El Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas (ODTPI) hizo el lanzamiento de su más reciente informe en la Yat Wala (casa grande) de la ACIN, en Santander de Quilichao, durante su visita a territorio en el norte del Cauca.
Por Redacción CNTI
El recrudecimiento de la violencia en el país y las ataques contra los pueblos indígenas en 2020 encendió las alarmas del equipo de investigación. Como señaló July Calderón, coordinadora del ODTIPI, “desde la implementación del Acuerdo de Paz van más de 1.100 líderes y lideresas asesinados/as, de los cuales el 34% es indígena”.
La situación en lo que va de 2021 es preocupante. Al 29 de abril, en el departamento del Cauca ya se han presentado 26 asesinatos, 28 hostigamientos en combate, 7 atentados, 9 amenazas y 3 situaciones de abuso de autoridad. Así lo denunció Juan Manuel Camayo, coordinador del Tejido de Defensa a la Vida y Derechos Humanos de la Çxab Wala Kiwe.
Por su parte, Celia Umenza, coordinadora del Tejido Mujer de la Çxab Wala Kiwe, recordó que las mujeres están siendo gravemente afectadas, especialmente cuando se trata de lideresas y sabedoras ancestrales. En su intervención honró la memoria de las compañeras Cristina Bautista y Sandra Liliana Peña, gobernadoras indígenas asesinadas en 2019 y 2021, respectivamente.
El contexto de inseguridad jurídica y las dinámicas del conflicto han incrementado las vulneraciones a los pueblos. Las economías ilegales y la presencia de grupos armados que disputan el control de la ruralidad, agravan el panorama, y el gran despliegue de la militarización en los territorios, no ha disminuido la violencia. Por el contrario, no son pocas las denuncias acerca de los ataques y hostigamientos de la fuerza pública contra las comunidades étnicas.
De hecho, la mayoría de las afectaciones en 2020 han sido registradas en los departamentos de Cauca y Nariño, especialmente contra los pueblos Nasa y Awá que, como fue señalado en el informe, “se caracterizan por ser protagonistas de escenarios de movilización de importante alcance a nivel nacional, lo cual da cuenta de una tendencia sistemática hacia su persecución y amedrentamiento”.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, 115 indígenas han perdido la vida a causa de las acciones criminales de los actores armados y en este contexto, cinco desplazamientos forzados y diez masacres, han sido perpetradas. En los departamentos anteriormente mencionados, “la sistematicidad de los hechos (…) parecen revelar estrategias premeditadas para atacar de manera estructural los procesos organizativos de la región y con ello, las expresiones de movilización popular más fuertes hoy existentes en el país”, reza el documento.
De acuerdo a la información publicada en el informe, en el marco de la crisis sanitaria provocada por el covid-19, las medidas de confinamiento permitieron establecer con mayor facilidad la ubicación de los liderazgos que más adelante se convirtieron en víctimas mortales. Doce de los casos se dieron en su lugar de residencia y en el periodo de cuarentena estricta, comprendido entre el 25 de marzo y el 31 de agosto del año pasado, 41 indígenas fueron asesinados (lo que corresponde al 35,6% de los homicidios contra indígenas en 2020).
En este orden de ideas, una de las principales denuncias es la amenaza de etnocidio contra los pueblos indígenas en el país y la implementación de políticas que van en contravía de la garantía de sus derechos, ya que atentan directamente contra la pervivencia física y cultural de las comunidades en los territorios. A pesar de esto, los procesos organizativos buscan fortalecerse y reivindicar los planes de otra Colombia posible que le apuesta a la paz y al diálogo para la resolución de conflictos, según las palabras de Milton Conda, líder del pueblo Nasa y delegado de la CNTI.
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