El pasado 26 de abril de 2023, concluyó la audiencia del caso U’wa Vs. el Estado Colombiano en Santiago de Chile. En la audiencia fueron escuchados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los delegados de la nación U’wa, quienes hablaron de las múltiples violaciones de sus derechos por parte del Estado colombiano.
Como parte de la comitiva participó Berito Kuwar’uwa, líder U’wa, reconocido internacionalmente por llevar el testimonio de su pueblo durante décadas. Igualmente, lo acompañó Daris Cristancho, Ebaristo Tegría en compañía del equipo jurídico de Earth Rights International ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR, Camilo Niño Secretario Técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quien participó como perito ante la CIDH, Fabio Villamizar Director Territorial de Parques Nacionales y los declarantes por parte del Estado colombiano.
Luego de décadas de lucha y resistencia por violaciones de sus derechos humanos y colectivos, la Nación U’wa, finalmente fue escuchada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia histórica. Pese a las contundentes pruebas presentadas por la Nación U’wa y a pesar de que la representación del Estado admitiera que se tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas, el Estado no reconoció responsabilidad internacional en el caso U’wa por las múltiples violaciones de derechos ocurridas durante más de 26 años.
Una posición que contradice el reciente discurso pronunciado por el presidente Gustavo Petro Urrego, en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, el 18 de abril, donde reconoció la importancia de la lucha del pueblo U’wa para la conservación ambiental y los riesgos de la extracción petrolera para el futuro de la humanidad.
Este caso evidencia la imposición de un modelo desarrollo depredador sobre un pueblo indígena que se encuentra en riesgo de exterminio físico y cultural. Para los U’wa, en cambio, el desarrollo es “vivir en libertad y armonía con la naturaleza, la Madre Tierra y el planeta azul”, visión necesaria en un contexto de crisis climática.
Durante la audiencia, realizada en el marco del 157º Periodo de Sesiones de la Corte IDH, Daris Cristancho, llevó la palabra de la Nación U’wa exponiendo los impactos que ha sufrido la comunidad por culpa de las actividades extractivas y turísticas: “Cuando destruyen nuestro territorio para nosotros es como morir lentamente; es aceptar que está muy cerca la muerte espiritual y cultural de nuestro pueblo”.
Asimismo, Ebaristo Tegría, abogado y docente U’wa, explicó cómo el derecho a la consulta y consentimiento más que un derecho, ha sido entendida por el Estado como un trámite y no en un instrumento que respete la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre el desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios: “Nos dijeron a viva voz: esto es una reunión de información porque la decisión de que si se ejecuta o no se ejecuta el proyecto es única y exclusivamente del gobierno colombiano”.
Por su parte, Camilo Niño, perito de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI. En su declaración realizó un contexto de imposición de proyectos extractivos y militarización del territorio, “el Estado no ha adoptado medidas para proteger nuestros derechos”. En ese sentido, su argumento fue respaldado por Laura Posada, abogada de Earth Rights International ERI, quien expresó ante el Tribunal que el Estado colombiano ha señalado que los proyectos extractivos generan desarrollo y bienestar a toda la población, “paradójicamente esto no ocurre en territorio de la nación U’wa”. Además, agregó que “El Estado no realizó esfuerzos para consultar a la Nación U’wa sobre los proyectos extractivos, pese a las múltiples evidencias de ocupación ancestral del territorio y al alto valor espiritual que para la Nación U’wa tienen las zonas en donde se implantaron los proyectos”.
Las organizaciones representantes demostraron las sistemáticas vulneraciones culturales y territoriales de las que el Estado colombiano es responsable. En aras de un pretendido desarrollo se han impuesto en el territorio una serie de proyectos no consentidos por la Nación U’wa, que sólo han traído destrucción y conflicto.
A su vez la Comisión IDH enfatizó que los acuerdos establecidos entre el 2014 y 2016, entre el Estado y la Nación U’wa, no exime la competencia de la Corte para pronunciarse sobre el cumplimiento de las obligaciones internacionales que venían desde antes de la suscripción del acuerdo conforme al derecho internacional.
Ahora, la protección de los derechos de la Nación U’wa está en manos de las juezas y los jueces de la Corte IDH, por lo cual, desde los representantes, ERI, el CAJAR, la ONIC y la Secretaría Técnica indígena de la CNTI confían que la Corte emita una sentencia favorable, que el Estado colombiano se haga responsable por sus acciones y los U’wa obtengan una decisión que dé respuesta a sus exigencias de protección territorial, respeto a la autodeterminación y cuidado de la naturaleza en tiempos de crisis climática.
Desde la Secretería Técnica indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI informamos y rechazamos ante la opinión pública la orden de lanzamiento – amparo policivo emitida el día 24 de abril de 2023 por la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, bajo amparo policivo por Auto 0018 del 10 de mayo de 2022, a favor de la señora Alicia Josefina Rodríguez Iguara, contra la comunidad indígena Santa Clara del Pueblo Wayuu en la que se advierte que dicho procedimiento será realizado el día de hoy 26 de abril de 2023.
La comunidad Santa Clara del Pueblo Wayuu se encuentra en el kilómetro 7 de la vía a Valledupar, conformada en su mayoría por mujeres, niños y adolescentes indígenas. La conforman familias que habitan ancestralmente el lugar, reconocido legalmente como parte de un sistema de sitios sagrados denominado Línea Negra, por Decreto presidencial 1500 de 2018, según consta el Oficio de la Subdirección de asuntos Étnicos de las Agencia Nacional de Tierras. Esta comunidad viene siendo violentada en su derecho al territorio por autoridades del distrito, quienes emiten la orden de desalojo de sus tierras ancestrales.
En ese sentido, hacemos un llamado a la entidades competentes como la Inspección Municipal de Policía de Riohacha, Alcaldía Municipal de Riohacha, Personería Municipal de Riohacha, Oficina de Derechos Humanos de la Policía Nacional, Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Étnicos, Dirección de Asuntos Étnicos del Ministerio del Interior, Agencia Nacional de Tierras – ANT y Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la Republica para que de manera urgente y prioritaria eviten las acciones violentas de desalojo que puedan generar desarmonías en el territorio y se les garantice sus derechos. Además, de que se realice una caracterización de las familias y advertir garantías de reubicación de conformidad con la sentencia T-391 de 2022 para así garantizar la pervivencia como pueblos indígenas.
El pasado 19 de abril, La Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, asistió a una reunión en Villavicencio con la Agencia Nacional de Territorios ANT, con el fin de discutir alternativas sobre las solicitudes de protección del territorio ancestral para las comunidades de Barrulia, San Rafael de Warrojo, Iwitsulibo y Tsabilonia, pertenecientes al Pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta.
En este espacio, participaron la alcaldía de Puerto Gaitán, la Gobernación del departamento del Meta, la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la organización Unuma, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI, Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT y la Sociedad Activos Especiales SAE, quienes propusieron, bajo el procedimiento de seguridad jurídica establecido en el decreto 2333 de 2014, la entrega provisional de algunos predios para garantizar de manera transitoria el acceso a la tierra para el desarrollo, uso y costumbres de las cuatro comunidades del Pueblo Sikuani.
En ese sentido, desde la ANT, a través de la Sociedad de Activos Especiales SAE, propuso administrar un predio en el que las cuatro comunidades pudieran ser ubicadas mientras que la agencia resolviera las solicitudes de protección ancestral en curso para estas comunidades. Esto obedece, a que los procesos que la ANT está llevando a cabo tomarán más tiempo de lo previsto. Por esta razón, la agencia propuso que un predio rural de más de 9 mil hectáreas, como una medida de ubicación provisional para las comunidades mientras se resuelven los procedimientos administrativos.
Durante esta presentación, las comunidades solicitaron aclaraciones, realizaron preguntas y plantearon otros temas. Posteriormente, se pasó a un escenario autónomo para valorar la propuesta, y así, las comunidades pudieran tomar una decisión al respecto.
De acuerdo con lo anterior, las comunidades bajo un escenario de interlocución y ajustes de acuerdo a la propuesta de la ANT, tomó la decisión de que el predio propuesto solo podría ser ocupado por la comunidad de Tsabilonia, ya que esta ubicado en el territorio solicitado en protección por esta misma comunidad. Por lo tanto, las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Warrojo consideran que no podrían ocupar este territorio ya que no forma parte de su solicitud de protección.
De esta manera, las delegaciones de las cuatro comunidades propusieron a la Agencia Nacional de Territorios que este predio fuera un lugar transitorio exclusivo para la comunidad de Tsabilonia, y que se continuara al mismo tiempo con los procesos y las solicitudes de protección ancestral de las otras tres comunidades que no habrían de ocupar el predio, así como las cuatro revocatorias que debe resolver la ANT para el caso de Barrulia.
La reunión fue un escenario de interlocución, de escucha y de respeto mutuo. La comunidad de Tsabilonia cumplirá, a través de la Agencia Nacional de Territorios, un acuerdo mediante el cual se gestionará su ubicación provisional en el predio propuesto por la Sociedad Activos Especiales SAE. Además, el Ministerio del Interior se comprometió a hacer un seguimiento de las condiciones y medidas de seguridad.
La Nación U’wa que habita los territorios ancestrales ubicados en los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá, luego de 25 años buscando justicia será escuchada este próximo 25 y 26 de abril de 2023 durante la 157°periodo de sesiones de La Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH que se llevará a cabo en Santiago de Chile.
En este hecho histórico la Nación U’wa, participará con una delegación de la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de la Nación U’wa AsoU’wa, La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, EarthRights International-ERI, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR y el Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, quienes expondrán el caso ante Corte IDH, quien tendrá que tomar una decisión frente a la responsabilidad del Estado colombiano por la violación de los derechos territoriales y culturales de este pueblo indígena en Colombia.
Ante el tribunal internacional los delegados de la Nación U’wa hablarán de las reiteradas violaciones de las que ha sido víctimas en su territorio. Heber Tegría, miembro de la Nación U’wa, aseguró que “se trata de un momento determinante, no sólo para los U’wa, sino también para los demás pueblos indígenas de Colombia, pues esta será una audiencia en la que podrán ser escuchados de viva voz y a través del legítimo ejercicio de defensa del derecho a la vida, al territorio y a la integridad cultural, para exigir que el Estado colombiano garantice su protección de manera efectiva como pueblos ancestrales”.
Cabe mencionar que, luego de acudir a instancias nacionales y no obtener respuesta, la Nación U’wa presentó su demanda ante el Sistema Interamericano en 1997. De este modo, su participación en una audiencia es un hito, pues es, el primer pueblo indígena del país que ha logrado llegar a la Corte IDH en un juicio contra el Estado colombiano por la violación a sus derechos territoriales y culturales. Según Juliana Bravo Valencia directora del programa Amazonía de EarthRights International mencionó que “la Nación U’wa lleva décadas buscando justicia para que su territorio, su autonomía y su cultura sean respetadas, por ello la relevancia de que la Corte Interamericana los escuche y establezca medidas de reparación que garanticen su supervivencia”.
Esta será la primera vez que el Estado colombiano responda ante un tribunal internacional por siglos de discriminación y abandono de los pueblos indígenas, así como por la apropiación y explotación de los recursos naturales de sus territorios. Además, “en medio de la crisis climática que atraviesa el planeta es fundamental que los pueblos indígenas sean escuchados y por la importante labor que cumplen en la protección del medio ambiente”, puntualizó Juliana.
Por su parte, Alejandra Escobar Cortázar, coordinadora del equipo de litigio internacional del CAJAR señaló que “esta es una oportunidad para que el Estado colombiano desarrolle su política de convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida, y repare integralmente a una Nación cuyos derechos han sido vulnerados durante siglos. La Nación U’wa ha defendido el buen vivir, la cultura y el territorio ancestral en medio de un continuum de violencias, consecuencia de un modelo de desarrollo extractivista impuesto que concibe el territorio tan sólo como un acumulado de recursos por explotar”.
Igualmente, desde la Secretaria Técnica de la CNTI se aportará las pruebas recogidas de las declaraciones de peritos que se realizó sobre las diferentes afectaciones que viene padeciendo el pueblo U’wa en materia de sus derechos territoriales debido a las explotaciones petroleras que atentan contra su espacio sagrado.
Las reparaciones solicitadas por la Nación U’wa ante la justicia internacional giran en torno a cuatro componentes como las medidas de restitución, medidas de satisfacción, garantías para la no repetición y medidas de compensación. Finalmente, la Nación U’wa espera que la Corte IDH falle a su favor y que su caso contribuya con la reivindicación de derechos de los pueblos étnicos, pues esto representaría el reconocimiento de la resistencia y la lucha de la Nación U’wa, y su rol como guardianes de la Madre Tierra. Además, puede convertirse en un referente para otros pueblos ancestrales en Colombia y el resto de Latinoamérica.
La secretaría técnica de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se reunió el día 11 de abril del 2023, con Astolfo Aramburo Vivas, subdirector de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Territorios ANT, para revisar la ruta que se ha implementado desde la agencia para dar respuestas de fondo a la problemática que viene padeciendo la comunidad de Barrulia del pueblo Sikuani, quienes vienen solicitando el reconocimiento de su territorio ancestral. Además, de resolver el tema de la revocatoria directa donde se tenía que oficializar la suspensión de los desalojos policivos que se presentó en la comunidad.
En ese sentido, desde la Secretaria Técnica en cabeza de Camilo Niño, comentó que desde la ANT se debe actuar para no seguir esperando si hay una recusación, ya que no se puede continuar presentando una demanda para que la entidad actúe, puesto que para eso se ha dialogado, para a su vez, generar la confianza con la comunidad. Este caso requiere de celeridad, puesto que desde el mes de marzo del 2022 se emitió una resolución para dar solución al tema Barrulia, pero continúan las revocatorias, las cuales ya están cumpliendo su periodo y hasta el momento no hay una respuesta. Igualmente, en los meses de mayo, junio y julio de 2022, se esperaba que la ANT diera respuesta sobre los elementos que encontraron y cómo se pensaba resolver, pero esto no se dio y en cambio, los menonitas que ocupan parte del territorio no se han detenido y continúan acaban con la pradera y lo que queda del territorio.
Esto ha generado un problema de derechos humanos, ya que los niños se están enfermando tanto el estómago como de la piel por la contaminación de químicos que están llegando a los morichales. La preocupación desde la CNTI es que no se logra resolver el problema de fondo y solo se está dilatando a través de reuniones donde no hay una respuesta concreta para dar solución a la comunidad.
Por su parte, el subdirector de la ANT, mencionó que se continúan recopilando los elementos de prueba para el auto y así darle una salida a esta problemática. En este proceso participarán un equipo de topógrafos, profesionales sociales, abogados e intérpretes quienes harán las visitas en campo. Además, aclaró que este es un nuevo equipo que acompañara en este proceso quienes están comprometidos para darle una salida a este tema.
También desde la ANT están considerando varios elementos en el auto de prueba, los cuales reposan en los expedientes que se tienen sobre el caso de Barrulia. Es decir, que no harán caso omiso sobre lo que ya se ha realizado, sino que esto será considerando en la etapa probatoria para así tomar una decisión frente al caso.
Finalmente se mencionó en promover una reunión interinstitucional para tocar este asunto donde se cuente con las garantías que busca tanto de la CNTI como la comunidad de Barrulia. Es decir, vinculando a la Unidad de Restitución de Tierras URT, La Procuraduría, La Defensoría y otras organizaciones para abordar el tema del pueblo Sikuani y darle la importancia y la magnitud que tiene este caso. Puesto que se entiende que desde la ANT tiene la responsabilidad en resolver o reconocer el tema del territorio ancestral, las otras entidades puede garantizar la situación de derechos humanos. Porque si bien, se han detenido los desalojos por parte de la policía, hay una amenaza latente, por el solo hecho de estar presentes en la comunidad, quienes están en un estado complejo de nerviosismo, porque en cualquier momento los pueden desalojar nuevamente.
