por CNTI | Jul 30, 2020 | Noticias
30 de julio de 2020.
El Observatorio de Derechos Territoriales de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, se refirió al mes de julio de 2020 como el más violento para estas comunidades, ya que desde que iniciaron las medidas para enfrentar la pandemia del COVID-19, se ha registrado un crecimiento del 53% de asesinatos en contra esta población, para un total de 40 asesinatos cometidos desde el 25 de marzo hasta el 28 de julio.
De hecho, desde el 25 de agosto de 2019 hasta el 18 de julio del presente año, se habían reportado 253 asesinatos de miembros de pueblos indígenas, a los que se sumaron en los últimos días el atentado contra una familia Zenú en San José de Uré, Córdoba, que generó el desplazamiento de dos cabildos indígenas, así como el asesinato de Sonia Bisbicuz y el exgobernador indígena Fabio Guanga en el resguardo Awá de Ñambi Piedra Verde, ubicado en el municipio de Barbacoas, Nariño.
La situación de Colombia en el mundo
El informe publicado en julio por la ONG Global Witness y titulado en español “Defender el Mañana”, estableció que Colombia fue el país más peligroso del mundo para los defensores de derechos territoriales en 2019, representando el 30% de los asesinatos documentados a nivel mundial. América Latina, la región más afectada por los asesinatos de líderes y lideresas, registró el año pasado 148 de los 212 casos a nivel mundial, mientras que solo en Colombia se perpetraron 64 de ellos.
Según el reporte, los crímenes fueron dirigidos contra personas involucradas en la defensa del territorio frente a la minería y las industrias extractivas, la agroindustria, la explotación forestal, la sustitución de cultivos ilegales y otros casos relacionados a la pesca, la caza ilegal, entre otros. Para Global Witness, “Los grupos indígenas (en Colombia) estuvieron particularmente en riesgo: representan la mitad de los asesinatos documentados, a pesar de representar solo el 4,4% de la población”.
Es importante aclarar que las conclusiones son obtenidas de los datos debidamente registrados. Sin embargo, existe una preocupación latente ante los casos que, debido a las mismas condiciones de amenaza o falta de acceso a las vías de denuncia, no son documentados y generan una situación de subregistro en la que no es posible dimensionar la totalidad de las afectaciones sufridas por los defensores en sus territorios.
por CNTI | Jul 28, 2020 | Noticias
La Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) alerta sobre la grave vulneración de derechos en los territorios indígenas del departamento de Guainía, que ha terminado en la colonización, la deforestación, la profanación de territorios ancestrales y la afectación a los espacios sagrados, así como en la amenaza a las comunidades para que abandonen sus territorios.
Según datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), a julio de 2019 había once (11) solicitudes de legalización sin resolver, además de dos (2) para la protección ancestral en Guainía. La falta de seguridad jurídica en los territorios indígenas (certeza de su reconocimiento) es un factor que ha propiciado el aumento de la colonización en los mismos. Otra causa que ha agudizado la colonización ha sido el establecimiento de entidades territoriales, como fue la creación del municipio de Barrancominas bajo el Decreto 1454 de 2018.
Sin embargo, tres meses antes de que se creara el municipio en territorios ancestrales indígenas, el Gobierno emitió el Decreto 632 de 2018, a través del cual se establece el procedimiento para que funcionen de manera transitoria las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) en áreas no municipalizadas de Guainía, Amazonas y Vaupés, hasta que el Congreso expida la ley.
Esta figura, que reconoce los espacios habitados por los pueblos indígenas y brinda garantías para que estos ejerzan sus propias formas de organización, debía funcionar de manera transitoria hasta la legalización de los territorios por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. No obstante, el Gobierno avanzó hacia la creación del municipio de Barrancominas y ha puesto trabas para garantizar la autonomía a los pueblos indígenas a través de las ETIs.
Los obstáculos para su formalización y la falta de titulación de tierras por parte del Estado colombiano han generado una situación de vulnerabilidad en la que los territorios son amenazados por los procesos de colonización. Los responsables buscan explotar los recursos naturales históricamente protegidos por las comunidades indígenas, sin pensar en el daño ambiental y social que pueden generar.
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por CNTI | Jul 15, 2020 | Noticias
Pasados 3 años de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, Colombia enfrenta los desafíos derivados de la evolución del conflicto, la cual se ha caracterizado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el surgimiento de nuevos grupos, varios de ellos conformados por antiguos combatientes de las FARC que, por voluntad propia, no fueron acogidos por el acuerdo pactado en La Habana, o fortalecidos por la inclusión de estos en sus filas.
Este proceso ha evidenciado la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para generar las condiciones necesarias tanto para la reincorporación de los excombatientes desmovilizados como para generar seguridad a los habitantes de los territorios en donde operan estos grupos ilegales, especialmente en las regiones más apartadas de la geografía nacional. Lo anterior, surge como producto de la falta de cobertura estatal demostrada con la ausencia de instituciones que le representen y la ausencia de condiciones mínimas de bienestar en la población que habita estas zonas, específicamente la falta de acceso a servicios públicos básicos, condiciones de sanidad e infraestructura vial y de comunicaciones.
Además de lo anterior, la pugna entre los grupos armados por el dominio territorial, especialmente de los territorios que ocupaban las FARC, el control de las rutas de narcotráfico y el ejercicio de otras actividades económicas ilegales ha genera- do que la disputa armada sea una constante en estas regiones y que en medio de estos conflictos quede la población civil que habita el territorio, generando un proceso de revictimización puesto que estas dinámicas se desarrollan en las regiones que históricamente han alojado el conflicto armado en Colombia.
Entre la población afectada por estas dinámicas se encuentran los pueblos indígenas, quienes han tenido que afrontar a diario el tránsito de estos grupos armados por sus territorios, además del desarrollo de actividades ilícitas en el mismo. Pese a lo anterior, las poblaciones indígenas se han caracterizado por una férrea defensa del territorio y de las condiciones de vida dentro del mismo, además de que han resistido los embates generados por el gobierno nacional ante la imposición de medidas enfocadas en el beneficio de intereses específicos de grupos económicos que buscan una explotación de los recursos naturales de estos territorios, situación potencializada por la débil garantía de los derechos territoriales y fundamentales.
Para consultar el informe, clic aquí:
