El Pueblo Barí enfrenta una grave crisis humanitaria en el Catatumbo. La violencia de los actores armados y la imposición de decisiones estatales sin participación del pueblo indígena afectan su territorio y amenazan su existencia. Exigimos acción inmediata del Estado para garantizar sus derechos territoriales, humanos y fundamentales.
El Pueblo Barí es una nación Indígena que habita el Catatumbo, en el nororiente de Colombia. Desde hace un siglo su territorio ancestral Chiyi Ishtana (Madre Tierra) es amenazado por la lógica extractivista, la acción militar y la omisión estatal afectando el goce efectivo de sus derechos.
El Pueblo Barí sufre desplazamiento, violencia, despojo y confinamiento territorial. El incumplimiento del Acuerdo Final de Paz permitió el avance de actores armados en el territorio del Catatumbo, aumentando el riesgo de desapariciones, asesinatos, reclutamiento a menores de edad y demás violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Incumplimiento del Estado Colombiano
El Gobierno Nacional ha sido ineficiente ante los fallos judiciales que ordenan la protección del territorio Barí. Sentencias como la T-880/2006, T-052/2017 y T-498/2023 han sido sistemáticamente incumplidas, dejando al pueblo en una situación de extrema vulnerabilidad.
El Decreto 062/2025 declaró la Conmoción Interior en el Catatumbo. Sin embargo, en lugar de garantizar la paz y la protección de los derechos indígenas, ha facilitado la militarización y el avance de políticas sin la participación y consulta a la Nación Barí.
Ante la Conmoción Interior el Gobierno ha priorizado el diálogo con organizaciones sociales y campesinas, excluyendo al Pueblo Barí de los procesos que inciden sobre su territorio. Esta exclusión desconoce el gobierno indígena propio, la autonomía y viola el derecho a la Participación y Consulta Previa, Libre e Informada, obligatorio en cualquier decisión que afecte su territorio.
El Pueblo Barí, en Asamblea Permanente, exige el reconocimiento y respeto de su territorio ancestral, el cumplimiento de los acuerdos suscritos en materia territorial y la garantía integral de sus derechos. Rechaza la militarización y demanda el cumplimiento de sentencias que protegen su existencia.
La Nación Barí exige a todos los actores armados, legales e ilegales, retirarse de su territorio. Piden respeto por la vida, la integridad de sus comunidades y la implementación de medidas humanitarias verificables, como el desminado y la protección de sus líderes.
Respaldo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
La CNTI DENUNCIA la inasistencia del Gobierno Nacional a la Mesa de Diálogo e interlocución citada para los días 17 a 21 de febrero y respalda la lucha del Pueblo Barí. Así mismo EXIGE al Gobierno el respeto por la autonomía y el gobierno propio, la implementación del Mecanismo Especial de Consulta y la activación de espacios de diálogo legítimos, sin exclusión ni imposición de intereses ajenos a la comunidad.
Hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los organismos de derechos humanos y a la sociedad civil a presionar al Gobierno colombiano para que cumpla sus obligaciones y garantice la protección del Pueblo Barí.
Si el Estado no actúa, la Nación Barí tomará medidas políticas, jurídicas y espirituales para defender su territorio y sus derechos. No permitirán más despojo ni violencia. ¡El Pueblo Barí resiste y seguirá luchando por la pervivencia y existencia!
¡El Pueblo Barí sigue en pie, su lucha es nuestra lucha!
La crisis humanitaria que enfrenta el Pueblo Barí en el Catatumbo no es un hecho aislado, sino el reflejo de un modelo de desarrollo que desconoce los derechos y la autonomía de los pueblos indígenas. La imposición de proyectos extractivos, la militarización y la falta de voluntad política para cumplir con las decisiones judiciales han puesto en riesgo su supervivencia. La vulneración sistemática de sus derechos demanda una respuesta inmediata del Estado, no solo con medidas reactivas, sino con una política estructural que garantice su territorio, su cultura y su forma de vida en armonía con la naturaleza.
La resistencia del Pueblo Barí es un mensaje claro de dignidad y lucha, no sólo para su nación, sino para todos los Pueblos Indígenas de Colombia y del mundo. La comunidad nacional e internacional no puede permanecer en silencio ante esta crisis. Es urgente una movilización colectiva que exija el respeto por su autonomía, el cumplimiento de las sentencias que protegen su territorio y la implementación de medidas efectivas para garantizar su seguridad. La pervivencia del Pueblo Barí es una causa de justicia, y su lucha, un llamado a defender la vida y la dignidad de los Pueblos Indígenas.
La defensa del territorio Barí es la defensa de la vida, la dignidad y los derechos de los Pueblos Indígenas. ¡Defender los territorios, es defender la vida!
El pasado 21 y 22 de febrero se realizó el Pacto por la Tierra y por la Vida, con el fin de acordar las bases para un plan decenal de la Reforma Agraria, en el Espinal, Tolima. Este encuentro reunió a actores clave en la transformación agraria de Colombia y en la defensa y cuidado de los territorios. Participamos Pueblos Indígenas, organizaciones campesinas, comunidades afrodescendientes, entre otros sectores de la sociedad.
¿Qué propone el gobierno?
Promover un consenso social y político para democratizar la propiedad de la tierra en Colombia. El objetivo es superar las barreras históricas que han limitado la reforma agraria y promover un desarrollo rural inclusivo, equitativo y sostenible.
Se necesitan acuerdos plurales y vinculantes que garanticen el acceso y la recuperación de los territorios despojados, el reconocimiento de los derechos territoriales y la implementación de políticas públicas que fortalezcan la autodeterminación de los pueblos, la justicia social y ambiental.
¿Cuál es nuestra propuesta?
Planteamos una reforma agraria con justicia histórica, que garantice la plena identificación, recuperación y protección de nuestros territorios tradicionales y ancestrales. Posicionamos como necesaria una concepción actualizada de las conjuntas exigencias de reforma agraria en el que se incorpore el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural del pacto constitucional de 1991, el respeto a nuestros sistemas propios de conocimiento y el cumplimiento a los actuales estándares internacionales de protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas.
Las comunidades y Pueblos Indígenas desempeñamos un papel fundamental en este pacto porque nuestra relación con el territorio es espiritual, ancestral e integral. La tierra no es solo un recurso, es la base de nuestra vida, cultura y pervivencia como pueblos. Nos convoca a este encuentro la superación del despojo, la violencia y el desplazamiento de nuestros territorios. Una reforma agraria transformadora debe partir en tal sentido por la reparación de estas injusticias, priorizando la recuperación de nuestros territorios ancestrales y la garantía efectiva de nuestros derechos de autonomía.
La reforma agraria debe reconocer y garantizar los derechos territoriales indígenas, asegurando la identificación y reconocimiento de los territorios de posesión tradicional o ancestral, así como la recuperación de los territorios despojados. Este proceso debe ser un pilar fundamental para garantizar la justicia territorial y la pervivencia de los Pueblos Indígenas. Reducir el rezago histórico en la titulación y ampliación de nuestros territorios es una deuda pendiente. Sin este reconocimiento y recuperación, no hay justicia territorial ni garantía de nuestros derechos.
Nuestra participación es clave para garantizar que la reforma agraria respete y fortalezca nuestros derechos territoriales, culturales y sociales, asegurando que nuestros sistemas de conocimientos, nuestras formas de vida y gobierno propio sean reconocidos y protegidos. No podemos hablar de reforma agraria sin garantizar la protección de los territorios ancestrales, el respeto por la autonomía de los pueblos, la preservación de las fuentes de agua y el cuidado de la naturaleza. Nuestra relación con la Madre Tierra es sagrada y va más allá de la propiedad de la tierra.
Participación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI)
Desde la CNTI participamos activamente en el Pacto por la Tierra, los Territorios y la Vida, reafirmando nuestros derechos territoriales y nuestra autodeterminación. Iniciamos la jornada expresando la importancia de recuperar nuestros territorios ancestrales despojados y nuestra voluntad de construcción colectiva para una reforma agraria justa.
En el panel «Tierra, justicia y futuro», compartimos nuestras principales exigencias como Pueblos Indígenas, exigiendo el reconocimiento pleno de nuestros derechos territoriales, culturales y sociales. Cerramos la jornada con un diálogo entre pueblos y organizaciones indígenas, consolidando las líneas estratégicas que deben ser incluidas en el pacto. Nuestro conocimiento ancestral y nuestra visión integral del territorio son clave para garantizar una reforma agraria que respete la biodiversidad y la identidad cultural de nuestros pueblos.
No puede haber reforma agraria sin la participación efectiva de los Pueblos Indígenas. Nuestra voz, nuestra lucha y nuestros conocimientos son fundamentales para garantizar un verdadero cambio en la tenencia y el cuidado de la tierra.
La COP16 se reanuda en Roma y la CNTI está presente. Tras la suspensión en Cali, la COP16 de biodiversidad se retomará en Roma del 25 al 27 de febrero. Las negociaciones buscan cerrar acuerdos en financiamiento y monitoreo de las metas del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB). Desde la CNTI, seguimos exigiendo que los Pueblos Indígenas sean reconocidos como actores clave en la protección de la biodiversidad y la implementación de estos acuerdos.
Avances logrados en Cali
Creación de un fondo global para distribuir beneficios del uso de Información de Secuencia Digital (DSI). Este fondo asignará el 50% de sus recursos a los Pueblos Indígenas y las comunidades locales, ya sea directamente o a través de los gobiernos.
Aprobación del Programa de Trabajo del Artículo 8(j) y del «Órgano Subsidiario sobre el Artículo 8(j) y Otras Disposiciones del Convenio». para garantizar la participación de Pueblos Indígenas y comunidades locales.
Definición de Áreas Marinas de Importancia Ecológica o Biológica (EBSA) para conservar el 30% de los océanos en 2030.
Estos avances reflejan el papel fundamental de los Pueblos Indígenas en el cuidado de la biodiversidad. Sin embargo, para que estos avances se materialicen en verdaderos cambios, es esencial garantizar mecanismos efectivos de implementación, monitoreo y rendición de cuentas que incluyan la participación directa de los Pueblos Indígenas y comunidades locales. La distribución equitativa de los beneficios del uso de la Información de Secuencia Digital (DSI) debe reconocer y respetar los conocimientos tradicionales asociados, evitando su apropiación indebida. Asimismo, el Programa de Trabajo del Artículo 8(j) debe traducirse en acciones concretas que fortalezcan el gobierno propio y la autodeterminación de los pueblos. La conservación del 30% de los océanos en 2030 no puede desvincularse de los derechos territoriales de quienes han sido sus guardianes ancestrales.
¿Qué quedó pendiente?
Financiamiento: Sin recursos suficientes, las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad (MMB) no podrán implementarse ni monitorear antes de 2030.
Monitoreo: Se requiere un marco de seguimiento claro para evaluar los avances en las 23 metas del acuerdo global.
Desde la CNTI, exigimos que la financiación llegue directamente a los Pueblos Indígenas y que se reconozca nuestra contribución en los mecanismos de monitoreo. Además, es fundamental que los Pueblos Indígenas seamos actores centrales en la toma de decisiones sobre la asignación y uso de los recursos financieros, asegurando que estos lleguen de manera directa y sin intermediaciones que diluyan su impacto. El monitoreo debe incorporar indicadores culturalmente apropiados que reflejen la relación integral de los Pueblos Indígenas con la biodiversidad y no sólo métricas técnicas ajenas a nuestras realidades. Sin este enfoque diferencial, el Marco Mundial de Biodiversidad corre el riesgo de convertirse en un acuerdo sin capacidad real de transformar la crisis ecológica y de garantizar los derechos territoriales de quienes históricamente hemos protegido la vida en el planeta.
Financiamiento: una brecha alarmante
La meta 19 establece 200 mil millones de dólares anuales para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el Fondo del Marco Mundial para la Biodiversidad ha recaudado solo 407 millones de dólares, mientras que las necesidades reales oscilan entre 722 mil y 967 mil millones de dólares anuales. ¿Cómo cumplir las metas sin garantizar el flujo de recursos necesarios? Sin un financiamiento adecuado y accesible para los Pueblos Indígenas y comunidades locales, la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad será solo una promesa vacía, incapaz de responder a la magnitud de la crisis ecológica que enfrentamos.
Nuestra exigencia: financiamiento directo
Los Pueblos Indígenas protegemos y defendemos el 80% de la biodiversidad mundial, pero recibimos menos del 1% de los fondos globales. Desde la CNTI exigimos mecanismos de financiamiento directo y accesible, que reconocen y garantizan los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su papel en la protección de la vida. El reconocimiento de nuestro rol en la protección de la biodiversidad debe traducirse en compromisos reales, con financiamiento directo, justo y sin intermediarios, que fortalezca nuestra autonomía y garantice la pervivencia de nuestros territorios y saberes.
La COP16 debe definir cómo se evaluarán los avances en las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Se propone una evaluación global en 2026 y 2030, pero aún faltan acuerdos sobre indicadores y metodologías. Desde la CNTI exigimos que los sistemas de monitoreo incluyan indicadores bioculturales que reflejen y reconozcan los sistemas de conocimiento indígena. Los Pueblos Indígenas hemos desarrollado sistemas de monitoreo propios basados en el conocimiento ancestral y la observación de los ciclos naturales. Exigimos que estos sistemas sean reconocidos y financiados dentro del Marco Mundial de Monitoreo de la biodiversidad. Sin nuestra participación, los procesos de seguimiento serán incompletos y no reflejarán la realidad de los territorios.
Integración de agendas: biodiversidad y clima
La biodiversidad y el clima están interconectados. Sin ecosistemas sanos, no hay capacidad de adaptación al cambio climático. La COP16 debe sentar bases sólidas para la COP30 de Cambio Climático en Belem, Brasil. Desde la CNTI exigimos una agenda integral que reconozca e integre la visión de los Pueblos Indígenas y garantice la pervivencia de nuestros territorios.
La protección de la biodiversidad no puede seguir siendo un discurso vacío. Necesitamos compromisos vinculantes y mecanismos claros de implementación. Desde la CNTI reafirmamos que la justicia ambiental sólo es posible con justicia territorial. Proteger la biodiversidad es proteger los derechos de los Pueblos Indígenas. Solo con el reconocimiento pleno de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas y su rol fundamental en la protección de la vida, la integración de las agendas de biodiversidad y clima será efectiva y podrá enfrentar la crisis ecológica de manera justa y sostenible.
Los Pueblos Indígenas estamos en el centro de la discusión. Exigimos: Financiamiento directo y accesible para implementar acciones desde los territorios. Reconocimiento de nuestros sistemas de monitoreo y protección de la biodiversidad. Participación plena y efectiva en la toma de decisiones. No hay conservación sin derechos. No hay biodiversidad sin territorios indígenas.
Entre los meses de marzo, abril y julio de 2024, el equipo técnico del Observatorio de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas -ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer un relacionamiento y articulación con cinco organizaciones indígenas en este departamento.
Las organizaciones fueron la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Cofán, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La iniciativa del recorrido responde a que este departamento cuenta con el mayor número de solicitudes de formalización y protección de territorios indígenas, aunque esta en conocimiento de la administración, no hay mayores avances por parte de la institucionalidad agraria y buena parte de estas no están resueltas.
Como resultado del recorrido, el ODTPI realizó un informe denominado situación territorial de los Pueblos Indígenas en el departamento del Putumayo donde hace un análisis de contexto y se menciona la situación territorial en este departamento. Además, se realizó unas recomendaciones que permiten repensar e interpretar las problemáticas territoriales de los Pueblos Indígenas, analizando y explicando los factores que subyacen a los conflictos territoriales, presentes en la problemática por el derecho al territorio y el reconocimiento de la ancestralidad de los Pueblos Indígenas de Putumayo.
Gracias a este relacionamiento con las comunidades, se logró comprender la situación y el estado de la seguridad jurídica de los territorios en este departamento. Durante los espacios de interlocución se identificaron de manera preliminar algunos de los conflictos territoriales de los pueblos indígenas, al igual que las acciones y estrategias que las organizaciones indígenas han empleado para la búsqueda y materialización de sus derechos territoriales.
Los diálogos sostenidos posibilitaron conocer directamente de las organizaciones las condiciones territoriales en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas. Se reconoció una serie de obstáculos que resultan ser transversales en los diferentes municipios del departamento, y que a raíz del trabajo desarrollado por la Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas-CNTI, y el ODTPI, se identificó que son problemáticas comunes a nivel nacional; por un lado, lo que refiere a los obstáculos de los territorios que se encuentran en proceso de formalización, y por el otro, los que presentan aquellos territorios que aunque ya formalizados, siguen presentando situaciones que impiden a los pueblos el goce efectivo de sus derechos territoriales.
La incidencia realizada logró mejorar la capacidad de incidencia y conocimientos de las organizaciones sobre los procedimientos para la garantía de sus derechos y seguridad jurídica en materia territorial e identificar y responder al impulso de las solicitudes mediante la asesoría técnico-legal. No obstante, desde el ODTPI se espera que el acompañamiento pueda ser permanente e integral.
Desde la instancia de concertación para el avance en la garantía y protección de los derechos territoriales indígenas, los delegados indígenas de las organizaciones que integran la CNTI, su Secretaría Técnica y Observatorio de Derechos Territoriales, han desarrollado la estrategia de recorridos territoriales con el fin de acercar el espacio de concertación nacional a los territorios y a los pueblos indígenas brindando herramientas para la defensa y garantía de los derechos territoriales. Esta metodología apunta a fortalecer y asesorar a los diferentes pueblos y sus organizaciones, para que puedan incidir e interlocutar con el gobierno nacional para realizar acciones en los diferentes niveles territoriales que permitan identificar las problemáticas estructurales y los obstáculos que han impedido avanzar con la seguridad jurídica de sus territorios, así como desarrollar y establecer rutas para su garantía.
Bajo ese marco, entre el 26 de marzo al 03 de abril y del 21 al 23 de julio de 2024, el equipo técnico del ODTPI, en compañía de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana – OPIAC, realizaron un recorrido territorial en el departamento del Putumayo, en los municipios de Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Valle del Guamuez, Villagarzón y Orito, con el objetivo de establecer una serie de relacionamientos y articulaciones con cinco organizaciones indígenas, entre ellas, la Asociación de Autoridades y Cabildos Indígenas de Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo (ACILAPP), la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona (ACIPS), la Asociación de Autoridades Tradicionales Mesa Permanente de trabajo por el pueblo Cofán y cabildos indígenas pertenecientes a los pueblos Awá, Nasa, Kichwa y Embera Chamí (AMPII CANKE), Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (ACIPAP) y la Asociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón (ACIMVIP), las cuales representan y agrupan a comunidades de los pueblos indígenas Koreguaje, Kofan, Nasa, Inga, Murui, Siona, Kichwa, Embera y Awá.
La COP16 debe definir cómo se evaluarán los avances en las 23 metas del Marco Global de Biodiversidad. Se propone una evaluación global en 2026 y 2030, pero aún faltan acuerdos sobre indicadores y metodologías. Desde la CNTI exigimos que los sistemas de monitoreo incluyan indicadores bioculturales que reflejen y reconozcan los sistemas de conocimiento indígena. Los Pueblos Indígenas hemos desarrollado sistemas de monitoreo propios basados en el conocimiento ancestral y la observación de los ciclos naturales. Exigimos que estos sistemas sean reconocidos y financiados dentro del Marco Mundial de Monitoreo de la biodiversidad. Sin nuestra participación, los procesos de seguimiento serán incompletos y no reflejarán la realidad de los territorios.
