En el marco de la reanudación de la COP16 de Biodiversidad en Roma y una serie de encuentros estratégicos en Europa, la Secretaría Técnica Indígena (STI) de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) llevamos a cabo una gira internacional de incidencia entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de 2025.
Esta gira tuvo dos objetivos fundamentales: participar en la reanudación de la COP16 de Biodiversidad en Roma, asegurando la presencia y defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en las negociaciones internacionales, y consolidar alianzas estratégicas con actores clave en el ámbito diplomático, académico y de la sociedad civil.
La gira de incidencia de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en Europa representa un paso fundamental en la defensa de los derechos territoriales y la autonomía de los Pueblos Indígenas de Colombia. Esta iniciativa no sólo busca visibilizar las problemáticas que enfrentan nuestras comunidades, sino también fortalecer alianzas internacionales que permitan garantizar la protección de nuestros territorios y el reconocimiento de nuestros derechos. La relevancia de esta gira radica en su alineación con los objetivos estratégicos de la CNTI, que incluyen la defensa de la vida, la seguridad territorial y la promoción de la justicia ambiental.
COP 16.2 Roma
La COP16.2, celebrada en Roma del 25 al 27 de febrero de 2025, retomó las negociaciones pendientes de la reunión en Cali, abordando temas fundamentales como el financiamiento para la biodiversidad y el marco de monitoreo. Se definió una estrategia para movilizar 200.000 millones de dólares anuales hasta 2030 y reducir los incentivos perjudiciales en al menos 500.000 millones de dólares anuales. Además, se establecieron herramientas para evaluar el cumplimiento del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, con revisiones programadas en 2026 y 2030. Un avance clave fue el lanzamiento del Fondo Cali, destinado a captar recursos de empresas que utilizan datos genéticos secuenciados digitalmente, de los cuales el 50% será asignado a los Pueblos Indígenas, fortaleciendo su rol en la implementación de las metas de biodiversidad.
A pesar de estos avances, persiste la necesidad de un análisis crítico sobre la estructura y accesibilidad de los fondos internacionales, así como el nivel de participación real de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones. La asignación de recursos debe ir acompañada de mecanismos que garanticen nuestro acceso directo y sin intermediarios, evitando que los procesos burocráticos limiten su efectividad. Además, se requiere un fortalecimiento pedagógico dirigido a líderes y lideresas indígenas, con el fin de consolidar posturas informadas y estratégicas en estos espacios internacionales, asegurando que la defensa de nuestros derechos territoriales y nuestros sistemas conocimientos sean parte integral de la gobernanza global de la biodiversidad.
Alianza estratégica con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):
La CNTI y el ODTPI sostuvimos dos reuniones estratégicas con la FAO Italia y sus equipos de Tenencia de Tierras y Pueblos Indígenas, con el objetivo de fortalecer el reconocimiento de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas a nivel global. Durante estos encuentros, se abordaron temas clave como la tenencia de tierras, la colaboración en el monitoreo y la construcción de indicadores, así como la implementación del Marco Global de Biodiversidad, con énfasis en las metas 3 y 22. Con la participación de la International Land Coalition y facilitación del Forest Peoples Programme, se destacó el Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I) como una herramienta estratégica para monitorear el cumplimiento de estos compromisos globales. Esta alianza refuerza la incidencia indígena en la gobernanza de la biodiversidad y la defensa de sus derechos territoriales.
Reunión con la Misión de Colombia ante la FAO:
Durante la COP16, participamos en un encuentro convocado por la embajadora de Colombia ante la FAO, Jenifer Mojica, donde se dialogó sobre la relación entre derechos territoriales y sistemas agroalimentarios. En este espacio, representantes de Colombia, México, Brasil y Venezuela destacaron el papel de los Pueblos Indígenas en la seguridad alimentaria y la sostenibilidad del planeta. El mensaje fue claro: no hay biodiversidad sin Pueblos Indígenas, no hay justicia ambiental sin justicia territorial.
Además, se abordaron temas clave como la defensa de los derechos territoriales, la implementación de las Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques, y el fortalecimiento del Sistema de Información Geográfica Indígena (SIG-I) como una herramienta esencial para avanzar en las metas 3 y 22 del Marco Mundial de Biodiversidad. Este encuentro consolidó compromisos hacia una gobernanza territorial más inclusiva y respetuosa de los derechos de los Pueblos Indígenas.
Reunión con la misión de Colombia y la Embajadora ante la UNESCO Laura Guillem
Durante la gira de incidencia, tuvimos un encuentro estratégico con la Misión de Colombia ante la UNESCO, representada por la embajadora Laura Guillén. Abordamos temas clave como el fortalecimiento de los medios de comunicación indígenas, los programas de revitalización de lenguas maternas y la construcción de estrategias de incidencia política que reconozcan y protejan los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas. Este encuentro reafirmó el papel de la UNESCO como un espacio clave para la visibilización del conocimiento indígena y su impacto en la gobernanza global de la biodiversidad. Se destacó la necesidad de acompañar la incidencia política con estrategias de comunicación y fortalecimiento comunitario, asegurando que la participación de los Pueblos Indígenas en estos escenarios internacionales se traduzca en acciones concretas que beneficien sus territorios y formas de vida.
Reunión con el embajador de Colombia en la OCDE
Se llevó a cabo una reunión estratégica con Luis Fernando Medina Sierra, Representante Permanente de Colombia ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con el objetivo de presentar el trabajo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y su Observatorio de Derechos Territoriales Indígenas. Durante el encuentro, se destacaron las iniciativas desarrolladas para garantizar la protección y seguridad de los territorios indígenas, así como la importancia de los sistemas de conocimiento propio en el cuidado de la biodiversidad y la mitigación de la crisis climática.
Reunión con Alfonso Prada Gil embajador de Colombia en Francia
Durante este encuentro, se presentó al Embajador de Colombia en Francia el trabajo que viene desarrollando la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y su Observatorio, enfocado en la incidencia estratégica para la protección de los territorios indígenas. Se destacaron las iniciativas implementadas, como la puesta en marcha de sistemas de información y estrategias de comunicación diseñadas para visibilizar la situación actual de los Pueblos Indígenas en Colombia, incluyendo los desafíos y avances en materia de derechos territoriales y autonomía. Este diálogo buscó identificar rutas de colaboración entre Colombia y Francia, con el fin de apoyar los esfuerzos de los pueblos indígenas en la defensa de sus territorios y la promoción de sus derechos, así como en la consolidación de estrategias conjuntas que contribuyan a la justicia ambiental y climática.
Evento público: “Los Territorios Indígenas en Colombia: Una lucha histórica por el reconocimiento de sus derechos”
Este evento, organizado por organizaciones aliadas como Survival International, TEJE Colectivo de la Diáspora Colombiana en París, Reacción Revista Digital y la Comisión de Justicia Transicional de la Asociación de Juristas Franco-Colombianos, se llevó a cabo con el propósito de visibilizar la lucha histórica de los Pueblos Indígenas de Colombia por el reconocimiento de sus derechos territoriales. Contó con la participación de organizaciones de la sociedad civil francesa, miembros de la diáspora colombiana en París y personas interesadas en la defensa de los derechos indígenas.
Evento público en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne: el rol de la CNTI en las negociaciones para la justicia transicional y la protección del medio ambiente
Se llevó a cabo un evento público en el centro de Lourcine de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne, dirigido a la comunidad académica, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Este espacio tuvo como objetivo principal dialogar sobre el rol de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) en dos ámbitos clave: las negociaciones para la justicia transicional en Colombia y la protección del medio ambiente y los territorios indígenas.
Durante el evento, se destacó la importancia de la CNTI como un actor fundamental en la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, así como su contribución en la construcción de una paz estable y duradera a través de la justicia transicional. Además, se resaltó su labor en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, enfatizando el papel de los pueblos indígenas como guardianes del territorio y su conocimiento ancestral en la mitigación de la crisis climática.
Reunión con la Alianza de Abogados Ambientalistas y organizaciones sociales francesas
Se realizó un encuentro estratégico con la Alianza de Abogados Ambientalistas de la Asociación de Juristas – Cooliens, el Instituto Pour la Paix y el Centre de Recherche et d’Informations pour le Développement (CRID). El CRID, fundado en Francia en 1976, es una red que agrupa a más de cincuenta organizaciones dedicadas a la solidaridad internacional y la educación para la ciudadanía. También participó el Secours Populaire Français, una asociación comunitaria que reúne a 98 federaciones y cuenta con una red de 1.300 puntos de apoyo solidarios y sanitarios, sostenidos por el compromiso de 90.000 voluntarios. Se abordaron los retos actuales en la formalización y salvaguarda de estos territorios, así como las acciones implementadas para garantizar su protección frente a amenazas como el extractivismo, el conflicto armado y la crisis climática.
Reuniones con
Estas reuniones tuvieron como objetivo central visibilizar la grave situación de afectación territorial que enfrentan los pueblos indígenas en Colombia, con especial énfasis en los impactos causados por empresas europeas que operan en territorios indígenas y su relación con la crisis climática global. Se presentó un análisis detallado sobre cómo las actividades de empresas europeas en Colombia han generado impactos negativos en los territorios indígenas, incluyendo la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y la vulneración de los derechos territoriales.
Se denunció la alarmante situación de violencia y violaciones de derechos humanos que enfrentan las autoridades, líderes y comunidades indígenas en Colombia, producto del recrudecimiento del conflicto armado. Se enfatizó en la necesidad de proteger a los defensores indígenas y garantizar su seguridad, ya que son actores clave en la defensa de los territorios y la construcción de paz. Se hizo un llamado urgente a la solidaridad internacional para que los Pueblos Indígenas puedan continuar ejerciendo su rol ancestral como cuidadores y protectores de la biodiversidad y la naturaleza. Se resaltó que, sin el apoyo de la comunidad internacional, será imposible garantizar la protección de los territorios indígenas y, por ende, la sostenibilidad ambiental del planeta.
Reunión en Bruselas con Amigos de la Tierra, FIAN Internacional y Secretaría Técnica de la OIDHACO
Durante el encuentro, se destacaron las iniciativas desarrolladas en materia de protección de los territorios indígenas, el cuidado de la biodiversidad y la promoción de sistemas de conocimiento propios de los pueblos indígenas. Se expuso el papel del Observatorio como una herramienta clave para monitorear, documentar y visibilizar las problemáticas y avances en la protección de los territorios indígenas. Se enfatizó en la importancia de los sistemas de conocimiento indígenas para el cuidado de la biodiversidad y la naturaleza, así como en su contribución a la mitigación de la crisis climática.
Evento público con la diáspora colombiana en Bruselas
Este evento contó con la participación de más de 30 personas, en su mayoría integrantes de la diáspora colombiana residente en Bruselas. El encuentro tuvo como objetivos principales dar a conocer el trabajo que los pueblos indígenas, y en especial la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), vienen realizando en Colombia en materia de protección y cuidado de los territorios, así como visibilizar los esfuerzos para fortalecer los sistemas de conocimiento propio, la gobernanza indígena y la concertación con el gobierno nacional para garantizar los derechos territoriales. Se explicó el proceso de diálogo y concertación con el gobierno colombiano para garantizar los derechos territoriales indígenas, destacando los avances y los desafíos pendientes en la implementación de políticas públicas que reconozcan y protejan estos derechos.
Defensa territorial, un camino que no se detiene
Esta gira no sólo ha permitido visibilizar la lucha de los Pueblos Indígenas en escenarios internacionales, sino que también ha consolidado redes de apoyo y estrategias para fortalecer la incidencia en la toma de decisiones globales. Cada encuentro ha sido un paso más en la construcción de un futuro donde la justicia ambiental y territorial sean una realidad, y donde el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas no sea una concesión, sino un compromiso ineludible de los Estados y organismos internacionales. Seguimos avanzando con firmeza, porque la protección de los territorios ancestrales es la base para la pervivencia de los pueblos y el equilibrio del planeta.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y las organizaciones indígenas nos unimos a la jornada nacional de movilización del 18 de marzo de 2025, expresando nuestra unidad y resistencia en defensa de nuestros derechos. En Bogotá y en diversas ciudades del país, el movimiento indígena participó de manera masiva para respaldar las reformas sociales y laborales propuestas por el Gobierno Nacional, fundamentales para combatir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los sectores históricamente excluidos.
Más allá del respaldo a estas iniciativas, denunciamos la agudización del conflicto armado en nuestros territorios y exigimos un cambio estructural que garantice la protección de nuestros derechos colectivos. La movilización social y popular es una expresión legítima de resistencia y conciencia, en la que reafirmamos la defensa integral de nuestros territorios, la memoria de nuestros pueblos y la orientación de las nuevas generaciones en la lucha por la justicia social y ambiental.
Pese a la multitudinaria participación de los colombianos y colombianas, la reforma laboral fue archivada tras la votación en contra de su avance en la Comisión Séptima del Senado. Este hecho evidencia la falta de voluntad política para garantizar condiciones laborales dignas y para responder a las exigencias del pueblo movilizado. Seguiremos en pie de lucha, defendiendo nuestros derechos, nuestros territorios y el bienestar de las comunidades indígenas y populares del país.
¡Porque defender los territorios es defender la vida!
El 13 de marzo en el municipio de Riohacha se llevó a cabo mesa interinstitucional para el seguimiento de la situación de derechos humanos y territoriales de las comunidades indígenas de Jari Jinama y Summain Wayu del pueblo Wayuu. En este diálogo participaron la Defensoría del Pueblo regional Guajira, delegado de la Procuraduría, delegados de las instituciones y las comunidades indígenas del pueblo Wayuu.
La reunión fue citada por la Defensoría y delegada para los asuntos Agrarios y Tierras con el propósito de realizar un diálogo sobre las medidas de desalojo que existen para las comunidades de pueblo Wayuu en los predios ubicados en el distrito de Riohacha y otro ubicado en la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta, Paraje La Laguna, sector Las Cabeceras (Guajira).
Aunque las comunidades han presentado las solicitudes para la formalización de sus territorios desde hace varios años, a la fecha no ha avanzado con las solicitudes. La falta de reconocimiento de derechos territoriales es un peligro para las comunidades. En el caso del Jira Jinamana, la ANT reconoció la protección provisional de su territorio ancestral en el año 2024. Sin embargo, no evidencian avances por parte de la ANT en el proceso de constitución de Resguardo.
La situación se ha agravado por las acciones policivas de desalojo que enfrentan actualmente estas comunidades, promovidas por los presuntos propietarios de los predios. La falta de reconocimiento de derechos territoriales facilita los desalojos y vulnera los derechos del pueblo Wayuu.
“Logramos conversar entre las instituciones, las comunidades y los propietarios y coincidimos en la importancia de buscar soluciones sociales a estas problemáticas de conflictos territoriales con el pueblo Wayuu” mencionó Juan Camilo Morales, Defensor delegado para Asuntos Agrarios y Tierras. Además, agregó qué los propietarios de las tierras están dispuestos a avanzar con el Gobierno Nacional en la implementación de los programas de reforma agraria y particularmente en la compra voluntaria de tierras.
Por su parte, una de las lideres de pueblo Wayuu hizo un llamado a los presentes: “no pueden seguir estigmatizando ni hostigar, ni crear toda una violencia contra el pueblo Wayuu diciendo que somo invasores en los territorios cuando milenariamente hemos sido los guardianes y los que hemos salvaguardado”.
Debido a las tensiones generadas, el espacio se cerró con el acuerdo de buscar una nueva fecha para retomar los diálogos entre las instituciones, las comunidades, las autoridades y los propietarios. Además, se propuso avanzar en la sustitución de las medidas policivas de desalojo por una política social de compra de tierras que garantice la seguridad jurídica de los territorios indígenas del pueblo Wayuu.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos el respeto y la protección de los territorios ancestrales del pueblo Wayuu. Los desalojos, la falta de reconocimiento de derechos territoriales y la estigmatización son formas de violencia estructural que vulneran sus derechos. El Estado debe garantizar seguridad jurídica y soluciones reales, no más desplazamientos ni despojos.
Durante 2023 y el primer semestre de 2024, el Programa Somos Defensores registró 238 agresiones contra las mujeres líderes y defensoras en Colombia.
Diversas organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo han advertido que la violencia contra las defensoras ha tenido una escalada de agresiones desde 2022.
A diferencia de sus compañeros, ellas se enfrentan a una doble victimización: por ser líderes y por ser mujeres.
Las mujeres en la Amazonía y Orinoquía colombiana siguen siendo estigmatizadas, amenazadas, desplazadas y criminalizadas por su labor en la defensa del territorio, como muestra este especial periodístico a través de las historias de cuatro defensoras en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta.
Las constantes amenazas contra la vida, el desplazamiento forzado y los sistemas de protección que no siempre funcionan se volvieron parte de la cotidianidad de los defensores del ambiente y el territorio en Colombia. En el caso de las mujeres, no sólo enfrentan los retos y peligros inherentes a ser mujeres, sino que también deben lidiar con violencias específicas que difieren de las que sufren sus compañeros.
Waira Jacanamijoy, artista y lideresa del pueblo inga, confiesa que no sabe cómo sigue viva, pues se ha enfrentado desde muy joven a los actores armados en la Bota Caucana, entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, que han querido controlar el territorio y sembrar cultivos de coca. Y es que, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness, Colombia es el país con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales y del territorio entre 2012 y 2023, con 461 asesinatos, seguida de Brasil (401), Filipinas (298), México (203) y Honduras (149). El año más crítico fue 2023, pues 79 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas en el país, la tasa anual más alta para una nación desde que Global Witness documenta casos.
Leonardo González, director del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), comenta que la muerte es el caso extremo de las violaciones de derechos humanos contra los y las líderes, además de que las defensoras deben enfrentar una gama de violencias que incluyen el acoso judicial, amenazas a sus familias, estigmatización, criminalización, desplazamiento y violencia sexual.
El Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) en su artículo “La verdad y la lucha de las lideresas sociales” advierte que muchas de ellas han sido amenazadas junto con sus familiares, especialmente sus hijos. Según la organización, “para las mujeres es más costoso continuar con su liderazgo si esto implica perder sus lazos familiares, en un entorno en el que ellas mismas son las que sostienen económica y emocionalmente sus redes de cuidado”.
Eso precisamente ha llevado a que Marlén Arévalo replantee si quiere seguir defendiendo al río Guamal de la explotación petrolera en los Llanos Orientales, pues durante más de una década ha recibido amenazas contra ella, su esposo y su hija.
Marlén Arévalo ajusta su turbante en su casa en el departamento del Meta, antes de salir a ordeñar las cabras junto a su esposo Edgar. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
Las cifras de las diversas organizaciones que trabajan con violencias en contra de líderes en el país varían dependiendo de la metodología que utilicen, pero todas revelan escenarios preocupantes. Por ejemplo, el Programa Somos Defensores registró 135 amenazas, 24 asesinatos, 14 atentados, 12 desplazamientos forzados, tres secuestros, dos casos de tortura, dos hechos de violencia sexual y una judicialización contra mujeres defensoras en Colombia en 2023.
Los informes de las organizaciones sociales también han documentado de manera sistemática la violencia contra liderazgos ambientales de mujeres, especialmente en zonas de expansión de actividades extractivas, narcotráfico, minería ilegal y ganadería extensiva. “Todas (estas economías) están protegidas por grupos armados ilegales, por la impunidad y por la falta de acción del Estado”, afirma Leonardo González, director de Indepaz.
Enormes dificultades para ejercer el liderazgo
Las mujeres no sólo deben estar al frente de los procesos organizativos, sino que también se les exige no abandonar sus roles de esposas y madres. La violencia a las defensoras “trasciende del conflicto y se enmarca en un contexto de discriminación asociado al lugar de la mujer en la sociedad. Se les castiga por estar en las calles, por tomar una voz y hacer reclamos en lo público, por no vivir una vida silenciosa únicamente a cargo del cuidado de un hogar. Por no cumplir con las expectativas que se tienen de ellas”, enuncia el artículo de Dejusticia.
Cuando las mujeres empiezan a ocupar espacios que tradicionalmente han sido de los hombres, su trabajo se multiplica, pero también es demeritado. “El trabajo de la mujer no se valora igual que el del hombre. Un hombre es líder y ya. A una le toca, en cambio, estar pendiente de la casa, de los hijos, de los animales”, manifiesta Jani Silva, lideresa y cofundadora de la Zona de Reserva Campesina La Perla, en el departamento de Putumayo.
En el caso de las mujeres indígenas, a su labor de liderazgo se suma la de transmitir los conocimientos en las comunidades. El liderazgo indígena es generacional, como lo explica la investigadora Fabiola Caspud del Comité Nacional de Territorios Indígenas (CNTI). “Las mujeres indígenas, líderes y sabedoras tejen procesos y han permitido también fortalecer la identidad cultural. Y esos liderazgos han sido también heredados por esas ancestras que han dejado el legado de la protección y defensa del territorio. Es importante visibilizar estos liderazgos para sembrar esa semilla en otras mujeres jóvenes para que se continúen con los procesos indígenas”, afirma Caspud, quien añade que cuando amenazan, desplazan y asesinan a una lideresa indígena, acaban con el legado y el traspaso de conocimientos.
Viviana Gómez, de CNTI, asegura que las violencias hacia las mujeres tienen impactos colectivos, donde no sólo está en riesgo su vida y trabajo, sino también la vida de las comunidades, como ocurrió con el asesinato de Carmelina Yule, una mujer indígena nasa de Toribío (departamento del Cauca).
Yule era una dirigente reconocida por defender los derechos de la mujer indígena y luchar contra el reclutamiento de menores de edad para la guerra. En marzo de 2024, el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, que opera en el Cauca, le disparó tras rescatar a un joven reclutado forzosamente. En 2021 ya habían atentado contra su vida al atacar su vivienda y uno de sus hijos murió en ese episodio. El año anterior, otro de sus hijos murió en circunstancias que aún no son claras, pero la lideresa responsabilizó al EMC. Tras el asesinato de Yule, el presidente Gustavo Petro levantó el cese bilateral con las disidencias en el Cauca.
Las investigadoras del CNTI insisten en que las amenazas y ataques contra las defensoras indígenas son un atentado contra las bases de las comunidades. “Cuando se ataca a una lideresa indígena, se ataca y se corta un saber y se acentúan problemas estructurales”, resalta Gómez.
Domingo en el río Humadea, septiembre de 2024. Decenas de personas disfrutan del afluente que Marlen Arévalo y Edgar Cruz defienden. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
En noviembre de 2024, durante la conmemoración del día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, ONU Mujeres presentó cifras de las violencias basadas en género contra las personas defensoras en Colombia: en 2023 hubo un aumento del 203%. Sólo para el primer semestre de 2023 hubo 3555 casos reportados de amenazas, hostigamientos y desplazamiento, en comparación con 1763 casos registrados en el mismo periodo de 2022.
En la Amazonía y Orinoquía colombiana no son sólo las mujeres indígenas quienes enfrentan los impactos colectivos de las amenazas a sus liderazgos. Jani Silva, una mujer campesina del Putumayo que fue parte del equipo que ayudó a la creación de la Zona de Reserva Campesina La Perla, y quien fue candidata a recibir el Nobel de Paz en 2023, se ha enfrentado a grupos armados y a las empresas de hidrocarburos en el departamento. Su lucha la ha llevado a recibir más de diez amenazas en los últimos cinco años.
A raíz de estas amenazas, que vienen de todos los grupos armados que operan en la zona, Silva ha tenido que abandonar el territorio en varias oportunidades. Por ejemplo, recuerda que en 2021 fue declarada objetivo militar y tuvo que encerrarse en su casa 15 días y abandonar el municipio durante un mes. “Yo lo primero que pensé fue en mis nietas, que por esos días se mantenían aquí en la casa con su mamá, mi hija. Casi me vuelvo loca”, manifiesta la lideresa.
Lideresas estigmatizadas y criminalizadas
Las violencias contra las defensoras desarmonizan los territorios y a las comunidades. Es por eso que, desde su informe ‘Mujer y territorio’, la CNTI le hace un llamado al Estado para garantizar y reconocer la legitimidad de la labor de las defensoras, escuchar sus demandas y no estigmatizar su defensa.
Y es que la estigmatización ha sido una constante en la vida de muchas mujeres que alzan la voz. Como lo explica Leonardo González, este flagelo ha servido históricamente como herramienta para deslegitimar a ciertos grupos sociales y justificar actos de violencia en su contra.
Jani Silva fue una de las promotoras de la creación de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica, en el año 2000, que reúne a más de 600 familias en 22.000 hectáreas. Foto: Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
La historia de Silva es la prueba de cómo su vida ha estado en riesgo constante por el simple hecho de ser una mujer campesina. “Decían que la figura de las Zonas de Reserva Campesina era uribista. Y [el entonces presidente] Uribe, por otro lado, decía que eran repúblicas independientes para las guerrillas. Era una brutalidad total, y nosotros ahí, en el medio, sin saber qué hacer”, relata Silva.
Otra premisa que se repite en contra de los liderazgos es que si se oponen a las actividades extractivas son enemigos del progreso.
El observatorio de la CNTI registra 715 asesinatos de indígenas desde la firma del Acuerdo de Paz y el 17 % representaban cargos de dirigencia en las comunidades y territorios étnicos. “La violencia es la amenaza latente contra la vida de los y las defensoras indígenas, una amenaza al mandato y a las estructuras político organizativas y ancestrales que se oponen a las economías extractivas en los territorios”, manifiestan Viviana Gómez y Fabiola Caspud de la CNTI.
La ONU advierte que las mujeres, y aún más las indígenas y afrodescendientes, enfrentan desafíos particulares con relación a la estigmatización, pues suelen ser señaladas por algunas autoridades locales o actores con intereses económicos en los territorios.
La criminalización también es otra forma de ataque y mordaza contra la defensa del ambiente y el territorio. Global Witness, en su informe de 2023, advierte que esta táctica se ha convertido en una “estrategia clave para restar autoridad a los movimientos en defensa de la tierra y el medioambiente e interrumpir sus actividades y actualmente es la táctica que más se utiliza para silenciar a las personas defensoras de los distintos países”.
Marlén Arévalo conoce este tema de cerca, ya que vio cómo sus compañeros fueron criminalizados y enfrentaron procesos judiciales por la defensa del territorio ante la estatal petrolera colombiana. En 2018 empezaron a circular por redes sociales volantes con el logo de la Policía Nacional en los que informaban la captura de siete líderes ambientales en el departamento del Meta. Eran defensores y defensoras del río Guamal. En los papeles se encontraban frases como: “Inició su actuar delictivo como presidenta de la Junta de Acción Comunal”.
Marlén Arévalo y Edgar Cruz junto a sus cabras en el departamento del Meta, vistiendo camisetas de Cropohumadea con un mensaje en defensa del agua. Foto: Natalia Pedraza Bravo.
Arévalo dice que estos señalamientos ponen aún más en riesgo su vida y la defensa del territorio: “Nos han puesto en riesgo nuestra vida, porque eso hace que la misma comunidad nos tenga entre ojos, porque supuestamente estamos atentando contra los intereses de los que quieren trabajar con la industria”.
Además de esto, los mecanismos de protección para los líderes, implementados por el Estado colombiano, son insuficientes. Aunque el Gobierno ha adoptado algunas medidas, como la firma del Acuerdo de Escazú, que busca proteger a los defensores ambientales, su implementación ha sido limitada. “La falta de voluntad política ha impedido que las medidas de protección lleguen a las zonas más afectadas”, afirma Leonardo González, de Indepaz.
Una protección sin soluciones a la vista
Las defensoras resisten en sus territorios mientras se sortea una reconfiguración de los poderes armados y políticos en cada una de las regiones colombianas. Según el último informe de Global Witness, los tres departamentos con mayor número de asesinatos registrados de líderes ambientales son Cauca (26), Putumayo (7) y Nariño (6), “donde quienes defienden la tierra y el medioambiente han quedado atrapados en el fuego cruzado”.
De hecho, el pueblo siona del departamento de Putumayo fue confinado durante más de 10 días por el enfrentamiento entre el grupo armado Comandos de Frontera y las disidencias Carolina Ramírez de la antigua guerrilla de las FARC en 2023. Los dirigentes del resguardo Buenavista y Piñuña Blanco fueron amenazados y algunos desplazados. Jani Silva estuvo en una lista de líderes amenazados por los armados.
La Defensoría del Pueblo ha emitido cuatro alertas tempranas, sólo para la región amazónica, entre 2023 y 2024. Un comunicado de marzo del año pasado dice que “otros riesgos han emergido para personas defensoras del ambiente, particularmente liderazgos campesinos e indígenas, que se han opuesto o han denunciado las afectaciones al territorio y a los procesos sociales y organizativos en contextos en los que se implementan economías legales, como la explotación de hidrocarburos o donde se implementan proyectos REDD+ de bonos de carbono”, dice el documento de la alerta temprana.
La lideresa vive en un resguardo Inga ubicado en Yurayacu, en el sur de Colombia. Foto: Diana Pachón.
Colombia ha avanzado en el tema normativo para la protección de los defensores y se ha vinculado a acuerdos internacionales que buscan la protección de quienes defienden el medioambiente. El país celebró en agosto de 2024 la ratificación del Acuerdo de Escazú, pues es la primera vez que un tratado internacional dedica un artículo a la protección de líderes. “El artículo 9 establece que los Estados partes deben garantizar entornos seguros y propicios para que los defensores del medioambiente puedan actuar sin ser perseguidos, amenazados o asesinados. Esto es particularmente urgente en un país como Colombia, donde la impunidad prevalece en muchos de estos casos”, comenta González.
Sin embargo, las victorias son agridulces. La ONG Paz y Reconciliación (PARES) e Indepaz han informado que poco se ha hecho para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y del Decreto 660 de 2018, que regula la creación del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los territorios. Este último proyecto tiene como objetivo adoptar medidas de protección y prevenir la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad, además de establecer un plan de trabajo específico con las organizaciones sociales para su protección.
En el informe de gestión del Decreto, hecho en 2023 por la oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior, se muestra un escaso avance. Desde abril de 2018 hasta julio de 2023, 42 organizaciones defensoras de derechos humanos fueron escogidas como beneficiarias de las medidas del decreto, pero ninguna ha logrado la implementación completa.
El problema, como manifiestan los y las líderes, es la implementación de los reglamentos, resoluciones y políticas que se formulan. La Corte Constitucional, a finales de 2023, alertó en un fallo judicial por la vulneración sistemática, masiva y permanente del derecho a defender los derechos humanos, evidenciando la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de líderes, además de ordenarle al Estado hacer seguimiento efectivo al riesgo que enfrentan los defensores, valorar las rutas de protección colectiva en los municipios en los que el nivel de riesgo es mayor, establecer los lineamientos generales para la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos, entre otras medidas.
La Corte también le pidió a la sociedad civil realizar el acompañamiento y seguimiento a la implementación de las medidas para la protección y en abril de 2024 se creó la Comisión de Seguimiento con 17 organizaciones para realizar una mesa de interlocución con el Estado y dar cumplimiento de las órdenes de la sentencia.
Waira Jacanamijoy ha sido promotora de Yachaicury, una escuela con un modelo indígena, para crear sentido de pertenencia en los jóvenes de la comunidad. Foto: Diana Pachón.
La tarea no ha sido fácil. En términos de protección, la CNTI advierte que es indispensable que se adopte un enfoque étnico y de género, ya que los repertorios de violencia son distintos en hombres y en mujeres, pero también entre mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En el caso de la lideresa indígena Waira Jacanamijoy, la defensora renunció a los dos guardaespaldas que la acompañaron durante cinco años, tras sentirse como una prisionera en su territorio amazónico.
En otros casos, el esquema de protección no sólo no tiene un enfoque de género, sino que es insuficiente para el nivel de amenaza que enfrentan las defensoras, tal como relata Marlén Arévalo, quien lleva varios años solicitando un sistema de protección eficiente, más allá de un chaleco antibalas y un celular para llamar en caso de riesgo. “Las medidas eran insuficientes, a Edgar (su esposo) le dieron un teléfono para que llamara cuando le iban a meter un tiro en la cabeza”, dice la defensora.
Lo cierto es que en medio de un recrudecimiento de la violencia en Colombia, las mujeres indígenas y campesinas siguen resistiendo en su territorio, desafiando los proyectos extractivos y defendiendo la tierra, mientras los grupos armados continúan amenazando, desplazando y estigmatizando la defensa territorial y ambiental.
*Nota del editor: Este reportaje fue modificado el 5 de marzo de 2025. Para garantizar la seguridad de una de las defensoras que hacía parte del especial, se eliminaron todas sus menciones en este texto.
*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) denunciamos y rechazamos categóricamente los recientes discursos de odio y actos de discriminación dirigidos contra el pueblo Arhuaco en Valledupar y Pueblo Bello, Cesar. Las agresiones verbales, imágenes y mensajes racistas que han circulado en redes sociales no son hechos aislados, sino una manifestación de la discriminación estructural y el racismo histórico que han enfrentado los Pueblos Indígenas en Colombia.
El Estado ha reconocido el racismo estructural contra los Pueblos Indígenas, pero sus acciones son insuficientes. La sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, proferida el 10 de marzo de 2022 (Radicado 11001310302120210002604) —promovida por Camilo Niño Izquierdo, Arhuaco, Secretario Técnico Indígena de la CNTI en su calidad de instancia vocera de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas—, confirmó que en Colombia existe un patrón sistemático de discriminación que atenta contra nuestra dignidad, autonomía y derechos fundamentales.
En esa decisión, el Tribunal ordenó la realización de acciones pedagógicas y de sensibilización a cargo del Ministerio del Interior y otras instituciones, incluyendo una campaña pública y un diplomado para servidores públicos sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.
Hasta la fecha, estas acciones no se han cumplido. La ausencia de una política efectiva contra el racismo institucional y la falta de implementación de estas medidas han permitido que la discriminación siga normalizándose en redes sociales, espacios públicos y escenarios de concertación política.
Este tipo de discursos no sólo afectan la dignidad de los Pueblos Indígenas, sino que también profundizan las violencias estructurales y las amenazas contra líderes y autoridades ancestrales. La estigmatización y criminalización de los Pueblos Indígenas es una violación a los derechos humanos y un retroceso en el reconocimiento de nuestra autonomía y gobierno propio.
Ante esta situación, desde la CNTI hacemos un llamado urgente a las autoridades competentes, organizaciones defensoras de derechos humanos y a la sociedad en general para que:
Se realicen acciones concretas para frenar los discursos de odio en redes sociales y medios de comunicación, implementando medidas de control y sanción contra quienes promuevan estereotipos racistas y contenidos discriminatorios.
Se haga un llamado a los jueces reiterando las órdenes judiciales para que se cumplan de inmediato y contribuyan a parar la discriminación contra los Pueblos Indígenas.
Se hagan efectivas las garantías de protección para el pueblo Arhuaco y todas las comunidades indígenas que hoy enfrentan agresiones verbales y amenazas a su integridad y dignidad.
Se fortalezcan los mecanismos de protección de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, garantizando su integridad, pervivencia y bienestar.
Desde la CNTI reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas y condenamos cualquier forma de discriminación que atente contra nuestra dignidad, identidad, espiritualidad y cultura. Reiteramos que el racismo no es un asunto menor ni una simple ofensa: es una forma de violencia que refuerza la exclusión, perpetúa la desigualdad y amenaza la pervivencia de los Pueblos Indígenas.
