El Secretario Técnico Indígena Camilo Niño, participó en la sesión de seguimiento de la Sentencia T-025 de 2004, que declara un Estado de Cosas Inconstitucional, desarrollada en el departamento del Putumayo por parte de la Corte Constitucional. En este espacio el STI expuso ante la Sala de Especializada de Seguimiento a la sentencia, la situación actual en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas a nivel nacional, haciendo énfasis en el Putumayo, departamento con mayor rezago institucional en materia de formalización de territorios indígenas.
Camilo Niño, mencionó que existe una falta de reconocimiento y efectividad en los trámites de formalización de la propiedad colectiva indígena, al igual que los procedimientos de protección a la posesión de los territorios ancestrales.
Además, explicó que las entidades del Estado encargadas de estos procedimientos no avanzan debido a las demoras en las áreas administrativas en procesos de contratación y suscripción de convenios interadministrativos, la falta de coordinación interinstitucional, los problemas estructurales en los procesos de formalización y protección, que se traducen en la vulneración de los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas en Colombia y de su revictimización.
En ese sentido, el departamento del Putumayo tiene el mayor número de solicitudes indígenas para la constitución, ampliación y protección de territorios en la actualidad. Según, la información de la Agencia Nacional de Tierras existe 170 solicitudes, que equivalen al 15% del total de solicitudes del país.
Por ejemplo, se encontraron solicitudes que datan de 1988 presentadas por el Resguardo Indígena Samonoy San Andrés, para la constitución de resguardo, ubicado en el municipio de Sibundoy. También la solicitud de 1994 que corresponde al pueblo indígena Awa, para la constitución de resguardo de la comunidad Irak ubicado en el municipio de San Miguel.
De acuerdo a lo anterior, la STI de la CNTI han evidenciado algunas problemáticas que no permiten avanzar en los procesos de las solicitudes que hacen los resguardos indígenas, que una omisión sistemática de las instituciones como las interpretaciones regresivas, exigencias de requisitos por fuera de ley, deficiente gestión documental de las solicitudes y falta de asignación suficiente de recursos para llevar a cabo dichos procesos.
También se resaltó el grave incumplimiento de los fallos judiciales, los cuales ordenan a la ANT adelantar procesos de formalización territorial en favor de comunidades indígenas. En efecto, a corte de febrero de 2024 del total de órdenes, solo reportan la atención de 143, especialmente de acciones de tutela y de restitución de derechos territoriales.
Los pueblos indígenas se ven altamente afectados por la falta de garantías jurídicas territoriales ante la ausencia de formalización, registro, demarcación de territorios y actualización catastral, quienes además sufren consecuencias importantes por la demora o dilaciones administrativas y la falta de respuestas sobre las solicitudes y procesos de formalización y la pérdida de los expedientes de formalización.
Además, la crisis de los derechos territoriales de los pueblos indígenas está estrechamente relacionada con la crisis de derechos humanos, que se evidencia en el aumento del número de asesinatos y agresiones en contra de miembros de las comunidades indígenas.
De manera que es necesario tomar las medidas para garantizar la seguridad jurídica y proteger los derechos territoriales indígenas y la autonomía territorial frente a estas agresiones. Siendo necesaria la declaratoria de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia territorial que a instancias de la Corte Constitucional declare la crisis de los derechos de los pueblos indígenas, y haga el llamado a la adopción de políticas estructurales que pongan fin a la negación de derechos.
Pese a que el panorama no es alentador, la Secretaria Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Territorios espera que la Corte Constitucional adopte las medidas necesarias para protección integral de los derechos los pueblos indígenas que abarca el reconocimiento de sus derechos territoriales para el goce efectivo de sus territorios conforme a las tradiciones culturales y ancestrales.
¡Defender los territorios, es defender la vida!
