por Prensa CNTI | Abr 11, 2023 | Nota de prensa
La secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se reunió el día 11 de abril del 2023, con Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT, para revisar la ruta que se ha implementado desde la agencia para dar respuestas de fondo a la problemática que viene padeciendo la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes vienen solicitando el reconocimiento de su territorio ancestral. Además, de resolver el tema de la revocatoria directa donde se tenía que oficializar la suspensión de los desalojos policivos que se presentó en la comunidad.
En ese sentido, desde la Secretaria Técnica en cabeza de Camilo Niño, comentó que desde la ANT se debe actuar para no seguir esperando si hay una recusación, ya que no se puede continuar presentando una demanda para que la entidad actúe, puesto que para eso se ha dialogado, para a su vez, generar la confianza con la comunidad. Este caso requiere de celeridad, puesto que desde el mes de marzo del 2022 se emitió una resolución para dar solución al tema Barrulia, pero continúan las revocatorias, las cuales ya están cumpliendo su periodo y hasta el momento no hay una respuesta. Igualmente, en los meses de mayo, junio y julio de 2022, se esperaba que la ANT diera respuesta sobre los elementos que encontraron y cómo se pensaba resolver, pero esto no se dio y en cambio, los menonitas que ocupan parte del territorio no se han detenido y continúan acaban con la pradera y lo que queda del territorio.
Esto ha generado un problema de derechos humanos, ya que los niños se están enfermando tanto el estómago como de la piel por la contaminación de químicos que están llegando a los morichales. La preocupación desde la CNTI es que no se logra resolver el problema de fondo y solo se está dilatando a través de reuniones donde no hay una respuesta concreta para dar solución a la comunidad.
Por su parte, el subdirector de la ANT, mencionó que se continúan recopilando los elementos de prueba para el auto y así darle una salida a esta problemática. En este proceso participarán un equipo de topógrafos, profesionales sociales, abogados e intérpretes quienes harán las visitas en campo. Además, aclaró que este es un nuevo equipo que acompañara en este proceso quienes están comprometidos para darle una salida a este tema.
También desde la ANT están considerando varios elementos en el auto de prueba, los cuales reposan en los expedientes que se tienen sobre el caso de Barrulia. Es decir, que no harán caso omiso sobre lo que ya se ha realizado, sino que esto será considerando en la etapa probatoria para así tomar una decisión frente al caso.
Finalmente se mencionó en promover una reunión interinstitucional para tocar este asunto donde se cuente con las garantías que busca tanto de la CNTI como la comunidad de Barrulia. Es decir, vinculando a la Unidad de Restitución de Tierras URT, La Procuraduría, La Defensoría y otras organizaciones para abordar el tema del pueblo Sikuani y darle la importancia y la magnitud que tiene este caso. Puesto que se entiende que desde la ANT tiene la responsabilidad en resolver o reconocer el tema del territorio ancestral, las otras entidades puede garantizar la situación de derechos humanos. Porque si bien, se han detenido los desalojos por parte de la policía, hay una amenaza latente, por el solo hecho de estar presentes en la comunidad, quienes están en un estado complejo de nerviosismo, porque en cualquier momento los pueden desalojar nuevamente.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Abr 10, 2023 | Nota de prensa
Los U’wa son un pueblo indígena ubicados en los departamentos de Boyacá, Arauca y Norte de Santander. Este pueblo indígena lucha desde hace más de 20 años en contra de las distintas empresas petroleras que están explotando hidrocarburos en su territorio ancestral. Cuenta con una población de 7.581 personas según el Censo DANE de 2005.
Su lucha por cuidar el territorio es su principal objetivo, siendo este un espacio sagrado, un ser vivo con espíritu propio que cumple la función de brindar armonía y equilibrio. Donde todo ser vivo tiene sangre, es decir todo árbol, vegetal y animal. La sangre (ruiria petróleo) es quien da la fuerza y representa la sangre de la madre tierra que circula a través de las venas que se encuentra en el mundo de abajo, según la cosmovisión U’wa. Razón por la cual, es fundamental y determinante para la vida y pervivencia como nación U’wa.
Aunque, han dado su lucha por la protección de los recursos naturales, el Estado colombiano no ha reconocido su derecho de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral, ni les garantizado los derechos territoriales. En cambio, ha otorgado contratos de concesión para la exploración y explotación de petróleo, carbón y otros minerales que colocan en riesgo la vida de este pueblo.
De acuerdo, a lo anterior a través de esta línea del tiempo se hace el recuento histórico de lo que ha sido su lucha por el territorio y las afectaciones que han tenido durante estos años.
1995: El Estado colombiano concedió la primera licencia a la Occidental Petroleum Corporation OXY una multinacional estadounidense dedicada a la búsqueda y explotación de petróleo, para estudios sísmicos en el bloque Samoré. Debido a esto, los U´wa interpusieron una acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, y la Oxy por haber otorgado una licencia ambiental para estudios sísmicos en la zona de Samoré sin consultar previamente a los U’wa.
1997: Como consecuencia de la Acción de Tutela interpuesta por la Nación U’wa, vinculada con la licencia ambiental. La Corte Constitucional determinó que no se había garantizado el derecho a la consulta previa, vulnerando las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Constitución Política de Colombia.
De este modo, la Corte ordenó que la consulta se realizara en un plazo de 30 días, condicionando la vigencia de la tutela a la decisión pendiente en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, sin embargo, la consulta nunca ocurrió.
Para ese mismo año debido al incumplimiento, los U’wa con ayuda de otras organizaciones colombianas e internacionales presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la concesión de la licencia de Samoré y la falta de consulta previa.
1998: La OXY pidió al Ministerio de Medio Ambiente una nueva licencia de exploración en una zona conocida como Gibraltar. Aunque para ese mismo año el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA emitió la resolución 056 donde se mencionó la creación del Resguardo Unido U’wa, dicha ampliando dejó por fuera el área de explotación del pozo de Gibraltar desconociendo la totalidad del territorio ancestral de la Nación.
2000 para este año el Estado colombiano con las Fuerzas Armadas bloquearon el acceso a los alimentos, el agua y otras necesidades con la finalidad de forzar a los U’wa a salir de la zona de Gibraltar, el cual estaba marcada para la perforación.
En ese sentido los U’wa interpusieron otra acción de tutela contra el Ministerio de Medio Ambiente y OXY, oponiéndose a la licencia ambiental que habilitó la perforación exploratoria de Gibraltar, puesto que vulneró el derecho a la consulta previa de la Nación U’wa. Con esta acción de tutela se logró detener temporalmente la perforación del Gibraltar.
Sin embargo, mas adelanten esta decisión fue revocada por El Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión y la OXY prometió reanudar la construcción. Los U’wa apelaron la decisión al Tribunal Constitucional. Pero, el Tribunal se negó a escuchar el caso.
En 2001: Los U’wa presentaron una acción de nulidad contra la Resolución 80851 mediante la cual el Ministerio de Minas reservó un área alrededor del Bloque Gibraltar 1 para uso exclusivo de explotación de hidrocarburos a favor de OXY.
2002: La OXY se retiró del Bloque Samoré y la concesión fue transferida a Ecopetrol, para luego redefinirlos límites del Bloque Samoré y separarlo en los bloques Siriri y Catleya.
2003: Ecopetrol solicitó el inicio de una consulta previa para los bloques Sirirí y Catleya.
2004 y 2005 Se realizaron 14 cursos de capacitación y seis talleres vinculados con los bloques Siriri y Catleya. Las reuniones iniciales no se celebraron con el co-peticionario AsoU’wa y solo involucraron la participación de Ascatidar, otra organización representativa de la Nación en el departamento de Arauca.
En mayo de 2005, los U’wa rechazaron el proceso de “consulta” y se negaron a asistir a otros actos. No obstante, el Ministerio del Interior y Ecopetrol llegaron a la conclusión de que los bloques Sirirí y Catleya no violaban los derechos de los U’wa ni la integridad de la comunidad.
Aunque Los U’wa no participaron en la consulta y rechazaron todos los proyectos de desarrollo petrolero en su territorio. A finales de año, el Ministerio del Interior pidió que el más alto tribunal administrativo de Colombia, el Consejo de Estado, declararar que las reuniones de 2004 y 2005 eran suficientes para satisfacer los requisitos de la consulta.
2006: El Consejo de Estado decidió a favor de Ecopetrol que las reuniones eran suficientes para la consulta previa de los bloques Sirirí y Catleya.
2007: Se firmó el contrato para la concesión de minería de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa.
2009: Un batallón militar ocupó y destruyó un lugar sagrado. Las autoridades indígenas presentaron una queja a la oficina del fiscal en Cocuy pero no recibieron respuesta. Se firmaron contratos para otras dos concesiones de minería de carbón. El Ministerio de Medio Ambiente concedió una licencia ambiental a Ecopetrol para la construcción del gasoducto de Gibraltar.
2010: Ecopetrol presentó documentos al Ministerio del Medio Ambiente solicitando un estudio ambiental para el Área de Perforación Exploratoria (APE) de Magallanes.
2012 El gasoducto de Gibraltar comenzó a funcionar.
La Agencia Nacional de Licencias Ambientales otorgó una licencia ambiental a Ecopetrol para el APE Magallanes. Los U’wa argumentaron que la evaluación de impacto ambiental era deficiente e incompleta.
2014: Los ataques al oleoducto de Caño Limón por parte de agentes armados no estatales, frecuentes desde su construcción, siguieron afectando la paz y la tranquilidad de los U’wa. Los ataques al oleoducto provocan contaminación por el derrame de petróleo, afectan la flora y fauna y tienen un impacto especialmente negativo en elementos sagrados para la Nación U’wa.
En octubre de ese mismo año, Colombia presentó sus objeciones a la admisión de la petición de los U’wa a la CIDH.
2015: AsoU’wa presentó una acción de nulidad contra la evaluación de impacto ambiental del APE Magallanes.
En septiembre, fue aprobada la solicitud de la Nación U’wa para la creación del Resguardo Indígena Kuitua.
EarthRights se unió al caso ante la CIDH como co-peticionario, apoyando a la Nación U’wa en su búsqueda de justicia. AsoU’wa también presentó información adicional a la CIDH sobre las nuevas y continuas violaciones.
El 15 de octubre de 2015, la CIDH publicó el informe de admisibilidad reconociendo su competencia sobre la petición presentada por la Nación U’wa contra Colombia.
El Estado convocó una segunda reunión de consulta previa relacionada con las concesiones mineras de carbón. Los U’wa rechazaron cualquier intento de consulta previa porque el territorio no está abierto a las empresas multinacionales.
2016: Los U’wa ocuparon la planta de gas Gibraltar en protesta por el incumplimiento de los acuerdos de 2014 por parte del Estado.
AsoU’wa solicitó el cierre del Parque Nacional Cocuy/Zizuma, debido a los impactos negativos del turismo. Parques Nacionales Naturales de Colombia aprobó el cierre temporal del Parque Nacional Cocuy/Zizuma.
2017: El Parque Nacional Cocuy/Zizuma se reabrió con una mayor regulación de los visitantes. La Nación U’wa y Parques Nacionales Naturales acordaron una evaluación de impacto ambiental.
2018 y 2019: El Estado de Colombia presentó su informe con las observaciones de fondo del caso y luego otro informe adicional a la CIDH.
El 27 de noviembre de 2019, la CIDH adoptó el informe de fondo del caso, encontrando a Colombia responsable por las violaciones de derechos humanos bajo la Convención Americana. El informe confidencial contenía una serie de recomendaciones que Colombia debe seguir para cesar las violaciones y garantizar los derechos de la Nación U’wa, evitando así que el caso sea enviado a la Corte Interamericana.
2020: AsoU’wa y los peticionarios presentaron información a la CIDH sobre el asesinato de un líder U’wa a manos del Ejército Nacional de Colombia durante un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La CIDH envió el caso del Pueblo Indígena U’wa vs. Colombia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
2023: Por primera vez la Corte IDH tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de un pueblo indígena en Colombia.
De este modo, se realizará una audiencia tendrá lugar el próximo 25 y 26 de abril, durante el 157° periodo de sesiones que se llevará a cabo en Santiago de Chile. Donde a su vez, participará la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI en cabeza del secretario técnico Camilo Niño, quien aportará las pruebas recogidas mediante las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en su territorio, debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Luego de una espera de más de 25 años, será escuchada por un tribunal internacional para exponer las reiteradas violaciones de las que ha sido víctima para ser reparados ante la justicia internacional, en los cuales están cuatro componentes como medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación por la violación a sus derechos territoriales y culturales.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Mar 31, 2023 | Nota de prensa
Las Organizaciones nacionales e internacionales firmantes, nos dirigimos a la opinión pública para manifestar nuestra preocupación por el aumento de violencia que Colombia ha venido atravesando en los últimos días. Además de extender nuestra solidaridad a todas las personas que han sido víctimas de esta situación.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) manifestamos nuestra preocupación frente al reciente atentado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, ocurrido en la vereda Campo Alicia dentro del Resguardo del Pueblo Indígena U´wa del municipio de Curaba, Boyacá.
Es importante recordar que el pueblo U´wa ha reiterado en varias ocasiones que las industrias extractivas solo han traído daños ambientales y violencia al territorio, al tiempo de exponer a la comunidad a ataques armados con las consecuencias humanitarias y ambientales que ello conlleva.
En ese sentido, desde este espacio, le solicitamos al Estado colombiano que atienda las solicitudes históricas de la Nación U´wa, mediante la conformación de una comisión especial que analice y valore los daños causados por el atentado, en coordinación de las autoridades indígenas U´wa, con el fin de que se tomen las acciones necesarias para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a presentar en contra de los pueblos originarios del país.
Por ende, consideramos que es necesario que las autoridades y demás entes competentes tomen las medidas correspondientes para garantizar la seguridad y el bienestar de las comunidades, en especial de aquellas que han sido históricamente vulneradas que hoy luchan por su permanencia y pervivencia en un contexto cada vez más complejo. Desde la CNTI, seguiremos atentos a la situación en Colombia y apoyaremos todas las iniciativas que busquen la construcción de una sociedad más justa, solidaria y en paz.
¡Es de suma importancia salvaguardar los derechos y el respeto a la vida de todas las comunidades afectadas por la violencia y la explotación en Colombia!
Para leer el comunicado completo, clic aquí:
¡Defender los territorios, es defender la vida!
por Prensa CNTI | Mar 28, 2023 | Nota de prensa
Resguardo Unido U’wa, Cubará Boyacá, 27 de marzo de 2023
Siendo aproximadamente las 3 pm, del día 27 de marzo de 2023, nuevamente es afectado nuestro territorio ancestral Kera Shikara, como producto de un atentado al Oleoducto Caño Limón Coveñas. De acuerdo a la información preliminar, dicho atentado al oleoducto se presentó en nuestro Resguardo Unido U’wa legalmente constituido por la resolución 056 de 1999, comunidad indígena de Rotarbaria, jurisdicción al municipio de Cubará, departamento de Boyacá.
La voladura del oleoducto Caño Limón en este tramo de nuestro territorio ancestral, atenta nuevamente contra la integridad de nuestras comunidades, daña la armonía de nuestro territorio y de los recursos faunísticos e hídricos de la zona. Estas acciones ponen en riesgo nuestras vidas y nuestra pervivencia física y cultural.
Nuestras autoridades tradicionales lo han dicho muchas veces, la industria petrolera en nuestra región solo ha traído daños ambientales, desarmonía espiritual y cultural, miseria y espejismos de buenos recursos económicos para los sarareños, que en esencia no es más que las migajas de Ecopetrol.
Hacemos un fuerte llamado a los diferentes actores armados de la región, para que se respete nuestro territorio ancestral. A Ecopetrol y al Gobierno Nacional le requerimos no adelantar acciones de reparación o mitigación de los daños acaecidos en el lugar de los hechos, sin coordinación con nuestras autoridades indígenas. Solicitamos a la Defensoría del Pueblo y demás entidades de control público, a los garantes de los derechos humanos, se conforme una comisión especial para que se haga presencia en el lugar de los hechos y se valore los daños.
Exigimos al Gobierno Nacional y al Estado colombiano, garantizar el ejercicio de nuestros derechos territoriales, culturales, la armonía y la paz en nuestro territorio ancestral, Kera Shikara.
Pueblo U’wa, Guardianes de la madre tierra, el planeta azul.
