El 13 de julio de 2024, el Gobernador Mayor, el Coordinador de la Guardia Indígena y la Consejera Mayor del Resguardo recibieron amenazas directas a través de mensajes de texto y en redes sociales, donde fueron declarados objetivo militar por ejercer su gobernabilidad y autonomía en el territorio. Estas amenazas no solo atentan contra la integridad física y mental de los líderes comunitarios, sino que también buscan desestabilizar la estructura organizativa de la comunidad, socavando su capacidad de autogobierno.
El 19 de julio de 2024, dos (2) jóvenes del Resguardo fueron detenidos arbitrariamente por el grupo armado de la Segunda Marquetalia mientras trabajaban en la comunidad de Palpis y trasladados en contra de su voluntad al Resguardo de Vegas, lo que obligó a la autoridad indígena y a la guardia indígena a intervenir para su liberación. Este hecho evidencia la violación de sus derechos a la autonomía y autodeterminación, ya que grupos armados intentan imponer su control sobre el territorio.
Además, este grupo armado ha realizado constantes exigencias a la Autoridad Indígena y al Coordinador de la Guardia, demandando que no se permita el ingreso del Frente 30 al territorio. Estas exigencias son inaceptables y reflejan una violación al derecho a la gobernabilidad del Resguardo, que se manifiesta en la limitación del ejercicio del control sobre su territorio por la intervención de actores externos. De manera que, la comunidad ha manifestado su firme intención de continuar ejerciendo su autonomía bajo los principios de imparcialidad, neutralidad y humanidad, rechazando la presencia de cualquier actor armado que amenace la paz y la armonía en su territorio.
Asimismo, se han reportado amenazas directas a varios adolescentes y jóvenes del Resguardo, acusándolos de supuestas vinculaciones con actores armados. Esta situación ha generado una profunda preocupación entre las familias, especialmente por el riesgo de reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales que operan en la región. La incertidumbre y el miedo han permeado la vida cotidiana de la comunidad, afectando su bienestar y su capacidad para ejercer sus derechos territoriales, y se configuran en graves violaciones a sus derechos humanos. La presencia de grupos armados interrumpe las dinámicas sociales y culturales del Pueblo Awá, poniendo en riesgo su forma de vida y su identidad, sumando a los graves hechos de conflicto armado que han sufrido a lo largo del tiempo, y que ha puesto en riesgo su pervivencia.
Desde la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, exigimos una respuesta inmediata y efectiva por parte del Gobierno Nacional y de las entidades competentes para garantizar la protección de los derechos humanos y territoriales del Resguardo Indígena Edén Cartagena. Es fundamental que se realicen investigaciones exhaustivas y se sancione a los responsables de estas violaciones, asegurando así la seguridad y el bienestar de la comunidad.
Hacemos un llamado a la solidaridad de la sociedad civil y a las organizaciones defensoras de derechos humanos para que se unan en la defensa de los derechos del Pueblo Awá y se actúe de manera urgente ante esta crisis humanitaria que enfrenta el Resguardo Indígena Edén Cartagena.
¡Defender los Territorios es defender la Vida!
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