Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas lamentamos el fallecimiento de la comisionada y lideresa afrodescendiente Ángela Salazar, nuestra solidaridad a su familia, a sus allegados y a la CEV, su partida producto del COVID-19, deja un gran vacío en el sistema de conocimiento y sabiduría ancestral, la recordaremos como una mujer aguerrida, alegre y luchadora por las causas sociales.
La comisionada Ángela Salazar, de 66 años, oriunda de Tadó, Chocó, falleció en la mañana de este viernes 7 de agosto en Apartadó, Antioquia.
Según fuentes cercanas a la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar se destacó como lideresa de mujeres en el Urabá antioqueño y era una de las 11 integrantes del pleno de la comisión.
La comisionada es reconocida por haber ejercido su liderazgo comunitario como conciliadora en equidad, se destacó por visibilizar la lucha y la defensa del derecho de las mujeres, su pilar de lucha fue hacer visibles las luchas de los derechos de las mujeres, especialmente de las victimas de la violencia sexual, los trabajadores bananeros, las empleadas domésticas, entre otros.
Quienes la conocieron de cerca reconocen en ella su capacidad organizativa durante los días más violentos de la región de Urabá, gozaba de una alegría de vivir y una disposición aguerrida en defensa de los derechos humanos.
En los últimos tres años trabajó incansablemente como comisionada de la verdad, sobre todo en la recuperación de la memoria y la verdad del pueblo afrocolombiano, afectado por el conflicto armado.
La comisionada Salazar es la segunda integrante del pleno de la Comisión de la Verdad que fallece, después de la muerte, en octubre de 2019, del periodista y sociólogo Alfredo Molano Bravo.
Este jueves 6 de agosto de 2020, el coronavirus le arrebató la vida a José de los Santos Sauna, cabildo gobernador del pueblo indígena Kogui para los departamentos del Cesar y la Guajira. Su muerte representa una invaluable pérdida, espiritual, social y política, para los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kankuamo.
Las comunidades en los territorios, las organizaciones sociales y la sociedad en general, han unido sus voces para lamentar este hecho que refleja el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los pueblos indígenas de cara a la pandemia. El cabildo gobernador era protector de la sabiduría ancestral de su pueblo y dedicó su vida a defender los derechos territoriales del mismo, a buscar la unidad entre los pueblos y establecer el diálogo de Gobierno a Gobierno.
Hoy nos solidarizamos y lamentamos la pérdida de un luchador incansable por la protección de la Sierra, nos unimos al dolor de sus familiares y tenemos certeza que seguirá guiando, ahora de regreso a la Madre Tierra, el camino de quienes permanecen firmes en el cuidado del Corazón del Mundo.
Las organizaciones Nacionales indígenas que hacemos parte de la MPC y CNTI, Organización Indígena de Colombia -ONIC-, Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana OPIAC-, Confederación Indígena Tayrona CIT-, Autoridades Tradicionales Indígenas De Colombia – Gobierno Mayor, Autoridades Indígenas De Colombia Por La Pacha Mama, reiterando lo manifestado en anteriores oportunidades las organizaciones indígenas con asiento en la Mesa Permanente de Concertación y en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, tras analizar la situación actual que vive el país y el mundo a causa de la pandemia y la situación de desigualdad estructural que aumenta la vulnerabilidad de los pueblos indígenas, respaldados por el orden legal y constitucional, manifestamos expresamente que no realizaremos procesos de consulta previa que impliquen despliegue en nuestros territorios, ni tampoco en la modalidad virtual. Lo anterior porque nuestros pueblos y comunidades se hallan en confinamiento y aislamiento territorial por mandato autónomo de su gobierno propio, para evitar la propagación del COVID19 y también debido a que la intervención en los territorios afecta negativamente tanto la vida y la salud, como también el modo de vida y nuestra cultura.
De acuerdo con ello y fundamentados en el Convenio 169 de la OIT, dejamos en claro que solamente reasumiremos el ejercicio de nuestro derecho fundamental a la consulta previa cuando nuestras autoridades determinen en su autonomía culminar el aislamiento y una vez se supere la emergencia sanitaria. Lo anterior no implica por supuesto, una renuncia a nuestra participación, razón por la cual, en virtud de lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución No. 1 de 2020, hemos también reafirmado nuestra plena disposición para avanzar en el diálogo con el Gobierno Nacional en las instancias de Concertación y hacer frente común contra la pandemia y sus efectos devastadores sobre nuestros pueblos.
Hoy sin embargo seguimos evidenciando cómo el Gobierno Nacional se encuentra empeñado y decidido en desconocer este mandato, y nuestros derechos, pues sumado a la ya denunciada propuesta de “Protocolo general de bioseguridad para el proceso de consulta previa, con las comunidades indígenas, afrocolombianos, negros, palenqueros, rom, raizales de San Andrés y Providencia y en general de comunidades étnicas”, que rechazamos con vehemencia por inconsulto, impertinente e inaplicable, el cual fue derogado por estas razones, vemos hoy con alarma que el Ministerio del Interior insiste, y así se lo ha dejado saber a los gremios económicos, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la “conectividad” y la voluntad del pueblo o comunidad titular del mismo, lo cual aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados que están padeciendo los efectos nocivos de la pandemia.
El Ministerio del Interior ha sostenido que no está transgrediendo el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, por haber derogado las circulares que le daban viabilidad de manera virtual. No obstante, la respuesta a empresarios, dada por el mismo Ministerio que fue publicitada en medios de comunicación, dista de esta postura y sostiene que avanza rápidamente en el camino para lograr consultas previas durante la pandemia a través de mecanismos tecnológicos.
Las Organizaciones y Gobierno Indígena que hacemos parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE la puesta en marcha de la Ruta de Implementación del Catastro Multipropósito y Barrido Predial por parte del Gobierno Nacional, por violar abiertamente el derecho fundamental a la Consulta Previa, lo cual demostramos con los siguientes hechos:
El 26 de mayo de 2017, en el marco del procedimiento legislativo de fast track para la implementación normativa del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en la Mesa Permanente de Concertación – MPC se protocolizó una ruta metodológica para la expedición de la ley sobre Catastro Multipropósito, sin embargo, este proyecto de ley no completó su trámite en el Congreso de la República a pesar de haber sido radicado en dos oportunidades.
En la Ley 1955 de 2019, del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, en los artículos 79 al 83 (reglamentados mediante Decreto 148 de 2020), se establecieron modificaciones de ley sobre Catastro Multipropósito sin ser concertadas ni consultadas con Pueblos Indígenas.
Entre 2018 y 2019 se expidieron dos documentos Conpes sobre la materia (3951 de 2018 y 3958 de 2019) igualmente inconsultos. Estos instrumentos afectan directamente los derechos territoriales al emprender la política de Catastro Multipropósito y Barrido Predial sin concertar con los Pueblos Indígenas.
El Departamento Nacional de Planeación – DNP elaboró unilateralmente una Guía Metodológica de implementación del Catastro Multipropósito y Barrido Predial, sin la participación de Pueblos Indígenas y haciendo una mera presentación de los contenidos del documento borrador en la Primera Sesión Virtual Especial de la CNTI, el 8 de julio del 2020.
En esta presentación, el DNP estipula que la participación de las comunidades étnicas en la construcción del Catastro Multipropósito y Barrido Predial queda reducida a tres etapas de “socialización” con las autoridades, y en ningún momento hace referencia a la Consulta Previa de la que debe ser objeto la Guía Metodológica, y cuya ruta de protocolización debió haberse concertado en la MPC en articulación con la CNTI.
No puede retomarse la protocolización de un proyecto de ley que no se tramitó en el Congreso de la República, como es el caso del Proyecto de Ley de Catastro Multipropósito, para sustituir el derecho fundamental a la consulta previa que se requiere para adelantar la concertación técnica de esta ruta, y las actuaciones del gobierno en torno a la materia, que afecta directamente los derechos territoriales de las comunidades indígenas.
Como lo declaramos al inicio de esta sesión mixta, en esta Primera Sesión Virtual Especial de la CNTI 2020, destinada a concertar medidas urgentes para la protección de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el contexto de la emergencia sanitaria del coronavirus COVID-19, NO abordaremos temas relacionados con Consultas Previas debido a que los espacios virtuales NO brindan garantías ni cumplen con los estándares establecidos por la Corte Constitucional para el ejercicio pleno del derecho de participación. La CNTI NO puede ser instrumentalizada precisamente para violar este derecho fundamental.
Hacemos un llamado al gobierno a cumplir con el acuerdo agrario y étnico del Acuerdo Final de Paz en el componente de tierras y territorios, para lo cual es necesario el desarrollo de un Catastro que respete e incluya garantías de seguridad jurídica a los territorios indígenas, por ello: EXPRESAMOS que, si bien la CNTI es el espacio en el que se debe adelantar la concertación técnica de esta Guía en articulación con la MPC, en estas sesiones excepcionales de la CNTI los pueblos indígenas no abordaremos ni daremos ninguna discusión relativa a este tema.
EXIGIMOS al Gobierno Nacional la garantía y el respeto de los derechos fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado y, en consecuencia, demandamos que se se adelante la Consulta Previa obligatoria para las medidas legales, administrativas y operativas –políticas, normas, guías, contratos y convenios– relativas al Catastro Multipropósito y Barrido Predial, que al día de hoy han adoptado, están en proceso de ejecución o se proyectan adoptar de manera inconsulta y violando con ello, además, nuestros derechos al territorio y a la autonomía. Asimismo, EXIGIMOS SUSPENDER de inmediato todas las acciones de barrido predial y catastro multipropósito que se estén adelantando de manera inconsulta.
ALERTAMOS y HACEMOS UN LLAMADO a las comunidades y organizaciones indígenas para que en virtud de lo anterior, y como un ejercicio de control constitucional propio de la jurisdicción indígena, desconozcan, invaliden y proscriban en sus territorios cualquier acción institucional encaminada al avance de la política del Catastro Multipropósito y Barrido Predial, por ser la misma ilegal y contraria al bloque de constitucionalidad. Igualmente les pedimos denunciar cualquier acción de catastro que identifiquen en sus territorios con el fin de ejercer las acciones jurídicas de exigibilidad del derecho a la consulta previa.
No se puede construir paz violando los derechos fundamentales de los Pueblos y Comunidades Indígenas
Piden garantías en los territorios y enfoque diferencial frente al COVID- 19
La Secretaria Técnica Indígena de la CNTI, alerta sobre el incremento de los asesinatos a líderes indígenas en regiones dónde históricamente se han solicitado seguridad jurídica a los territorios y EXIGE NO REDUCIR EL PRESUPUESTO A LAS COMUNIDADES ANCESTRALES
¿Por qué para los pueblos indígenas es tan importante el derecho a la tierra y al territorio?
¿Quieres saber qué pasó en el debate de control político en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República?
En un debate de control político para revisar el impacto del decreto 486 de 2020 y la falta de garantías de enfoque diferencial con los pueblos indígenas y demás minorías étnicas para el manejo de la pandemia COVID-19, el senador indígena Feliciano Valencia señaló que “se ha posicionado la tesis errónea según la cual los indígenas somos terratenientes”.
Al debate y sesión virtual, realizado la mañana de este viernes 12 de junio, asistieron el ministro de Agricultura, Rodolfo Enrique Zea Navarro, el subdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, Daniel Gómez Gaviria, la directora de la Agencia Nacional de Tierras, Myriam Carolina Martínez Cárdenas, y destacados senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso. Así mismo, contó con la intervención del procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, y del Secretario Técnico Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, el líder indígena del pueblo Arhuaco, Camilo Niño Izquierdo.
Según el senador Valencia, si bien es cierto que a julio de 2019 (de acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras-ANT) se reportan 774 resguardos constituidos en el territorio nacional, que en total suman 33´474.487 hectáreas +7.482 metros cuadrados, la mayoría del área de resguardos constituidos no puede ser empleada para la explotación agropecuaria, en tanto son espacios de conservación y protección ambiental, además de lugares sagrados y de pagamento.
El congresista Feliciano Valencia precisó que, según datos del Censo Nacional Agropecuario-CNA, el 93% de estos territorios legalizados para pueblos indígenas son bosques naturales, y apenas el 5,3% del área titulada es empleada para usos agropecuarios y el 1,6% restante para usos no agropecuarios (CNA, 2015).
El senador indígena fue enfático en señalar que contrario a lo que opinan algunos sectores influyentes del país, “son recurrentes situaciones de hacinamiento de comunidades indígenas, esto es, en los resguardos constituidos hay más familias que tierra disponible para usos productivos y otros asociados a la ocupación antrópica”.
En su intervención, el senador y líder del pueblo Nasa mostró cómo la mayoría de las áreas tituladas a pueblos indígenas son destinadas a la protección o conservación ambiental, circunstancia que “ha restringido los espacios que pueden ser empleados para la producción agropecuaria, así como las áreas destinadas a vivienda e infraestructura para el soporte y desarrollo de los proyectos propios relacionados con la consolidación de la autonomía indígena y de las formas de gobierno propio (salud y educación)”.
Para el congresista Feliciano Valencia, “es urgente que el Estado colombiano siga dando cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria”, para evitar que “ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
Sobre el decreto 486 de 2020, el senador Valencia señaló que éste “carece de medidas diferenciadas para garantizar la seguridad alimentaria y el abastecimiento productivo a los pueblos indígenas, considerando además que sus territorios son la fuente de estos recursos, es decir, de los alimentos”.
Frente a las medidas adoptadas para atender la emergencia del COVID-19 y su impacto en los pueblos indígenas, el senador Valencia expresó que “es evidente no solo la ausencia de un enfoque diferencial sino también un incumplimiento persistente respecto a la garantía y protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.
LA PANDEMIA Y LOS ASESENITOS DE LÍDERES INDÍGENAS
Durante el debate de control político, Ricardo Camilo Niño Izquierdo, líder del pueblo Arhuaco y Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, dijo que la pandemia COVID-19 ha significado un aumento de los asesinatos y amenazas de los líderes y comunidades indígenas, el riesgo por el incremento de las actividades de minería y la violación constante al derecho a la consulta previa.
Estos asesinatos se traslapa con las regiones dónde los pueblos indígenas históricamente han solicitado garantía en la protección jurídica de los territorios indígenas, desde el 2016 -2020 según el observatorio de derechos territoriales de la secretaría técnica de la CNTI, van 245 líderes asesinados, y se superponen con las más de 1593 solicitudes de protección jurídica de los territorios, entre las que están solicitudes de legalización (constitución, saneamiento y ampliación de resguardos), implementación del 2333, reafirmación de los resguardos de origen colonial y republicano.
Camilo Niño también pidió “que no se reduzca más el presupuesto para atender las justas solicitudes y reclamaciones de los pueblos indígenas”, pues además de ser un presupuesto reducido es una garantía fundamental proteger los derechos ancestrales de las comunidades. Ya que en un análisis de 18 años el gobierno no ha asignado ni medio billón de pesos, con esta asignación se demoraría más de 200 años en responder a las actuales solicitudes de protección territorial.
“Es necesario mantener y reforzar las medidas de seguridad de los líderes y comunidades indígenas, pues tenemos casos como el del delegado de la CNTI Milton Conda a quien, a pesar de las reiteradas amenazas, le pidieron devolver su esquema de seguridad”. El Secretario Técnico de la CNTI también le insistió al gobierno en la importancia de firmar el decreto de origen colonial y republicano que desde diciembre está pendiente de la rúbrica del presidente Iván Duque.
A su turno, el senador Jorge Londoño, integrante de la bancada del Partido Verde, dijo que el gobierno debe atender con especial atención a los más vulnerables, y en especial en el sector rural, a los indígenas, afrodescendientes y campesinos, con un enfoque diferencial.
“La riqueza cultural es la que debemos proteger. Por eso, las medidas de atención para los pueblos indígenas deben tener un enfoque diferencial, además de los derechos territoriales, que son la garantía para la vida digna de las comunidades”.
En conclusión, los líderes indígenas le insistieron al gobierno y a las instituciones del Estado colombiano, la importancia de dar cumplimiento a la protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas para garantizar su seguridad y soberanía alimentaria.
En el debate de control político intervino también el procurador delegado para asuntos ambientales y agrarios, Diego Fernando Trujillo, quien prendió las alarmas frente a la catástrofe en que se ha convertido la deforestación de la Amazonía en Colombia, que no ha parado a pesar de la pandemia, y sugirió la creación de un registro nacional de áreas devastadas.
El procurador insistió en la importancia de crear un catastro multipropósito del territorio.
Para el senador Feliciano Valencia y el Secretario Técnico Indígena de la CNTI, Camilo Niño, ante los múltiples factores de riesgo que ha evidenciado la pandemia y que hoy persisten, la institucionalidad colombiana debe garantizar que continúa con el cumplimiento de sus obligaciones territoriales con nuestras comunidades, “para evitar que, ante la ausencia de territorio propio, las comunidades no puedan desarrollar sus actividades de manutención y ello agrave su seguridad alimentaria”.
En el mismo sentido, “el reconocimiento de los derechos territoriales favorece el ejercicio de la autonomía propia y el control territorial, lo que conlleva a limitar el contacto con terceras personas que puedan ser un riesgo de contagio del COVID-19”.
