Los Pueblos Indígenas dejamos constancia que el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se retiró de la VI Sesión Mixta de la CNTI sin ofrecer respuestas claras a las inquietudes y demandas expresadas por nuestros delegados y Secretario Técnico Indígena.
Ante esta falta de compromiso, a las 12:00 a.m. decidimos pausar el espacio de diálogo y concertación, esperando su regreso para atender de manera responsable los temas planteados. Sin embargo, su ausencia prolongada, sin explicaciones ni justificaciones, evidencia un desinterés y una carencia de compromiso hacia los derechos de los Pueblos Indígenas.
Luego de varias horas de dilación, a las 3:00 am los delegados del gobierno descaradamente proponen la continuación de la sesión para el próximo año. Sin embargo, los delegados de los Pueblos y organizaciones Indígenas de la CNTI nos declaramos en Sesión Permanente hasta que exista un nuevo espacio de concertación y diálogo antes de finalizar el año. Exigimos que en cumplimiento de sus funciones asistan y participen en el espacio el señor Juan Felipe Harman, Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la señora Martha Viviana Carvajalino Villegas, Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural.
Esta actitud displicente con este espacio de concertación refleja la falta de voluntad política para garantizar nuestros derechos territoriales y avanzar en el cumplimiento de acuerdos previos, alcanzados en este espacio de diálogo y concertación. Los Pueblos Indígenas hemos participado en estos diálogos con la firme intención de construir soluciones conjuntas, desde el respeto y la concertación. Sin embargo, el abandono abrupto de los representantes de la ANT y del Ministerio de Agricultura, voceros políticos del Gobierno Nacional, transmite un mensaje claro de negligencia frente a las problemáticas que afectan a nuestros pueblos y territorios.
Por lo tanto, EXIGIMOS:
Reanudación lo antes posible de los espacios de diálogo y concertación, con la presencia de los altos funcionarios de la ANT y del Ministerio de Agricultura, y los compromisos claros para responder a nuestras exigencias.
Una disculpa pública por la falta de respeto demostrada al abandonar el diálogo sin previo aviso ni justificación.
Garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados en sesiones mixtas anteriores, respetando nuestras decisiones y propuestas en los espacios de concertación. Solicitamos a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo tomen las medidas correctivas necesarias frente a esta inoperancia que vulnera los derechos de los Pueblos Indígenas.
Los Pueblos Indígenas reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de paz, justicia y garantías para nuestros territorios. Sin embargo, advertimos que no permitiremos que nuestras voces sean ignoradas ni que nuestros derechos sigan siendo vulnerados. El llamado es #URGENTE, para que el Gobierno Nacional actúe de manera inmediata con seriedad y responsabilidad, garantizando un diálogo de resultados concretos para la materialización de nuestros derechos fundamentales y territoriales.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, es expresión de las luchas históricas que los pueblos y las organizaciones indígenas del país hemos adelantado en la defensa de nuestros derechos, nuestra dignidad y de la integridad de nuestros territorios. Con la expedición del decreto 1397 de 1996, y superando las dificultades, se ha consolidado y legitimado como el espacio nacional de diálogo y concertación de gobierno a gobierno, en el que las organizaciones de los pueblos indígenas que la conformamos y amparados en normatividades del derecho mayor, derecho propio, ley natural, ley de origen como de normas nacionales e internacionales, hacemos seguimiento a las políticas públicas, los diseños institucionales, el presupuesto asignado y el conjunto de acciones mediante las cuales el Estado colombiano debe garantizar el goce efectivo de nuestros derechos territoriales como parte de sus obligaciones constitucionales y de la deuda histórica del Estado con nosotros.
El escenario de la Comisión es también en el que desplegamos nuestras acciones por la reivindicación y el reconocimiento de nuestra existencia como pueblos, por la transformación de nuestra realidad, la sociedad y sus instituciones, en un país en el que históricamente, como bien lo ratificó la Comisión de la Verdad, ha sido construido sobre relaciones coloniales, violentas, y un racismo estructural mediante el cual se ha buscado justificar el despojo de nuestros territorios y la negación de nuestra existencia como pueblos. Tan solo las más de 600 solicitudes de restitución de derechos territoriales, que a la fecha han sido interpuestas por los pueblos indígenas ante la Unidad de Restitución de Tierras y territorios despojados, así como las 1595 solicitudes de formalización, protección y seguridad jurídica elevadas ante la Autoridad de Tierras y no resueltas, así lo evidencian.
Con la firma del Acuerdo Final de Paz de la Habana, como pueblos indígenas aspiramos que con su implementación, sean materializados nuestros derechos a la seguridad jurídica y material de nuestros territorios; materialización que tal y como quedó establecido en el capítulo étnico, debe ser interpretado en su integridad, desde la perspectiva étnica y cultural que ha sido establecida en el ordenamiento jurídico internacional, constitucional, jurisprudencial y legal, con especial atención al principio de no regresividad de nuestros derechos.
No es admisible que importantes instrumentos facilitadores, de la reforma rural integral como Decretos, Acuerdos de la Agencia Nacional de Tierras, proyectos de ley, etc., se estén diseñando o expidiendo bajo el desconociendo flagrante del derecho de participación y de consulta previa, pese al llamado de los pueblos y organizaciones indígenas al gobierno nacional para trabajar conjuntamente y con los otros sujetos de derecho que correspondan, de manera previa a su adopción, de modo que se logre la construcción de las mejores herramientas y garantías para todos.
Los efectos ya se ven en los territorios, en donde se generan o acentúan conflictos, ya sea por la expedición de normas y decisiones administrativas que desconocen la preexistencia de derechos de los pueblos indígenas, entre ellos el de posesión ancestral y/o tradicional según los estándares constitucionales e interamericanos, o por actuaciones institucionales que invisibilizan o niegan territorialidades, así como los sistemas propios de solución de conflictos y sus funciones jurisdiccionales.
Reconocemos que el actual gobierno ha marcado un hito respecto al presupuesto asignado para garantizar la seguridad material de nuestros territorios. Sin embargo, el presupuesto no ha sido ejecutado de manera eficiente, dado que, de los más de 342.000 millones de pesos destinados, a la fecha solo se ha ejecutado el 27% y comprometido el 76% para 2024. Situación que genera gran preocupación por la posibilidad de que se aplique el principio de anualidad y se castigue presupuestalmente a la entidad, lo que genera consecuencias nefastas a nuestro derecho fundamental al territorio y los derechos conexos. Es urgente que la ANT tome las medidas necesarias para garantizar la totalidad de la ejecución presupuestal como evidencia del compromiso asumido por parte del gobierno nacional con los pueblos indígenas.
En este momento crucial de revisión del cumplimiento del Acuerdo de Paz, que se suma a la continuación de lo que los pueblos y organizaciones indígenas de la CNTI hemos diagnosticado como un estado de cosas inconstitucional en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia, así como al incumplimiento reiterativo de los acuerdos concertados en los diferentes escenarios nacionales incluidos los suscritos en el marco de las sesiones de la CNTI, por lo que exigimos:
Que en el marco del Acuerdo de Paz y de la garantía de nuestros derechos territoriales, materializar el enfoque étnico territorial y cultural indígena el cual deberá materializarse en la adecuación de procedimientos, instructivos institucionales, fortalecimiento de capacidades y dependencias, actualización normativa conforme a estándares superiores y de pluralismo jurídico, y los demás mecanismos que se definan.
Que en cumplimiento y aplicación de los principios de autoidentificación y autorreconocimiento y de la jurisprudencia constitucional e interamericana en materia de identificación de los territorios indígenas, concertar con los pueblos indígenas de manera pronta y expedita el mecanismo incidental en procesos y procedimientos de toma de decisiones susceptibles de afectar o involucrar nuestros territorios y que permitan su debida autoidentificación, en el entretanto se consolidan los sistemas nacionales que albergarán la información relativa a territorios y territorialidades.
La creación de una Comisión o Grupo de Trabajo con integración y participación de los pueblos indígenas que diseñe un plan de choque y revise las solicitudes en trámite de constitución de TECAM, zonas de reserva campesinas, concesiones forestales, y demás trámites susceptibles de afectar o involucrar los territorios y territorialidades indígenas, a fin de identificarlos y en caso de que existan, diseñar las rutas de prevención y/o solución de conflictos que puedan presentarse.
La conformación de un Grupo de Prevención y Atención transitorio para la prevención y atención inmediata de conflictos territoriales y socioambientales que se presentan en nuestros territorios, en particular los asociados a procedimientos en curso, finalizados y/o decisiones adoptadas, a fin de revisar, definir y concertar el mecanismo de atención y solución específico para cada caso, hasta tanto se concerte el protocolo de atención de conflictos terrtitoriales y socioambientales pactado en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.
Adelantar el diseño e implementación de una estrategia de fortalecimiento y adecuación institucional de las oficinas especializadas y dependencias encargadas de asuntos indígenas dentro de las entidades del Estado en los sectores de Interior, Ambiente, Agricultura, Justicia y Hacienda. De especial preocupación para los pueblos indígenas, es el decaimiento de la creación de la Subdirección de Asuntos Indígenas de la Agencia Nacional de Tierras, el debilitamiento de la Dirección Asuntos Indígenas Rom y Minorías del Ministerio del Interior y la creación de la Dirección de la Autoridad Nacional y Consulta Previa de manera inconsulta, cuestiones que deben ser atendidas de manera prioritaria.
Retomar la Mesa de Articulación Interinstitucional, creada en la sesión VI de 2022 de la CNTI, para evaluar, formular, hacer seguimiento a las políticas públicas que afectan los territorios y territorialidades y su articulación a las políticas propias de los pueblos indígenas.
La participación efectiva de los Organismos de Control (Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Contraloría General de la República para que cumplan con sus funciones de seguimiento, verificación y control del cumplimiento de los acuerdos, acciones y exigencias formuladas por los pueblos indígenas ante el Estado y en particular las exigidas en este escenario.
Para finalizar, exigimos al Gobierno Nacional que desde el enfoque de derechos cumpla a cabalidad con los compromisos asumidos en el marco de los acuerdos pactados en el Plan Nacional de Desarrollo, el Acuerdo Final de Paz, y en la CNTI; cuya materialización se traduce en la superación de la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas en materia territorial.
Hacemos un llamado a todas las organizaciones de los pueblos indígenas para que nos acompañen en el proceso de seguimiento, control, cumplimiento y exigibilidad de las garantías de nuestros derechos, así como a las acciones que sean requeridas ante el incumplimiento de los acuerdos, funciones y obligaciones del Estado en la materialización de los mismos.
El 21 de noviembre de 2024, en el marco de la VI sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI, se realizó el espacio autónomo donde se avanzó en el análisis de los insumos técnicos presentados por el Gobierno Nacional. En este espacio se advirtió sobre varios temas de carácter estructural que afectan la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.
Por un lado, se destacó la problemática estructural identificada respecto a la Dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, para cumplir con su misionalidad, expresada en la reducción de la capacidad del personal para atender el rezago acumulado y la cantidad de solicitudes sin resolver asociadas al registro de autoridades, autocensos y estudios etnológicos.
En relación a la Agencia Nacional de Tierras ANT se subrayó la importancia de comprometer el 100% de los recursos asignados para la presente vigencia, así como, la necesidad de realizar una planeación integral efectiva para la vigencia 2025.
Finalmente, respecto al cumplimiento de las órdenes de las medidas cautelares y la ruta étnica de protección (artículo 150 del Decreto 4633 del 2011), relacionadas con procesos de formalización y protección de los territorios indígenas, se señaló la necesidad de la articulación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras para la materialización de sus derechos.
Los pueblos indígenas reafirmamos nuestro compromiso con nuestras posturas políticas y técnicas, y continuamos trabajando en la defensa y garantía de los derechos territoriales de nuestros pueblos indígenas.
En el Encuentro Nacional del Agua y la Energía Renovable 2024 se expusieron los resultados de la COP16, las oportunidades en la implementación del Plan Nacional de Biodiversidad, y se habló de la importancia de fortalecer los vínculos agua, biodiversidad y energía para enfrentar la crisis que ha vivido, particularmente, Bogotá.
Por: Cristina Esguerra Miranda, TNC y Laura Garzón Acosta, WWF
Tomado de El Espectador
El protagonista de los Encuentros por el Agua 2024 fue la sequía, que contrastó con las fuertes lluvias e inundaciones que, recientemente, vienen afectando a distintas regiones. Como mencionó Claudia Vásquez, directora de The Nature Conservancy (TNC) Colombia, en todos encuentros regionales, los más de 400 participantes señalaron la necesidad de abordar los retos del agua con un enfoque de integralidad que responda no solo a las coyunturas, sino a los escenarios de vulnerabilidad a mediano y largo plazo. También hablaron de garantizar la participación eficaz de todos los actores, especialmente de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y locales, en la toma de decisiones, y la urgencia de movilizar recursos financieros de fácil acceso para proyectos de conservación.
De acuerdo con Claudia Álvarez, directora ambiental de ISAGEN, “en los encuentros regionales fue evidente la importancia de contar con información adecuada y planear el desarrollo económico de las regiones y los centros urbanos, pensando en su capacidad de abastecimiento hídrico y energético, con el fin de evitar coyunturas de escasez”.
Fueron temas que se alinearon con los resultados de la COP16, un evento determinante para Colombia y el mundo para posicionar el rol de la naturaleza en un contexto de crisis climática, tanto en las decisiones adoptadas por los países parte del Convenio de Diversidad Biológica (CBD), como en los anuncios e iniciativas llevadas a cabo por múltiples actores.
Uno de los grandes logros fue la creación del órgano subsidiario 8J, una decisión trascendental para garantizar una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales en el trabajo realizado dentro del CBD. También se reconoció el rol de los afrodescendientes como actores clave para la conservación de la biodiversidad.
“Este es un paso histórico para avanzar en nuevos esquemas de gobernanza, en donde se asegure una interlocución diferente entre los gobiernos nacionales y subnacionales con las autoridades indígenas y comunitarias en la toma de decisiones sobre gestión ambiental en los territorios”, comentó Sandra Valenzuela, directora de WWF Colombia.
Como bien cuestionó Camilo Niño, secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, “¿por qué aún no llegamos a entender que el agua es un bien colectivo y no sólo un servicio? El agua no es algo ajeno al territorio, para nosotros es algo integral, por ello creemos que para lograr las metas que nos hemos planteado como humanidad, debemos hablar de la protección de la integridad territorial, integridad de todos los elementos que componen esos sistemas: como sistemas de vida´´.
Para dimensionar la importancia de los Territorios y Resguardos Indígenas en la conservación de la biodiversidad en Colombia, basta con observar algunas cifras producidas por el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI: el 50% de los bosques del país se encuentra en Resguardos Indígenas, al igual que el 11,13% de la extensión de los páramos. Además, el 9,22% de las Áreas Protegidas del país y el 17,1% de los Parques Nacionales Naturales coinciden con territorios indígenas.
De las cinco Reservas de la Biosfera en Colombia, tres de ellas (El Tuparro, Cinturón Andino y Sierra Nevada de Santa Marta) incluyen Resguardos Indígenas. Por último, de los 12 humedales de importancia internacional reconocidos bajo la Convención RAMSAR, cinco se traslapan con Resguardos Indígenas, representando el 12% de la extensión total de estos ecosistemas en el país. Cifras que evidencian la importancia de la protección territorial y de la participación de los Pueblos Indígenas en la toma decisiones en todos los niveles.
Panel 2 conformado por: Natalia Acero Martínez, Líder de Gestión Integral de Cuencas y Recursos Hídricos de TNC Colombia; Nathasha Avendaño, gerente de Empresa de Acueducto de Bogotá; Fabián Mauricio Caicedo Carrascal, dirección gestión integral del recurso hídrico de la Secretaría Distrital de Ambiente; Marta Cecilia Díaz Leguizamón, Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNN; David Millán, asesor del Viceministro de Vivienda y Yesid González, director Ejecutivo de ASOCARS. Foto: Agencia Doble A
La naturaleza, esencial dentro de las agendas de acción de cualquier sector Incorporar la biodiversidad, el agua y los servicios ecosistémicos de los territorios en las agendas de acción de los distintos sectores productivos del país fue otro de los principales éxitos de la COP16.
La palabra “financiamiento” fue la gran protagonista. ¿Cómo financiar los proyectos de naturaleza que aporten a las metas de reducción de la pérdida de biodiversidad, disminuyan la contaminación y ayuden a reducir la emisión de gases de efecto invernadero?
La respuesta podría encontrarse en las reflexiones sobre el nivel de ambición que se tenga para transformar realmente los modelos de desarrollo. La naturaleza está jugando un papel cada vez más relevante, especialmente en las agendas de biodiversidad y clima.
El sector empresarial viene entendiendo cuáles son los impactos, riesgos, dependencias y oportunidades de sus procesos en torno a los asuntos de la naturaleza como la biodiversidad, el agua, el suelo, entre otros. Por ese motivo, la ANDI lanzara la ruta Biodiversidad + Empresa para ayudar a las compañías en el proceso de repensar su relación con los recursos naturales.
“Este instrumento está listo para ponerlo al servicio de las empresas y del gobierno nacional para apalancar la puesta en marcha del Plan Nacional de Biodiversidad”, comentó Dora Moncada, directora del Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) durante el primer panel de la jornada.
¿Y el sistema financiero qué rol juega en la conservación? Otro de los temas abordados fue el papel del sistema financiero en la movilización de recursos a la biodiversidad. Daniel Lacoutere, director de Sostenibilidad de Asobancaria, destacó que integrar las agendas clima y de naturaleza puede ayudar a movilizar mucho más rápido los recursos.
Según explicó, una de las principales barreras de movilización de recursos para proyectos de naturaleza está en el proceso de identificar el cumplimento de los objetivos, por ejemplo, si se restauró un ecosistema o si se descontaminó un río, así como lograr los cierres financieros.
El camino para avanzar en la financiación de proyectos de naturaleza de manera más rápida es la integración de las agendas. Como bien explicó, el financiamiento combinado es otra alternativa que permite distribuir los riesgos entre distintos sectores de la sociedad; el crédito directo no es la única solución, sino parte de ella.
Con estas necesidades en la mira, Asobancaria lanzará el Sistema Nacional de Biodiversidad y Adaptación (SINBA), que busca determinar la forma en que se deben movilizar los recursos y entender qué se está financiando en proyectos de naturaleza y gestionar los riesgos. También destacó el involucramiento de las comunidades locales, indígenas, afrodescendientes y campesinos porque, justamente, son estas comunidades las que habitan las zonas más biodiversas.
Los retos para garantizar la seguridad hídrica del país a la luz de la crisis en Bogotá Desde que arrancó el 2024, los colombianos han visto distintas manifestaciones del cambio climático. En enero, la sequía causada por el fenómeno del Niño generó y facilitó la propagación de incendios que afectaron la biodiversidad y la calidad del aire de varias ciudades, incluyendo la capital. Dos meses después, en la segunda semana de abril, la Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar cortes de agua en la ciudad, porque el volumen total del sistema de embalses que la abastecen era de 45,17%, según cifras del acueducto del distrito.
“Este ha sido el año más seco desde 1995, con el agravante de que, a diferencia de 1994, que fue un año con bastantes afluencias al sistema, 2023 fue un año seco”, explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su intervención en el encuentro.
En junio, la Alcaldía flexibilizó las medidas del racionamiento, no porque se hubieran cumplido las expectativas de lluvia (para esa época se esperaba la llegada del fenómeno de La Niña), sino porque habían logrado aumentar la capacidad de agua proveniente del sistema de Tibitoc, y ello permitía bajarle la presión al de Chingaza, que proveía el 70% del agua consumida en la ciudad. Según el alcalde, hoy el sistema de Tibitoc trae el 50% del agua de Bogotá.
En la primera mitad de noviembre, los esperados aguaceros llegaron con tal fuerza que el país y la capital comenzaron a sufrir inundaciones. “Estamos viendo la otra cara de la moneda del cambio climático, que son las inundaciones en la cuenca alta del río Bogotá”, dijo Natalia Acero, líder de agua de TNC Colombia.
Por ese motivo, durante el panel sobre la crisis hídrica de Bogotá se enfatizó en la importancia de proteger la naturaleza para mitigar y adaptarnos a fenómenos naturales en todo el país par no llegar a situaciones como las que ha vivido Bogotá a lo largo de 2024.
“Estos desequilibrios también se generan por la forma como estamos manejando nuestros ecosistemas. No los estamos viendo de manera integral, y ello rompe la armonía natural. Por ejemplo, los páramos no pueden ser fábricas de agua si no cuidamos su vegetación”, explicó Marta Cecilia Díaz, subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales Naturales.
“Hemos tendido a gestionar nuestros sistemas de abastecimiento de agua y de energía con infraestructura gris. Hacemos embalses, canalizamos ríos para evitar que se desborden, pero nos falta, no solo desde lo conceptual, sino también desde lo estructural y financiero, vincular a la naturaleza como parte del sistema de abastecimiento de agua”, añadió Acero.
Bogotá ya ha venido incluyendo la protección y restauración de la naturaleza como parte del plan para garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad. Según explicó Natasha Avendaño, gerente de la Empresa de Acueducto de Bogotá, esta última lleva más de 70 años comprando predios en zonas estratégicas para la protección de los ecosistemas asociados a la producción de agua, principalmente en el páramo de Chingaza y el de Sumapaz. “Esas inversiones en infraestructura verde no solo nos van a permitir ser resilientes, sino también mejorar la calidad del agua”, dijo Avendaño.
Durante el panel también se profundizó en los desafíos de abordar este tipo de crisis por la manera como se ha organizado el territorio y la cantidad de actores involucrados. “No estamos hablando solo del alcalde de Bogotá, sino también de los de los distintos municipios que componen la región”, dijo Yesid González, director de ASOCARS (Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales). Cada municipio del país tiene características e intereses distintos, que, como señaló Fabián Mauricio Caicedo, director de la Gestión Integral del Recurso de la Secretaría de Ambiente, pueden llevar a una desarticulación a la hora de abordar los desafíos de la crisis climática. “Cada uno está cumpliendo su propósito loable, pero en últimas se pueden estar perdiendo esfuerzos técnicos y financieros”, dijo. Por ello, ambos resaltaron la importancia del trabajo articulado, tal como lo evidenciaron los encuentros por el agua realizados durante el 2024 en Antioquia, Santander, Caldas, Meta, Amazonas y Bogotá.
“Como sociedad, ya hay conciencia de que tenemos un reto grande que enfrentar, y estamos reaccionando desde el Estado, las empresas, los gremios, las comunidades, la academia”, afirmó David Millán, asesor del viceministro de Vivienda. Añadió que las medidas tomadas para abordar estas crisis debían tener en cuenta su implementación en cada territorio del país, y en los respectivos planes de desarrollo.
Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Foto: Agencia Doble A
El plan para garantizar la seguridad hídrica de Bogotá Además del racionamiento y de diversificar las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad con el sistema de Tibitoc, el alcalde de Bogotá explicó otras de las medidas que están tomando para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad hoy y hacia el futuro. Por ejemplo, las 60.000 viviendas de interés social que se construyan en los próximos cuatro años tendrán un sistema de optimización de agua lluvia y aguas grises. Además, la línea 1 del metro, actualmente en construcción, tendrá la capacidad de almacenar 2.165m3 de agua lluvia.
También están impulsando la puesta en marcha de la PTAR Canoas, que busca resolver el manejo de aguas residuales de la ciudad. “Es el proyecto ambiental más importante de Colombia y Latinoamérica”, señaló el alcalde. Esta recibirá aguas residuales de las cuencas de Fucha, Tunjuelo, Tintal, y el casco urbano del municipio de Soacha, lo que representa el 70% de las aguas residuales de Bogotá. Ello no solo tendrá impacto en la cuenca del río Bogotá, sino también en la del Magdalena.
Adicionalmente, se ha venido trabajando en la estructuración de un proyecto a largo plazo del Fondo Verde del Clima (un mecanismo financiero creado en la COP16 de cambio climático para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para responder a los desafíos de la crisis ambiental), que será clave para garantizar la seguridad hídrica de la ciudad. “Vamos a aumentar la captación del río Bogotá, y ello implica hacer una inversión para restaurar y conservar toda la cuenca”, explicó el alcalde. El proyecto, que tendrá una inversión de $92 millones de dólares, propone acciones de restauración y conservación en 172.499 hectáreas en áreas altamente vulnerables al cambio climático.
Entre el 20 y el 22 de noviembre se realiza en la ciudad de Bogotá la VI Sesión Mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas del 2024. Este es un espacio de concertación entre delegados de los pueblos indígenas y funcionarios del Gobierno Nacional, con el fin de revisar los acuerdos clave para el avance en la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas con enfoque de paz.
En el primer día, el Gobierno presentó informes sobre las gestiones que están realizando y avances del cumplimento de acuerdos. Estos reportes se generaron alrededor de varios temas: reparación integral, mecanismos propios y estándares para resolución de conflictos, garantías institucionales y orgánicas, garantías institucionales para el autorreconocimiento, sistemas de información indígena, seguridad jurídica, impulso y seguimiento o estratégico integral de casos.
Por un lado, la Unidad de Restitución de Tierras -URT-, realizó un balance de los acuerdos, mencionando las demandas que se han radicado en relación con la estrategia de aceleración y el Plan de Acción Étnico. Se resalta la necesidad de que la URT y la Agencia Nacional de Tierras -ANT- fortalezcan su trabajo en relación con la ruta étnica de protección y las medidas cautelares, para impulsar los procesos de formalización de territorios indígenas.
Por su parte, la dirección de asuntos indígenas, Rom y minorías del Ministerio del Interior, resaltó en su informe dificultades estructurales para atender su misionalidad, que se relacionan especialmente con la falta de personal. Esta situación ha disminuido la capacidad de respuesta de la dirección, lo que genera graves afectaciones al derecho al autorreconocimiento como pueblos y comunidades indígenas y con este sus derechos conexos: derecho al reconocimiento del gobierno propio, derecho a la protección del territorio ancestral, derecho a la propiedad colectiva, derecho a la salud, entre otros.
En lo relacionado con las garantías institucionales para el autorreconocimiento, se relacionaron las acciones realizadas durante el 2024 en relación con la incidencia para que se agilicen los procedimientos de formalización dotación, protección y seguridad jurídica de los territorios indígenas, lo cual se ha llevado a cabo mediante articulación constante con el Gobierno Nacional para las adecuaciones institucionales y normativas necesarias dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo -PND.
Frente a los sistemas de información indígena, la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa -DANCP- del Ministerio de Interior expuso el avance que existe para la integración entre el Sistema de Información de Consulta Previa -SICOP- y el Sistema de Información Geográfica Indígena -SIG-I-, lo cual se realiza con el fin de contar con información actualizada y accesible sobre el estado de los procesos de Consulta Previa a Pueblos Indígenas de todo el país. Otro aspecto importante en esta línea, son los procesos de reconstrucción de polígonos de resguardos indígenas, que debe contar con la participación efectiva de los pueblos indígenas y para lo cual la ANT presentó la metodología.
Sobre la seguridad jurídica, se abordaron las garantías presupuestales que viabilizan la atención efectiva de las solicitudes de los pueblos indígenas, el cumplimiento de metas pactadas para esta vigencia, el fortalecimiento de adecuación institucional y el registro de los actos administrativos que permiten entrega material de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Estas acciones buscan activar todos los mecanismos para reconocer, proteger y agilizar de manera integral los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por último, en una mesa paralela, durante este primer día se abordaron algunos de los casos emblemáticos que evidencian problemáticas estructurales transversales a los procedimientos de formalización, dotación y seguridad jurídica de los pueblos indígenas. El objetivo de este espacio es generar rutas que permitan el impulso de los casos para que esto se concrete. La CNTI ratifica su compromiso con el acompañamiento a las comunidades y pueblos indígenas para las garantías del derecho fundamental al territorio.
Esta sesión es la última del año y se convierte en un escenario clave para evaluar los avances de los compromisos del Gobierno, y para dar seguimiento a los aspectos que deben fortalecerse con el fin de avanzar en las garantías para los pueblos indígenas. El día viernes se realizará la concertación con base en los informes entregados durante el primer día y los consensos a los que llegue el movimiento indígena en su espacio autónomo.
