Desde el Observatorio de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas ODTPI, junto con la organización Global Justice Ecology Project y la Campaña Internacional para detener los árboles transgénicos, el próximo 17 de abril del 2024 en el marco del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU en New York, realizarán un evento paralelo sobre la creciente amenaza de árboles genéticamente modificados.
El objetivo de este evento es visibilizar el daño ecológico y social que produciría el uso de árboles transgénicos y las falsas soluciones de los esquemas climáticos. “El uso a gran escala de árboles transgénicos podría devastar los bosques, así como la biodiversidad y las comunidades, pues las plantas transgénicas son un riesgo para la diversidad”, comentó Cassandra Smithies integrante de la Campaña para parar los árboles transgénicos.
Además, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, manifestaron que “mientras a nivel mundial los efectos del cambio climático se vuelven más inmediatos y severos, los intereses corporativos promueven el uso de árboles transgénicos como método de mitigación, aunque no comprobado y potencialmente peligroso, incluyendo las compensaciones de carbono y la emergente bioeconomía”.
Cuando el polen de un árbol transgénico contamina un árbol no modificado, le transfiere genes que la segunda planta no tendría de manera natural, provocando daños irreversibles. Los árboles contaminados pueden luego contaminar a otros árboles, en un ciclo interminable. Las grandes extensiones de tierra cultivadas con plantas con idéntico material genético reducen drásticamente la biodiversidad. Un ejemplo de esto, es lo que sucede en el caso de la soja o el maíz transgénico.
En América Latina, desde el 2021, Brasil legalizó 7 variedades de eucaliptos transgénicos para su uso en plantaciones. Los árboles transgénicos están genéticamente modificados para envenenar insectos, resistir herbicidas tóxicos como glifosato y crecer rápidamente. Además, de ser utilizados para créditos de carbono y REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación).
En el caso de Colombia, es una situación que al parecer apenas está llegando, por lo tanto, aún no hay suficiente información documentada sobre árboles genéticamente modificados. Sin embargo, está la problemática por la deforestación en la Amazonia colombiana, específicamente la deforestación ocurrida en territorios indígenas. Así, como el acaparamiento de tierras, la infraestructura vial, la ganadería extensiva, la agroindustria, los cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agropecuaria, la extracción y comercio ilegal de madera donde los departamentos mayormente afectados son Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo.
En ese sentido, para el ODTPI es importante apoyar y visibilizar esta problemática que viene creciendo, ya que es fundamental proteger y cuidar los espacios de vida para la pervivencia de los pueblos originarios y su lucha para la defensa de sus derechos fundamentales y territoriales en Colombia.
Como Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas -CNTI, rechazamos y denunciamos el constante asedio y persecución de las comunidades indígenas del Pueblo Sikuani, la cual se encuentra en inminente riesgo de extinción física y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009.
Así mismo, denunciamos la vulneración de sus derechos fundamentales y territoriales, por parte de las autoridades administrativas del municipio de Puerto Gaitán, Meta, quienes por intermedio de la inspección segunda rural municipal y la Policía Nacional, el día 10 de abril de 2024, desalojaron a la comunidad de Liwinaka en marco de procesos policivos ilegales, sin la implementación de protocolos que respondan a la situación humanitaria de esta población indígena.
De igual manera, la Alcaldía de Puerto Gaitán, desconoce que en favor de la comunidad de Liwinaka, se adelanta actualmente un proceso de protección de los territorios ancestrales en el marco del decreto 2333 de 2014, y que en este proceso la Agencia Nacional de Tierras solicitó, en oficio del 9 de abril del año en curso, la suspensión de los procesos policivos que afecten los derechos humanos y territoriales de la comunidad de Liwinaka, del Pueblo Sikuani; solicitud totalmente ignorada por las autoridades municipales.
Se advierte desde la CNTI que la comunidad a la fecha tiene en curso dos solicitudes ante la Agencia Nacional de Tierras ANT. La primera, una solicitud de constitución del resguardo desde 2022 y la segunda, un proceso de protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani que lleva más de 6 años; lo que evidencia un rezago institucional en ambas solicitudes, generando inseguridad en el territorio por la falta de protección y formalización.
En ese sentido, solicitamos a la Agencia Nacional de Tierras avanzar en los procesos de protección y formalización del territorio ancestral y reitere la solicitud de suspensión del proceso policivo de desalojo que adelanta actualmente el municipio de Puerto Gaitán en contra de la comunidad Liwinaka. Exigimos a las autoridades municipales de Puerto Gaitán la suspensión del proceso de desalojo que adelanta actualmente de manera ilegal y sin la implementación de los protocolos humanitarios correspondientes, que se ha traducido en la violación grave de los derechos humanos y territoriales de la comunidad Liwinaka.
De igual forma, hacemos el llamado urgente a la intervención por parte de la Personería Municipal de Puerto Gaitán, a la Defensoría del Pueblo para que en el marco de sus funciones constitucionales garanticen los derechos fundamentales de esta comunidad indígena, que es sujeto de especial protección constitucional.
En entrevista con El Espectador, Camilo Niño, líder arhuaco y secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, habló sobre los homicidios sistemáticos de los líderes de esta población, los cuales, si bien bajaron en 2023, siguen con cifras en rojo. En marzo pasado, Niño se reunió con el relator especial de la ONU sobre asuntos indígenas, quien visitó Colombia para analizar esta y otras problemáticas de diversas comunidades.
Al interior de las Naciones Unidas hay un despacho en el Alto Comisionado para los Derechos Humanos que procura estar al tanto de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Desde 1990, la Relatoría Especial sobre derechos indígenas visibiliza aquellos países donde los pueblos étnicos son violentados, y les recomienda a las naciones cómo pueden ayudar a mejorar la forma en la que viven, sobre todo en entornos conflictivos.
Luego de 20 años de la última visita, Francisco Calí, el relator especial sobre asuntos indígenas de la ONU, volvió a Colombia para conocer la situación de vida de esta población que aún sigue inmersa en desplazamientos, reclutamiento forzado de menores y, desde hace años, sus caciques nutren los registros de líderes sociales asesinados. El escenario fue descrito por el relator como “grave, crítica y profundamente preocupante”. Y es que, según los hallazgos de la Comisión de la Verdad, 71 de los 102 pueblos indígenas que habitan en Colombia están en riesgo de extinguirse; es decir, más del 70 %.
El Espectador habló con Ricardo Camilo Niño, un líder arhuaco que a sus 40 años lidera la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y quien, en marzo pasado, se reunió con el relator Calí para manifestarle su preocupación sobre las problemáticas que viven día a día los pueblos indígenas en Colombia. El también experto en desarrollo rural asegura que el respeto por los territorios ancestrales es una condición necesaria para que otros flagelos como la violencia, pobreza o desplazamiento no sigan perpetuándose en sus pueblos.
La última visita de la Relatoría Especial de asuntos indígenas de la ONU a Colombia fue en marzo de 2004. Ahora que volvieron al país para observar la calidad vida, condiciones y peticiones de los indígenas ¿Cuáles fueron los resultados de esta visita?
La visita de los relatores se hace de manera oficial, es decir, son los Estados o Gobiernos quienes invitan a la ONU. En este caso, fue una oportunidad para hablar de la situación y actuaciones del Estado frente a los pueblos indígenas. Pero hay que aclarar que esta visita va mucho más allá del Gobierno de turno. Nosotros esperamos que haya unas recomendaciones hacia el Estado y sus instituciones desde diferentes perspectivas: en materia territorial, derechos de los pueblos indígenas y otras cuestiones que estén más acorde a la realidad que viven los grupos indígenas.
¿Cuál es esa realidad?
Aún podemos ver que los derechos fundamentales de los indígenas se vulneran; hay confinamientos, amenazas, asesinatos de líderes y lideresas que, por defender el territorio, han entrado en ese contexto de violencia. La última visita del relator de la ONU fue hace 20 años, pero las exigencias, la seguridad y el abandono estatal lleva a que los pueblos indígenas continúen hoy en medio de esa extinción física y cultural. No es lo mismo un alto número de asesinatos en una población grande que en una pequeña, y más cuando eso va dirigido a los líderes indígenas o defensores del territorio
El líder arhuaco asegura que se deben solucionar los problemas de autonomía territorial de los pueblos indígenas para evitar otros flagelos, como el desplazamiento y asesinato de líderes étnicos.
Desde la última visita del relator indígena de la ONU han pasado varios sucesos, como, por ejemplo, la firma del capítulo étnico del Acuerdo de Paz. ¿Qué ha significado este compromiso para los pueblos indígenas?
Nosotros exigimos que se construyera un capítulo étnico para la implementación del Acuerdo de Paz, pero la paz no llegó a los territorios. Siguen matando a nuestros líderes. La paz no es solo la ausencia y el silencio de las armas, es también combatir el abandono estatal, la insurgencia de los grupos armados o hechos de violencia. Ejemplos hay muchos: nuestros hermanos indígenas asesinados en Puerto Leguízamo (Putumayo) el mes pasado; el desplazamiento de más de 1.000 personas de la comunidad awá en Nariño; el exilio de los compañeros embera desplazada en Bogotá hace más de dos años, o lo que está pasando con nuestros hermanos nasa en el Cauca, que sufrieron dos atentados en menos de una semana a manos de las disidencias de las Farc.
¿Cómo explicar estas vulneraciones y violencias?
Hemos hecho seguimientos rigurosos al tema agrario y rural, y encontramos algunos pendientes. El primero se refiere a los derechos territoriales de los pueblos indígenas; aún no han sido subsanados y nuestra base de información (en el Observatorio de Derechos Territoriales) recoge que hay más de 1.500 solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento o protección de territorios ancestrales que no han sido solucionados. Los derechos territoriales han llevado, por supuesto, a otros problemas y exigencias en cuanto a protección, seguridad y calidad de vida en los territorios.
¿Qué papel juega en este debate la integración entre la justicia ordinaria y étnica?
La Corte Constitucional ha logrado éxitos con el derecho a la consulta previa. Pero el gran desafío que tiene el Estado es aterrizar y materializar el reconocimiento que se ha dado. Ha habido acercamiento al acceso de justicia, reparación colectiva y garantías de no repetición. El reto es saber cómo llevamos a que esto realmente funcione en la práctica. Que, por ejemplo, los pueblos que sean desplazados, puedan retornar pero una vez se resuelvan los factores que incidieron en su desplazamiento.
¿Qué decir frente al asesinato de líderes y lideresas sociales? ¿Por qué estos crímenes se siguen presentando y qué repercusiones tiene para la población indígena?
Solo en 2023 nuestras cifras recogen que hubo 69 asesinatos, lo que evidencia un descenso importante frente a años anteriores, pero esos patrones de violencia se siguen manteniendo. Y esto debilita una parte del movimiento indígena porque atenta directamente contra nuestro proceso organizativo. Es como si en las ciudades estuvieran matando a los alcaldes y gobernadores: eso nos está pasando a nosotros. Con el tiempo, esto impacta en lo espiritual, lo cultural y en la desaparición a la que pueden estar sujetos los pueblos indígenas.
¿Y la autonomía territorial? Esa ha sido una lucha de décadas…
Existe aún una brecha en el reconocimiento, delimitación, protección, titulación, restricción de los derechos territoriales indígenas frente al ejercicio de nuestra autonomía. Sin estas condiciones se mantiene en riesgo nuestra providencia física y cultural como pueblos indígenas. Hoy tenemos en solicitud más de 10 millones de hectáreas que se vienen tramitando para ser reconocidas y tituladas dentro de nuestros territorios. Lo que uno ve es hay sentencias judiciales que han surgido, pero que no han sido cumplidas. Quien debe cumplir también por ley es el Estado, que finalmente es sobre en quien recae la obligación de hacer cumplir la ley.
El pasado 5 de abril el equipo técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI se reunió con representantes del pueblo Indígena Je’eruriwa, población originaria del Mirití Paraná en el departamento de Amazonas, dicha comunidad actualmente adelanta un proceso de formalización (constitución) de su resguardo indígena, por lo requieren la adquisición de varios predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En la actualidad su población no supera los más de 90 personas, muchos de ellos aún se encuentran desplazados de su territorio ancestral y hoy están ubicados en otras regiones de del territorio nacional como lo es Leticia y la cabecera del área no municipalizada de La Pedrera en Amazonas, así como Villavicencio en el Meta y Medina en Cundinamarca.
El Pueblo Je’eruriwa, ha sido históricamente afectado por los fenómenos de la violencia, exterminio y despojo, como la Casa Arana y en las últimas décadas por el conflicto armado interno, en el que padecieron la violación de sus derechos humanos, territoriales y culturales por parte de los actores armados, situación de que los obligó a desplazarse y abandonar sus territorios y enfrentarse al inminente riesgo de exterminio físico y cultural, como lo ha reconocido la Corte Constitucional.
En ese sentido, la comunidad indígena ubicada en el municipio de Medina, Cundinamarca, con el fin de lograr el rescate de su cultura, autodeterminación y autogobierno, adelanta un proceso de constitución de resguardo indígena que requiere la adquisición de predios por parte de la Agencia Nacional de Tierras.
Sin embargo, a pesar de contar con un fallo de tutela que ordena a la entidad la garantía de los derechos territoriales de la comunidad, no se han presentado avances en los procesos de compra, y, por tanto, el proceso de formalización del territorio se encuentra en rezago.
Teniendo en cuenta la difícil situación de su comunidad, así como su inminente riesgo de extermino físico y cultural, se requiere que la ANT avance en los procesos de adquisición de los territorios que hacen parte de la solicitud territorial de la comunidad, en el marco del proceso de constitución de resguardo indígena. Lo anterior requiere una respuesta urgente, teniendo en cuenta que dicha entidad se encuentra en el marco de un desacato de órdenes judiciales proferidas en sentencia de tutela para este caso.
El equipo del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, junto con el Secretario Técnico Indígena de CNTI, Camilo Niño y el Programa de Somos Defensores el pasado 15 al 18 de marzo del 2024, se desplazaron hasta el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del Meta, con el propósito de llevar a cabo la misión de prensa denominada “extranjerización de la Tierra en la Altillanura: Violación de los derechos territoriales del Pueblo Sikuani” donde se buscó documentar y visibilizar la problemática de la extranjerización y el acaparamiento de las tierras en la Altillanura colombiana, así como la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales del Pueblo Sikuani, especialmente en las comunidades de Barrulia, Iwitsulibo y Tsabilonia.
En el marco de los recorridos, en el territorio se contó con la presencia de medios de comunicación como Rutas del Conflicto, Medio Científico, VerdadAbierta.com, Vorágine, Agencia EFE y Somos Defensores quiénes a través de testimonios de primera mano, documentaron las problemáticas causadas por la presencia del grupo religioso de los Menonitas que llegó a Puerto Gaitán en el 2014. Desde entonces han comprado sus tierras ancestrales provocando el desplazamiento de los Sikuani quienes tras ir perdiendo su territorio se vieron en la necesidad vivir en chozas de plástico, tabla y lona.
La misión de prensa inició en la comunidad de Barrulia, donde se realizó un recorrido sobre las áreas afectadas. Además, las autoridades indígenas evidenciaron las disputas territoriales, así como las sus consecuencias frente a la quema indiscriminada de su territorio para la siembra de maíz y soya lo que ha representado cientos de miles de hectáreas deforestadas.
En las comunidades de Iwitsulibo y Tsabilonia, se logró documentar los desalojos y daños ambientales. Además, de dialogar sobre la entrega provisional de las 9.000 hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierras ANT, especialmente para la comunidad de Tsabilonia.
Es fundamental garantizar los derechos de este pueblo nómada y seminómada, así como su permanencia física y cultural en sus territorios. Razón por la cual, desde la Comisión Nacional del Territorios Indígenas continuamos trabajando incansablemente por la defensa de los derechos territoriales y la visibilización de las problemáticas que afectan a las comunidades indígenas de Colombia.
Por último, les invitamos a consultar los medios de comunicación que han difundido esta información como Infobae, Vanguardia, El Heraldo, Agencia EFE, Boyacá Sie7e Días, para seguir evidenciando la ausencia del Estado y falta de reconocimiento de los territorios ancestrales del pueblo indígena Sikuani en Puerto Gaitán, Meta.
