por STI | Feb 3, 2022 | CNTI Opina
Redacción por: Yoly Andrea Añazco
Introducción
Conforme pasan los años, han incrementado aceleradamente las agresiones en contra de la vida y la integridad personal de las y los defensores de derechos humanos- en adelante personas defensoras de DDHH- y de sus familias en Colombia. Después de la firma del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera en Colombia entre el Estado Colombiano y la ex guerrilla FARC-EP- en adelante Acuerdo de paz-, salieron a la luz pública otros problemas sociales que afronta este país, los cuales habían permanecido sin atención y ocultos por el gobierno a causa del conflicto armado que mantenía con esta ex-guerrilla bajo la lógica institucional de priorizar la guerra como único problema que padecía este país.
Uno de estos problemas sociales es el abandono institucional de muchas zonas del país, lo cual había dado paso a que estos territorios fueran controlados por diferentes grupos armados incluido la ex-guerrilla, como consecuencia de la firma del Acuerdo de Paz este grupo armado se retiró de los territorios donde hacia presencia, pero, debido a que el actual gobierno se ha opuesto firmemente a la implementación del Acuerdo de Paz, dentro del cual se encuentran reformas estructurales para que el Estado haga más presencia en estos territorios por medio de iniciativas sociales, como consecuencia a esa oposición estos territorios están siendo ocupados y controlados por otros grupos armados.
Ante el abandono institucional, el conflicto armado, la presencia de empresas multinacionales para la explotación minero-energética en estos territorios biodiversos, entre otras luchas, las personas defensoras representan a sus comunidades, por lo tanto, lo relatado anteriormente da cuenta de un contexto altamente complejo para la defensa de los DDHH en Colombia.
Con el objeto de exponer lo anterior se utilizara las narraciones de líderes y lideresas sociales del Departamento del Cauca, el cual continua siendo afectado por el conflicto armado, estos líderes relatan las luchas que llevan en y para sus comunidades así mismo como han sido amenazadas su vidas; dentro de la narración de los hechos también habla la representante de una organización en defensa de las personas defensoras de DDHH; estos relatos se encuentran en el documental “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia[1].
[1] Las declaraciones y los datos sobre las personas defensoras que se mencionan en este trabajo se extrajeron del Documental “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia, dirigido por Emily Wrigth, Tom Laffay y Daniel Bustos Echeverry, que relata la situación sufrida por las y los defensores en el Departamento del Cauca, Colombia.
Identificación de las y los defensores.
Las personas defensoras de DDHH[1] en Colombia son también llamadas lideresas o líderes sociales[2], es así como son reconocidas por las comunidades a las que pertenecen, aunque sus liderazgos son diversos[3], con el fin de exponer la situación que enfrentan actualmente y poder explicar las posibles causas es importante mostrar ciertas características comunes que comparten como grupo social, en adelante se hará referencia tanto a personas defensoras de DDHH como a líderes sociales en el entendido que los dos conceptos tienen el mismo significado en la realidad colombiana.
Uno de los rasgos que comparten es la defensa de DDHH en diferentes ámbitos, un ejemplo de un perfil de liderazgo es el realizado por Héctor Marino líder afrocolombiano de la vereda la Ventura del norte del departamento del Cauca,
[2] “Un defensor [ y defensora] de los derechos humanos es toda persona que, individual o colectivamente, actúa o desea actuar para promover, proteger o procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos local, nacional, regional o internacional. Los defensores de los derechos humanos defienden, reivindican, hacen cumplir, protegen y promueven los derechos humanos, y las acciones que emprenden deben ser pacíficas. Los defensores no solo detectan violaciones de los derechos humanos, al tiempo que señalan a la atención de las autoridades las consecuencias de sus acciones y omisiones, sino que también desempeñan varias otras funciones, entre ellas la de ayudar a los Estados partes en la elaboración de las políticas públicas para el cumplimiento de sus obligaciones. En el lenguaje más prosaico del título oficial de la Declaración, los derechos enunciados en ella corresponden a todos “los individuos, los grupos y las instituciones”. Definición de persona defensora de derechos humanos del relator especial de la situación de los defensores de derechos humanos de naciones unidas Michel Forst”. ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 23 de julio de 2018, párrafo. 15. disponible en https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/215 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[3] “El líder o la líder es multifuncional, es la voz de las comunidades, en especial de aquellas zonas ausentes de Estado, pero también es quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos, promueven desarrollo, defiende el medio ambiente, exigen sustitución de cultivos, incentivan la participación efectiva de los ciudadanos, son constructores de la paz y del tejido social, luchan contras las economías ilegales, hacen veedurías ciudadanas, hacen parte de organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, organizaciones comunales, entre otros; su compleja función social es buscar fortalecer la democracia y el disfrute colectivo de los derechos”. COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, PROCESO DE GARANTÍAS PARA LA LABOR DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES, COMUNALES, DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA, Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia Semestre 2018-1, Medellín, 2018, disponible en https://es.calameo.com/read/005072052efe9cbf306f4 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[4] Específicamente en Colombia, las personas defensoras de DDHH, realizan diversas actividades dentro de las cuales se encuentran: “Defensa de los derechos a la tierra y el territorio, veeduría y denuncia de crímenes de actores hegemónicos, denuncias de despojo de tierras, de actos de corrupción de funcionarios estatales, de presencia de actores armados, de reclutamiento forzado y de microtráfico. (…) [También] oposición a megaproyectos económicos, de explotación o de industrias extractivas que afectan negativamente a la comunidad (de petroleras, minería legal e ilegal, construcción de represas), (…) defensa de derechos sexuales y reproductivos o trabaj[o] en proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito y otros referentes a la implementación del Acuerdo de Paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC – EP”. Comisión Colombiana de Juristas, ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, octubre de 2018, p. 211, disponible en http://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
defensor de los derechos de las víctimas del conflicto armado, el cual ha recibido amenazas contra su vida desde el año 2008, es así como describe su liderazgo[5]:
“En el país por la ausencia de gobierno, hablo de gobierno nacional, departamental y municipal y otras cosas pues ha habido gobierno propio, es un llamado de alerta y un llamado de alerta, en el sentido de que como comunidad tenemos que echar mano de organizarnos, fortalecimiento de la guardia indígena, fortalecimiento de la guardia cimarrona, fortalecimiento de la guardia campesina, ¿con qué objetivo? [Indica en forma de pregunta] de ayudar a controlar, de ayudar a vigilar, a ser veedores”.
Otro perfil de liderazgo es el ejercido para la protección de los territorios en los casos de contaminación por mercurio de las fuentes fluviales de las cuales depende la comunidad para su abastecimiento, debido a la minería legal e ilegal, al respecto declara Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa de la Vereda Chicharronal Norte del Cauca el cual defiende y recupera tierras para su comunidad y su vida ha sido amenazada desde los años 2006:
“Somos gobiernos propios, dentro de este territorio nosotros somos el gobierno, nos toca defender el territorio de cualquier problema, riesgo que aparezca” [y en desarrollo de lo anterior] “es mandato al interior de nuestros territorios no permitir, ninguna actividad de extracción del mineral acá en territorio, como se metieron dragas y se metieron, a nosotros nos tocó intervenir, nosotros incautamos varias dragas, varias retroexcavadoras y las quemo la gente, las quemo”.
De las declaraciones anteriores también se puede desprender que otro rasgo que comparten es el contexto, en el cual predomina la falta de presencia del Estado en estos territorios por lo cual han tenido que organizarse las comunidades y darse gobierno propio; También denuncian la presencia de grupos armados en sus territorios pese a la firma del Acuerdo de Paz, es así como FELICIANO VALENCIA describe la presencia de estos grupos en el municipio de Corinto en el Departamento del Cauca:
“Hace aproximadamente un mes que rondo el grafiti, por todas las casas por estos corredores [se refiere a la vereda Chicharronal Norte del Cauca] pero con más fuerza en Corinto, hasta por acá en la carretera pintaron los muros, las paredes, que decían que a partir de la 9 de la noche ya no se podía mover nadie más y todos aquellos que estaban aliados con la guerrilla indígenas, ACIN [Asociación de cabildos indígenas del norte del Cauca], líderes que se iban hacer objeto militar”.
Presencia entonces marcada por amenazas directas en contra de los líderes y amedrentamiento de la población civil.
Los une también las diversas agresiones en contra de su vida, integridad y la de sus familias; desde el año 2016 año en que se firmó el Acuerdo de paz y hasta el año 2018 la Defensoría del Pueblo[6] estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de DDHH[7].
En el año 2018, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de personas defensoras de DDHH en el mundo, con un total de ciento veintiséis (126), en el periodo entre enero y finales de noviembre de este año.[8]
Diana Sánchez, exdirectora de Somos Defensores, organización que monitorea la persecución y asesinato de los defensores de derechos humanos, señala lo siguiente respecto a la presente situación:
“La razón de ser del movimiento de derechos humanos en Colombia, solo debería ser por la defensa de los derechos humanos. Nosotros no deberíamos de estar luchando por nuestra lucha, ósea nosotros no deberíamos estar exigiendo garantías para el ejercicio de nuestra labor”.
El último rasgo que las personas defensoras comparten es una historia de discriminación. Desde la década de los años 70 se presentan pronunciamientos estigmatizantes sobre la labor de las personas defensoras por parte de funcionarios de altos cargos públicos -se incluye personal de altos cargos militares- a través de medios masivos de comunicación. Diferentes ONG han sostenido que en esta década las diferentes agresiones hacia las personas defensoras estaban relacionadas con las estigmatizaciones por parte de los diferentes servidores públicos[9], debido a que estos “califica[ban] la labor de promoción y defensa de los derechos humanos como parte de una estrategia de los grupos guerrilleros Contra las instituciones”[10] y también en lo revelado por diferentes informes de inteligencia que hacen parte de procesos judiciales, se encontró que altos cargos militares se expresaban sobre las personas defensoras de DDHH como parte de los grupos subversivos[11], lo anterior es reflejo que la lógica institucional del Estado Colombiano respecto a las personas defensoras es la consideración de este grupo como enemigo interno del Estado; esta estigmatización tiene dos objetivos por un lado deslegitimar la actividad de defensa de los DDHH y por el otro justificar que como enemigo interno se debe combatir. En la actualidad continúan estos pronunciamientos estigmatizantes.
Amenaza de la Vida
El contexto descrito da cuenta de la compleja situación que enfrentan y el riesgo que significa para la vida de las personas defensoras ejercer su labor:
Al respecto declara Héctor Marino:
“¿Por qué nos declaran a nosotros objetivo militar? Porque somos líderes y lideresas que estamos haciendo una labor de ejercicio de defensa del territorio, de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida. He salido en panfletos, en fotos, ofreciendo cuatro millones de pesos por mi cabeza (como dice el cuento como del viejo oeste “se busca”). Pero estos papeles rodaron por acá por el norte como un verraco también […] y esto fue una de las cosas que más preocupo y máxime cuando ponen precio, uno, porque pues la necesidad misma que hay, cualquiera dice voy a ganarme esos dos pesos, y listo lo hacen”.
Igualmente, señala Feliciano Valencia:
“Fui víctima de tres atentados, a mi cuñado lo asesinaron en la casa cuando estaba descansando, el primo iba en una motocicleta y lo bajaron de la motocicleta y lo mataron, y últimamente nos hicieron disparos de allá bajo de la carretera en la entrada donde se desvía de ahí dispararon hacia acá; ese caso está en la Fiscalía, pero no ha progresado en ningún sentido”.
Briceida Ribeiro, líder indígena de la comunidad Nasa concluye diciendo:
“La historia nos lo ha dicho que el que piensa diferente en este país, el que lucha por su territorio, el que ya sabe qué es lo que tiene y qué es lo que puede perder, tiene a alguien que te ve como enemiga, y cuando ya te conoces tus derechos no deja de haber alguien que le duele que defiendas a tu comunidad ¿no?”.
Y como estos relatos, hay muchos más. El objetivo, como propuso BRICEIDA, es solo uno: instaurar un discurso de terror y muerte en contra del enemigo interno que defiende su territorio. Así lo demuestra también el relato de Diana Sánchez, cuando señala:
“Quien asesina a un líder social sabe que es lo que quiere, lo que quiere es que esa comunidad deje de estar pensando en los procesos organizativos, en la movilización que tienen, en las luchas que tienen, que no solamente matan a esta persona, sino que desestructuran la familia y desestructuran la comunidad, tiene que ser procesos muy fuertes como los Nasa que tienen una organicicidad muy grande, un control territorial muy grande, que les han matado muchísimos líderes y aún permanecen”.
Impunidad de las muertes ¿por qué convienen?
Desde el año 2009 hasta el año 2017, según reporte de la Organización Somos Defensores ocurrieron 563 casos de asesinatos los cuales se encuentran registrados en el SIADDHH[12], respecto al avance de las investigaciones sobre estos casos la Organización Somos Defensores consultó a la Fiscalía general de la nación[13]; como resultado de esta consulta se concluyó lo siguiente: en 49 de los casos reportados existe sentencia condenatoria o absolutoria es decir en el (8,6%) del total de los casos de este periodo se ha llevado a término las investigaciones, por lo tanto en el 91,4% de los casos de asesinato reportados y analizados, no se han adelantado avances y podría entenderse que existe impunidad[14].
Respecto a las amenazas que son otra forma de agresión muy frecuente sobre las personas defensoras, DIANA SÁNCHEZ declara lo siguiente:
“La fiscalía no ha investigado esos delitos de las amenazas. El grueso de los casos, que es el 80-90%, no van hacer investigados y van a quedar impunes. De ahí que creemos que el Estado no tiene la voluntad de investigar quiénes están detrás de eso”.
Lo anterior deja en evidencia que, aunque las cifras sean alarmantes se presenta hacia las personas defensoras violencia institucional debido a la falta de resultados palpables en las investigaciones penales sobre los asesinatos y las amenazas, por lo cual se puede afirmar que la situación de las personas no es una prioridad para el Estado Colombiano, lo anterior lo confirma DIANA SÁNCHEZ:
“El movimiento de derechos humanos o el social no es la prioridad porque entre otras cosas hay que decirlo sin temor, es que este es un Estado y una clase política profundamente clasista y los muertos, los agredidos, los amenazados son sectores populares y los sectores populares no cuentan para los dueños de este país”.
La no respuesta institucional es vista por las personas defensoras como complicidad debido a que no existe ninguna garantía para el ejercicio de la defensa de los DDHH, al contrario, cada vez que ocurre un asesinato el Estado atribuye la causa de la muerte a aspectos personales de las víctimas y es reticente a reconocer que las razones de los asesinatos estén relacionadas con el ejercicio de su actividad.
Lo anterior refleja que son muertes que convienen debido a que la falta de voluntad política para la protección e investigación de los asesinatos de las personas defensoras envía un mensaje de miedo en los territorios lo que conlleva a que haya menos procesos organizativos y por lo tanto menos oposición a las acciones u omisiones del Estado así mismo como menos oposición a cualquier proyecto económico.
Conclusiones:
- La situación de las personas defensoras de DDHH en Colombia, refleja grandes problemas estructurales dentro del país como la desigualdad social, debido a que la mayoría de las victimas pertenecen a sectores con poca o ninguna presencia institucional donde no solo son territorios controlados por grupos armados sino también son territorios con poca inversión social, donde el único puente entre el gobierno y estas poblaciones son las organizaciones sociales por medio de sus lideresas o líderes que trabajan de forma independiente en procura de mejorar la calidad de la comunidad a la que pertenecen. Por lo tanto, la muerte de las personas defensoras significa que estas poblaciones sigan en una situación de desigualdad y a la vez que los procesos organizativos sean cada vez menos lo que representa menos oposición para el gobierno y menos intervención en los grandes proyectos económicos que afectan estas comunidades.
- Existe otro rasgo definitorio que va más allá de la discriminación y es que las personas defensoras de derechos humanos en Colombia –y en otros lugares- no están ejerciendo libremente su derecho a la participación política. De este modo, para efectos de proporcionar mecanismos que disminuyan la situación de vulnerabilidad de este grupo, sería pertinente indagar por los mecanismos que estas personas disponen para ejercer libremente su actividad, la de defender los derechos humanos.
- Las muertes de las personas defensoras son muertes que no importan, no en el sentido de que el Estado Colombiano no esté haciendo nada al respecto y eso sea una muestra de su intereses, sino en el sentido que son pérdidas humanas que no significan valor para los dirigentes del Estado Colombiano ya que son personas de sectores populares que no significan ningún beneficio económico para la clase dirigente, sin embargo, sí son muertes que cuentan y convienen porque son vistas como un obstáculo menos para la consecución de los intereses económicos de quienes ven los territorios solo como fuente de ingresos.
Referencias:
ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS, Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, 23 de julio de 2018, disponible en https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/73/215 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
BUSTOS ECHEVERRÍA D. (Productor), WRIGTH E., LAFFAY T. (Directores), 2018, “Nos están matando” El grito de los líderes sociales en Colombia, Documental, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=IJOKfMaMh3w (última consulta 09 de diciembre de 2021)
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el Post Acuerdo, octubre de 2018, disponible en http://www.coljuristas.org/nuestro_quehacer/item.php?id=173 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo II. El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colombia, Bogotá, 2004, disponible en http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/derechos_humanos_1997_a_2001_tomo_ii.pdf (última consulta 09 de diciembre de 2021)
COORDINACIÓN COLOMBIA EUROPA ESTADOS UNIDOS, PROCESO DE GARANTÍAS PARA LA LABOR DE LOS LÍDERES Y LIDERESAS SOCIALES, COMUNALES, DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS DE ANTIOQUIA, Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en Antioquia Semestre 2018-1, Medellín, 2018, disponible en https://es.calameo.com/read/005072052efe9cbf306f4 (última consulta 09 de diciembre de 2021)
DEFENSORÍA DEL PUEBLO, El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado : Defensor, boletín de prensa 01 – 19, 10 de enero de 2019, disponible en: http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-de-los-defensores-de-derechos-humanos-merece-mayor-atenci%C3%B3n-del-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm (última consulta 09 de diciembre de 2021)
FRONT LINE, FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS/AS DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS, Análisis global Front line defenders 2018, Dublín, 2019, disponible en https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_annual_report.pdf (última consulta 09 de diciembre de 2021)
PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, Más allá de las cifras, segunda parte, Informe Enero – junio 2018: Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los DD.HH–SIADDHH-, Bogotá, disponible en https://somosdefensores.org/2018/09/24/mas-alla-de-las-cifras-segunda-parte (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[2] La Defensoría del Pueblo es un órgano autónomo que vela por la promoción, ejercicio, divulgación y defensa de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en Colombia.
[3] DEFENSORÍA DEL PUEBLO, El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado : Defensor, boletín de prensa 01 – 19, 10 de enero de 2019, disponible en http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-delos-defensores-de-derechos-humanosmerece-mayor-atenci%C3%B3ndel-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[4] FRONT LINE, FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS/AS DEFENSORES/AS DE DERECHOS HUMANOS, Análisis global Front line defenders 2018, Dublín, 2019, ref. No. 5., disponible en
https://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/spanish_annual_report.pdf
(última consulta 09 de diciembre de 2021)
[5] COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS, Colombia, derechos humanos y derecho humanitario: 1997 a 2001. Tomo II. El Estado colombiano y la comunidad internacional frente a la situación en Colombia, Bogotá, 2004, pp. 84-86, disponible en
http://www.coljuristas.org/documentos/libros_e_informes/derechos_humanos_1997_a_2001_tomo_ii.pdf (última consulta 09 de diciembre de 2021)
[6] Ídem, p. 86.
[7] Ibídem.
[8] El SIADDHH es el Sistema de información sobre agresiones contra defensores y defensoras de DD.HH. en Colombia el cual fue creado por la Organización Somos Defensores; el SIADDHH es la única base de datos que contiene esta información debido a que a nivel institucional no llevan este registro de forma específica.
[9] Órgano encargado de las investigaciones penales en Colombia.
[10] PROGRAMA SOMOS DEFENSORES, Mas allá de las cifras segunda parte, Informe Enero – Junio 2018: Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de los DD.HH – SIADDHH, Bogotá, p. 116, disponible en https://somosdefensores.org/2018/09/24/mas-alla-de-las-cifras-segunda-parte/ (última consulta 09 de diciembre de 2021)
por STI | Dic 7, 2021 | CNTI Opina
Hacia el mes de septiembre de 2021 los medios de comunicación registraron nuevamente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de personas indígenas de los pueblos Emberá Dobidá y Emberá Katío, quienes permanecen en condición de desplazamiento desde hace años en Bogotá y decidieron acampar de manera permanente en el Parque Nacional Olaya Herrera para reclamar atención real y efectiva.
Esta problemática no se reduce a un hecho aislado, sino que responde a una serie de factores que han vulnerado sistemáticamente los derechos humanos y territoriales de estas comunidades. La presencia de actores armados, los conflictos internos y la inseguridad jurídica de sus territorios dieron paso a un éxodo masivo que ha tenido como receptoras, entre otras, a las ciudades de Pereira, Armenia, Medellín y Bogotá.
El caso de los Emberá es sin duda uno de los más documentados respecto al desplazamiento forzado de comunidades indígenas que han tenido que movilizarse a ciudades intermedias y principales, con la inminente amenaza que esto representa para su existencia física y cultural. Lo anterior, debido al desarraigo de sus territorios, la pérdida de sus espacios sagrados y celebraciones tradicionales, además de la entrada en desuso de su lengua materna.
¿Por qué salir de los territorios?
La Nación Emberá ha vivido históricamente en lo que la división administrativa del país reconoce como los departamentos de Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío, Caldas, Antioquia, Cauca, Nariño y Putumayo, así como están presentes también en Panamá y Ecuador.
El occidente del país, como muchas otras regiones de Colombia, ha sido testigo del desarrollo del conflicto armado y la barbarie que no ha sido ajena a los pueblos indígenas. Hacia la década de 1990 la presencia de actores armados marcó un cambio drástico en las dinámicas de las comunidades, pues no solamente estaban en el territorio las Farc y el ELN, sino que también disputaban el control los grupos paramilitares.
El accionar de las fuerzas militares en la zona para hacer frente a las incursiones armadas de los actores ilegales no alivió la situación precisamente, en las confrontaciones se vieron afectadas las comunidades que vieron interrumpidas sus acciones cotidianas y cómo tanto sus lugares de cultivo como de crianza de animales fueron perdidos.
Las afectaciones no pararon ahí, toda vez que otro tipo de violencias aparecieron bajo el mando de los armados legales e ilegales, y es que los indígenas Emberá han tenido que soportar durante años las violencias basadas en género sobre los cuerpos de las mujeres, las amenazas, los asesinatos selectivos, el reclutamiento de menores y por supuesto el desplazamiento forzado que a día de hoy no se ha podido superar.
Cabe recordar que, para el caso de los Emberá Katío, entre las décadas de 1970 y 1990 se vivió un periodo muy violento a causa de la explotación del oro en Bagadó donde a su vez está el Resguardo Indígena del Alto Andágueda. Durante décadas ha habido disputas en el área por la extracción del metal y junto a estas vino el derramamiento de sangre y la expulsión de centenares de personas.
En la búsqueda de estrategias para defenderse a sí mismos y a su tierra, los emberá comenzaron en 1979 los trámites para ser reconocidos como resguardo indígena y así, delimitar claramente la tierra que les sería adjudicada. En diciembre de ese año el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora les reconoció como Resguardo del Río Andágueda y con esto quedó claro que su territorio estaba compuesto por 50 mil hectáreas. Aún así, la violencia por parte de colonos y grupos armados guerrilleros continuó[1].
Por estos motivos, a los que se suman problemáticas internas, familias completas han abandonado sus territorios en los últimos años para llegar a las ciudades en las que se alejan de sus prácticas tradicionales y acuden a otras salidas económicas como la elaboración y venta de artesanías, además de trabajos informales, etc., con los que muchos cancelan el precio de los llamados «pagadiarios», sistemas de vivienda en los que no es extraño encontrar condiciones de hacinamiento.
La problemática actual en Bogotá
La minga permanente instalada en el Parque Nacional llamó la atención por la gran presencia de los Emberá y personas de otros pueblos indígenas, además de la forma en que la comunidad está pasando los días, sobre todo por las condiciones de salubridad que afectan principalmente a algunas mujeres y a la niñez, debido a los brotes de sarna, la aparición de diarrea, deshidratación, desnutrición y riesgos para las gestantes, que se sumaron a las enfermedades estacionales, fruto de las bajas temperaturas y las fuertes lluvias en la capital del país.
Un claro ejemplo de ello es el caso del menor Yhosquin Murry Queregama, de un año de edad, quien falleció el 28 de noviembre a causa de complicaciones de salud por las condiciones en las que permanecía y cuyos hermanos, otros dos menores, presentan también fiebre y signos de desnutrición.
Según la información difundida por la Defensoría del Pueblo, luego de espacios de conversación con líderes y representantes indígenas
En el Parque Nacional se hallan concentradas 480 familias, integradas de la siguiente manera: 390 niños y niñas menores de 5 años, 90 niños y niñas de 6 a 11 años, 70 adolescentes de 12 a 17 años, 80 mujeres gestantes, 120 madres lactantes y 60 personas mayores de 60 años. Adicionalmente, se registran 4 casos de rubeola y sarampión y 11 casos graves enfermedades respiratorias[2].
Mientras algunos líderes indígenas han afirmado que la atención de los profesionales médicos no ha sido constante ni oportuna, la Secretaría de Salud señaló que a sus funcionarios se les ha negado el ingreso y la prestación de servicios a la comunidad. En este sentido sería necesario evaluar si en efecto ha habido negligencia o puede deberse a una ausencia de confianza en los procedimientos y manejos provistos desde la institucionalidad.
Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá, en cabeza de Margarita Barraquer y del secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se argumentó que ha sido brindada atención especial a las comunidades desde el inicio de la emergencia sanitaria por covid-19. Esto, según los funcionarios, mediante la destinación de 1895 millones de pesos[3] entregados como bonos canjeables por alimentación, pago de alojamiento, alimentación y enceres.
Es importante tener en cuenta que dichos recursos fueron destinados en el marco de la pandemia y responden también al Auto 149 de la Corte Constitucional, que exhortó al Gobierno nacional a adoptar medidas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento forzado durante la pandemia.
Aunque la administración distrital ha ofrecido reiteradamente el traslado de las comunidades al albergue provisional del Parque La Florida, existe una contradicción evidente entre las condiciones que la Alcaldía dice ofrecer en este lugar y lo que las mismas han denunciado a través de redes sociales con la toma de fotografías y videos de los sitios en los que han sido reubicados.
En los canales oficiales de la Alcaldía de Bogotá han sido compartidas imágenes que dan cuenta de una infraestructura con camas individuales, cocinas equipadas y espacios de recreación para las personas indígenas, misma que ha sido promocionada como un «entorno que fortalece su identidad étnica y cultural». Por otra parte, las imágenes publicadas dan cuenta de hacinamiento, falta de enceres y poca protección contra el frío y la lluvia.
A esto se suma el manejo atropellado que ha tenido la Alcaldía de Bogotá para atender la situación, pues si bien ha establecido espacios de diálogo, no han tenido garantías plenas para los representantes indígenas e incluso ha intervenido de forma arbitraria la fuerza pública, sin reparar en la presencia de infantes, mujeres en embarazo, lactantes y adultos mayores.
Incluso antes de la muerte del menor se habían presentado denuncias por parte de las organizaciones que acompañan el proceso, quienes en su momento dieron cuenta del traslado de emergencia de una mujer que tuvo riesgo en su embarazo tras las acciones del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) el 29 de septiembre, así como de una menor de tres meses de edad que presentó complicaciones respiratorias a causa de los gases lacrimógenos empleados por el mismo escuadrón el pasado 6 de octubre.
De acuerdo al proceso de Autoridades Indígenas de Bakatá (AIB), actualmente hay más de 1000 personas indígenas en el Parque Nacional, pues hacen presencia parcialidades de 14 pueblos en la Minga Permanente declarada el pasado 2 de octubre, en la que reclaman «la defensa y salvaguarda de los derechos colectivos e integrales de los pueblos o comunidades indígenas». Así, junto a los Emberá Dobidá y Katío, permanecen también indígenas Kokonuko, Nasa, Kubeo, Koreguaje y Zenú, entre otros.
La zozobra del retorno
La Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas (UARIV) informó que está adelantando conversaciones y comités de justicia transicional con las entidades competentes y las administraciones de los posibles municipios receptores, a fin de realizar viajes de regreso[4] a los territorios antes de que finalice el 2021. Este despliegue logístico se haría, en un primer momento, en beneficio de las comunidades ubicadas en el Parque La Florida.
Los Emberá ya habían tomado otros espacios hace unos años, como el Parque Tercer Milenio en Bogotá, y esta no es la primera vez que reclaman atención para la reubicación o el retorno a sus territorios ancestrales. Lo que no ha sido posible asegurar, y mucho menos mantener por parte de las entidades estatales con injerencia en el tema, son las condiciones propicias y las garantías para la vida, la paz y la permanencia. En este punto no se puede olvidar la necesaria vigilancia de los organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las Personerías Distritales y Municipales.
El acompañamiento más reciente fue el iniciado por la Alcaldía de Bogotá en coordinación con la UARIV el 1 de diciembre, en el que después de un proceso de diálogo con 127 familias Emberá Chamí (aproximadamente 460 personas) que permanecían en el punto de atención de La Florida, se procedió a su traslado con destino al municipio de Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, a los resguardos Gito Dokabu y Unificado del Río San Juan.
Por lo tanto, este representa un nuevo intento y un reto más para la institucionalidad de cara a lograr el retorno de las comunidades que desean volver y que han visto obstaculizadas una y otra vez las iniciativas para volver y quedarse en sus territorios, pues estas intenciones fallidas son una revictimización por las afectaciones que han sufrido de forma reiterada.
De igual forma corresponde al Gobierno comprometerse a crear las condiciones para el cumplimiento efectivo de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz, ya que la época del posacuerdo no ha configurado realmente un escenario en el que las comunidades puedan recuperar el tejido social en los territorios que han sido suyos ancestralmente.
El contexto actual del recrudecimiento de la violencia, el surgimiento de aún más grupos armados al margen de la ley, y sus disputas a sangre y fuego por el control de las economías ilícitas no hacen más que imposibilitar las garantías de reparación y no repetición, indispensables para la población indígena víctima del conflicto armado.
Además de ello, es vital fortalecer los canales de atención en las ciudades receptoras, pues las situaciones en las que sobrevive esta población en las urbes no puede seguir rayando la mendicidad ni mucho menos poniendo en riesgo la vida de menores que en muchos casos no han conocido otra realidad distinta a la incertidumbre y el desarraigo, bien sea por el accionar directo de actores externos que obliga a sus familias a desplazarse o a la falta de voluntad y oferta institucional para brindar servicios propicios, permanentes y de calidad en su atención.
[1] Tierra en Disputa. (s,f), El Resguardo del Alto Andágueda lucha por expulsar la minería de sus tierras. http://tierraendisputa.com/caso/alto-andagueda
[2] Defensoría del Pueblo. (29 de noviembre de 2021). Muerte de niño de comunidad embera que permanece en el Parque Nacional no tiene justificación: Defensor del Pueblo. https://www.defensoria.gov.co/es/nube/comunicados/10586/Muerte-de-ni%C3%B1o-de-comunidad-embera-que-permanece-en-el-Parque-Nacional-no-tiene-justificaci%C3%B3n-Defensor-del-Pueblo-Parque-Nacional-Defensor%C3%ADa-ni%C3%B1o-muerto-embera-ind%C3%ADgenas.htm
[3] Alcaldía de Bogotá. (5 de octubre de 2021). Distrito ha destinado 1.895 millones de pesos para atención de familias Embera. https://bogota.gov.co/mi-ciudad/gobierno/distrito-ha-destinado-1895-millones-de-pesos-para-atender-los-embera
[4] Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas. (19 de octubre de 2021). Unidad prevé que en noviembre se podría dar el retorno de algunos integrantes de la comunidad embera asentados en Bogotá. https://www.unidadvictimas.gov.co/es/asuntos-etnicos/unidad-preve-que-en-noviembre-se-podria-dar-el-retorno-de-algunos-integrantes-de-la
