por CNTI | Sep 9, 2020 | Noticias
9 de septiembre de 2020.
La implementación del catastro multipropósito y barrido predial inició en Colombia en 2019. No obstante, los pueblos indígenas y habitantes del sector rural han manifestado su preocupación frente a las medidas que pueden representar una vulneración directa de sus derechos territoriales.
Panorama del catastro multipropósito en Colombia
Según Henry Rodríguez, director del Catastro de Bogotá, este es un proceso que puede aportar información fidedigna siempre y cuando se haga de forma participativa, toda vez que abre puertas para que la relación con el territorio físico quede garantizada. Sin embargo, señaló que «el país no tiene formado su territorio nacional y mucho menos totalmente actualizado. El diagnóstico que se hizo en los CONPES es demoledor. Tenemos más del 70% sin actualizar; aún es un porcentaje muy grande sin formar, justamente el de la Colombia profunda”.
Para Diego Trujillo, procurador delegado para Asuntos Agrarios y Ambientales, este escenario se debe en gran medida al debilitamiento del IGAC en tema presupuestal, pues ha provocado que la calidad de la información técnica y catastral, de la que era responsable, disminuya considerablemente. Así mismo, mencionó que la liquidación del Incoder y su división en cinco agencias ha sido un problema en términos de cumplimiento de los procesos para la formalización de tierras, ya que no han podido articularse para responder a la población como deberían.
Los funcionarios destacaron que, si bien el modelo contempla la participación de gestores públicos que pueden a su vez contratar operadores del sector privado para llevar a cabo las tareas, no hay forma de alcanzar las metas propuestas en los tiempos estipulados por el actual Gobierno, aún más cuando la pandemia frena las actividades en territorio.
¿Cuáles son las afectaciones que este modelo representa para los pueblos indígenas?
La forma en que está planteada la implementación del catastro es un factor que genera legítima preocupación por el riesgo en el que se encontraría la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.
Para Jhenifer Mojica, abogada del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), el hecho de que desde 2014 se haya expedido un procedimiento para proteger los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y a día de hoy la Agencia Nacional de Tierras no haya protegido ninguno, es un claro ejemplo de falta de garantías.
Además, las comunidades denuncian que al no ser acordadas con ellas, las políticas pueden terminar generando problemas mayores al ignorar la realidad territorial. De hecho, hay mucho recelo al respecto de si este catastro va a limitarse a una individualización de títulos de propiedad, para eventualmente introducirlos al mercado de tierras, sin tener en cuenta el factor humano.
¿Qué proponen los pueblos indígenas desde sus territorios?
Guilliana Arrieta, gobernadora del pueblo Mokaná, hizo hincapié en la necesidad de contar con la participación de los pueblos indígenas en el levantamiento de la información necesaria para el catastro, ya que son ellos quienes han tenido siempre el ordenamiento de su territorio y quienes mejor conocen los sitios sagrados, los lugares destinados a cultivo, las fuentes de agua y otros puntos vitales que tienen estrecha relación con las dinámicas propias de quienes allí habitan.
Destacó que el Estado tiene una deuda histórica en la implementación del enfoque diferencial que reconozca los saberes de los grupos étnicos y que, además, garantice los espacios de participación que contempla la ley, tal como el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada, antes de ejecutar procesos que atraviesen sus territorios.
Jessica Villamil, geógrafa y asesora del cabildo Inga de Colón, en el departamento de Putumayo, socializó la experiencia que han desarrollado allí con la georreferenciación de puntos de interés y sitios sagrados, un ejercicio que busca demostrar que las asociaciones indígenas están en capacidad de contribuir con el levantamiento de la información y que se les debe tener en cuenta, pues la visión centralizada de las entidades desde Bogotá ignora los conocimientos de los/as sabedore/as acerca de la importancia de cada espacio que integra la territorialidad de sus comunidades.
Clic aquí para conocer el trabajo realizado en el cabildo Inga de Colón
Como señaló Guilliana Arrieta, lideresa del pueblo Mokaná: “El Gobierno no puede seguir pensando en un catastro que no sea respetuoso de los derechos y los territorios indígenas. No es solo un levantamiento de polígonos o un inventario de bienes para que entren a ser parte de un mercado. Va mucho más allá; es un tema de conexión con la Madre Tierra, de pervivencia, de ancestralidad, del vientre de las mujeres indígenas y la memoria de nuestros mayores”.
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por CNTI | Sep 2, 2020 | Noticias
2 de septiembre de 2020.
Representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta y organizaciones sociales comprometidas con la defensa del decreto resaltaron la importancia que este tiene en materia de la defensa cultural y ambiental para las comunidades ancestrales y el resto del mundo. Además, mencionaron los riesgos que enfrenta por los intereses particulares que se concentran sobre este territorio.
Redacción CNTI
Juan Pablo Muñoz, abogado e integrante del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), explicó que esta es la norma jurídica mediante la cual el Gobierno colombiano redefinió y precisó el territorio ancestral de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, conocido como la Línea Negra y previamente reconocido en las resoluciones 002 de 1973 y 837 de 1995.
Para la expedición del decreto fue elaborado un documento madre con las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos y el acompañamiento de representantes gubernamentales, en un proceso que llevó cuatro años. Como lo mencionó Leonor Zalabata, defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas y comisionada de la Confederación Indígena Tayrona: «El Decreto 1500 de 2018 no es solo para proteger a los pueblos indígenas, sino de todos los seres. El deber ser del indígena de la Sierra es convivir y compartir».
Lo que representa su expedición
Según Silvestre Gil, líder del pueblo Kogui, la Línea Negra es muestra de la importancia que tiene la conexión de los ecosistemas de la Sierra y las dinámicas de los pueblos indígenas que la habitan, toda vez que respiran, caminan y comen de esa tierra porque conviven allí en paz, respetando los ciclos de la naturaleza. Además, Julio Estrada, dirigente indígena Wanano, añadió que «es un elemento más que garantizaría la pervivencia cultural de los pueblos de la Sierra, la protección de esos territorios, la ancestralidad, la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva».
Este decreto reconoce visiones culturales diferentes a las de “occidente” y ese es otro de los componentes que lo hace tan valioso, pues las respalda desde lo jurídico. Los argumentos que acoge hacen visibles otras formas posibles de concebir y relacionarse con el territorio, que abogan por la protección de los seres humanos y todas las formas de vida, como puntualizó Juan Mayr, exministro de Ambiente y ecologista de la Fundación Pro-Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, la implementación ha sido compleja por la oposición de ciertos sectores económicos y actualmente cursa en su contra una acción de nulidad en la Sección Primera del Consejo de Estado. Por ello, la abogada ambientalista Juana Hofman, asesora del Consejo Territorial de los Cabildos Indígenas (CTC), resaltó la necesidad de que las entidades del orden regional y nacional se involucren activamente para hacer seguimiento a las problemáticas que se tejen sobre la Sierra.
El avance de proyectos de infraestructura y la expansión de la minería son algunas de las principales amenazas que aquejan esta zona. Actualmente hay más de 250 títulos mineros que no contemplan las medidas de protección al territorio, que las comunidades han manejado tradicionalmente, y ponen en riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas; además, generan incalculables daños ambientales por la importancia ecosistémica de la Sierra Nevada de Santa Marta, única para el planeta.
Esto se debe en gran medida a la falta de compromiso que ha mostrado el Gobierno en relación al cumplimiento de lo acordado con los cuatro pueblos de la Sierra. “La falta de adecuación y articulación institucional con los derechos indígenas es de vieja data. Se habla de protección de la Sierra Nevada y al mismo tiempo de licenciamiento ambiental por parte del Gobierno nacional», señaló la lideresa arhuaca Leonor Zalabata.
Como aclaró el jurista Juan Pablo Muñoz, «la territorialidad de la Línea Negra no niega otras territorialidades de la Sierra Nevada ni los derechos de otras comunidades de la región». De hecho, los pueblos indígenas resaltan que están abiertas al diálogo para superar los obstáculos que las interpretaciones del texto puedan generar. Las organizaciones hicieron un llamado a las entidades responsables para que respalden lo acordado en el proceso de construcción conjunta del Decreto 1500 de 2018 y trabajen por una garantía real de los derechos de los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.
A su vez, instaron a tener presente que son las comunidades ancestrales las que deben liderar los procesos de defensa de este decreto, ya que son los artífices de su construcción y tienen conocimiento pleno del territorio, sus espacios sagrados y la urgencia de preservar la biodiversidad del “Corazón del Mundo”.
Para ver el Encuentro de Saberes “Línea Negra, El Decreto 1500 de 2018 y la protección de la diversidad étnica, cultural y biológica “, haga clic aquí:
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