Este 10 y 11 de junio, dimos inicio al diálogo sobre iniciativas para el fortalecimiento de los derechos territoriales con los delegados indígenas en representación de la Confederación Indígena Tayrona – CIT, Organización Nacional de los pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana – OPIAC, Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC y sus macro regionales, Autoridades Indígenas de Colombia – AICO por la Pachamana, Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia – Gobierno Mayor, en el Hotel Inter de Bogotá D.C. con el fin de continuar diseñando estrategias para el fortalecimiento en la exigencia de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas, permitiendo el análisis de la normatividad vigente, los sistemas de información en construcción y el seguimiento a la implementación del acuerdo de paz.
Considerando la situación de las comunidades dentro del aspecto sociopolítico del país, se dio un espacio para la socialización de propuestas entorno a los principios de autonomía, unidad, territorio y cultura con la intención de seguir protegiendo los derechos de la madre tierra. Además, se resaltó la gestión, el trabajo, la reactivación y los logros alcanzados por Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, a pesar que el gobierno nacional ha venido entorpeciendo la mayoría de procesos y concertaciones del movimiento indígena como el Acuerdo de Paz, la Reforma Rural Integral (RRI), entre otros.
Posteriormente, la mesa de diálogo contempló el tema de género donde los delegados solicitaron la incidencia de las mujeres lideresas, resaltando su participación en los espacios de lucha por la exigencia y el cumplimiento del derecho que tenemos los Pueblos Indígenas al territorio, afirmando que la presencia femenina y su perspectiva es vital a la hora de debatir y proponer temas en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas.
Para finalizar, acodamos una agenda de trabajo para los siguientes meses en los que los delegados y sus organizaciones continuarán buscando alternativas, alianzas y las estrategias necesarias para incidir en el goce efectivo de los derechos al territorio, por medio del dialogo, teniendo en cuenta la identidad y los direccionamientos de cada comunidad para llegar a acuerdos donde siga prevaleciendo la defensa del territorio como un legado de resistencia, vida y paz.
“Porque un indígena sin tierra, es como un fogón sin leña”
En el marco del día mundial del agua, los indígenas, afrodescendientes, campesinos, paramunos y pescadores, movimientos y organizaciones socioambientales, académicas, culturales y congresistas suscribimos el Pacto Nacional por el Agua “Somos Agua” en defensa de nuestros humedales, páramos, ríos, ciénagas, mares, nevados y aguas subterráneas, así como de las comunidades rurales y urbanas guardianas del agua, quienes comprometidos con la defensa del agua y la vida desarrollaron la Toma del Agua en el Senado de la República, iniciativa legislativa de los congresistas de la Bancada Alternativa, quienes conjuntamente exigimos al gobierno nacional la implementación de medidas urgentes para la Protección Integral del Agua como elemento estructural del Estado que debe propender por un nuevo modelo de desarrollo económico y ecológico para la preservación de los ecosistemas, las aguas y la vida en todas sus formas.
En Colombiano poseemos el 73% de los páramos del mundo, tenemos acceso al Mar Atlántico y Océano Pacífico, ostentamos el segundo lugar en biodiversidad, pero los apremiantes procesos de contaminación del recurso hídrico, la degradación evidente de los ecosistemas, la reducción inconmensurable de los servicios ecosistémicos y la débil respuesta institucional del estado y la empresa privada impide a las comunidades su ejercicio tradicional y sostenible alrededor del recurso hídrico, demandan un ejercicio de repensar el ordenamiento territorial para que se reconozca al agua como eje central de construcción del territorio y a sus comunidades como los sujetos activos de los procesos de consumo, recuperación y conservación de nuestros recursos; y a pesar de esta gran riqueza nuestro país está atrasado más de 200 años en infraestructura y desarrollo tecnológico para el abastecimiento y consumo del agua, así como más de 50 años en atraso en materia de derechos humanos.
De tal forma, urge la necesidad de generar estrategias intersectoriales para la protección del Agua en Colombia, pues a pesar de que el Mundo tiene cerca de 43.764 kms3 de agua cada año, cerca de 663 millones de personas no tienen acceso al agua de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y la escasez de agua, afectará a más de 2000 millones de personas antes del 2025; hoy la cifra según las Naciones Unidas rodea los 1300 millones. Suramérica tiene 28% de los recursos de agua natural, donde 9% de la población no tiene acceso al Agua. De las fuentes de agua de Colombia nosotros poseemos tan sólo un 5% asequible de las cuales el 40,2% de la población no tienen acceso al Agua en Colombia.
Nosotros, fundamentados en el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento consagrado en el Artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la resolución 64/292 de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la resolución 15/9 del Consejo de Derechos Humanos, el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PIDESC que lo define como “el derecho de todos de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal o doméstico”, el Objetivo de Desarrollo del Milenio número Siete (7) que «Exhorta a Reducir a la mitad de la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento al agua” y en Colombia en el Artículo 79 de la CP: “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” y el Artículo 366 de la CP: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación” y la Sentencia T-740/111 de la Corte Constitucional que reconoce al agua como derecho fundamental.
Por lo cual pactamos hacer un llamado al gobierno nacional para que implemente de manera urgente las siguientes acciones:
EXIGENCIAS
1. Reconocer integralmente la protección del agua y se reconozca a los cuerpos de agua estratégicos para la seguridad hídrica nacional como sujetos de derecho a la protección para la pervivencia de las comunidades y los ecosistemas. Exigiendo al gobierno nacional que consolide una política de gestión integral del agua con un enfoque de derechos, que garantice su acceso, saneamiento y distribución equitativa, dando prioridad en su ordenación y articulación con los procesos de planificación territorial que respondan a amplios procesos de participación.
2. Reconocer el derecho al agua como derecho fundamental y dar pronta aprobación al Proyecto de Ley para el mismo.2 Así mismo impulsar el fortalecimiento y reconocimiento de la gestión comunitaria del agua como garantía de responder con procesos adaptativos locales a los riesgos del cambio y la variabilidad climática.
3. Reconocer que millones de ciudadanos colombianos perviven alrededor del recurso hídrico. Indígenas, afrodescendientes, campesinos, paramunos y pescadores tenemos una relación inescindible con los ríos, páramos, ciénagas, lagunas, lagos y los mares quienes ancestralmente ha construido un bastión cultural que, representa un patrimonio de vida y un ejercicio de derechos colectivos de nuestra nación.
4. Integrar y aplicar de manera urgente una política pública de protección de fuentes hídricas y de modernización de la infraestructura nacional para garantizar la calidad, accesibilidad y abastecimiento del líquido vital tanto para los ecosistemas como para las comunidades.
5. Crear un Observatorio Nacional de Conflictos Ambientales, que reconozca los actores, procesos y sucesos ambientales que se tienen en torno al estado actual del agua en el territorio Colombiano, articulado con las modificaciones necesarias para que el Sistema de Información del Recurso Hídrico (SIHR) se consolide como un sistema completo de información hidrológica, su gestión, planificación e investigación, de manera que permita la disposición de un inventario del estado y comportamiento hidrológico en términos de calidad y de cantidad solicitando al estado el presupuesto de urgencia con base en el 2% del PIB para su funcionamiento.
6. Reconocer a los líderes sociales y organizaciones socioambientales a nivel nacional que trabajan en el procesos ambientales para que reciban todas las garantías para el ejercicio de sus derechos y deberes como actores articuladores de los deberes del estado y de la sociedad.
7. Se impulsen y financien las nuevas tecnologías para la protección y consumo de agua. Se prohíba el fracking y los procesos de explotación petrolera no convencionales, así como los proyectos hidroeléctricos promovidas por multinacionales extranjeras o empresas nacionales que atenten contra la seguridad de los territorios; y exhortamos al gobierno a cambiar la matriz energética del país hacia sistemas energéticos ambientalmente sostenibles.
8. Exigimos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que avance en las obligaciones contenidas en el Decreto 1640 de 2012, que ordena la inclusión de aguas subterráneas en el inventario y en el Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos, de manera que se puedan adoptar decisiones responsables para su conservación.
9. Se inicie el proceso de restauración integral del Río Cauca y rechazar el modelo extractivita y toda acción que atente contra el ambiente y los recursos; atender la ineficiencia de las entidades territoriales para el tratamiento adecuado de los residuos sólidos, y cambiar el modelo de explotación irracional de los recursos naturales sobre el cual se ha basado la nueva ruta política del gobierno Duque.
10. Declararnos como una sociedad cuidadora permanente del agua, de los ríos y sabanas, de las ciénagas y sus playones, de los páramos y nacimientos de agua, de las playas, los manglares y el extenso mar de nuestro territorio, en tanto que hacen parte viva de la nación y en ellos millones de colombianos construyen y resguardan su identidad, realizan su proyecto de vida y el de sus comunidades.
Conforme a los avances realizados en las comisiones dispuestas en la audiencia pública hoy instamos al gobierno nacional en el reconocimiento de las problemáticas y soluciones reconocidas en este campo, las cuales hacemos públicas a través de este pacto para que logremos la meta propuesta: Dejar que le agua fluya, resguardar el agua para que siga existiendo la vida en nuestro mundo.
¡Hoy mañana y siempre Somos Agua!
Bogotá D.C. Viernes 22 de marzo de 2019
Falta de garantías para el ejercicio del derecho a exigir y defender nuestros territorios
En calidad de órgano asesor y coordinador de interlocución y concertación de carácter permanente entre el Gobierno Nacional y los Pueblos Indígenas para los asuntos propios de nuestros derechos territoriales, la Comisión Nacional de Territorios Indígenas – CNTI creada por el Decreto 1397 de 1996 se permite denunciar y poner en conocimiento la actual y sistemática violación a los derechos a la vida e integridad de nuestras autoridades, líderes y lideresas. Esta situación de violencia se vincula y ve agravada con la brecha en el reconocimiento, la restitución y protección de los derechos sobre nuestros territorios, la cual no solo debilita el ejercicio de nuestra autonomía, sino además pone en riesgo nuestra pervivencia física y cultural.
Los Pueblos Indígenas hemos expresado y reafirmado nuestro indeclinable compromiso con el diálogo, la construcción de la paz en el país, y con ello nuestro apoyo al cumplimiento de los acuerdos suscritos entre el Gobierno Nacional y la ex guerrilla de las FARC, cuya firma celebramos con la esperanza de que sea este un aporte a esa paz en nuestros territorios. Hoy, sin embargo, los asesinatos y amenazas a nuestros líderes y lideresas continúan siendo no solo una constante, sino que actualmente son también un fuerte y fundado motivo de preocupación e incertidumbre para nuestros pueblos frente a la verdadera voluntad del Estado colombiano con el proceso de paz, la reparación a sus víctimas y la protección reforzada a los Pueblos Indígenas.
El escenario del posacuerdo es entonces ya un nuevo y agudizado capítulo de esta victimización y conflicto en los territorios. Tan solo entre los meses de agosto de 2016 – una vez incluido el Capitulo Étnico en el Acuerdo Final de Paz- y su posterior firma en el mes de noviembre del mismo año, fueron asesinados 9 líderes indígenas. Desde entonces puede afirmarse un crecimiento exponencial porque en 2017 asesinaron 39 indígenas (33%) y en 2018 se ha registrado hasta el momento el asesinato de 69 indígenas (59%), es decir, se registra una tasa de crecimiento del 77% de los casos reportados. Los Pueblos Indígenas que han sido más afectados por el incremento de la violencia son el Pueblo Nasa con el 37% de las víctimas, seguido por el Pueblo Awá con el 31% y la nación Emberá con el 20% de los casos.
Tal situación pone hoy de manifiesto la incapacidad del Estado colombiano para reconocer y enfrentar esta crisis humanitaria y la actual situación de violaciones a los derechos de los Pueblos Indígenas en términos de prevención, investigación de las estructuras armadas responsables y su respectiva sanción penal. La situación es de tal gravedad que las amenazas hoy vienen incorporando un precio a la vida de nuestras autoridades y comuneros (as) Indígenas, una situación favorecida por la impunidad que se alimenta de la indiferencia de las entidades y organismos responsables de la protección de nuestro derecho a la vida.
Esta victimización sistemática es clara y no debe haber lugar a dudas, sigue vinculándose estrechamente a la legítima exigencia de nuestros derechos territoriales, a su defensa en el marco de un modelo extractivo de desarrollo económico, ante la presencia y reconfiguración de actores armados y con ocasión del ejercicio de nuestra autonomía y control territorial.
Al respecto es preciso advertir sobre el rezago en la formalización de nuestros derechos territoriales que es factor subyacente y vinculado a nuestra victimización, el mismo se expresa hoy en el trámite inconcluso de cerca de 934 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos, los nulos avances de cerca de 124 solicitudes para la protección de la posesión sobre nuestros territorios ancestrales y los irrisorios resultados en la restitución de los territorios despojados por el conflicto.
Por esta razón, las Organizaciones Indígenas de la CNTI expresamos nuestro rechazo ante el silencio e impunidad como respuesta del Estado colombiano ante el genocidio que están viviendo nuevamente los Pueblos Indígenas en Colombia y hoy en un contexto de paz. Por ello hacemos un llamado concreto para que se convoquen a todos los espacios nacionales de concertación con los Pueblos Indígenas y el alto nivel del Gobierno Nacional para que se discutan y adopten medidas estructurales sobre la prevención, protección y justicia, que permitan enfrentar la situación de violencia en nuestros territorios.
“El llamado a la posición es a mantenernos, si nos vamos a mantener como territorio, si vamos a ser fuertes debemos empezar por ahí, no tolerando que nos sigan matando (…) el llamado puntual es avanzamos más y enfatizamos más en el control territorial (…) yo creo que ese es el llamado, y que no nos de miedo […] Sin ningún interés podemos dar la vida por el territorio.”
El proceso de constitución y titulación de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri, son una realidad.
Hace más de 19 años el Pueblo Mapayerri inició su lucha por la constitución y titulación de su territorio ancestral en Nacuanedorro, ubicado al sur oriente del municipio de Cumaribo – Vichada, inspección Santa Rita. Hoy la comunidad se encuentra conformada por apenas 70 personas en riesgo de extinción física y cultural y ha transformado su esencia nómada, como consecuencia del intercambio cultural y los conflictos territoriales con comunidades sedentarias, colonos, actores armados y económicos.
En 1999 inició el proceso para la constitución y titulación de su resguardo. Un proceso que haconcluido a pesar de las dificultades administrativas presentes en el mismo, de que la Corte Constitucional les reconociera el derecho como grupo étnico a la propiedad colectiva para su pervivencia, el goce efectivo de sus derechos territoriales, la identidad cultural, la autodeterminación, la vida digna, al debido proceso y de que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio dictaminara medidas cautelares para la protección de su territorio.
A la resistencia de los Mapayerri se unió la comunidad indígena vecina de Awia Tuparro del pueblo Sikuani, con la que mantienen contacto directo y de intercambio económico. La cercanía de estos dos pueblos los llevó a solicitar ante la Alcaldía de Cumaribo la constitución del resguardo interétnico Marimba Tuparro, que incluía a Nacuanedorro y a los predios que pretendían constituir los Sikuani.
Camino a la constitución y titulación
Entre los años 2008 y 2012 se realizaron diferentes acciones para impulsar el proceso, entre ellas reuniones interinstitucionales y la priorización de este proceso en el marco de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) y las demás organizaciones indígenas con asiento en la misma. Todas ellas sin resultado. En el año 2013 por primera vez la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá reconoció las dilaciones injustificadas y ordenó al INCODER culminar dentro de seis meses el proceso de reconocimiento del resguardo Marimba Tuparro. Decisión que fue confirmada ese mismo año por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Corte Constitucional se pronunció cinco veces a favor de los Mapayerri en las sentencias T-379 de 2014, c, T-213 de 2016, T-110 de 2016 y el auto 266 de 2017. Después de cuatro años de la primera decisión, aparecieron nuevas dilaciones que buscan la separación de los expedientes Awia Tuparro del pueblo Sikuani y Nacuanedorro del pueblo Mapayerri, considerando que una titulación de resguardo interétnico puede ser perjudicial para la identidad cultural de la segunda comunidad.
En el año 2017 la Agencia Nacional de Tierras solicitó un pronunciamiento de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ya que los terrenos se traslapaban en gran medida con una zona de explotación de recursos minero energéticos. A pesar de que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Vichada emitiera la certificación de falta de registro sobre los predios donde se construyeron los resguardos que jurídicamente se entienden como tierras baldías, para la cosmovisión de los pueblos indígenas en Colombia no existe tal término ya que estos terrenos han sido heredados por sus antepasados y hacen parte del territorio ancestral étnico de sus comunidades.
Después de que se identifican como baldíos, inician diálogos interinstitucionales entre Parques Nacionales Naturales, la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Ambiente y Ministerio del Interior para unificar criterios legales en la constitución de los resguardos, acciones que dilataron el proceso 1 año más.
En el año 2018 el Ministerio del Interior, Parques Nacionales Naturales y Ministerio de Ambiente emiten pronunciamientos indicando que no era necesaria la identificación previa a la legalización de los territorios de estos pueblos como baldíos, como sostuvo la Agencia Nacional de Tierras debido a que los pueblos Sikuani y Mapayerri ejercían derechos sobre ese territorio ancestral y por el contrario esta interpretación resultaba contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así pues, a finales del mes de Julio el Consejo directivo de la ANT aprobó la constitución y legalización de los resguardos Awia Tuparro con 146.877 hectáreas para el pueblo Sikuani y el resguardo de Nacuanedorro con 96.038 hectáreas para el pueblo Mapayerri.
Por otra parte, en el marco de las sesiones de la CNTI de 2017 – 2018 se celebraron varios acuerdos, entre estos uno que busca la no aplicación del Decreto 1858 de 2015 ya que este representa una interpretación restrictiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y otro que vincula a la articulación de las dependencias de la ANT para agilizar los procedimientos. A la fecha, ninguno de los dos acuerdos ha sido cumplido.
Como Secretaria Técnica de la CNTI, celebramos la constitución de los resguardos Awia Tuparro y Nacuanedorro. Continuaremos en nuestro quehacer por la defensa de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia.
