La Comisión Nacional de Territorios Indígenas fue creada por el Decreto 1397 de 1996. Es un órgano asesor y coordinador de la implementación de las políticas estatales relacionadas con las garantías y el goce efectivo de derechos territoriales de los pueblos indígenas. Se encuentra conformada por la Confederación Indígena Tayrona (CIT), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Posteriormente se les dio asiento como invitados permanentes a las organizaciones indígenas AICO y Gobierno Mayor, que cuentan con un total de diez delegados y en el que participan los senadores y los exconstituyentes indígenas.
Para impulsar la ejecución de sus funciones, el Decreto 1397 contempló para la CNTI la creación de una Secretaría Operativa conformada por un delegado indígena (o Secretaría Técnica Indígena [STI] de la CNTI), un delegado del Ministerio de Agricultura y un delegado por las otras entidades gubernamentales que la conforman (o Secretaría Técnica Gubernamental [STG] de la CNTI). Es preciso señalar que, desde la creación de la CNTI y en ejercicio de la autonomía, las organizaciones indígenas nacionales con asiento en este organismo acordaron que la coordinación e impulso de la STI-CNTI estaría a cargo de la Confederación Indígena Tayrona (CIT). En la Comisión se abordan los asuntos propios para la garantía y exigibilidad del goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, relativos a los procedimientos de protección de territorios ancestrales y solicitudes de formalización de territorios indígenas (constitución, ampliación, restructuración y saneamiento de resguardos). Otro de los mandatos de la CNTI es el seguimiento de la política pública y la formulación de recomendaciones y modificaciones a la legislación nacional en materia agraria.
Señor Relator Especial: en Colombia existe una brecha en el reconocimiento, la delimitación, protección, titulación y restitución de los derechos territoriales indígenas y frente al ejercicio de nuestra autonomía. Lo anterior mantiene en riesgo nuestra pervivencia física y cultural como pueblos indígenas en este país.
Por una parte el Estado colombiano no cumple con garantizar la existencia de procedimientos especiales, tramitados en tiempos razonables y que permitan soluciones definitivas sobre las solicitudes que hemos elevado para el reconocimiento de nuestros territorios.
• Existen hoy en el país cerca de 1.136 solicitudes que los pueblos indígenas hemos elevado a la institucionalidad para formalizar la propiedad en nuestros territorios que sin embargo no han sido resueltas y ello no obstante haber sido presentadas varias de ellas con décadas de antelación.
• La protección, garantía y materialización de nuestros derechos territoriales se ha visto limitada por cuenta de una restringida lectura institucional del concepto de “territorio” y sus alcances. Al menos tres limitaciones lo ilustran: i) una concepción del territorio fragmentada y desprovista del sentido de territorialidad amplia ii) el predominio de una lógica del ordenamiento territorial reducida a polígonos aislados entre sí, que desconocen la conectividad cultural, espiritual y ecológica de nuestros territorios, así como otras formas de ordenamiento propias y iii) La ausencia de una lectura y de medidas institucionales que comprendan y atiendan a las graves implicaciones del conflicto armado interno en nuestras formas de relacionarnos con nuestros territorio.
En Colombia la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas presenta un preocupante rezago en el trámite de las solicitudes en sus etapas administrativa y judicial que han retrasado la garantía de este derecho fundamental; e Incluso, la mayoría de órdenes contenidas en las pocas sentencias que en casi 13 años de su vigencia han sido emitidas por los jueces especializados, adolecen de su cumplimiento.
• En el marco del seguimiento a la implementación de esta política y de su Decreto Ley 4633 de 2011 (sobre restitución de derechos territoriales a pueblos indígenas), hemos advertido la existencia de un rezago estatal en la atención a estas solicitudes. Solo al 2023 nos encontramos con un panorama de 632 solicitudes de restitución, de las cuales 403 en etapa administrativa y 197 casos en etapa judicial). A hoy solo se han proferido 24 sentencias judiciales. Loa anterior evidencia los que son unos desafíos de estado (administrativos y judiciales) frente a tal política y al que sigue siendo un estado de cosas institucional en la materia.
Los pueblos indígenas hemos sido históricamente despojados y discriminados, hemos sido víctimas desproporcionadas del conflicto armado que padece Colombia. Es por ello, que el Acuerdo Final de Paz, en el punto sobre la “Reforma Rural Integral” representan una oportunidad para la superación del conflicto armado con justicia social, agraria y ambiental pero siempre y cuando el mismo se interprete e implemente conforme a la debida transversalidad de su Capítulo Étnico, es decir, en atención y cumplimiento del estándar actual de reconocimiento y protección de nuestros derechos territoriales.
• Constituye un riesgo y desafío actual para los pueblos indígenas una interpretación e implementación del AFP y de su Punto 1 que desconozca los derechos adquiridos por nuestros pueblos sobre los territorios tradicionales y/o ancestrales que poseemos u ocupamos y cuya propiedad no ha formalizado el Estado por su negligencia. Hoy no es clara igualmente una apropiada distinción entre las pretensiones de formalización acumuladas y rezagadas en el tiempo, hoy inconclusas, y aquellas tierras que como sujetos beneficiarios del Fondo de Tierras tenemos derecho los pueblos indígenas. Es igualmente un riesgo actual que se desconozca el rol de nuestras autoridades para la identificación de nuestros territorios en el marco de la puesta en marcha de una masiva política de formación de un Catastro Predial en el país.
En el país existe también una brecha en el ejercicio de los derechos indígenas de Autonomía y control territorial. Pasados más de treinta años de aprobada la Constitución Política de 1991 el Estado colombiano no ha reconocido y garantizado debidamente nuestro ejercicio como autoridades ambientales. Una masiva y tergiversada implementación y también vulneración del derecho a la consulta previa con ocasión de proyectos extractivos y de infraestructura en nuestros territorios, ha terminado por su parte supliendo dicha falta de garantías y derechos autonómicos.
• El derecho a la consulta previa no se cumple en Colombia de conformidad con los estándares existentes. Los pueblos indígenas no participamos de la identificación de la afectación directa de nuestros territorios y así mismo nuestros protocolos propios de consulta no han sido debidamente incorporados y acatados por el Estado.
• La autonomía indígena territorial sigue siendo al día de hoy en buena parte del país, intermediada por departamentos y municipios, no obstante ser reconocidos constitucionalmente como entidades y autoridades territoriales.
2) Exigir y hacer seguimiento al Estado colombiano para que este reconozca los vínculos ancestrales que los pueblos indígenas mantenemos con nuestro territorio, y en tal sentido se identifiquen, reconozcan y protejan, no solo aquellas áreas formalizadas como propiedad, sino todas aquellas que poseemos, ocupamos o a las cuales hemos tenido tradicional acceso.
3) Un llamado al Estado Colombiano a que las solicitudes de restitución de los pueblos indígenas deban resolverse sin dilaciones administrativas, ni judiciales, así como a superar el rezago institucional en la formalización y restitución de derechos territoriales, por cuanto la seguridad jurídica sobre los territorios constituye la posibilidad para el acceso a la garantía de la implementación de las medidas reparación colectiva de los pueblos indígenas, afectados por las dinámicas del conflicto armado.
4) Se requiere la efectiva implementación transversal del Capítulo Étnico, sobre Reforma Rural Integral, en cumplimiento del deber del Estado colombiano frente a su efectiva incorporación de conformidad los principios, criterios y las subreglas constitucionales e interamericanas que reconocen y protegen la posesión, propiedad, el uso y control de los pueblos indígenas sobre sus territorios.
5) Adelante un seguimiento al Estado colombiano frente a su desafío de superar el desconocimiento de la integralidad de nuestros territorios y su interdependencia con el ejercicio de la autonomía, así como en hacer efectivos mediante las normativas y mecanismos adecuados los efectos jurídicos de nuestra relaciones culturales, espirituales y ambientales, conforme a nuestros sistemas propios de vida y de ordenamiento territorial.
La Secretería Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y su equipo técnico se reunió el 6 de marzo de 2024 en las instalaciones de la Unidad Restitución de Tierras, con las comunidades indígenas del Pueblo Arhuaco, sus equipos territoriales y los funcionarios de las diferentes entidades del Gobierno Nacional vinculados en la ruta integral de garantía de los derechos territoriales.
Esta reunión se enmarca en la continuidad del seguimiento del acuerdo 21 concertado en la sesión mixta número VI realizada en el mes de diciembre del año 2023. La reunión avanzó en los siguientes aspectos: contrastes de información del universo de predios para ampliación y adquisición, avance en la ruta frente a los predios viables jurídicamente para adelantar la ampliación, definición del presupuesto, seguimiento de los acuerdos entre las entidades (ANT – URT – SAE – PNN) respecto de los predios que componen la pretensión territorial, así como definir la fecha de los despliegues territoriales para avanzar con la formalización de los Resguardos Arhuaco de la Sierra, Kogui Malayo Arhuaco y Businchama.
En ese sentido, para seguir avanzando en la ruta integral del Pueblo Arhuaco durante este encuentro se realizaron varios compromisos, entre ellos, que la Agencia Nacional de Tierras, deberá reunirse con la Sociedad de Activos Especiales SAE para advertir cuales son los predios viables y susceptibles de compra y la definición de una ruta para su abordaje.
Además, la ANT se reunirá con Parques Nacionales Naturales – PNN, para la identificación de los predios viables y la ruta establecida para hacer efectivo este proceso. A su vez, revisará junto con la Unidad de Restitución de Tierras – URT, el universo total de predios que puedan tener dificultades en su viabilidad, lo anterior serán consolidados en una base de datos.
Igualmente, la URT establecerá una ruta para adelantar los procesos de restitución de derechos territoriales del pueblo indígena Arhuaco.
Por su parte, desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en cabeza de la Viceministra de Desarrollo Rural convocará a las entidades del sector agricultura a un espacio, para el seguimiento y despliegue territorial de la ruta de ampliación, adquisición, restitución de derechos territoriales y proyectos productivo del pueblo Arhuaco. De igual forma, articulará con la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, para definir la fecha de la visita a los territorios para advertir el desarrollo de los proyectos productivos.
Finalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR adelantará el trámite de inscripción de predios, de conformidad con lo identificado por las autoridades del pueblo indígena Arhuaco y la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas- CNTI.
La CNTI continuará realizando seguimiento a los acuerdos para la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas del país.
La visita del relator especial de la ONU Francisco Cali, es un hito importante, toda vez que las recomendaciones que pueda realizar dicho relator al Gobierno Nacional, así como las diferentes entidades del estado, permite que haya mayor incidencia para que se pueda avanzar una materialización oportuna sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y de este modo se logren concretar mayores acciones para garantizar la vida digna y en armonía de los Pueblos y comunidades Indígenas.
El mandato que tiene el relator especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, es poder promover prácticas y acuerdos oportunos entre los Pueblos Indígenas y los Estados donde se apliquen los criterios internacionales relacionados a los derechos de los Pueblos Indígenas. Formular recomendaciones y propuestas sobre las medidas a apropiadas de prevenir y reparar las violaciones o vulneraciones de los derechos de los Pueblos Indígenas. Presentar informes sobre la situación de Derechos Humanos y abordar casos específicos de los Pueblos Indígenas del Mundo entero.
La Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) espera poder participar de dicho encuentro con el Relator Especial de la ONU y de este modo poder exponer toda la situación actual en materia de seguridad jurídica y derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
En el marco de dicha visita los voceros de los Pueblos Indígenas de Colombia, esperan reunirse con el Relator Especial de la ONU y presentarle un informe sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, allí se destaca la crítica situación que enfrentan los Pueblos Indígenas en Colombia. A lo largo de décadas, los pueblos originarios han sufrido un proceso de genocidio y enfrentan un riesgo inminente de extinción física y cultural. La militarización de sus territorios, la presencia de actores armados legales e ilegales, economías ilegales y megaproyectos extractivos han exacerbado esta situación.
La Constitución Política de Colombia, reconoce esta realidad y la gravedad del impacto desproporcionado del conflicto armado interno en los Pueblos Indígenas, de acuerdo con lo que ha señalado la Corte Constitucional. Después de 20 años sin una visita oficial del Relator Especial de la ONU, se destaca la urgencia de abordar esta situación, especialmente por el recrudecimiento de los actos violentos contra los Pueblos Indígenas en el país.
El informe recopila información de diversas Organizaciones Indígenas y entidades estatales, resaltando las violaciones de derechos humanos que sufren diariamente. Se alerta sobre la marginalización de sus sistemas de conocimientos y gobiernos propios, la criminalización de sus protestas y la alteración a su Buen Vivir. Se presenta un panorama general sobre los derechos humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia, recopilando datos de diversas fuentes.
Por otro lado, el informe destaca la situación actual de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia, realizado por la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) donde se abordan tres aspectos fundamentales: la brecha en el reconocimiento, la garantía y la protección de estos derechos; la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial; y las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas por la defensa, la seguridad jurídica y por la recuperación de sus territorios.
En cuanto a la brecha en el reconocimiento de los derechos territoriales, se evidencia una considerable demora en la formalización y protección de los territorios indígenas. A pesar de las solicitudes presentadas desde hace décadas, el proceso de delimitación y titulación de resguardos avanza lentamente, evidenciando que existen numerosos casos aún sin resolver. Se señalan diversos obstáculos como la interpretación excesiva de requisitos por parte de las autoridades, la gestión documental deficiente y la expedición de licencias de explotación en territorios indígenas. A pesar de los esfuerzos legales, como el Decreto 2333 de 2014, se observa una falta de protección efectiva de los derechos territoriales por parte del Estado.
En cuanto a la brecha en el ejercicio de la autonomía y el control territorial, se destaca la necesidad de reconocer la autoridad pública y ambiental de los Pueblos Indígenas, así como su papel como guardianes de la naturaleza. A pesar de los avances constitucionales, persisten obstáculos para ejercer plenamente la autonomía en la gestión de los recursos naturales en sus territorios. La consulta previa como derecho fundamental de los pueblos ancestrales no se cumple adecuadamente y se observa una falta de coordinación entre la institucionalidad estatal y los gobiernos indígenas.
Por último, se presentan las apuestas actuales de los Pueblos Indígenas en defensa y recuperación de sus territorios. Se destaca la necesidad de implementar un sistema propio para hacer seguimiento en tiempo real al avance de los procesos de formalización y seguridad jurídica de los territorios indígenas.
Posteriormente, se insiste en la simplificación de los procesos administrativos y en el reconocimiento de los derechos territoriales de acuerdo con los sistemas de vida y conocimiento propios de los Pueblos Indígenas. Se menciona también el acuerdo logrados en los espacios de diálogo y concertación en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para formular una política pública integral del territorio, que requiere superar las nociones fragmentadas sobre el territorio y garantizar la participación real y efectiva de los Pueblos Indígenas en su diseño e implementación.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI
“Defendemos los territorios, tejemos la vida”
El compromiso pactado en territorio y firmado en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas CNTI marca un hito para el pueblo Arhuaco. El propósito de dicho acuerdo, es crear una ruta integral de protección de los territorios Indígenas del pueblo Arhuaco que comprenden los procesos de Ampliación, Saneamiento, Adquisición y Restitución de los derechos territoriales de los Resguardos Arhuaco de la Sierra, Kogui Malayo Arhuaco y Businchama.
En encuentros previos, se consolidó y contrastó información para la identificación de los predios viables con los que cuentan las comunidades indígenas del proceso de ampliación de los tres resguardos: Arhuaco de la Sierra con 228 predios, Kogui Malayo Arhuaco 171 (carente de los datos necesarios para su especialización en área y hectáreas) y Businchama con 28.
El día 23 de febrero de 2024 en las instalaciones de la Unidad de Restitución de Tierras – URT, se dieron cita las personas voceras y representantes de las comunidades indígenas del Pueblo Arhuaco, la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y funcionarios de las diferentes entidades del Gobierno Nacional vinculantes en el proceso con el objetivo de aterrizar la ruta de los predios viables en tanto costos y equipo.
Se expuso por parte de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la proyección del estimado inicial de 5.142,5 millones y un equipo de 87 profesionales para iniciar la ruta de los predios viables. Cada proceso con cada resguardo, tiene un estimado de tiempo de 1 año y medio. Este costeo no incluye los equipos comunitarios en territorio, ni los enlaces permanentes por cuenca, así como tampoco incluye los costos administrativos que cubren alrededor del 12% del presupuesto.
Por ende, en la ruta se empiezan a identificar unos desafíos que requieren aunar esfuerzos, con aliados, entre las instituciones, para agilizar los procesos en términos de tiempo y buscar los mecanismos pertinentes que efectúen los recursos presupuestales en favor de los pueblos indígenas para la formalización. A partir de allí, se debe dar las garantías a los equipos comunitarios que efectúen el acompañamiento del trabajo en territorio para el levantamiento de la información.
Finalmente se establecieron acuerdos entre las instituciones, para avanzar de manera integral en paralelo al costeo, el procedimiento y el equipo. Estos acuerdos fueron tales como;
Por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) se van a identificar los traslapes de la restitución individual con las pretensiones aquí requeridas y de este modo en la próxima jornada de trabajo puedan presentar dicha información y la ruta necesaria para que se lleven a cabo los trámites necesarios.
Así mismo deberá revisarse el avance y propuestas de PNN, ACT, la invitación permanente del IGAC y otros actores que se consideren estratégicos.
La CNTI seguirá impulsando y realizando seguimiento a este acuerdo histórico en el avance de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los Pueblos Indígenas de Colombia hemos construido paz ancestralmente. Paz con la naturaleza, paz para la humanidad, paz para las futuras generaciones. Nuestra labor ha salvado y salva vidas todos los días, en nuestros territorios y en el mundo.
Esto solo es posible a través de nuestros sistemas de conocimiento, un saber integral que abarca el origen del universo y las formas de organización, pensamiento, derecho y actuación, fundamentado en una premisa común: el cuidado de la vida. Por ello, sabemos que no es la ley escrita, sino la palabra de vida, la que hace que el pensamiento y la acción sean una sola, convirtiendo los discursos en garantías de derechos verdaderamente universales.
De ahí la importancia de entender y reconocer nuestro rol en la protección, preservación y construcción de la paz y de comprender el alcance de la labor fundamental de las autoridades indígenas para este propósito, el cual debe expresarse en la definición concertada de mecanismos que motiven la participación de los Pueblos Indígenas en Naciones Unidas, específicamente en lo concerniente al mandato del Consejo de Seguridad.
Con esta motivación, SOLICITAMOS reunirnos con los 15 miembros del Consejo de Seguridad en su visita oficial al país en el marco del seguimiento al acuerdo de paz y el capítulo étnico. Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia unilateralmente y sin mayores explicaciones canceló dicho encuentro, a pesar de que este había sido producto de nuestra ardua insistencia para que la mencionada oficina de Naciones Unidas comprenda los métodos de trabajo con los pueblos indígenas en el país.
Esta situación nos genera serios cuestionamientos sobre el relacionamiento de Naciones Unidas con los pueblos indígenas, organizaciones e instancias de diálogo y concertación que, durante décadas han existido en el país para elevar las voces de nuestros territorios.
Es indispensable que dicha interacción parta del respeto de nuestros gobiernos propios, autoridades y conocimientos tradicionales y el de los procesos organizativos que hemos creado como mecanismo para dialogar con el sujeto occidental.
Revisar el relacionamiento entre el Sistema de Naciones Unidas y nuestros Sistemas de Conocimiento, pasa por legitimar nuestras formas propias, estructuras de gobierno, justicia, administración y toma de decisiones, evitando la acción con daño y promoviendo de manera consciente el fortalecimiento de los Pueblos Indígenas en el país.
Sin embargo, esta revisión no solo debe ocurrir hacia afuera, con profunda preocupación identificamos serias falencias en el comportamiento de la institucionalidad colombiana a la hora de relacionarse con los Pueblos Indígenas y sus distintas estructuras organizativas.
La discriminación estructural enquistada en las formas y fondos institucionales, provocaron la imposibilidad de una gestión preparatoria que permitiera el diálogo entre los Pueblos Indígenas de Colombia con el Consejo de Seguridad. Siendo el Ministerio de Asuntos Exteriores la cartera encargada de liderar dicha gestión, es necesario que convoque de manera urgente a la misión de verificación en Colombia para efectos de avanzar en el mejoramiento de sus métodos de trabajo con los Pueblos indígenas y evitar a futuro este tipo de circunstancias.
Por último, SOLICITAMOS a las misiones promuevan un espacio para que una delegación nuestra sea escuchada ante el Consejo de Seguridad en Nueva York, escenario en el que esperamos poder ofrecer nuestros conocimientos ancestrales para la construcción de paz, nutridos con la sabiduría de nuestros territorios ancestrales y los Sistemas de Conocimiento de los 115 Pueblos Indígenas de Colombia.
Por una parte el Estado colombiano no cumple con garantizar la existencia de procedimientos especiales, tramitados en tiempos razonables y que permitan soluciones definitivas sobre las solicitudes que hemos elevado para el reconocimiento de nuestros territorios.
