El Secretario Técnico Indígena de la CNTI y las comunidades indígenas de Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsawilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán, Meta, interpusieron una acción de tutela en contra de la Dirección de Asuntos Étnicos de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del departamento del Meta, la Alcaldía de Puerto Gaitán, la Inspección de Policía de Puerto Gaitán, la Unidad Restitución de Tierras – URT y la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas – UARIV para solicitar el amparo de los derechos territoriales de las cuatro común idades.

El pasado 15 de noviembre de 2022, en decisión de segunda instancia, la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la decisión tomada por el Juzgado Penal para Adolescentes que negó las pretensiones de los accionantes y finalmente concedió el amparo de los derechos fundamentales de estas cuatro comunidades indígenas a la autonomía y al debido proceso.

La acción de tutela interpuesta argumentó que las tierras ancestrales de las referidas comunidades del pueblo Sikunai se ubican en las veredas La Cristalina, Nuevas Fundaciones, El Frio, Chaviolina, Casuna, Rancho Alegre y San Pedro de Arimena de Puerto Gaitán, Meta, las cuales, al no contar con un título colectivo, han sido despojados por cuenta de la titulación a terceros como es el caso de la comunidad religiosa de Los Menonitas. Por este motivo, se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) la protección de sus territorios en el marco de la implementación del decreto 2333 de 2014; solitudes que en el caso de las comunidades de Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo siguen sin ser resueltas por la agencia, y una, la de la comunidad de Barrulia, al no concedérsele la protección, interpuso ante la entidad el Recurso de reposición y en subsidio el de apelación, sin que respecto a este y a la fecha, exista pronunciamiento alguno.

Las comunidades referidas han ejercido diferentes acciones ante la administración local, la inspección de policía y solicitado impulso procesal ante la ANT. Asimismo, han presentado varias peticiones de suspensión de los diversos procesos policivos de restitución de posesión o propiedad; no obstante, mediante ordenes de desalojo, las comunidades han sido atropelladas, desmanteladas sus viviendas, y quemados sus bienes y enseres por integrantes de comisiones oficiales que han acompañado al inspector de policía del municipio de Puerto Gaitán (Meta).

Por ello interpusieron acción de tutela por la violación de sus derechos fundamentales al territorio, a la protección de territorios ancestrales y tradicionales, a la propiedad colectiva, a la autonomía, a la autodeterminación, a la diversidad étnica y cultural, a la vida digna, al debido proceso administrativo, a la reparación integral, a la seguridad alimentaria, a la vivienda adecuada, al mínimo vital y al trabajo rural.

La Asociación Indígena Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía (UNUMA), la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Las Autoridades Indígenas de Colombia “Por la Pacha Mama” (AICO) y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en coadyuvancia y en apoyo a la defensa de los derechos territoriales del pueblo Sikuani, también coadyuvaron el fallo de primera instancia.

En el reciente fallo de segunda instancia, la sala evidencia que en algunos casos han pasado más de cuatro años sin que la ANT haya decidido las medidas de protección en favor de las comunidades Tsabilonia, Iwitsulibo y San Rafael de Warrojo. Aunque la ANT como entidad demandada se ha excusado en la dificultad para notificar a los propietarios de los terrenos sobre los cuales estas revindican su posesión ancestral, lo cierto es que ha excedido por mucho el plazo razonable para resolver las solicitudes de pendientes.

En síntesis, el fallo revoca la decisión de primera instancia; ampara de los derechos fundamentales a la autonomía y al debido proceso de las comunidades Indígenas Iwitsulibo, Barrulia, San Rafael Warrojo y Tsabilonia del pueblo Sikuani de Puerto Gaitán; ordena a la ANT para que resuelva la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las comunidades de Iwitsulibo,  San Rafael de Warrojo y Tsabilonia; y ordena a la Gobernación del del Meta, a la Alcaldía de Puerto Gaitán y a la Inspección de Policía de ese municipio que se suspendan todos los procesos policivos de perturbación en la posesión de los predios objeto de solicitud de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de las Comunidades Iwitsulibo, San Rafael de Warrojo y Tsawilonia, hasta que la ANT los resuelva mediante acto administrativo ejecutoriado.

Frente a los puntos de la agenda que corresponden a la cuarta sesión autónoma de la CNTI, se dio un espacio para que la Corporación Opción Legal, creada con el fin de hacer un ejercicio de consultoría jurídica para la población que se encuentre en situación de vulneración de derechos humanos. Este equipo, expuso una serie de procesos a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) que vienen adelantando en pro de materializar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas

En el marco del espacio, esta corporación alertó la situación de vulneración al derecho fundamental a la vida digna y al acceso al territorio,  que algunas de las comunidades del Pueblo Indígena Murui Muina vienen presentando, ya que tuvieron que abandonar el Resguardo Inga Calenturas, ubicado en el departamento del Putumayo, a causa del desplazamiento masivo generado por el frente 32 de las Farc-ep.

Frente a esta situación, establecieron contacto con la Agencia Nacional de Tierras (ANT) donde se acogieron al Auto 008 del año 2018, como medida cautelar para adelantar un proceso de compra en aras de poder retornar a su territorio. A pesar de llegar a unos acuerdos con la entidad, esta no ha brindado las garantías necesarias, la asesoría, ni ha realizado el respectivo acompañamiento para avanzar en la solicitud de ampliación del resguardo, y culminar con el proceso de compra de predios necesario. Aunque desde el año 2017, vienen presentando varias solicitudes de adquisición, todas han sido rechazadas. En el año 2020 y 2021, radicaron dos solicitudes de ofertas de compra, de las cuales aún no se obtiene respuesta por parte de la entidad.

¿Por qué las entidades no atienden las solicitudes?

De acuerdo con el seguimiento y acompañamiento que ha realizado Opción Legal, ha identificado que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no ha realizado el respectivo avalúo comercial de los predios ofertados y por otra parte la ANT, ha argumentado que por situaciones de orden público no puede ingresar al territorio, para realizar las visitas y el levantamiento topográfico.

¿Existen otros casos en el departamento de Putumayo?

Actualmente, el Gran Predio Putumayo, es el resguardo más grande del país con 5.818.702 hectáreas, donde hacen presencia la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas de Leguízamo y Alto Resguardo Predio Putumayo-ACILAPP, acogen a 24 comunidades de las cuales todas presentan una diversidad de problemáticas a nivel territorial. Sin embargo, existen seis casos de comunidades de las que Opción Legal, vienen realizando un acompañamiento de los procesos con el fin de incidir en la defensa de los derechos territoriales de estos pueblos.

Dentro de los casos, se encuentra el Cabildo Siona-Nuevo Amanecer, con el predio Las Margaritas, ubicado en Puerto Asís, Putumayo, donde han realizado dos procesos de ofertas de compra ante la Agencia Nacional de Tierras, pero la entidad no ha avanzado de manera significativa para culminar estos procesos, para avanzar en la constitución del resguardo ya que esta comunidad se encuentra actualmente habitando en una hectárea, situación que aumenta el riesgo de vulnerabilidad.

Por otro lado, se encuentra el caso Inga José Homero, ubicado en el municipio de Mocoa, Putumayo, quienes han presentado cuatro ofertas para adquisición de predios priorizando el predio Paula Alejandra, que colinda con los territorios de San Carlos y Campo Bello. Sin embargo, la ANT no avanza de manera ágil a pesar que existen unas ordenen judiciales de fallo de segunda instancia  a favor de la comunidad.

Adicional a este, se encuentra el bloque de terreno de la Samaritana, conformado por tres comunidades, donde han solicitado la ampliación del Resguardo Gran Predio Putumayo, con el fin de evitar la intensificación de la ganadería extensiva y la colonización de terceros. Sin embargo, tampoco ha recibido respuesta por parte de la ANT.

Finalmente, manifestó que el único proceso que ha tenido un avance significativo es el caso de la solicitud de ampliación del resguardo Jiri Jiri, presentada en el año 2019, ya que cuenta con el acompañamiento por parte de Amazon Conservation Team (ACT), quienes celebraron un convenio con la Agencia Nacional de Tierras, para adelantar los estudios socioeconómico, jurídico y de tenencia de tierras.

Es así, como en el cuarto espacio autónomo de la CNTI, los delegados de las organizaciones indígenas, manifestaron que realizarán el respectivo seguimiento a las entidades gubernamentales para conocer cuáles serán las garantías de retorno al territorio para el Resguardo Inga Calenturas, cuáles de esas medidas van con el objetivo de proteger el territorio y cuáles serán las acciones que va a implementar el gobierno actual para evitar dichas problemáticas y para darle celeridad a las solicitudes de formalización existentes.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo de Solicitudes de Formalización (SIMOSOF) del Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, el departamento del Putumayo, es el territorio con el mayor número de solicitudes en los procesos de constitución, ampliación y saneamiento. Por eso, seguiremos trabajando por la garantía al derecho fundamental a la vida y al territorio, para brindar una seguridad jurídica por la pervivencia de los Pueblos Indígenas del país.