29 de mayo de 2021
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) rechazamos la expedición y aplicación del Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, con el que el presidente Iván Duque ordenó el despliegue de las fuerzas armadas (al que han denominado “asistencia militar”) en otros siete departamentos del país. Esta figura ya ha sido implementada anteriormente en el Valle del Cauca y en este contexto, hemos constatado cada día las graves denuncias de violaciones a los derechos humanos y la agudización de la violencia en la ciudad de Cali y otros municipios del departamento.
La medida cobija a los departamentos Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda y específicamente a los distritos especiales y municipios de Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.
Bajo el pretexto de la “conservación y el restablecimiento del orden público”, ha sido autorizado y promovido el ataque a las y los manifestantes, lo que viola el derecho fundamental a la protesta social. Por su parte, con el llamado a una “mayor eficiencia, eficacia y celeridad en los procesos de captura y judicialización”, se presentan más asesinatos, violencia sexual, detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza e incluso desapariciones, situaciones que actualmente son objeto de denuncias sin respuesta por parte de los entes de investigación y judicialización.
El decreto 575, que es abiertamente ilegal e inconstitucional, evidencia el deseo de los sectores favorables al Gobierno que insisten en declarar el estado de Conmoción Interior.
Mediante la alternativa de la militarización y el uso de la fuerza, el presidente incurre de manera arbitraria en la intrusión de las funciones de alcaldes y gobernadores.
