Este documento presenta un análisis detallado de las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en Colombia, con un enfoque particular en la intersección de estas solicitudes con los territorios indígenas y las áreas de protección ancestral. La importancia de los territorios indígenas radica en su papel fundamental en la preservación de la cultura, la identidad y los derechos de los pueblos originarios, así como en la conservación de la biodiversidad y el manejo sostenible de los recursos naturales.
El documento destaca la existencia de traslapes entre las solicitudes de ZRC y los resguardos indígenas constituidos, lo que subraya la necesidad de un enfoque integral que respete los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La información presentada también revela la cantidad de solicitudes de formalización y protección de derechos territoriales de los pueblos indígenas, lo que pone de manifiesto la demanda de reconocimiento y respeto por parte del Estado.
Los traslapes entre las solicitudes de Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y los territorios indígenas (constituidos o en proceso de formalización y territorios objeto de protección) pueden dar lugar a eventuales conflictos que amenazan la integridad de las comunidades y sus derechos territoriales. Estos conflictos surgen cuando las aspiraciones de desarrollo agrícola y la protección de recursos naturales chocan con los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, generando tensiones que pueden escalar en disputas legales y sociales. Es imperativo que el Estado preste atención a estas problemáticas, implementando mecanismos de diálogo y consulta efectiva que permitan abordar las preocupaciones de todas las partes involucradas. La falta de atención a estos conflictos no solo pone en riesgo la estabilidad social y la paz en las regiones afectadas, sino que también socava los esfuerzos por garantizar la justicia y el respeto a la diversidad cultural en el país. Por lo tanto, es fundamental que el Estado actúe de manera proactiva para mediar y resolver estas situaciones, promoviendo un enfoque inclusivo que reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas.
En el marco del espacio autónomo de la tercera sesión mixta de la CNTI, los pueblos y las organizaciones indígenas solicitamos para el desarrollo del tercer día de concertación de esta sesión la presencia de la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, el Director de la Agencia Nacional de Tierras, Ministro de Hacienda, Director del Departamento Nacional de Planeación, Contraloría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, dado el incumplimiento reiterado y sistemático de los acuerdos suscritos por este Gobierno con los pueblos indígenas a nivel nacional. Motivo por el cual hemos agotado diversas instancias, resaltando la interlocución con la Vicepresidenta y Ministra de la Igualdad y la Equidad, Francia Márquez, a quien expresamos vehementemente la gravedad de estos incumplimientos.
Como pueblos indígenas hemos caminado la concertación para mayor asignación presupuestal que garantice nuestros derechos territoriales, y que sean suficientes para responder a las solicitudes y necesidades de los pueblos indígenas en el país, reflejado en el ejercicio de consulta previa del PND, específicamente en el acuerdo IT1-1. Hoy, esta lucha se ha traducido en tener el presupuesto más alto en muchos años pero con menor ejecución, aumentando el riesgo de las garantías para la formalización, acceso a tierras y seguridad jurídica de nuestros territorios. Por tanto, exigimos la ejecución del 100% del presupuesto asignado para la vigencia, que, actualmente no supera un 23% en el Programa de formalización de tierras y fomento al desarrollo rural para comunidades indígenas a nivel nacional.
Bajo ese panorama, solicitamos el seguimiento y acciones correspondientes por parte de los organismos de control estatal, ya que, la no ejecución aumenta el rezago histórico institucional y acentúa un estado de cosas de inconstitucionalidad en materia territorial indígena. Adicionalmente, esta inoperatividad compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz.
Como parte de las falencias identificadas, señalamos que la contratación del personal encargado de adelantar los procedimientos misionales de la entidad es insuficiente y son contratados por términos reducidos, lo que ocasiona la ralentización de los procesos y no permite la superación adecuada de la curva de aprendizaje. Por tanto, exigimos a los organismos de control hacer seguimiento a los principios de contratación estatal, conforme lo consagra la Ley 80 de 1993 (eficacia, eficiencia y planeación), el incumplimiento de estos principios refleja una planeación deficiente por parte de la entidad.
Finalmente, alertamos, que a la fecha este espacio de concertación creado mediante decreto 1397 de 1996, no cuenta con las garantías presupuestales para su funcionamiento, erosionando la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno.
Los pueblos y las organizaciones indígenas hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que en el marco del cumplimiento a sus deberes constitucionales e internacionales y de los compromisos asumidos con los pueblos indígenas como parte de su Plan Nacional de Desarrollo:
Garantice la debida disponibilidad presupuestal que asegure la continuidad del personal de la Agencia Nacional de Tierras que actualmente conoce y tramita los procedimientos administrativos encaminados a la formalización de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas. En el marco de su tarea de seguimiento, esta secretaría técnica ha conocido que más de 140 de los actuales contratistas de dicha entidad, no cuentan a partir del mes en curso con certeza alguna sobre su continuidad y con ella tampoco los pueblos indígenas con respecto a las funciones y derechos a su cargo.
Agilice y resuelva lo necesario respecto del Programa Anual de Caja (PAC), a efectos de asegurar la debida ejecución de los recursos de cerca de 60 mil millones que la Dirección y Subdirección de Asuntos Étnicos de la ANT ha previsto, comprometido y radicado formalmente para destinar a la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a través de procedimientos de avalúos, adquisiciones de predios, distintas iniciativas productivos y para otros convenios con tal finalidad.
Asuma con la debida decisión política y voluntadpresupuestal el cumplimiento a sus compromisos con los pueblos y las organizaciones indígenas que le son exigibles en el marco de la consulta previa al Plan Nacional de Desarrollo. Hoy nos alertan de su incumplimiento y sobre la inobservancia a la debida progresividad y no regresividad, no solo la que al día de hoy haya sido ya una baja ejecución de los recursos asignados que al pasado mes de julio llegaba apenas a un 23%, también la que desde ya se ha advertido será para el 2025 una preocupante disminución de al menos un 44% en relación con lo acordado sobre los recursos para los pueblos indígenas y la seguridad jurídica de nuestros territorios.
¡Exigimos al Gobierno Nacional desde este espacio de concertación garantías presupuestales que aseguren la permanencia y continuidad del personal necesario e idóneo que permitan superar las brechas históricas en el goce efectivo de nuestros derechos territoriales! ¡Advertimos sobre la erosión de la confianza que los pueblos indígenas hemos depositado en la apuesta por el cambio que enarbola este Gobierno ante sus ya reiterados incumplimientos! ¡Denunciamos así mismo que la ausencia de tales garantías compromete el cumplimiento del Estado colombiano a sus deberes legales, constitucionales e internacionales y al Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz!
El 17 de noviembre se reunieron las secretarías técnicas indígenas de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), La Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (CDDHHPPII), la Comisión Nacional Ambiental Indígena (CNAI) y la Mesa Permanente de Concertación (MPC) de los Pueblos indígenas de Colombia, con el fin de informar sobre el estado actual de los acuerdos concertados en la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.
En este encuentro, desde la Secretaría Técnica Indígena de la CNTI se presentaron los avances, seguimientos y diagnósticos significativos que se han realizado en relación con los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional en el marco del PND en materia territorial. Se identificaron 14 los acuerdos bajo la competencia de la CNTI para hacer el seguimiento correspondiente en las sesiones mixtas. A la fecha, 8 de estos han avanzado con el Gobierno Nacional, estableciendo prioridades para el año 2023 con el fin de reivindicar los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas de Colombia.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia, resaltó la existencia de 12 los acuerdos concertados en el marco PND. sin embargo, a la fecha 2 han avanzado con las entidades competentes. Esta situación es alarmante para la CDDHHPPII, debido a la falta de ejecución de los recursos asignados para implementar los acuerdos pactados, los que podría implicar la devolución de los fondos, generando así, una doble vulneración a las comunidades indígenas.
Además, la Comisión Nacional Ambiental Indígena alertó que, de los 22 acuerdos establecidos con el Gobierno del Cambio, no se ha logrado el avance ni la ejecución presupuestal en lo concertado a nivel nacional. Seguido de esto, la Mesa Permanente de Concertación propuso realizar un balance a las secretarías técnicas indígenas presentes, destacando que, de los 45 acuerdos establecidos en el PND, únicamente 9 están en proceso de seguimiento y tan solo 4 se han cumplido.
Frente a esta situación, las secretarías indígenas iniciaron la construcción de una matriz unificada para evidenciar los avances e incumplimientos de todo el Plan Nacional de Desarrollo, con el objetivo de garantizar los derechos de los pueblos indígenas del país.
Desde la secretaria técnica indígena de la CNTI, seguiremos trabajando y aportando para que se cumplan los acuerdos pactados y se garanticen los derechos de los pueblos originarios de Colombia.
Comunicado a la Opinión Pública: Llamado urgente de la CNTI a la solidaridad y la acción
20 de octubre de 2023
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) expresamos nuestra profunda preocupación por la alarmante situación de las comunidades indígenas en el departamento de Nariño, específicamente en los resguardos de Tortugaña, Planadas Telembí, La Montaña, El Sande, Guachaves y Tronquería. Actualmente, son más de 6.000 familias que se encuentran en una situación de emergencia y desplazamiento masivo. La magnitud de esta crisis es alarmante, ya que estas familias se ven confinadas en coliseos donde carecen de acceso a alimentos y recursos básicos de aseo.
Estas comunidades se encuentran ubicadas en el municipio de Samaniego, Santa Cruz de Guachaves y Barbacoas, en el departamento de Nariño. Son comunidades pertenecientes a los Pueblos Indígenas Pastos y Awá, que han mantenido sus lazos con su territorio durante generaciones donde las comunidades buscan retornar con las garantías necesarias y así, seguir preservando sus territorios ancestrales.
Por ahora, las entidades responsables de proporcionar asistencia, como la Unidad de Victimas y los alcaldes de los cuatro municipios afectados, manifiestan carecer de los recursos necesarios para brindar ayuda a estas comunidades. Sumado a esto, la presencia de grupos armados en la región es un agravante más, ya que las comunidades se ven afectadas por un conflicto ajeno dejándolos en una situación de vulnerabilidad.
En este contexto, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas inmediatas. Es importante señalar que se están llevando a cabo mesas de diálogo con el ELN y las FARC, pero en los últimos meses se han registrado incidentes graves, como el secuestro de una candidata indígena para la Asamblea y la detención de dos gobernadores indígenas del Pueblo Indígena Awá en la región de Altaquer.
La situación en Nariño es crítica y requiere solidaridad y acción. Por eso, hacemos un llamado a la comunidad nacional e internacional, a los entes de control y a todas las autoridades competentes para intervenir en esta situación de desplazamiento. La seguridad, el bienestar y el retorno a los territorios son fundamentales para la garantía de sus derechos territoriales de estas comunidades.
En el marco de la quinta sesión mixta de la CNTI, se presentó este caso y se solicitó la convocatoria de un comité de justicia transicional. El Ministerio de Agricultura de Desarrollo Rural y el Ministerio del Interior, se comprometió a entablar un diálogo con la Unidad de Victimas, Gobernación departamental de Nariño y las Alcaldías de los cuatro municipios anteriormente mencionados, para asegurar los recursos necesarios para la supervivencia de estas familias.
Además de esto, representantes de las Organizaciones Indígenas del país hacen un llamado a los jueces de restitución de tierras y a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) para que revisen y corrijan los errores en los procesos de restitución a terceros que actualmente se están llevando a cabo. Es vital que se respete y reconozca la existencia de una Jurisdicción Especial Indígena.
Es así, que, a partir del 2024, la CNTI se compromete a trabajar en la implementación de capacitaciones destinadas a los funcionarios del Gobierno Nacional, que manejan estos casos. Esto es esencial debido a que la legislación y la normativa de los Pueblos Indígenas difiere de la justicia convencional.
