Por orden judicial de desalojo se pone en riesgo los derechos territoriales del Pueblo Sikuani de la comunidad de Barrulias
Desde el año 2017, la comunidad de Barrulias solicitó ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la aplicación de los mecanismos que fueron establecidos en el Decreto 2333 de 2014 para la garantía de la protección y seguridad jurídica del territorio ancestralmente ocupado por el pueblo Sikuani sobre las veredas La Cristalina, Chavilonia, Nuevas Fundaciones, Rancho Alegre, San Pedro de Arimena, Casuna y El Frío en Puerto Gaitán, departamento de Meta.
Después de más de cinco años de interpuesta la solicitud y tras varias dilaciones administrativas del proceso, el día 17 de mayo del 2022 mediante Resolución 20225100110896 la subdirección de asuntos étnicos de la ANT decidió no reconocer la ocupación ancestral e histórica de la comunidad de Barrulia sobre dicha zona solicitada en protección.
Esta lamentable decisión de no conceder la medida de protección de su territorio ancestral, porque al levantar la suspensión de las acciones policivas que la alcaldía y la inspección de policía del municipio de Puerto Gaitán, Meta, habían establecido por supuesta “perturbación de la propiedad”, se ha puesto en riesgo todos los derechos territoriales, culturales, espirituales, políticos y económicos del Pueblo Indígena Sikuani.
La comunidad de Barrulia, al no estar de acuerdo con esta decisión, interpuso varias acciones jurídicas, entre las que se cuentan los recursos de reposición en subsidio de apelación en contra de esta resolución, la acción de tutela, y los derechos de petición solicitando la suspensión de las medidas de desalojo por perturbación a la propiedad.
Además de ello, en el mes de noviembre de 2022 y en coadyuvancia con las Organizaciones Indígenas de Colombia: Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), La Confederación Indígena Tayrona (CIT), El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), se interpusieron ante la ANT sus correspondientes acciones de Revocatoria Directa, en contra de la resolución que negó la ocupación y la protección del territorio ancestral del pueblo Sikuani, las cuales aún no ha sido resueltas hasta la fecha.
A pesar de todas las acciones jurídicas y administrativas que se ha interpuesto, la Inspección Segunda de Puerto Gaitán Meta el día 13 de enero del 2023 emitió el Auto 003 dentro del cual se ordena el desalojo de la comunidad de Barrulias, fijado para los días lunes treinta (30) de enero, martes treinta y uno (31) de enero y miércoles primero (01) de febrero de 2023, en la finca los Cocuyos de la Vereda Nuevas Fundaciones en Puerto Gaitán, Meta.
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas advierte que con esta acción de desalojo, se pone en riesgo la vida y se vulneran todos los derechos fundamentales de la comunidad de Barrulias. De igual modo, denunciamos que esta es una situación que se viene repitiendo en contra de dicha población Indígena, lo anterior teniendo en cuenta que hasta la fecha se han presentado seis intentos de desalojos en contra de dicha comunidad. Inclusive en repetidas ocasiones se ha utilizado la fuerza desmedida por parte de la policía del municipio.
Por lo tanto, desde este espacio de concertación, advertimos que hasta que no exista un pronunciamiento de fondo sobre las Revocatorias Directas que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas ante la Agencia Nacional de Tierra (ANT), no se puede proceder a realizar ninguna actuación policiva y menos represiva en contra del Pueblo Indígena de la comunidad de Barrulias.
De igual modo, hacemos un llamado urgente a la Defensoría del Pueblo, para que realice el acompañamiento de la comunidad de Barrulias, así como a la Agencia Nacional de Tierras, para que mediante comunicación informe a la alcaldía y a la inspección de policía del municipio que suspendan los procesos de desalojo ordenados recientemente contra la comunidad, hasta tanto la Agencia Nacional de Tierras no resuelva de fondo las solicitudes de Revocatoria Directa que fueron interpuestas por las organizaciones indígenas del país, en contra de la resolución, mediante la cual a esta comunidad indígena del pueblo Sikuani de la altillanura, se le ha negado la ancestralidad de su existencia y ocupación territorial.
Defender los territorios es defender la vida.