En lo corrido del mes de septiembre de 2023, las comunidades de los resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, ubicadas entre los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguizamo, en el departamento de Putumayo, han venido denunciando ante diferentes entidades del Estado una serie de hechos violentos que están ocurriendo dentro de sus territorios, perpetrados por estructuras armadas, presuntamente pertenecientes a las disidencias de las FARC y los Comandos de la Frontera.
Como consecuencia de estos hechos de violencia, hoy las comunidades de ambos resguardos son víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento, dado que la presencia de estos grupos armados, así como de las fuerzas armadas del estado, y los constantes enfrentamientos que sostienen dentro de los territorios indígenas, se traducen en la imposibilidad de que los pobladores puedan acceder a sus sitios sagrados, así como a sus chagras y lugares de pesca, lo que significa la vulneración a su derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria.
Además de atentar contra la seguridad alimentaria de estas comunidades, y obligarlas a confinarse o desplazarse, con las escuelas cerradas existe un riesgo inminente de incremento del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes que habitan estos resguardos por parte de los grupos armados, razón por la cual las familias se han visto obligadas, en medio del terror, a separarse y enviar a sus jóvenes y menores fuera de los territorios sin ningún tipo de acompañamiento.
A esta situación se suman los señalamientos a la población indígena como “colaboradores” o “sapos” de un grupo o de otro, situación que se agrava dada la presencia de “cordones de seguridad” conformados por más de cien (100) hombres armados de estos grupos, que determinan la movilidad de las comunidades obligándolas a permanecer confinadas o a salir de los territorios para no regresar so pena de retaliaciones.
Esta crítica situación humanitaria, ha sido puesta en conocimiento por parte de las comunidades ante entidades del Estado como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Unidad Nacional de Protección, la Secretarías de Salud, Educación y la Personería Municipal de Puerto Asís; sin que hasta la fecha haya habido una respuesta efectiva por parte de la institucionalidad que busque, garantizar la seguridad dentro del territorio y la atención humanitaria de emergencia que requieren las comunidades afectadas en el marco del enfoque diferencial.
Actualmente son aproximadamente más de 1.100 familias para un total estimado de 2.735 personas afectadas por los hechos expuestos.
Las organizaciones Indígenas que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en el marco de su acompañamiento a los Resguardos Siona Buenavista y Santa Cruz de Piñuña Blanco, exigimos a las entidades requeridas por las comunidades, la atención inmediata a atender esta problemática; así mismo, se le exige a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad de Restitución de Tierras, que avancen en los procesos de formalización y restitución de los derechos territoriales de estos resguardos indígenas.
¡Defender los Territorios, es Defender la Vida!
