Las Comunidades y Pueblos Indígenas de Colombia hemos participado activamente en el Paro Nacional que inició el 28 de abril de 2021. Desde todos los rincones del país las y los comuneros hemos salido a las vías, carreteras y centros urbanos para exigir la garantía de nuestros derechos en una larga lista de incumplimientos que hoy persiste.
Ante la falta de garantía de nuestros territorios, avanza la prelación de intereses económicos como la minería, el petróleo y la agroindustria, así como la presencia de actores armados que ponen en riesgo a las comunidades indígenas con el interés de despojarlas, desplazarlas u obligarlas al desarrollo de economías ilícitas. Estas son algunas de las deudas históricas en materia territorial indígena que nos llevan a movilizarnos y a ejercer el derecho a la protesta social.
Ante la falta de garantías para la investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos ocurridos a nivel nacional desde noviembre de 2019, relacionados a la protesta social y el abuso de la fuerza pública, además de la excesiva respuesta militar por parte del Gobierno nacional como única salida, la estigmatización y el señalamiento que hoy persiste contra los Pueblos y Comunidades Indígenas en el ejercicio legítimo de la protesta social, solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que coadyuve a las investigaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Colombia desde el año 2019.
Además, proponemos que este GIEI emita un informe final con la reconstrucción de los hechos, establezca responsabilidades individuales y colectivas, y que presente recomendaciones para evitar la impunidad y la repetición de contextos similares en el ejercicio de la protesta social, todo ello bajo una lectura que considere el enfoque diferencial para establecer las afectaciones a Pueblos y Comunidades Indígenas.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) hacemos eco a las denuncias presentadas por las autoridades tradicionales del Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, ubicado en el territorio ancestral de El Encano en Pasto, Nariño, en las que manifiestan las graves afectaciones a los procesos ambientales, sociales y espirituales en la laguna de La Cocha, sitio sagrado para este pueblo.
El avance desmedido de la agricultura y la piscicultura, además de la promoción turística sin responsabilidad ambiental, ha generado graves consecuencias para el ecosistema y conflictos sociales entre los comuneros indígenas que luchan por la conservación y las familias que perciben ingresos a través de estas actividades.
Desde el resguardo manifiestan que, a pesar de los marcos jurídicos de protección que corresponden al cuidado y la conservación de la laguna (que además es Reserva Nacional Forestal Protectora Nacional, Humedal Ramsar de Importancia Internacional y Zona de Parque Nacional Natural), la permisividad estatal está permitiendo que los daños lleguen a niveles irreversibles.
La comunidad reporta, entre otras problemáticas:
Evidente extinción de los totorales por la alteración de la flora y fauna.
Invasión al espejo de agua.
Olores insoportables por la descomposición de vísceras, residuos de grasa y partículas de concentrado en el agua.
Afectaciones a las prácticas tradicionales de producción y a sus usos y costumbres.
Acaparamiento económico.
Cambio radical de la estética natural del paisaje.
Construcción de plantas industriales ilegales que traen malos manejos de residuos biológicos.
Contaminación auditiva por las máquinas de selección y lavado.
Detrimento a la infraestructura vial, muelles y puertos turísticos.
Por estas razones el pueblo Quillasinga se declaró en minga permanente por la vida y ha estado movilizándose en el marco del Paro Nacional. Sin embargo, las agresiones no han cesado y desde el pasado 24 de mayo la población está sufriendo hostigamientos.
Con este precedente, rechazamos de forma categórica las amenazas contra la vida del gobernador indígena Braulio Andrés Hidalgo Botina y sus compañeros del cabildo, a quienes se les ordenó abandonar el territorio en un panfleto firmado por el grupo paramilitar Águilas Negras, el pasado 25 de mayo. Este hecho se presentó justamente un día después de los señalamientos proferidos en contra de las autoridades tradicionales en el punto de concentración.
La presencia de grupos armados ilegales en estos lugares, responde a una agenda que amenaza la pervivencia física y cultural de los pueblos indígenas, ante el interés de agentes externos por adelantar actividades extractivas sin el menor respeto por los territorios ancestrales y la especial relación que los pueblos tienen con estos.
Hacemos un llamado a los entes de control y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que verifiquen esta situación y acompañen las reclamaciones del pueblo indígena Quillasinga.
Reclamamos una investigación seria y urgente para proteger la vida y la integridad del gobernador Braulio Hidalgo y los demás compañeros amenazados. ¡La exigencia de nuestros derechos no puede convertirnos en objetivo militar!
Exigimos a Corponariño que actúe con diligencia y cumpla su obligación de adelantar los estudios necesarios para mitigar la degradación ambiental en la laguna de La Cocha.
Invitamos a las organizaciones indígenas y otros sectores sociales a abrazar la causa por la defensa de La Cocha y a hacer sentir su voz desde diferentes frentes de incidencia.
Salvemos La Cocha
#SalvemosLaCocha
Por la dignidad de la vida, el territorio y la paz:
Desde este espacio rechazamos categóricamente la negativa del Gobierno nacional a aceptar la visita de la CIDH para investigar las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en el Paro Nacional.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, después de la reunión sostenida en Washington con Luis Almagro, secretario general de la OEA, son una muestra más de la falta de interés del Gobierno por esclarecer los hechos que enlutan al país y que son consecuencia de un actuar sistemático de la fuerza pública que ha dado un tratamiento de guerra a los y las manifestantes desde el pasado 28 de abril.
Sugerir que la visita de la CIDH al país podría realizarse eventualmente y a la vez argumentar que por el momento es competencia de los organismos de control nacional, prolonga la incertidumbre y revictimiza a la población que en constantes ocasiones ha señalado la ausencia de dichos organismos para hacer un seguimiento exhaustivo a las denuncias. Actualmente la ciudadanía no encuentra respaldo en los representantes de la institucionalidad y esto es resultado de una dudosa gestión que parece responder a los intereses del Gobierno de turno.
Así mismo, hacemos seguimiento a la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, quien niega que la fuerza pública haya actuado en contravía de los derechos humanos en el marco del paro. Durante su intervención del 24 de mayo en la plenaria del Senado, afirmó que esta “actúa con estricto apego a los derechos humanos para garantizar las movilizaciones. Tenemos normas que regulan el uso legítimo de la fuerza y cumplimos procedimientos”.
Estaremos al tanto del avance de esta iniciativa, pues es inadmisible que quienes deben trabajar por la defensa y la seguridad de su propio pueblo, avalen, apliquen y justifiquen tales modos de represión como los que hemos visto desde hace un mes en Colombia.
Reiteramos como organización que:
Es urgente la presencia de organismos internacionales que verifiquen las violaciones de derechos humanos que se han evidenciado en el marco del Paro Nacional. Los crímenes cometidos durante las protestas no pueden ser ocultados y dejados en la impunidad.
La protesta social es un derecho fundamental reconocido y protegido por la Constitución Política de Colombia, contemplado en el artículo 37. El garantizar las libertades y otros derechos relacionados a la protesta como la libertad de reunión y asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión, entre otros, no es y nunca será negociable.
La estigmatización y la criminalización de la protesta nunca será la forma de resolver los justos reclamos de miles de colombianos/as afectados/as por la falta de oportunidades, la desigualdad social y la aplicación de medidas que van en retroceso de los derechos adquiridos.
Nos unimos a las voces que reclaman el desmonte del ESMAD y exigimos el esclarecimiento de los asesinatos, las desapariciones, los casos de violencia sexual y los abusos de autoridad por parte la fuerza pública.
En el marco del trabajo que se teje desde el Observatorio, componente de trabajo de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) se realizó un acompañamiento a las comunidades entre el 26 de abril y el 7 de mayo del presente año. Las diferentes actividades permitieron afianzar trabajos articulados con organizaciones y comunidades indígenas del Cauca que resisten a la constante violación de derechos humanos y territoriales.
De la mano de los/as compañeros/as Nasa, la CNTI compartió un espacio en el Resguardo Indígena Kitek Kiwe ubicado en el municipio de Timbío, Cauca, en el que alrededor de la tulpa y de diversos comuneros fue posible socializar el trabajo que está realizando la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas.
De igual manera, en las instalaciones de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN) ubicada en Popayán, se llevó a cabo el fortalecimiento de los canales de comunicación y la articulación con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), así como la presentación general de los avances sobre la ruta de implementación de la política del catastro multipropósito y el barrido predial, en un espacio político en el que intervino Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión.
Desde la Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI) enfatizamos que la titulación del Cabildo La Montaña – Pueblo Indígena Los Pastos, ha sido dilatada administrativamente por más de 14 años.
En el marco de situaciones que evidencian la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en materia territorial para las Comunidades y Pueblos Indígenas en Colombia; La Secretaria Técnica indígena de la CNTI interpuso una acción de tutela que expone la violación de derechos fundamentales por las dilaciones administrativas por situaciones atribuibles a la existencia del conflicto armado en los territorios colectivos, postulado a todas luces inconstitucional.
El fallo con radicado 2021–043 proferido en primera instancia por el Juzgado Doce de Familia de Bogotá y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, reitera que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la subdirección de asuntos étnicos de la ANT, vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, a la protección a la diversidad étnica y cultural, a la constitución de propiedad colectiva y a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas. El estudio de la acción expone que la Secretaria Técnica indígena de la CNTI, resulta representativa y legitima para la presentación de acciones constitucionales en favor de las comunidades y pueblos indígenas que necesitan activar mecanismos para la tutela de sus derechos fundamentales.
El Cabildo de La Montaña del municipio de Samaniego, Nariño, lleva más de 14 años realizando una serie de acciones para activar la respuesta del Estado en función de la garantía de sus derechos territoriales para obtener la titulación de su propiedad colectiva. Sin embargo, a la fecha no existen respuestas efectivas que garanticen los derechos fundamentales de la comunidad. La ANT como autoridad agraria responsable del proceso de formalización de territorios colectivos en el país, ha dilatado el procedimiento administrativo estableciendo limitaciones no desarrolladas en los marcos normativos que regulan la materia, sumadas las demoras excesivas e irrazonables para dar trámite a las solicitudes.
Cabe resaltar que, en materia de derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, la Sentencia T-153 de 2019 señaló que procedimiento administrativo de constitución de Resguardos Indígenas debe adelantarse respetando el tiempo establecido sin dilaciones injustificadas. La Corte Constitucional ha sostenido que el deber de actuar diligentemente se traduce en la obligación estatal de garantizar el acceso a los territorios, así como su delimitación y titulación dentro de un plazo razonable.
Por su parte, La Sala Tercera del TribunalSuperior del Distrito Judicial de Bogotá, que estudio el caso, no desconoce la preocupación por parte de la Agencia Nacional de Tierras respecto a que los predios que solicitan la respectiva titulación estén libres de minas y cultivos ilícitos, pero resalta que no es un obstáculo para culminar el trámite de la solicitud radicada desde el año 2012.
El fallo orienta sobre la formalización de territorios colectivos como un mecanismo de garantía de derechos de las comunidades que viven en zonas donde el conflicto armado continúa generando afectaciones, por ello resalta:
“En cuanto a la complejidad del proceso, hay que decirse que las circunstancias relativas a la existencia de minas antipersonales dentro de los territorios que se pretenden que sean reconocidos, es un factor de suma importancia, pues no puede ser tomado a la ligera por cuanto está en juego a la vida de los integrantes del resguardo indígena, y de la población civil como tal. Es por lo anterior, que se evidencia que la dilación se debe a una falta de actuación por parte del gobierno y las autoridades competentes, a fin de suministrar la seguridad de los habitantes que componen el territorio del resguardo indígena que, a través de la presente acción, se pretende concluir satisfactoria y favorablemente el trámite de constitución del Resguardo Indígena de la Montaña, Pueblo Indígena de Los Pastos en el municipio de Samaniego (Nariño)”.
“Ahora, si bien, la existencia Minas Antipersona MAP-, Municiones sin Explotar MUSE y Trampa Explosiva TE en el territorio colectivo del cabildo, no es una razón suficiente para el retraso que presenta el trámite de constitución del Resguardo Indígena de la Montaña, Pueblo Indígena de Los Pastos en el municipio de Samaniego (Nariño), pues dadas las condiciones actuales del país, en donde aún existe presencia de grupos armados ilegales, las cuales van a seguir operando sin tener una fecha cierta de que desaparezcan, lo que deja desprotegidos a los habitantes de estos territorios, delos cuales se requiere protección por parte del Estado”.
Como CNTI, hacemos un llamado a que el Estado responda a su deber de garantía y active todos los mecanismos para evitar las afectaciones territoriales por la presencia de grupos armados, cultivos de uso ilícito, minas antipersonal, municiones sin Explotar, trampas explosivas, entre otras situaciones que generan riesgo a la perviviencia de los pueblos, resaltando que ello sigue siendo un reflejo indiscutible del fracaso de la implementación de los acuerdos de paz y la omisión ante el deber de cumplir de buena fe el acuerdo por parte del Gobierno.
La CNTI logró activar los mecanismos judiciales que ordenan a la ANT culminar el proceso administrativo de titulación colectiva del resguardo en un lapso de tres (3) meses.
Desde este espacio hacemos un llamado a la Agencia Nacional de Tierras y demás instituciones del Gobierno para que acaten los pronunciamientos jurídicos en los que se reconoce la tardanza irrazonable con argumentos de las instancias judiciales a favor de los pueblos indígenas.
¡Como CNTI continuaremos activando el diálogo y la exigibilidad con medidas administrativas y judiciales porque defender los territorios es defender la vida!
