Pasados 3 años de la firma del Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, Colombia enfrenta los desafíos derivados de la evolución del conflicto, la cual se ha caracterizado por el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales y el surgimiento de nuevos grupos, varios de ellos conformados por antiguos combatientes de las FARC que, por voluntad propia, no fueron acogidos por el acuerdo pactado en La Habana, o fortalecidos por la inclusión de estos en sus filas.
Este proceso ha evidenciado la incapacidad que ha tenido el Estado colombiano para generar las condiciones necesarias tanto para la reincorporación de los excombatientes desmovilizados como para generar seguridad a los habitantes de los territorios en donde operan estos grupos ilegales, especialmente en las regiones más apartadas de la geografía nacional. Lo anterior, surge como producto de la falta de cobertura estatal demostrada con la ausencia de instituciones que le representen y la ausencia de condiciones mínimas de bienestar en la población que habita estas zonas, específicamente la falta de acceso a servicios públicos básicos, condiciones de sanidad e infraestructura vial y de comunicaciones.
Además de lo anterior, la pugna entre los grupos armados por el dominio territorial, especialmente de los territorios que ocupaban las FARC, el control de las rutas de narcotráfico y el ejercicio de otras actividades económicas ilegales ha genera- do que la disputa armada sea una constante en estas regiones y que en medio de estos conflictos quede la población civil que habita el territorio, generando un proceso de revictimización puesto que estas dinámicas se desarrollan en las regiones que históricamente han alojado el conflicto armado en Colombia.
Entre la población afectada por estas dinámicas se encuentran los pueblos indígenas, quienes han tenido que afrontar a diario el tránsito de estos grupos armados por sus territorios, además del desarrollo de actividades ilícitas en el mismo. Pese a lo anterior, las poblaciones indígenas se han caracterizado por una férrea defensa del territorio y de las condiciones de vida dentro del mismo, además de que han resistido los embates generados por el gobierno nacional ante la imposición de medidas enfocadas en el beneficio de intereses específicos de grupos económicos que buscan una explotación de los recursos naturales de estos territorios, situación potencializada por la débil garantía de los derechos territoriales y fundamentales.
