El 13 de marzo en el municipio de Riohacha se llevó a cabo mesa interinstitucional para el seguimiento de la situación de derechos humanos y territoriales de las comunidades indígenas de Jari Jinamara y Summain Wayu del pueblo Wayuu. En este diálogo participaron la Defensoría del Pueblo regional Guajira, delegado de la Procuraduría, delegados de las instituciones y las comunidades indígenas del pueblo Wayuu.
La reunión fue citada por la Defensoría del Pueblo con el propósito de realizar un diálogo sobre las medidas de desalojo que existen para las comunidades de pueblo Wayuu en los predios ubicados en el distrito de Riohacha y otro ubicado en la vía que conduce de Riohacha a Santa Marta, Paraje La Laguna, sector Las Cabeceras (Guajira).
Aunque las comunidades han presentado las solicitudes para la formalización de sus territorios desde hace varios años, a la fecha no ha avanzado con las solicitudes. En el caso del Jira Jinamana, no tienen aún acto administrativo de protección, además no cuenta con un expediente que acredite los procedimientos agrarios de dotación de tierras para los pueblos indígenas. La situación se ha agravado por las acciones policivas de desalojo que enfrentan actualmente estas comunidades, promovidas por los presuntos propietarios de los predios.
“Logramos conversar entre las instituciones, las comunidades y los propietarios y coincidimos en la importancia de buscar soluciones sociales a estas problemáticas de conflictos territoriales con el pueblo Wayuu” mencionó el Defensor del Pueblo Juan Camilo Morales. Además, agregó qué los propietarios de las tierras están dispuestos a avanzar con el Gobierno Nacional en la implementación de los programas de reforma agraria y particularmente en la compra voluntaria de tierras.
Por su parte, una de las lideres de pueblo Wayuu hizo un llamado a los presentes: “no pueden seguir estigmatizando ni hostigar, ni crear toda una violencia contra el pueblo Wayuu diciendo que somo invasores en los territorios cuando milenariamente hemos sido los guardianes y los que hemos salvaguardado”.
Debido a las tensiones generadas, el espacio se cerró con el acuerdo de buscar una nueva fecha para retomar los diálogos entre las instituciones, las comunidades, las autoridades y los propietarios. Además, se propuso avanzar en la sustitución de las medidas policivas de desalojo por una política social de compra de tierras que garantice la seguridad jurídica de los territorios indígenas del pueblo Wayuu.
Desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) exigimos el respeto y la protección de los territorios ancestrales del pueblo Wayuu. Los desalojos, la falta de reconocimiento legal y la estigmatización son formas de violencia estructural que vulneran sus derechos. El Estado debe garantizar seguridad jurídica y soluciones reales, no más desplazamientos ni despojos.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
