El pasado 17 de junio, en el marco del evento ‘Defender los territorios indígenas es defender la vida’, el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI presentó este y otros cinco informes que dan cuenta de los riesgos a los que se enfrentan estas zonas y sus pobladores.
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“A los indígenas nos siguen amenazando, confinando y desplazando. Si tomamos un mapa de Colombia, todos los territorios indígenas están en las zonas más inaccesibles, pero también estratégicas para el desarrollo de ciertas economías. Sobre eso se generan ciertas dinámicas cuando empezamos a exigir nuestros derechos”, dijo durante la presentación el indígena arhuaco Camilo Niño Izquierdo, secretario técnico de la comisión.
Los documentos que salieron a la luz son “Territorio en Riesgo: efectos de la deforestación en territorios indígenas”, “¿La última esperanza para La Paz? Informe sobre violencia política contra los pueblos indígenas en el 2022″, “La sangre de la tierra: extracción de hidrocarburos en territorios indígenas”, “La construcción del megaproyecto conexión Pacífico – Orinoquía: Una amenaza inminente a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en Colombia”, “Mujeres Indígenas y Territorios: aproximación a las re-’ex’sistencias y repolitización de la vida”, y “Presupuesto Invertido para los procesos de dotación de Territorios Indígenas”. Además, fue presentada la serie documental ‘El canto de la selva: amenazas al territorio de la abundancia’.
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Algunas alertas
Según el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, se mantiene la inseguridad jurídica sobre las tierras de los pueblos indígenas del país, además de vulneración a sus derechos ambientales y culturales.
El 2017, año inmediatamente siguiente a la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la extinta guerrilla de las FARC, Colombia registró la cifra más alta de deforestación en el periodo 2013-2021, con casi 220.000 hectáreas afectadas.
Aunque en los años siguientes disminuyó el territorio deforestado, las alarmas siguen encendidas. En 2021 (año de los registros más recientes) hubo 174.103 hectáreas afectadas, un 1,5% más que en 2020. “En la actualidad, existen diferentes presiones sobre los bosques, las reservas ambientales protegidas y los pueblos indígenas. Esto pone en riesgo la perviviencia física y cultural de estos pueblos”, dijo una de las investigadoras de la CNTI.
Sobre la extracción de hidrocarburos en territorios indígenas, uno de los informes muestra las consecuencias de algunos proyectos que en los últimos tres años han vulnerado derechos de territorios como el de los indígenas U’wa, en Arauca, Boyacá y los santanderes, donde este pueblo lucha contra la explotación petrolera.
También está el caso de la comunidad de La Cabaña, del pueblo indígena Awá, en Putumayo, donde se habría vulnerado la consulta previa y se suspendió la formalización de la propiedad colectiva por cuenta de la existencia de traslapes con zonas de explotación petrolera.
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Otro de los casos expuestos es el de la comunidad murui Monai de Jitoma, en Putumayo. “Ha presentado diversos conflictos asociados a la entrada de intereses privados. El proceso de consulta previa ha dividido a las comunidades, generando conflictos intra e interétnicos afectando la cultura y la armonía en el territorio”, sostiene la CNTI.
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La comisión también alerta sobre el megaproyecto de conexión Pacífico-Orinoquía, que busca atravesar el país de occidente a oriente con una vía de 1.490 kilómetros en los departamentos de Valle, Huila, Tolima, Meta y Vichada, donde habitan más de 10 pueblos indígenas a los que “no se les ha socializado la información de manera completa y transparente”. Además de esto la CNTI asegura que en el proceso de licenciamiento ambiental no se ha contado con la participación de las comunidades.
Redacción Colombia +20
