Costa Rica fue crucial porque resaltó la relevancia crítica del territorio para los pueblos indígenas, no sólo como un espacio físico, sino como un componente esencial de su identidad y pervivencia cultural. Este evento proporcionó una plataforma valiosa para discutir y enfatizar la protección de los territorios indígenas bajo el marco del Marco Mundial de Biodiversidad y el Convenio de Diversidad Biológica. Al integrar las voces, saberes y conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas en las estrategias de conservación, cuidado y políticas globales, se refuerza la importancia de su participación activa y decisiva en la gestión y conservación de la biodiversidad. La garantía de sus derechos territoriales y la protección efectiva de sus tierras son indispensables no solo para el bienestar de los pueblos indígenas sino también para el equilibrio ecológico global.
