La deforestación no es el único mal que ataca a la Amazonía
Son varias las afectaciones que está sufriendo la selva tropical más grande del planeta y preocupan las prácticas que agudizan esta situación en el área colombiana. La presencia de compañías multinacionales dedicadas a la extracción y las actividades ilícitas sin control son los principales focos de destrucción de este valioso territorio.
Por Redacción CNTI
Teniendo en cuenta que la Amazonía no solo es importante para los pueblos que la habitan sino que es fundamental para el equilibrio natural del mundo entero, las discusiones se centran en evaluar sus problemáticas y plantear posibles escenarios que les den solución.
Gloria González, miembro de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, señaló que “en los últimos años, prácticamente desde el 2015, en la Amazonía colombiana volvió a subir la tendencia histórica de la deforestación que ha sido un asunto con el cual se ha ampliado la frontera agrícola en Colombia, especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá y Guaviare”.
Mencionó que las áreas objeto de deforestación en la actualidad se acercan cada vez más a ecosistemas estratégicos a nivel de los grandes corredores de conectividad entre los Andes y la Amazonía, así como entre la Orinoquia y la Amazonia.
¿Cuáles son las principales causas de esta problemática?
Wilter Rodríguez, delegado de la OPIAC ante la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), identificó el desplazamiento forzado de las comunidades campesinas como una de las razones por las cuáles se presenta deforestación en la Amazonía colombiana. Según su observación “en Colombia no hay un proceso claro que garantice que esos campesinos [en situación de desplazamiento] sigan cultivando sus tierras, entonces esto los lanzó a la Amazonía colombiana en busca de tierras fértiles o productivas”.
A su vez, manifestó que los problemas de comunicación con los mercados del centro del país han llevado muchas veces a estos campesinos a buscar otras fuentes de ingreso que representen mayores ganancias en menor tiempo, por lo que han acabado en actividades como la ganadería extensiva, la minería ilegal, la deforestación indiscriminada y el narcotráfico.
De igual forma, resaltó que la conexión entre la Orinoquía y los departamentos de Vichada y Guaviare con Guainía, ha provocado presión en los territorios por la lucha contra los cultivos de uso ilícito que generan daños colaterales en los territorios indígenas. Así mismo, lamentó la imagen reducida que se tiene de Guainía como un “territorio selvático, atrasado y sin personas” que fomenta el mal uso de los recursos económicos pues se destinan a la formulación de proyectos que toman la selva guainiana como una “finca deshabitada donde solo hay animales y por eso hay que ponerla a producir”.
Como otra de las causas, Fernando Fierro, abogado integrante de la Delegada para los Grupos Étnicos de la Defensoría del Pueblo, comentó que se ve al Amazonas “básicamente como una región periférica cuyo único rol en el juego de la construcción de país es aportar materias primas que tienen que ver con la madera pero también con los minerales”.
A esto agregó: “Cuando uno lee el Pacto por la Amazonía contenido en el Plan Nacional de Desarrollo actual, no figuran los pueblos indígenas en las metas del cuatrienio. Para la Amazonía colombiana se habla de llevar unas carreteras, interconectar, contribuir con los servicios básicos y habla de familias campesinas pero no se menciona a los pueblos indígenas. Ni qué decir del Plan de Desarrollo Departamental que acaba de ser aprobado, no recoge la protección de la biodiversidad étnica y cultural que es el sustento de esa diversidad biológica que expresa el bosque”.
Mateo Estrada, líder indígena de la Nación Siriana, dijo que lo que hoy se conoce como Amazonía colombiana antes era llamada territorios nacionales y que tras la Constitución de 1991 solo cambiaron los nombres, ya que de comisarías e intendencias pasaron a llamarse departamentos pero no tienen unas políticas públicas ni normas especiales para la Amazonía. Por lo tanto, expresó que uno de los primeros actores involucrados en la deforestación es el mismo Estado, porque especialmente hacia las décadas de 1970 y 1980, promovió la colonización de tierras para aquellos que habían sido expulsados de sus territorios.
La importancia de los pueblos indígenas en la Amazonía
Para el jurista Fernando Fierro, las afectaciones que sufre esta región se deben en gran medida a una incomprensión de lo que significa la Amazonía. Resaltó que “más que un conjunto de árboles que se ven desde el satélite, es sobre todo un ámbito cultural. Esa extensión, esa exuberancia de ese bosque enorme del que depende la vida del planeta es una unidad biocultural, resultado de una ocupación dinámica [de los pueblos indígenas] que va poblando el territorio de manera armónica con los ciclos naturales y que permite que el bosque no solamente se mantenga sino que se regenere y vaya teniendo esa vocación de expandirse y de mantenerse en el tiempo”.
Añadió que los poderes centralizados han desconocido históricamente la importancia y los aportes hechos por los pueblos indígenas, por lo que los acuerdos para proteger la Amazonía no tienen en cuenta la construcción cultural que se entreteje en el territorio y facilitan la entrada de procesos que lo afectan directamente, sin tener en cuenta el factor social.
Sobre la protección jurídica de los territorios indígenas y las ETIs
Respecto a la situación que vive actualmente Guainía, relacionada a la deforestación y la polémica municipalización de Barrancominas, el delegado Wilter Rodríguez mencionó que este es uno de los departamentos golpeados por el conflicto armado en Colombia y que a día de hoy persisten situaciones graves de despojo que no han sido resueltas, pues las entidades gubernamentales esperan formalizarlos por medio de la legalización de áreas no municipalizadas.
“Hemos enviado diferentes solicitudes, exigencias al Gobierno nacional y en especial a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para que formalice nuestros territorios y así poder tener efectivo funcionamiento de estos, pero han hecho caso omiso y están esperando que sea municipio para así legalizar estos despojos de territorio que son faltas gravísimas”, puntualizó.
El abogado Fierro mencionó en este contexto el Decreto 632 de 2018 que estableció el procedimiento para que funcionen de manera transitoria las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs). Se refirió a ellas como “una victoria histórica de los pueblos amazónicos en esa reivindicación de sus sistemas de conocimiento como formas de gobierno que deben ser reconocidas y respetadas en un Estado que se define a sí mismo como pluralista y respetuoso de la diversidad étnica”.
Sin embargo, expresó con preocupación que después de un proceso largo de diálogo se logró la expedición del decreto y por diferentes situaciones se ha dificultado su implementación, dando pie a la llegada de otras figuras como la municipalización a través de una jornada de consulta previa (con tres días de duración) que, según sus palabras, estuvo plagada de inconsistencias y atropellos contra los pueblos indígenas, y que dio como resultado un modelo que no necesariamente responde a una forma adecuada de administración y ordenamiento del territorio en esta zona del país.
“Tenemos una legislación que reconoce no solamente los derechos sino unas formas de garantía de esos derechos. El propio Marco Constitucional y la adopción de normas internacionales aquí indicarían que tendríamos todo para que las ETIs fueran adoptadas con la mayor celeridad en tanto entendiéramos su importancia para la vida de los pueblos y para la vida general de todos nosotros como esa relación entre territorios y culturas”, acrecentó Gloria González de la FCDS.
También dejó claro que esto no ha sucedido porque “alrededor del ordenamiento territorial, del ordenamiento político administrativo del país, existen intereses muy fuertes sobre esos territorios y sus recursos pero también unas lógicas de corrupción enormes”.
Cifras preocupantes y recomendaciones
Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico indígena de la CNTI, mencionó la deuda histórica que el Gobierno nacional tiene con los pueblos indígenas de la Amazonía frente a la seguridad jurídica de sus territorios. Como lo expuso, actualmente hay más de 235 solicitudes de ampliación, constitución y saneamiento de resguardos en el país, mientras que a 2019 se hablaba de 158 títulos otorgados en la Amazonía para la explotación de recursos. Resaltó que el problema no es solo la deforestación sino las dinámicas tanto ilegales como legales que recaen sobre los territorios ancestrales.
Para Wilter Rodríguez, es importante crear mecanismos para la protección territorial de la Amazonía, basados en el respeto de la diversidad étnica y cultural, que apunten al fortalecimiento del gobierno propio. Para Mateo Estrada, el Gobierno y la comunidad internacional deben reconocer las autoridades indígenas y sus proyectos como los únicos planes de desarrollo y de sostenibilidad para el futuro de la Amazonía, además de garantizar espacios permanentes de participación para los pueblos indígenas.
Gloria González, economista y especialista en hábitat en países amazónicos, aseguró que esta región “debe comprenderse por parte del país desde una lógica diferente de lo que significa el bosque en pie, las culturas vivas, los territorios que tienen otra misión y otra visión de desarrollo que no es el sustituir la cobertura boscosa por otras coberturas tipo ganadería porque la ampliación de esta no puede seguir siendo a costa de nuestras selvas”.
Camilo Niño de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas finalizó diciendo: “estamos haciendo un llamado a las entidades que tienen una responsabilidad de garantizar la seguridad jurídica de los territorios para que miremos a la Amazonía, que creemos un plan estratégico para avanzar en la protección jurídica de una forma decidida, ágil y manifiesta que no solo avance como lo han demostrado con el tema de la creación de municipios, ya que la muerte de la selva es la muerte de los pueblos”.
