El pasado 9 de septiembre, la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, acompañó un espacio de seguimiento del cumplimiento de las órdenes judiciales emitidas en acción de tutela en 2022 en favor de la comunidad Indígena Je´ruriwa Yucuna del Pueblo Je´ruriwa en instalaciones del Ministerio del Interior. En este espacio se abordaron varios puntos relevantes relacionados con la situación territorial y de derechos humanos de esta comunidad desplazada de sus territorios ancestrales como consecuencia del conflicto armado.
Se discutieron las acciones institucionales en el marco del cumplimiento de la orden judicial sobre la reubicación temporal de la comunidad, así como la disponibilidad de recursos en los Planes Municipales y Departamentales de Desarrollo para este fin. En materia territorial, fue solicitado un un informe técnico sobre las acciones adelantadas por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) con el objetivo de evaluar el estado del proceso de enajenación temprana de dos predios pretendidos por la comunidad dentro del proceso de constitución de resguardo indígena, destacando la importancia de contar con seguridad jurídica sobre los territorios pretendidos, como pilar fundamental para acceder a las medidas de reparación integral colectiva y a una reubicación efectiva.
La formalización del territorio para la comunidad indígena Je’eruriwa Yucuna es crucial, especialmente considerando su condición de víctimas del desplazamiento forzado de su territorio ancestral, lo que ha puesto en grave riesgo su existencia física y cultural. Este reconocimiento legal no solo les permitirá recuperar un espacio donde puedan reconstituir sus prácticas y tradiciones, sino que también serviría como un mecanismo de protección frente a futuras amenazas de despojo y violencia. Al asegurar un territorio formalmente reconocido, la comunidad podrá salvaguardar su identidad cultural, preservar sus conocimientos ancestrales y garantizar la transmisión de sus costumbres a las futuras generaciones.
Desde la STI de la CNTI, hacemos un llamado urgente a las entidades estatales para que tomen las medidas necesarias y efectivas que garanticen los derechos fundamentales de la comunidad Je’eruriwa. Es imperativo que se priorice la formalización del resguardo indígena, así como la implementación de acciones concretas que aseguren la protección de su territorio y su autonomía.
Instamos a la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior a trabajar de manera coordinada y proactiva, asegurando que se respeten los compromisos adquiridos, se brinde el apoyo logístico y económico requerido. La protección de los derechos de la comunidad Je’eruriwa no solo es un deber estatal, sino un paso esencial hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, el reconocimiento de su dignidad y cultura.
¡Defender los territorios es defender la vida!
