El recrudecimiento de la violencia a manos de actores armados ha puesto nuevamente en evidencia el estado de amenaza en el que viven las comunidades del sector rural en el país, especialmente los Pueblos Indígenas. Preocupa que la respuesta del Gobierno para detener estas acciones parezca reducirse al afán por reactivar las aspersiones aéreas con glifosato.
Por Redacción CNTI
¿Qué tan cierto es que las aspersiones aéreas pueden llegar a detener las masacres?
Rosa María Mateus, coordinadora del Eje Defensa del Territorio del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), dijo frente a este punto que “lo que genera es más violencia, es caos, es miedo, es que estos cultivos de uso ilícito incluso se sigan corriendo y estaríamos frente a una eventual y mayor deforestación”.
Agregó que “atacar a los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico nunca ha sido una solución efectiva y hay muchas otras maneras en las que el Estado y el Gobierno actual deberían estar operando. Esas otras formas están determinadas en el Acuerdo Final de Paz, somos el único país que cuenta con una base que son las propuestas que están en el punto cuatro y que el Gobierno ha insistido en desconocer”.
A esto, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), agregó que “no es cierto históricamente que cuando ha habido más fumigaciones hayan disminuido las masacres. Durante la vigencia del Plan Colombia, 1.800.000 hectáreas fueron fumigadas, se presentaron 1.824 masacres de más de cuatro personas y hubo más de 10.500 muertos. Si se tomaran como masacres de más de tres personas, esta cifra aumentaría a más de 15.000 asesinatos”.
Desde su análisis, la postura del Gobierno nacional es relacionar todos los problemas de violencia con el narcotráfico y no debería ser así, pues las situaciones más críticas se están presentando en algunas regiones por disputas de territorios para la minería, la explotación de hidrocarburos y la realización de megaproyectos. Denunció a su vez la visión “simple” del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien sugirió que las aspersiones eran la respuesta para detener la exacerbación de la violencia en las zonas afectadas.
También denunció la estigmatización de la que fueron objeto los jóvenes asesinados en Samaniego, así como los pueblos indígenas en el suroccidente del país e incluso las comunidades campesinas, poblaciones revictimizadas con el uso de apelativos desobligantes por parte de las autoridades y los representantes del Gobierno, quienes justifican lo sucedido relacionándolos con grupos o acciones al margen de la ley.
Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) destacó frente a esta situación que “las masacres son un delito grave de lesa humanidad, basta ver las víctimas que han caído para saber que estamos ante una situación desastrosa de derechos humanos que requiere la máxima atención del Estado y no evasivas, argumentos dilatorios ni utilización artificial de conceptos, que lo que hacen es evadir la responsabilidad del Estado y esto proviniendo de las autoridades del órgano de Gobierno es realmente problemático”.
¿Las aspersiones aéreas son entonces la respuesta en el marco de la lucha antidrogas?
Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare, miembro del Observatorio de Cultivos y de la Corporación Viso Mutop, recordó que las aspersiones aéreas con glifosato comenzaron en la administración de Belisario Betancur y, a finales 1994, ya en la administración de Ernesto Samper, iniciaron las fumigaciones directamente contra los cultivos de coca que se realizaron de manera ininterrumpida hasta 2015, cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes ordenó suspenderlas ante las alertas emitidas por la OMS y el Ministerio de la Salud, entre otras organizaciones.
Añadió que las aspersiones pueden tener resultados a muy corto plazo en términos de la oferta pues llegan a “afectar una cosecha y restringen un poco la economía que se deriva de los cultivos, pero ese resultado no es sostenible y eso lo muestra mucha evidencia alrededor de la resiembra”. Dejó claro que el actual Gobierno no ha dejado de usar el glifosato, ya que las fumigaciones siguen haciéndose por vía terrestre y manualmente.
Uno de los puntos a considerar es el incumplimiento en la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz, ya que no se está teniendo en cuenta el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito, toda vez que este señala que primero debe ensayarse la sustitución voluntaria de cultivos y los métodos de erradicación solo deben ser utilizados si estas fracasan.
Casos de comunidades directamente afectadas por las aspersiones áreas con glifosato
El exalcalde de San José del Guaviare, Pedro Arenas, citó casos como el del pueblo indígena Carijona del sur de este departamento, que tuvo que acudir a instancias judiciales para que le fuera reconocido un plan de reparación y salvaguarda pues, según los análisis de la Corte Constitucional, fueron las mismas fumigaciones las que afectaron su territorio hasta condenarlos casi a la desaparición.
También mencionó que un grupo de campesinos desplazados de las estribaciones de la Serranía de la Macarena, tuvieron que hacer uso de los mismos mecanismos para que les fuera reconocida su situación de desplazamiento debido a las fumigaciones, y que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó para estudio el caso de una familia campesina que sufrió afectaciones al ser rociada con glifosato en Caquetá.
Así mismo, mencionó el caso de la indemnización que el Estado colombiano tuvo que hacer a Ecuador por los efectos del glifosato en su territorio y los otros procesos administrativos que avanzan actualmente en los tribunales de ciudades como Cali, Cartagena, Pasto y Popayán, todos relacionados a los daños generados por el uso del herbicida.
Jairo Guerrero, ingeniero agrónomo, experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y delegado de AICO para la CNTI, mencionó que muchas comunidades en Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Chocó se unieron a los acuerdos de sustitución voluntaria pero una vez firmado el Acuerdo, el Estado no hizo presencia en estos territorios, por lo que no existe para ellos ningún tipo de política en materia social o económica y obliga a la población a continuar con su única fuente de sustento.
Reiteró que en los lugares donde se vienen presentando las masacres hay problemas por la falta de formalización de los territorios y sus pobladores están en una encrucijada pues las entidades del Gobierno responsables de estos procesos, señalan que no pueden avanzar mientras no se adelanten procesos de desminado y se restablezca el orden público. Por lo tanto, ante el actual panorama, sus territorios no son liberados ni reconocidos formalmente.
Actualmente, ¿qué tan viable es la reactivación de las aspersiones aéreas en Colombia?
Rosa María Mateus, jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, frente a la intención de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de adelantar las audiencias virtuales para la reanudación de las aspersiones, señaló: “insistimos en que son ilegales, ilegítimas y por supuesto son muchísimas comunidades que ya han sufrido los impactos, las que se están negando, y por eso tenemos que insistir en que no deben generarse”.
Agregó que desde lo jurídico “se proyectó una acción de tutela por parte del CAJAR que suscribieron más de 90 organizaciones y personas. Esta se unió a otras que ya habían presentado en Nariño y se profirió allí un fallo que dijo que no están dadas las condiciones para una participación real y efectiva [para llevar a cabo las audiencias virtuales]”.
Estas condiciones fueron garantizadas tanto por el Juzgado como por el Tribunal que recibieron informes de la ANLA y la Policía, en los que sostenían estar cumpliendo las condiciones requeridas para adelantarlas y comunicaban una nueva fecha para las audiencias. Dichos informes presentaban los mismos datos previos al fallo del Tribunal de Nariño, por lo que ante la justicia se abrió el incidente de desacato en el que se investiga las actuaciones del subdirector de Participación de la ANLA y la Dirección nacional de la Policía.
Jhenifer Mojica, abogada de la CNTI, reiteró que en el país están suspendidas las aspersiones con glifosato hasta que se garantice el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas y las comunidades afro que están en los 104 municipios comprendidos en el plan de erradicación con glifosato, así como la participación masiva de todas las personas que puedan verse afectadas por el uso de este herbicida.
¿Cuál es la agenda oculta que lleva a querer forzar la reactivación de las aspersiones?
Según Pedro Arenas, miembro de la Corporación Viso Mutop, el tema del narcotráfico se suele asociar con los pequeños productores y no con las grandes mafias que están detrás de la producción de drogas.
Señaló que esto está relacionado con un modelo de apropiación territorial, una estrategia para el despojo y una presión para que las poblaciones afectadas se adentren en los bosques mientras sus territorios terminan siendo usados para la agroindustria y la ejecución de megaproyectos. De igual manera, dijo que “el partido de Gobierno quiere regresar al país al peor escenario de conflicto armado para volver a levantar la bandera de su ‘seguridad democrática’”.
Para Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la lucha antidrogas se quiere utilizar como una estrategia geopolítica, en la que el Gobierno está desconociendo uno de los pilares fundamentales del Acuerdo con una criminalización del pequeño cultivador y paulatinamente se está “pasando de una seguridad que se suponía era para la transición al posconflicto, a ser la seguridad para una nueva guerra”.
¿Cuál es la alternativa en la lucha antidrogas y el glifosato que ayuden a cumplir con los derechos humanos?
Para la jurista Rosa María Materus, “lo que se necesita es cumplir con lo pactado en el Acuerdo, con los PENIS, con la inversión necesaria y darle respuestas efectivas a la gente”. Por su parte, Pedro Arenas sugirió que el problema no son los cultivos sino la dependencia económica que las comunidades tienen sobre sus producciones y aquellas en las que se presentan disputas territoriales sin presencia del Estado.
Acto seguido, cuestionó: “¿qué está haciendo este Gobierno para interrumpir la cadena de provisión de insumos químicos necesarios para la producción de la pasta de coca, para desmantelar los grandes laboratorios e infraestructura para el procesamiento?”
Camilo González Posso, de Indepaz, recalcó que debe haber un tratamiento diferencial, toda vez que es estratégico tener un plan concertado con los grupos étnicos para establecer economías alternativas. Además de esto, la respuesta no puede ser militar ni punitiva, sino que debe ir acompañada de los procesos propios de las comunidades y fortalecer la incorporación de estos cultivos a fuentes de negocio viables en el marco de la legalidad.
