23 de septiembre de 2020
La Agencia Nacional de Tierras publicó el proyecto de acuerdo que busca reglamentar las Zonas de Desarrollo Empresarial. Este abriría paso a la entrega de baldíos a empresas nacionales o extranjeras, y a la violación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, si se destinan las tierras a privados en vez de priorizar la formalización de sus territorios.
Por Redacción CNTI
Rocío Peña, coordinadora académica del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, recordó que, según la legislación colombiana, los baldíos son un bien público y carecen de dueño. Además, pueden ser destinados para proveer tierras a quienes no las poseen, ya sean comunidades campesinas, indígenas o afro.
¿Qué consecuencias podría traer la aprobación del proyecto de acuerdo de las ZDE?
Para Jenny Moreno Socha, integrante de la Secretaría de Tierras del Coordinador Nacional Agrario (CDA), “la conformación de las Zonas de Desarrollo Empresarial tiene como propósito atacar el régimen especial de los baldíos y ponerlo al servicio de los intereses privados”.
En sus palabras, el impacto sería doble, ya que en un primer momento afectaría a los sujetos de reforma agraria sin tierras que están a la espera de recibir baldíos para garantizar su acceso a estas y, en segundo lugar, quienes ya poseen tierras provenientes de baldíos, podrían perderlas si sus territorios están en las zonas pretendidas, ya que terminarían por vender o convertirse en asalariados del proyecto.
Ángel Jacanemejoy, coordinador nacional de la Organización Nacional de Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia Gobierno Mayor, agregó que este tipo de iniciativas desconocen los derechos territoriales de los pueblos indígenas al poner como baldíos las tierras habitadas ancestralmente por las mismas comunidades, ya que la falta de seguridad jurídica permite amenazas, persecuciones e incluso asesinatos en su contra como ha sucedido en la Orinoquía, una de las regiones en las que hay más interés para adelantar el proyecto de las Zonas de Desarrollo Empresarial.
Por parte del campesinado existe la misma preocupación, pues estos modelos de desarrollo apoyan, entre otros, el uso de vastas cantidades de tierra para actividades extractivas que dañan ecosistemas enteros, desvían y contaminan fuentes hídricas y muchas veces dejan la tierra inservible. Jenny Moreno Socha, del Coordinador Nacional Agrario, añadió que estas miradas del gran capital ponen en riesgo la soberanía alimentaria de los pueblos, así como el cuidado de la naturaleza, y destruye las identidades culturales de los grupos étnicos a quienes se les niegan sus formas propias de organización y subsistencia.
Desde el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria se insistió en que este acuerdo es “inconstitucional, ilegal e inconveniente” y que estos negocios podrían desplazar los espacios destinados a la economía agrícola familiar que ha resultado ser más productiva que los monocultivos y generan mayor demanda de mano de obra. Así mismo, la abogada Rocío Peña hizo énfasis en que el desarrollo no puede ser responsabilidad de la gestión empresarial pues es obligación del Estado dotar de bienes públicos a la población.
¿Hay alguna manera de articular el modelo de desarrollo agroindustrial con las actividades desarrolladas por los pueblos indígenas?
El Taita Ángel Jacanamejoy, miembro del pueblo Camentsá Biya, recordó que desde el Gobierno se debe pensar en la existencia física y cultural de los pueblos indígenas para que fluyan sus propuestas. “No esperamos recibir del Estado sino que generamos iniciativas que no son escuchadas. Hay líneas productivas de los pueblos indígenas que requiere el mercado nacional e internacional y se podrían trabajar, ¿por qué no apoyar iniciativas que permitan armonizar los proyectos indígenas con los gubernamentales?”, dijo.
Su postura hace referencia a que el desarrollo del país puede ser impulsado si se definen programas de inversión destinados a las actividades realizadas por los pueblos indígenas y que el enfoque no puede estar solo en privilegiar las grandes economías sino también en tener en cuenta a los pequeños y medianos productores.
«Es importante que las instituciones públicas del sector agrario conozcan la postura de los pueblos indígenas y cómo estas se alteran con las modificaciones que se adelantan sin consulta previa y otras medidas, que son obligación del Gobierno», concluyó Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
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