Al tablero las políticas de derechos territoriales indígenas en el PND 2014-2018

Los hallazgos de la auditoría que realizó la Contraloría General de la República a la Agencia Nacional de Tierras, en el marco de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, reflejaron vacíos en relación a la garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Por Redacción CNTI

Según César Moreno, profesional especializado de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario y el Posconflicto, la Contraloría General de la República realizó la Auditoría de Cumplimiento, una de las modalidades del control fiscal para verificar la gestión de las entidades responsables de la restitución de derechos territoriales de los pueblos indígenas y de los procesos de formalización y acceso a los territorios de estas comunidades.

Catalina Sarmiento, abogada de la misma Contraloría Delegada, apuntó que la auditoría dejó en evidencia que en el periodo de 2015 a 2018 hubo una brecha considerable entre el presupuesto solicitado por la ANT y el valor finalmente asignado por el Ministerio de Hacienda, ya que no se entregó más del 40% de las sumas requeridas para las aspiraciones territoriales de los pueblos indígenas.

Así mismo, señaló la disminución en la cantidad pedida por la ANT en 2019, ya que de aproximadamente $138.324.200.000 en 2018, pasó a $38.107.243.726. Según la funcionaria, esto puede indicar “dificultades en la identificación y valoración de las necesidades de las comunidades indígenas o la ausencia de un ejercicio real que justifique esa estimación de las necesidades”.

Respecto al avance en la política de seguridad jurídica de los territorios indígenas por parte de la ANT, en las vigencias comprendidas entre 2016 y 2018, la auditoría encontró que de las 1.198 solicitudes hechas por las comunidades indígenas, el 74% fueron heredadas del Incoder y el 26% fueron recibidas después de la creación de la Agencia en 2015. La resolución de estas solicitudes fue precaria en el periodo estudiado, ya que solo se avanzó en un 4% de ellas (43 solicitudes), siendo destinadas para constitución 277.774 hectáreas y 593.137 para ampliación de resguardos.

En cuanto a los requerimientos de protección de los territorios ancestrales, que representaban a ese momento 125 solicitudes, ninguna resolución fue expedida para darles respuesta. En las metas establecidas de los proyectos de inversión (2016-2018) no se planteó una sola para resolver los procesos de protección y entre 2018-2019 se plantearon tres metas sin llegar a tener resolución.

César Moreno, como parte del equipo de auditoría y frente al compromiso de la caracterización de los territorios indígenas, en conformidad con el plan de acción establecido en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, señaló que en las vigencias estudiadas de la ANT “no existe una caracterización de los territorios indígenas, de tal manera que se pueda distinguir cuáles serían los horizontes para lograr la atención de estas solicitudes ni la adopción de un plan de titulaciones colectivas y no existen de manera clara unos criterios de priorización y focalización para la atención de estas solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento o reestructuración de resguardos indígenas”.

La respuesta de la Agencia Nacional de Tierras

Yamile Rojas Luna, abogada y asesora en materia de relacionamiento con comunidades étnicas de la ANT, dijo que la agencia ha tenido que adelantar un proceso de identificación del cúmulo de solicitudes que estaban en el antes Fondo Nacional Agrario, a fin de avanzar en una caracterización nacional como un punto de partida para planear las estrategias a corto, mediano y largo plazo.

“Desde la entrada en vigencia de la Agencia Nacional de Tierras, hemos entregado 58 títulos de propiedad colectiva, que en términos de cuatro años es un avance significativo, dada la capacidad tan limitada que tenemos desde el punto de vista presupuestal. También hemos entregado más de 877.000 hectáreas a las comunidades indígenas del país. Esto es un avance también en términos de garantizar el título de propiedad colectiva que en últimas es lo que reconoce el derecho de las comunidades a su territorio”, señaló.

Aseguró que los compromisos de la ANT superan aproximadamente los 3 billones de pesos si se tiene en cuenta el cumplimiento de fallos de tutela, restitución de tierras, compromisos diversos con las comunidades étnicas históricas y demás. Enfatizó que aunque se tuviera el dinero, la capacidad técnica de la entidad no es suficiente para dar respuesta a todos los requerimientos, por lo que es necesario fortalecer la capacidad institucional.

Otro aspecto mencionado como una acción de mejora fue: “en cumplimiento del PND, veníamos en la identificación de algunos vacíos que tenían nuestros procedimientos y ha empezado toda una revisión al interior de la ANT, que nos permita a su vez empalmar con el equipo técnico que se está conformando con la CNTI, para poder subsanar ese tipo de vacíos que a veces limitan un efectivo desarrollo y resultado de nuestros procedimientos”.

Afirmó que actualmente están trabajando en la creación de un sistema de información y consulta interinstitucional que también esté abierto a las comunidades para identificar “cuáles son las necesidad de la tierra, dónde están los predios del Fondo Nacional de Tierras, cuáles son los predios que están en trámite de adquisición, dónde están las pretensiones territoriales de las comunidades a nivel nacional y, con esto, establecer también el estado actual de las solicitudes conforme a la verificación que estamos haciendo contra expediente”.

Los problemas se agravan por la falta de interés del Gobierno Nacional

Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), extendió la invitación a la Contraloría General de la República para evaluar los tiempos que demora el Estado en garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas y lo que tarda en responder las solicitudes mineras o de títulos de explotación de hidrocarburos. Esto debido a que, en general, la agenda extractiva se prioriza sobre el deber de garantía de los derechos territoriales indígenas.

Luis Alberto Higuera, asesor de la Contraloría Delegada para el sector Agropecuario, aportó a la discusión: “hay un problema estructural y tiene que ver con el presupuesto. Esa falencia presupuestal está indudablemente atada a otro debate que es la falta de voluntad política. No hay voluntad en trabajar por sectores como los indígenas de este país, de cumplir los acuerdos de La Habana, de cumplir las políticas concertadas de erradicación voluntaria de cultivos. Este informe lo que nos muestra es que las cosas no cambian, que los esfuerzos son casi inútiles y que la voluntad de los gobernantes está hacia otros sectores y otros intereses”.

A esto, agregó: “No existe una política coherente para el sector agropecuario y evidentemente la territorialidad indígena está atravesada y traslapada con toda la problemática del sector agropecuario. Un territorio indígena es a la vez minero, reserva, una disputa interétnica con un sector campesino o afro y es a la vez sujeto de un cultivo inmenso, entonces la gente que necesita ser sujeto de restablecimiento de sus derechos, como es la población indígena, no lo tiene”.

Feliciano Valencia, líder indígena del pueblo Nasa y senador de la República, manifestó que debatir estos temas en el Senado es complicado por pertenecer a la bancada de la oposición que es minoría y porque el movimiento indígena es víctima de señalamientos, estigmatización y juicios constantes. Recordó que se radicaron al menos 44 proyectos de ley en la legislatura pasada y todos se hundieron porque no se les dio trámite en las directivas de Cámara y Senado.

Respecto al tema presupuestal, mencionó que a la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se le manifestó la necesidad de destinar 400.000 millones de pesos para cumplir el año pasado las rutas de las solicitudes priorizadas para los asuntos de tierras y que la respuesta recibida fue que “no había posibilidad técnica ni jurídica para la asignación de ese presupuesto”.

La situación se hace todavía más problemática, según el senador Valencia, porque “tristemente nos hemos dado cuenta en estos últimos días que esos presupuestos del PND y el acuerdo pactado son los que van a destinar para atender la pandemia. Es echarle mano a los recursos de acuerdos pactados, de anuncios para la satisfacción de necesidades básicas insatisfechas. Creíamos que la pandemia iba a tener recursos adicionales pero los van a tomar de lo que ya hemos venido concertando con el Gobierno. Lo poco que tenemos nos lo van a quitar para atender la pandemia”.

Reafirmó que hay un rezago institucional para cumplir el tema de acceso, legalización y formalización de las tierras y que existe una deuda histórica para que los derechos de los pueblos indígenas se puedan cumplir. “Hay vacíos normativos, es verdad, pero de lo que aquí más adolecemos los pueblos indígenas es la falta de presupuesto, la falta de interés y la falta de asignación de recursos para que todas estas rutas se puedan llevar a cabo”, concluyó.

Para finalizar, la abogada Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la CNTI, hizo un llamado para garantizar la implementación del capítulo étnico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y avanzar en la protección y garantía de la seguridad jurídica de los territorios ancestrales.

También recordó que si bien el tema de presupuesto es central y estructural, no es el único que soluciona este problema ya que también pasa por la coordinación y el fortalecimiento de las instituciones y por la voluntad política de resolver discusiones jurídicas, que se dan a la hora del reconocimiento de derechos territoriales que tienen que ser resueltos por la ANT, la URT y los jueces de restitución de tierras.

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